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Ribó emplaza al Pleno de EMT València para depurar responsabilidades tras el fraude de 4 millones
Publicado
hace 6 añosen
VALÈNCIA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) – El alcalde de València, Joan Ribó, ha emplazado este viernes al pleno extraordinario sobre la Empresa Municipal de Transportes (EMT) que tendrá lugar el próximo 17 de octubre para hablar y debatir sobre las responsabilidades políticas que reclaman los grupos de la oposición en el Ayuntamiento tras el fraude de 4 millones de euros detectado en la compañía pública.
«En el pleno trataremos estas cosas», ha indicado el primer edil preguntado por las responsabilidades políticas y el «cese inmediato» del concejal y presidente de la Empresa Municipal de Transporte (EMT), Giuseppe Grezzi, que se piden desde la oposición municipal tras conocerse el citado fraude.
Ribó se ha pronunciado de este modo tras presidir en el Ayuntamiento de València el acto de entrega de honores y distinciones con motivo del 9 d’Octubre. El alcalde ha destacado que ha convocado para el 17 de octubre la sesión plenaria extraordinaria sobre lo sucedido en la EMT solicitada por el PP y respaldada por los otros dos grupos de la oposición, Cs y Vox.
«Lo que he de decir es que me pidieron ayer un pleno extraordinario. Ese pleno extraordinario ya lo he convocado y he comunicado que lo había convocado para el día 17», ha expuesto el responsable municipal.
Joan Ribó ha explicado que no lo ha programado para antes porque del 10 al 15 de octubre estará fuera de València al tener que asistir a la entrega en la India del reconocimiento que certifica que la ciudad será Capital Mundial del Diseño. «Llego el 15 y el 17 se hará el pleno. En su momento todas estas cosas las hablaremos», ha insistido.
El orden del día del pleno, conocido este viernes, incluye cuatro puntos. El primero reclama la comparecencia del alcalde y
presidente de la Junta General de Accionistas de la EMT, Joan Ribó, «para dar cuenta del presunto fraude ocurrido en el seno de dicha empresa municipal entre los días 3 y 20 de septiembre de 2019».
Asimismo, el segundo punto solicita «la creación de una comisión no permanente de investigación con la finalidad de determinar acciones tendentes a recuperar el dinero presuntamente desviado y las posibles responsabilidades políticas que se hayan podido cometer en el seno de la EMT València».
PROTOCOLOS Y NORMATIVA
El tercer punto del orden del día plantea «la solicitud a la Intervención General Municipal de un informe de auditoría sobre la correcta aplicación de los protocolos y normativa aplicable en las
órdenes de pago afectadas en la presunta estafa» en la compañía pública.
En último lugar, el orden del día propone «la solicitud de una auditoría de seguridad independiente sobre los sistemas informáticos del Ayuntamiento de València y de la EMT València para detectar las vulnerabilidades del sistema que ha permitido la presunta estafa». Igualmente, en este punto se pide «determinar si estas vulnerabilidades han afectado o pueden afectar a otros departamentos municipales o entidades del Sector
Público Local».
El PP exige que no se renueve al gerente de la entidad
Por su parte, el Grupo Municipal Popular ha reclamado por escrito al presidente del Consejo de Administración de la EMT, Giuseppe Grezzi, que se retire la moción de la renovación del gerente del orden del día de su sesión del próximo lunes y se convoque un concurso público para elegir «al mejor para estar al frente de la empresa pública».
También piden la retirada del nombramiento del director adjunto, plaza que ocupará «sin ningún concurso el que hasta ahora es jefe de gabinete del gerente, y de la directora de comunicación, que tampoco se ha realizado por concurso público y transparente».
Los dos consejeros del Grupo Popular, Marta Torrado y Carlos Mundina, siguen sin disponer de la información de los puntos, por lo que piden la retirada de todos aquellos que no se les ha dado la documentación. Del único punto que tienen información «los consejeros es la adjudicación de la compra por valor de 50 millones de 164 autobuses híbridos a la empresa Evobús, quien superó en puntuación a los competidores Man y Volvo en el concurso público».
