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Se prevé que la subida del SMI afecte a más de 140.000 trabajadores en la Comunitat

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VALÈNCIA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) – El Gobierno prevé que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros, que aprobará el ejecutivo en el Consejo de Ministros de este viernes en Barcelona, afecte a un total de 143.270 trabajadores en la Comunitat Valenciana, del total de 1,3 millones que se espera que se vean beneficiados por esta medida en el conjunto de España.

Así lo ha anunciado este viernes el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, en una rueda de prensa en la que ha valorado esta subida del SMI y la aprobación del techo de gasto en el Congreso este jueves.

Según ha detallado Fulgencio, en 2018 cobraban el salario mínimo en la Comunitat Valenciana un total de 61.598 personas, y el gobierno prevé que con el próximo incremento –de los 735,90 euros actuales a los 900 en 2019–, un total de 143.270 personas se vean beneficiadas. A nivel de todo el Estado, se pasará de unas 525.000 personas en 2018, a unas 1,3 millones.

El objetivo de esta subida, ha mantenido Fulgencio, es «prevenir la pobreza en el trabajo» porque «no puede ser» que en 2019 haya trabajadores que no puedan llegar a fin de mes. Así, ha destacado que esta subida de 900 euros en 2019, «habrá que ir mejorándolo» en años posteriores.

«Es un paso muy importante, pero no es el final del camino», ha manifestado, al tiempo que ha criticado a los que «dicen que es una subida desproporcionada», y los ha instado a «comparar con los 1.500 euros de otros países de nuestro entorno».

«ABSOLUTA ANORMALIDAD DEMOCRÁTICA» QUE EL SENADO FRENE EL TECHO DE GASTO
Fulgencio también se ha pronunciado al respecto del el acuerdo sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para 2019-2021 que se aprobó este jueves en el Congreso, y que deberá votar el Senado, donde previsiblemente no salga adelante por el voto en contra de la mayoría absoluta que tiene el PP en esta cámara.

Así, para el delegado, que la Cámara Alta pueda vetar este acuerdo es una «absoluta anormalidad democrática», que «no forma parte del espíritu de la Constitución».

Fulgencio ha destacado que esta senda de déficit «obtuvo el visto bueno de Europa», por lo que ha pedido a la «derecha parlamentaria» que «se dejen de encuestas y prisas», y que «atiendan a la obligación del oxígeno a los que sufrieron los recortes».

En esta línea, ha afirmado que apoyar el techo de gasto «no es apoyar al gobierno, sino al Estado del Bienestar y a las Comunidades Autónomas», ya que «supone más recursos en un estado en el que las cuentas «están mejor», y ha destacado que «suponen 2.500 millones de margen fiscal» para las autonomías.

En cuanto a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), el delegado ha comentado que buscan «recuperar parte de lo perdido en los últimos años», y ha asegurado que apuestan por el «blindaje del Estado del Bienestar». «El Gobierno tiene una agenda de cambio, aunque aún quedan muchas cosas por revertir en política social», ha asegurado.

Al respecto de la aprobación de las cuentas estatales para 2019, Fulgencio ha señalado que el gobierno «ya está negociando», y ha asegurado que «la era de la negociación ha venido para quedarse». Por ello, ha pedido a los grupos parlamentarios un «esfuerzo de generosidad», por lo que «todos tendrán que explicar» su actitud al respecto de las cuentas, «si fue en clave política o pensando en los ciudadanos».

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La justicia archiva la querella contra Paco Salazar por acoso sexual al no existir denuncias de las presuntas víctimas

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Paco Salazar
Paco Salazar

El juzgado inadmite la acción presentada por Hazte Oír al apreciar falta de legitimación y ausencia de indicios suficientes, tal y como solicitó la Fiscalía

La justicia ha decidido archivar la querella presentada contra Paco Salazar por presunto acoso sexual, al no existir denuncias formales por parte de las supuestas víctimas. La resolución, dictada por la Sección de Violencia sobre la Mujer, inadmite la acción penal impulsada por la asociación Hazte Oír al considerar que carece de legitimación y que no hay una base indiciaria suficiente para abrir una investigación judicial.

El auto judicial se alinea con el criterio de la Fiscalía, que ya había solicitado el archivo de la causa al entender que, en ausencia de denuncias directas de las personas presuntamente afectadas, no concurren los requisitos legales mínimos para iniciar un procedimiento penal por este tipo de delitos.

Falta de legitimación y ausencia de indicios

Según la resolución, Hazte Oír no está legitimada para ejercer la acción penal en este caso concreto, ya que no representa a ninguna de las supuestas víctimas ni actúa en su nombre. Además, el juzgado subraya que los hechos relatados en la querella no vienen acompañados de pruebas ni testimonios directos que permitan sostener, siquiera de forma indiciaria, la existencia de un delito.

La magistrada recuerda que los delitos contra la libertad sexual, salvo excepciones muy concretas, requieren la iniciativa procesal de la persona presuntamente perjudicada, especialmente cuando no se trata de hechos flagrantes ni acreditados por otros medios objetivos.

Sin investigación judicial abierta

Con esta decisión, la justicia descarta abrir diligencias contra el exdirigente socialista mientras no exista una denuncia expresa de alguna víctima o nuevos elementos probatorios que justifiquen la actuación de oficio. El archivo no entra a valorar el fondo de las acusaciones, sino que se limita a constatar que no se dan las condiciones legales para investigar los hechos en sede judicial.

Fuentes jurídicas recuerdan que el archivo no impide que, en el futuro, el caso pueda reabrirse si alguna persona afectada decide denunciar o si aparecen nuevos indicios relevantes.

Contexto del caso

La querella fue presentada tras la difusión pública de informaciones y testimonios indirectos sobre comportamientos presuntamente inapropiados. Sin embargo, ninguna de las personas mencionadas ha presentado hasta ahora denuncia ante la Policía, la Fiscalía o un juzgado.

Desde el entorno del investigado se ha insistido en su disposición a colaborar con la justicia y en su rechazo a las acusaciones, mientras que desde el ámbito jurídico se subraya la importancia de preservar tanto la presunción de inocencia como el derecho de las víctimas a denunciar cuando así lo decidan.

 

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