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Ribó cede la alcaldía de Benimàmet al PSPV en señal de reconciliación

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VALÈNCIA, 23 Dic.- Compromís ha cedido al PSPV los cuatro años de la alcaldía pedánea de Benimàmet en favor de la «estabilidad» del ejecutivo local de la ciudad de València, el conocido como Govern del Rialto que conforman estas dos formaciones, y de los vecinos de este núcleo de población.

Así, fuentes municipales han indicado que el alcalde de la capital valenciana, Joan Ribó (Compromís), «ha decidido primar la estabilidad del gobierno municipal» y ceder «los cuatro años de la alcaldía de Benimàmet al PSPV, en detrimento de Compromís». El primer edil ha cedido también a los socialistas los cuatro años en El Perellonet.

Igualmente, han apuntado que esa cesión se ha hecho «a pesar de las conclusiones del Pacte del Rialto», el pacto que dio lugar a la conformación del actual ejecutivo municipal tras las elecciones del pasado mes de mayo, que establecía «repetir los acuerdos a que se llegó en 2015 para conformar el Govern de la Nau», el anterior ejecutivo local que integraban Compromís, PSPV y València en Comú.

«La situación tras las elecciones de 2019 era la misma que en 2015, con resultados ajustados en la pedanía de Benimàmet, y en otras», han apuntado las mismas fuentes, que han recordado que «en 2015 se decidió compartir la alcaldía pedánea de Benimàmet dos años para cada formación».

A pesar de esa circunstancia, se ha decidido dejar este cargo en manos de los socialistas «con el único objetivo de desbloquear una situación que a quien acababa afectando era a los vecinos de Benimàmet. La medida se ha formalizado en la reunión de coordinación de gobierno que han celebrado esta jornada los socios del Govern del Rialto.

Las mismas fuentes han precisado que «la competencia para nombrar alcaldes pedáneos es lógicamente del propio alcalde» y han expuesto que este «ya manifestó en su momento que, más allá de los intereses lógicos de cada partido, había que ser responsables y mirar por el bien y las necesidades de la población de Benimàmet» y «del resto de pedanías que se habían visto afectadas tras haber encallado las negociaciones durante seis meses».

Fuente: (EUROPA PRESS)

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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