La portavoz del Grupo Municipal Popular, María José Catalá, ha exigido al alcalde Ribó el cese inmediato del concejal Giuseppe Grezzi, «pues si el alcalde piensa que una estafa de 4 millones de euros no va a comportar ninguna responsabilidad política, se equivoca».
«Aquí alguien debe asumir responsabilidades políticas y todos los números los tiene Grezzi. Bajo una supervisión política no nos pueden estafar 4 millones de euros y que quede impune el máximo responsable político», han agregado.
Catalá ha indicado que el Ayuntamiento de Valencia «tiene el honor de tener la primera empresa pública de España que sufre una estafa de estas características».
El contrato del actual gerente de la EMT finaliza el próximo 14 de octubre y ahora se lleva al Consejo su renovación con «un contrato de alta dirección, cuando es junto al concejal Giuseppe Grezzi el máximo responsable de la empresa cuando se produjo el robo de los 4 millones de euros de la EMT».
«PARECE UNA BROMA»
«Parece una broma que Grezzi, máximo responsable de la EMT, quiera ratificar y blindar al gerente unos días después del robo de los 4 millones de las cuentas de la empresa pública. No es la mejor manera de proceder en una administración, pues no sabemos la responsabilidad que pueden tener tanto el gerente como la Tesorera de la empresa, los únicos con firma para poder realizar transferencias», han explicado los concejales Carlos Mundina y Marta Torrado, miembros del Grupo Popular en la EMT, que esperan tener el respaldo del resto de consejeros.
Los ‘populares’ han afirmado que «han tenido las mismas prisas en cesar a la trabajadora como en ratificar al gerente». «Demostraron una gran celeridad despidiendo a la trabajadora, que de momento es víctima de la estafa, pero en el caso de los altos directivos de la empresa que tenían que controlar las cuentas, gerente y tesorera, se actúa totalmente al contrario», han agregado.
«No entendemos como en 20 días, periodo en el que se realizaron hasta 8 transferencias desde las cuentas de la EMT a Hong Kong, ni el gerente ni la tesorera se enteraron que faltaban esas cantidades. De momento el concejal Giuseppe Grezzi tiene responsabilidades políticas de «in vigilando» al no advertir el desfalco de 4 millones euros», han señalado desde el PP.
EN UNA EMPRESA PRIVADA «SERÍA IMPENSABLE»
En una empresa privada, ha declarado Catalá, ratificar a un gerente después de un fraude de cuatro millones «sería impensable, ya que estaría cesado de inmediato el gerente y al máximo responsable en esta caso Grezzi, y no dejarlo todo en despedir una trabajadora que lleva treinta años en la empresa, tiene tres jefes por encima y a la que no le han dado oportunidad de defenderse».
Para los populares lo más graves es que se hayan robado los cuatro millones sin que nadie se enterase en la empresa pero igual de gravedad tiene haber hecho caso omiso a las advertencias de hasta tres auditorías externas desde el 2016 al 2018.
«Se han realizado tres auditorías realizadas de los años 2016, 2017 y 2018 coinciden en alertar de falta de seguridad informática en la empresa y que debían mejorarse los controles sobre los movimientos bancarios», explicaron los dos concejeros del PP en la EMT.
AUDITORÍAS
Las auditorias de Ernst Young de los años 2017 y 2018 advertían entre otros fallos en la empresa la falta de «un plan de contingencia por posibles fallos informáticos, lo que podría conllevar a accesos no autorizados a datos sensibles de la entidad».
Auditoria de Sindicatura de Comptes Mientras la de Sindicatura del ejercicio 2016 y presentada en 2017 aconsejaba a la EMT por un lado modificar el formato y el contenido de las conciliaciones bancarias.
Entre las recomendaciones que hace la Sindicatura están: «Mejoras en gestión de tesorería. Actualizar las fichas de personas autorizadas para la disposición de fondos de las entidades bancarias con los responsables vigentes en cada momento».
