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RENTA| Más del 30% de los borradores de Hacienda pueden contener errores

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ahorrar 3.000 euros en un año

El Colegio de Gestores Administrativos de Valencia y Castellón ha advertido que el 30 por ciento de los borradores de la declaración de la renta que envía Hacienda contiene errores, especialmente en materia de deducciones autonómicas, según han informado en un comunicado.

Los 700 gestores administrativos colegiados recomiendan su revisión para evitar errores y pérdidas de dinero al tiempo que recuerdan que se trata de un impuesto «muy complejo que requiere tiempo y asesoramiento de profesionales».

La Campaña de la Renta del ejercicio 2018 para las declaraciones que se presentan online o por teléfono ya está en marcha y será, a partir del 14 de mayo, cuando arranque el periodo de presentación en las oficinas de la Agencia Tributaria.

Los contribuyentes pueden pedir cita para la atención telefónica en la AEAT desde el 1 de abril y para la atención presencial desde el 9 de mayo. El 26 de junio finalizará el plazo para presentar las declaraciones a ingresar por domiciliación bancaria y el 1 de julio será el fin de la campaña para el resto de declaraciones.

Una vez presentada, es el contribuyente quien asume la responsabilidad de su declaración por lo que los gestores avisan de que «se pueden perder desgravaciones, incluir ingresos de forma errónea o dejar de declarar ingresos».

Por este motivo, el colectivo recomienda revisar «con detalle» los borradores que la Agencia Tributaria pone a su disposición, especialmente en materia de deducciones autonómicas, ya que la información «ha sido elaborada con datos de terceros y estos pueden contener errores».

Los cerca de 700 gestores administrativos colegiados de Valencia y Castellón ponen de manifiesto la importancia de dejar la declaración de la renta «en manos de profesionales». «Si dudas, pierdes», aseguran. «Para ahorrar disgustos y pagar lo justo, lo más inteligente es delegar con seguridad y confiar en profesionales cualificados de cercanía y confianza, amparados por la garantía que ofrece pertenecer a un colegio profesional», han apuntado.

Asimismo, advierten con tener cuidado «al validar el borrador; en su mayoría no contemplan la realidad. Están incompletos y contienen numerosos errores y estos, casi siempre, son a favor del fisco».

Fuente: Europa Press

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Fiscalía solicita prisión sin fianza para Ábalos por riesgo de fuga en la trama de mascarillas

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo el ingreso en prisión provisional sin fianza para el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ante el riesgo de fuga de cara al juicio por la trama de mascarillas durante la pandemia. La solicitud se produce en el marco de la revisión de las medidas cautelares que actualmente mantienen en libertad a Ábalos y a su exasesor Koldo García.

Acusaciones y petición de penas

La Fiscalía considera que existen indicios racionales de criminalidad y una elevada petición de pena que justifican la prisión preventiva. Para Ábalos, el Ministerio Público solicita 24 años de prisión, mientras que para Koldo García se reclaman 19 años y medio, por presuntos delitos de:

  • Pertenencia a organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación de fondos públicos

  • Uso de información privilegiada

Además, se solicita que ambos sean condenados a pagar una multa de 3,9 millones de euros. Por su parte, las acusaciones populares elevan las penas a 30 años e incluyen delitos adicionales como prevaricación y falsedad documental.

Riesgo de fuga y medidas cautelares

La Fiscalía argumenta que el ingreso en prisión es idóneo, necesario y proporcionado para evitar el riesgo de fuga antes del juicio. Actualmente, Ábalos y Koldo García están sujetos a medidas cautelares que incluyen la retirada del pasaporte, la prohibición de salida del país y comparecencias quincenales en sede judicial.

El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, escuchará a las partes durante la vista para decidir si modifica las medidas cautelares y decreta la prisión provisional, conforme al artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

 

 

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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