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RENTA| Más del 30% de los borradores de Hacienda pueden contener errores

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ahorrar 3.000 euros en un año

El Colegio de Gestores Administrativos de Valencia y Castellón ha advertido que el 30 por ciento de los borradores de la declaración de la renta que envía Hacienda contiene errores, especialmente en materia de deducciones autonómicas, según han informado en un comunicado.

Los 700 gestores administrativos colegiados recomiendan su revisión para evitar errores y pérdidas de dinero al tiempo que recuerdan que se trata de un impuesto «muy complejo que requiere tiempo y asesoramiento de profesionales».

La Campaña de la Renta del ejercicio 2018 para las declaraciones que se presentan online o por teléfono ya está en marcha y será, a partir del 14 de mayo, cuando arranque el periodo de presentación en las oficinas de la Agencia Tributaria.

Los contribuyentes pueden pedir cita para la atención telefónica en la AEAT desde el 1 de abril y para la atención presencial desde el 9 de mayo. El 26 de junio finalizará el plazo para presentar las declaraciones a ingresar por domiciliación bancaria y el 1 de julio será el fin de la campaña para el resto de declaraciones.

Una vez presentada, es el contribuyente quien asume la responsabilidad de su declaración por lo que los gestores avisan de que «se pueden perder desgravaciones, incluir ingresos de forma errónea o dejar de declarar ingresos».

Por este motivo, el colectivo recomienda revisar «con detalle» los borradores que la Agencia Tributaria pone a su disposición, especialmente en materia de deducciones autonómicas, ya que la información «ha sido elaborada con datos de terceros y estos pueden contener errores».

Los cerca de 700 gestores administrativos colegiados de Valencia y Castellón ponen de manifiesto la importancia de dejar la declaración de la renta «en manos de profesionales». «Si dudas, pierdes», aseguran. «Para ahorrar disgustos y pagar lo justo, lo más inteligente es delegar con seguridad y confiar en profesionales cualificados de cercanía y confianza, amparados por la garantía que ofrece pertenecer a un colegio profesional», han apuntado.

Asimismo, advierten con tener cuidado «al validar el borrador; en su mayoría no contemplan la realidad. Están incompletos y contienen numerosos errores y estos, casi siempre, son a favor del fisco».

Fuente: Europa Press

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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