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Sánchez, en Los Alcázares: «El Gobierno va a ayudar a recuperar y reconstruir las zonas afectadas»

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MURCIA/ALICANTE, 14 Sep. (EUROPA PRESS) –

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha afirmado este sábado en Los Alcázares, tras desplazarse desde Orihuela, que el Gobierno de España «va a ayudar a recuperar y reconstruir las zonas afectadas», aunque ha asegurado que aún es muy pronto para evaluar todos los daños.

Sánchez, que ha estado acompañado en su visita de los ministros en funciones de Agricultura, Luis Planas, e Interior, Fernando Grande Marlaska, ha reividicado y destacado la «colaboración institucional» tras comprobar de primera mano los efectos de la ‘Gota Fría’ en la llamada ‘Zona Cero’.

En una crisis de Protección Civil como la que ha habido, ha explicado Sánchez, hay tres dimensiones que no se deben olvidar. La primera de ellas la de prevención, la que hace referencia a la seguridad de las personas, por eso ha pedido a los ciudadanos que estén muy pendientes de las indicaciones y avisos oficiales.

La segunda de las dimensiones a las que ha aludido el presidente es la de la respuesta, y ha asegurado que «el Gobierno de España no va a escatimar ningún medio material o económico» para la recuperación, «lo hemos hecho ya con el despliegue de la UME», ha citado como ejeplo.

Finalmente, Sánchez se ha referido a la parte de la recuperación, tras hablar con los presidentes y alcaldes, y ha señalado que «los delegados del Gobierno ya están en contacto con el Ejecutivo para analizar los daños producidos por la DANA», unos daños materiales cuantiosos y que son más importante en sectores como el de la agricultura y la ganadería.

El presidente también ha mantenido una reunión con los responsables del operativo en el Puesto de Mando Avanzado, en el Centro de Seguridad de Los Alcázares, una reunión a la que ha asistido el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, y el delegado del Gobierno, Francisco Jiménez, entre otros. En Orihuela, han participado en la reunión el delegado del Gobierno, Juan Carlos Fulgencio; el conseller de Obras Públicas, Arcadi España, y el alcalde de la ciudad, Emilio Bascuñana.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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