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Sánchez anuncia que varias comunidades autónomas saldrán del estado de alarma en los próximos días

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comunicado este domingo a los presidentes autonómicos que «si nada se tuerce» muchas comunidades estarán fuera del estado de alarma «en los próximos días» y la totalidad del país recuperará la movilidad a finales de junio o principios de julio.

Según han informado a Efe distintas fuentes autonómicas, Sánchez lo ha trasladado así a las líderes territoriales en la videoconferencia que mantiene desde las 10:15 horas de hoy y en la que está abordando como tema principal la recuperación del turismo y el proceso de desescalada, en el que todo el país abandona a partir de mañana la fase cero.

Según estas fuentes, algunos presidentes, con más vehemencia el lehendakari Íñigo Urkullu, se han quejado del formato de estas videoconferencias semanales y han cuestionado su utilidad. Desde que entró en vigor el estado de alarma se han celebrado once.

A estas quejas, Sánchez ha respondido que habrá videoconferencias semanales todo el mes de junio y posteriormente se verá la cadencia pero se trata, ha dicho, de un espacio consolidado que hay que mantener.

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Condena histórica al fiscal general: dos años de inhabilitación por revelación de secretos contra el novio de Ayuso

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Álvaro García Ortiz

El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, a dos años de inhabilitación y a pagar una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos. La sentencia afecta a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien el Tribunal ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

Según la resolución del Supremo, García Ortíz vulneró la confidencialidad de información sensible relacionada con Alberto González Amador, un acto considerado grave por comprometer derechos fundamentales y la confianza en la administración pública.

Esta decisión del Tribunal Supremo marca un precedente significativo sobre la responsabilidad de altos cargos en el manejo de información confidencial, reforzando la protección jurídica frente a filtraciones o revelaciones indebidas.

 


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