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Muere el exministro Enrique Múgica de coronavirus

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El exministro de Justicia con el PSOE y Defensor del Pueblo Enrique Múgica ha muerto este viernes víctima del coronavirus a los 88 años.

Enrique Múgica, judío, como su hermano Fernando (asesinado por ETA en 1996), se destacaron siempre como firmes defensores del establecimiento de lazos de amistad entre España e Israel. La aportación de ambos fue decisiva para el establecimiento de relaciones diplomáticas entre España e Israel en 1986. El 11 de julio de 1987, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 1131/97 por el que Enrique Múgica era nombrado Presidente de la Comisión de Investigación de las Transacciones de Oro procedentes del Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial.

De julio de 1988 a marzo de 1991, fue Ministro de Justicia. Durante su mandato se aprobaron, entre otras leyes, la de Demarcación y Planta Judicial, la de Sociedades Anónimas y las reformas procesales y penales que dieron lugar a la creación de los juzgados de lo penal. Fue, además, un claro defensor de las penas de prisión a los insumisos acusándolos de «utilizar la objeción de conciencia para desestabilizar el Estado democrático y estar apoyados por los radicales y violentos» y les advirtió de que «todo el peso de la ley» caería sobre ellos.

El asesinato por parte de ETA en febrero de 1996 de su hermano Fernando, retirado por entonces de la política activa, marcó un punto de inflexión notable en la trayectoria política de Enrique Múgica. A partir de ese momento, se destacó como uno de los políticos de su partido más críticos no solo con el terrorismo de ETA, sino también con el nacionalismo vasco. Llegó a acuñar el término de eusko-naziak (eusko-nazis en castellano) para referirse a la izquierda abertzale. También es famoso su «que se pudran en la cárcel» refiriéndose a los presos de ETA.

Unos meses después de ser elegido, por octava vez consecutiva, diputado al Congreso por la circunscripción electoral de Guipúzcoa en las elecciones generales de marzo de 2000, fue designado Defensor del Pueblo por el gobierno del Partido Popular de José María Aznar. Su designación fue considerada como de consenso entre el partido gobernante y el principal partido de la oposición (PSOE). En 2010 cesó en el cargo, siendo sustituido de manera interina por María Luisa Cava de Llano y Carrió.

Fuente: Wikipedia

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El juez envía a juicio a Íñigo Errejón por la presunta agresión sexual a Elisa Mouliaá

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Elisa Mouliaá

El magistrado fija una fianza de 30.000 euros y cita al exdiputado el próximo 15 de enero para notificarle la apertura de juicio oral.

El juez Adolfo Carretero ha acordado la apertura de juicio oral contra el exdiputado y ex portavoz parlamentario de Sumar, Íñigo Errejón, por un presunto delito de agresión sexual contra la actriz Elisa Mouliaá, hechos que habrían ocurrido a finales de octubre de 2021.

Según el auto judicial, Errejón deberá depositar una fianza de 30.000 euros en el plazo de un día con el objetivo de asegurar las posibles responsabilidades económicas que pudieran derivarse del procedimiento penal.

Citación judicial y próximos pasos del proceso

El instructor ha citado a Íñigo Errejón el 15 de enero a las 09:30 horas, fecha en la que será emplazado y notificado formalmente del auto de apertura de juicio oral. Este trámite marca el paso definitivo del caso a la fase de enjuiciamiento.

La causa se centra en la denuncia presentada por Elisa Mouliaá, quien acusa al exdirigente político de una agresión sexual presuntamente cometida en un contexto privado durante el otoño de 2021. Tras la fase de instrucción, el juez considera que existen indicios suficientes para que los hechos sean valorados en juicio.

Un caso con impacto político y mediático

La decisión judicial supone un nuevo capítulo en un procedimiento que ha tenido una relevante repercusión política y mediática, dado el papel destacado que Errejón ha desempeñado en los últimos años en la política nacional.

Con la apertura de juicio oral, será un tribunal el que determine si los hechos denunciados constituyen delito y, en su caso, las responsabilidades penales correspondientes, siempre bajo el principio de presunción de inocencia.

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