También recomienda «modificar el formato y contenido de las conciliaciones bancarias, que deben mostrar los diferentes tipos de operaciones, la fecha de elaboración y las firmas del preparador revisor y realizar arqueos periódicos de las cajas».
Para Catalá, «la EMT debería solicitar colaboración a los servicios jurídicos, de la intervención y técnicos del Ayuntamiento de Valencia para la emisión de los informes necesarios en los procesos de contratación», al tiempo que pide «implantar las aplicaciones informáticas necesarias que posibiliten el adecuado control y seguimiento de todas las operaciones».
«Si se hubieran tenido en cuenta todas las recomendaciones de las diferentes auditorias hubiera sido muy difícil el desfalco de los cuatros millones de euros de las cuentas de la EMT», añadieron los consejeros del PP en la EMT.
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La defensa de Begoña Gómez pide archivar el caso y critica el impacto en la Justicia
Publicado
hace 4 horasen
1 abril, 2026
La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez el archivo definitivo de la causa judicial que investiga su actividad profesional, al considerar que no existen fundamentos jurídicos suficientes. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha afirmado su abogado durante la vista celebrada este miércoles.
El procedimiento está dirigido por el magistrado Juan Carlos Peinado, quien ha reunido a las partes en un nuevo trámite en los juzgados de Madrid en plena Semana Santa.
La defensa insiste en el archivo del caso
El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha reiterado que no existe base para investigar los delitos que se le atribuyen, entre ellos malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.
Durante su intervención, el letrado ha criticado la falta de imparcialidad en el proceso y ha calificado la situación como una “pesadilla jurídica”. Además, ha defendido que la investigación responde a intereses ajenos a la Justicia.
En la misma línea, la Fiscalía también ha vuelto a posicionarse a favor del archivo de la causa tras casi dos años de investigación.
Solicitud de nuevas pruebas y testigos
De forma preventiva, la defensa ha pedido al juez que, en caso de continuar el proceso, se practiquen nuevas diligencias. Entre ellas, destaca la declaración como testigo de José Manuel Ruano, vinculado a la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.
Asimismo, se han solicitado informes periciales para analizar:
- El papel del cónyuge del presidente del Gobierno
- El funcionamiento de las cátedras extraordinarias
- El supuesto perjuicio económico a la universidad
Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha pedido documentación oficial que acredite sus funciones en La Moncloa.
Las acusaciones piden ampliar la investigación
En el lado opuesto, las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, han solicitado al juez nuevas diligencias para profundizar en la investigación.
Entre sus peticiones se incluyen:
- La vida laboral completa de Gómez
- La actualización del salario de su asesora
- Información sobre reuniones relacionadas con proyectos tecnológicos vinculados a su actividad
Posible juicio con jurado popular
El juez ha reiterado que, en caso de que el procedimiento continúe hasta juicio, este podría celebrarse ante un jurado popular. Esta decisión ya generó controversia y fue objeto de revisión por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.
En una resolución reciente, Peinado defendió que existen indicios suficientes para continuar la causa, apuntando a un posible aprovechamiento de la posición institucional de Gómez, algo que la defensa rechaza y califica de “meras conjeturas”.
Origen del caso Begoña Gómez
La investigación se inició en abril de 2024 tras una denuncia del colectivo Manos Limpias y posteriormente se amplió con acciones judiciales impulsadas por Vox y otras entidades.
El caso analiza, por un lado, la relación profesional de Gómez con empresarios y la universidad, y por otro, el uso de recursos públicos en su actividad como esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Un caso con impacto político y mediático
La causa judicial contra Begoña Gómez sigue generando un fuerte impacto político y mediático en España, con posiciones enfrentadas entre las partes implicadas.
Mientras la defensa insiste en el archivo inmediato, las acusaciones reclaman seguir investigando, manteniendo abierto un proceso que continúa marcando la actualidad judicial y política del país.
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