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Sanidad acredita de forma inmediata a más de 20.000 enfermeros para prescribir medicamentos

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VALÈNCIA, 1 Jul. – La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, ha firmado una resolución para acreditar a los enfermeros que desarrollan su actividad en el sistema público valenciano de salud para la indicación, el uso y la autorización de la dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano.

Con esta medida, dentro del marco estratégico del Ministerio de Sanidad para impulsar la actualización de la Atención Primaria, la Comunitat se convierte en la segunda región con mayor numero de profesionales acreditados para la prescripción, por detrás de Andalucía, destaca la Generalitat en un comunicado.

El requisito para acreditar la competencia en prescripción a estos profesionales es que tengan una experiencia profesional mínima de un año. La base de datos de la Conselleria refleja que actualmente hay más de 20.000 los enfermeros de centros públicos que llevan más de un año en instituciones sanitarias.

Ante esta situación, la titular de Sanidad entiende que agilizar el procedimiento de acreditación amplía las competencias de Enfermería y que esto redundará en un mayor control de la medicación de los pacientes. «Se gana en seguridad, se reduce la automedicación y los efectos secundarios de los fármacos y disminuirá el gasto farmacéutico», ha aseverado.

Otro de los objetivos de la acreditación de los enfermeros es que disminuya la presión asistencial en los centros de Atención Primaria, además de poder reducir el gasto sanitario al permitir un mayor control del uso de los medicamentos por parte de estos profesionales, que tienen un contacto más frecuente y directo con los pacientes». Barceló ha destacado al respecto que «así ha ocurrido en los países que ya han implantado esta medida».

Para conseguirlo, la Conselleria ha puesto en marcha la tramitación de un decreto que regulará el procedimiento de acreditación para todos los enfermeros que no sean acreditados ahora: quienes desarrollan su actividad en el sistema sanitario privado y los que no hayan alcanzado el requisito de la experiencia mínima de un año en el momento de la publicación de la resolución.

Para ser acreditados en la indicación, uso y autorización de medicamentos y productos sanitarios de uso humano, el Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, contempla igualmente la opción de realizar un curso de formación especifico.

A tal efecto, Sanidad Universal y Salud Pública ha contactado ya con todas las universidades valencianas para que puedan ofrecer un curso de formación a los enfermeros recién graduados, que será acreditado por la Escola Valenciana d’Estudis de la Salut (EVES), lo que a la larga podrá evitar la exigencia del año de experiencia profesional.

Fuente: (EUROPA PRESS)

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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