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VÍDEO| Toda la verdad sobre la estafa de iDental

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El juez José de la Mata asumió a finales de julio la competencia para investigar el fraude masivo de la red de clínicas ‘low cost’ iDental, después de que al menos 11 juzgados se inhibiesen en favor de la Audiencia Nacional debido al volumen extraordinario de la causa, el despliegue de la operativa presuntamente fraudulenta a lo largo del país, la complejidad de la estructura societaria montada y las miles de personas perjudicadas.

En ese caso, el magistrado investiga si la estructura societaria creada después de que los administradores Weston Hill Asset Management se hiciesen con la red de clínicas incurrió en la comisión de estafa continuada, apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, lesiones, contra la salud pública, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, al ofrecer servicios odontológicos, que en muchos casos no llegaban a realizarse o completarse, a personas de ingresos medios o bajos con importantes descuentos, haciendo uso de técnicas muy agresivas de marketing.

Weston Hill Asset Management, que se dedica a la adquisición de sociedades en situación poco favorable y a maximizar la inversión a corto plazo, también posee la cadena de clínicas odontológicas IOA.

Así, tras encontrar similitudes en la gestión económica de ambas empresas, el juez ordenó, en el marco de la investigación ya abierta por iDental, analizar las salida de fondos sin justificación “a pesar de que los administradores serían conscientes de la situación de impago en la que se encuentran y que se agravan ante dichas disposiciones de capital”.

TESTAFERROS PARA NO FIGURAR COMO ADMINISTRADOR
Luis Sans es el nexo entre iDental y el Grupo IOA, ya que utilizó distintos testaferros para figurar el frente de las sociedades que los componen, entre ellas la red de clínicas dentales y, de esta forma, no figurar como el verdadero administrador de hecho de dichas sociedades.

En ambos casos, la instrucción ha podido constatar la necesidad de financiación para la continuación de una actividad comercial que, si bien aparentaba una rentabilidad económica más o menos viable a terceros, se habría demostrar irreal.

En el caso de las clínicas IOA, de acuerdo con las pesquisas, se ha comprobado la existencia de inyecciones económicas provenientes de inversores interesados en el negocio de las clínicas dentales provenientes de inversores interesados en el negocio de clínicas dentales, en algunos casos por decena de millones de euros.

Ese dinero prestado debería haber ido destinado a la expansión de clínicas y compra de material y, sin embargo, no ha sido utilizado para tal fin, sino que ha quedado en aras de las empresas controladas por Sans, ajenas a la gestión de IOA.

VÍDEO: @DoWe_Media

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La ministra Tolón cobra por alquilar una vivienda VPO que solo puede usarse como residencia habitual

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Milagros Tolón niega irregularidades en el alquiler de su vivienda protegida en Toledo

La ministra de Educación asegura que pidió autorización a la Junta de Castilla-La Mancha y que cuenta con un informe jurídico que avala el arrendamiento del inmueble, que adquirió en 1998.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha negado haber cometido irregularidades al alquilar una vivienda de protección oficial (VPO) de su propiedad en Toledo. La también exalcaldesa de la ciudad ha defendido que ha actuado siempre conforme a la normativa de Castilla-La Mancha y con total transparencia.

La polémica surge a raíz de una información publicada por Artículo14, que señala que Tolón estaría alquilando una vivienda protegida que, según las condiciones de este tipo de inmuebles, estaría destinada a servir como residencia de su propietaria.

Ante las preguntas de los periodistas, la ministra ha asegurado que compró la vivienda en 1998 y que se trata del único inmueble que posee. «Yo tengo una vivienda de hace 30 años, que efectivamente es mía desde el año 98», ha explicado, rechazando que exista intención de especular con el alquiler.

Tolón asegura que pidió autorización a la Junta

Uno de los principales argumentos de la ministra para defender la legalidad del arrendamiento es que, según ha explicado, solicitó autorización a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, administración competente en materia de vivienda.

«Yo pedí en ese caso autorización en su momento», ha afirmado al ser preguntada por este asunto. Tolón no ha detallado si recibió una resolución administrativa favorable, aunque ha insistido en que el alquiler cumple las condiciones exigidas por la normativa.

Además, ha asegurado que dispone de un informe jurídico que avala el arrendamiento del inmueble una vez transcurridos 14 años desde su adquisición.

«Totalmente, cumple todos los requisitos», ha respondido al ser preguntada por el cumplimiento de las exigencias legales.

La ministra defiende que declaró la vivienda y los ingresos

Tolón también ha rechazado que haya ocultado información sobre la propiedad o los ingresos derivados del alquiler. Según ha explicado, tanto la vivienda como las cantidades percibidas aparecen reflejadas en sus declaraciones oficiales.

«Siempre he actuado con transparencia, siempre he actuado en mi declaración de bienes desde hace muchos años», ha señalado. La ministra ha insistido en que el inmueble es su única vivienda y que su situación patrimonial puede comprobarse en la documentación presentada.

La exalcaldesa de Toledo ha reiterado que nunca ha existido una operación especulativa y que ha cumplido con las obligaciones que le corresponden como propietaria de una vivienda protegida.

La polémica sobre el alquiler de una VPO

El caso ha abierto el debate sobre las condiciones que regulan el alquiler de las viviendas de protección oficial y las autorizaciones necesarias para destinarlas a ese uso.

La cuestión central es determinar si el arrendamiento del inmueble de Tolón se ajusta a las condiciones bajo las que fue adquirido y a la normativa autonómica aplicable. La ministra sostiene que cuenta con respaldo jurídico y que solicitó permiso a la administración regional.

Por el momento, Tolón mantiene su defensa de la legalidad de la operación y niega cualquier irregularidad en el alquiler de la vivienda protegida que compró hace casi tres décadas.

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