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Los trabajadores afectados por un ERTE desde marzo cobrarán la mitad en septiembre

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indemnización por despido

Los trabajadores afectados por un ERTE desde el inicio de la crisis del coronavirus pasarán a cobrar la mitad de la prestación en el mes de septiembre. La ley en vigor, que en su día aprobó el Gobierno de Mario Rajoy, así lo establece.

Según esta ley, hasta los seis meses un parado cobra el 70% de su base reguladora a la Seguridad Social. A partir de esa fecha, se pasa a cobrar el 50%. Hasta la reforma laboral de 2012 se cobraba el 60%.

Por tanto, los trabajadores afectados por los ERTE producto de la pandemia verán cómo se reduce su prestación de septiembre -la que se cobra en octubre- a la mitad de su base reguladora. Por ejemplo, si ésta era de 1.000 euros cuando estaban empleados, hasta ahora habrán ingresado unos 700 euros y desde el mes que viene serán 500.

Esta semana está prevista una reunión entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal para aprobar una cuarta prórroga, ya que los ERTE están vigentes hasta el 30 de septiembre. Los sindicatos quieren tratar el asunto en estas conversaciones.

Casi 900.000 trabajadores, 200.000 de ellos en Catalunya, continuaban afectados por un ERTE en la segunda quincena de agosto.

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Condena histórica al fiscal general: dos años de inhabilitación por revelación de secretos contra el novio de Ayuso

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Álvaro García Ortiz

El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, a dos años de inhabilitación y a pagar una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos. La sentencia afecta a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien el Tribunal ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

Según la resolución del Supremo, García Ortíz vulneró la confidencialidad de información sensible relacionada con Alberto González Amador, un acto considerado grave por comprometer derechos fundamentales y la confianza en la administración pública.

Esta decisión del Tribunal Supremo marca un precedente significativo sobre la responsabilidad de altos cargos en el manejo de información confidencial, reforzando la protección jurídica frente a filtraciones o revelaciones indebidas.

 


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