El juez José de la Mata asumió a finales de julio la competencia para investigar el fraude masivo de la red de clínicas ‘low cost’ iDental, después de que al menos 11 juzgados se inhibiesen en favor de la Audiencia Nacional debido al volumen extraordinario de la causa, el despliegue de la operativa presuntamente fraudulenta a lo largo del país, la complejidad de la estructura societaria montada y las miles de personas perjudicadas.
En ese caso, el magistrado investiga si la estructura societaria creada después de que los administradores Weston Hill Asset Management se hiciesen con la red de clínicas incurrió en la comisión de estafa continuada, apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, lesiones, contra la salud pública, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, al ofrecer servicios odontológicos, que en muchos casos no llegaban a realizarse o completarse, a personas de ingresos medios o bajos con importantes descuentos, haciendo uso de técnicas muy agresivas de marketing.
Weston Hill Asset Management, que se dedica a la adquisición de sociedades en situación poco favorable y a maximizar la inversión a corto plazo, también posee la cadena de clínicas odontológicas IOA.
Así, tras encontrar similitudes en la gestión económica de ambas empresas, el juez ordenó, en el marco de la investigación ya abierta por iDental, analizar las salida de fondos sin justificación “a pesar de que los administradores serían conscientes de la situación de impago en la que se encuentran y que se agravan ante dichas disposiciones de capital”.
TESTAFERROS PARA NO FIGURAR COMO ADMINISTRADOR
Luis Sans es el nexo entre iDental y el Grupo IOA, ya que utilizó distintos testaferros para figurar el frente de las sociedades que los componen, entre ellas la red de clínicas dentales y, de esta forma, no figurar como el verdadero administrador de hecho de dichas sociedades.
En ambos casos, la instrucción ha podido constatar la necesidad de financiación para la continuación de una actividad comercial que, si bien aparentaba una rentabilidad económica más o menos viable a terceros, se habría demostrar irreal.
En el caso de las clínicas IOA, de acuerdo con las pesquisas, se ha comprobado la existencia de inyecciones económicas provenientes de inversores interesados en el negocio de las clínicas dentales provenientes de inversores interesados en el negocio de clínicas dentales, en algunos casos por decena de millones de euros.
Ese dinero prestado debería haber ido destinado a la expansión de clínicas y compra de material y, sin embargo, no ha sido utilizado para tal fin, sino que ha quedado en aras de las empresas controladas por Sans, ajenas a la gestión de IOA.
El Ministerio de Juventud e Infancia, dirigido por Sira Rego, pide investigar los contenidos detectados en la plataforma y reclama una reunión urgente con sus responsables tras una investigación de Maldita.es
El Gobierno ha llevado ante la Fiscalía General del Estado la presencia de material de abuso sexual infantil en TikTok, después de que una investigación de Maldita.es detectara miles de contenidos y perfiles relacionados con la difusión, el intercambio y la comercialización de este tipo de material.
El Ministerio de Juventud e Infancia, encabezado por Sira Rego, ha remitido un escrito a la Fiscalía para que investigue los hechos y determine las posibles responsabilidades. Además, el departamento ha solicitado una reunión urgente con los responsables de la red social para exigir explicaciones y conocer qué medidas están aplicando para impedir la circulación de estos contenidos.
La iniciativa llega después de que la investigación periodística, titulada ‘El hogar pederasta en TikTok’, alertara de la dimensión del problema y de las dificultades para frenar la actividad de determinadas cuentas.
Más de mil vídeos y 48 millones de visualizaciones
Según los datos recogidos por Maldita.es, la investigación localizó más de mil vídeos de abuso sexual infantil que acumulaban alrededor de 48 millones de visualizaciones.
También identificó más de 20.000 perfiles considerados potencialmente vinculados a comunidades que intercambian o venden este material. De ellos, más de 7.000 operarían en castellano.
El trabajo periodístico detectó asimismo 780 cuentas que utilizarían TikTok para captar compradores, además de emisiones en directo en las que usuarios solicitaban acciones a menores a cambio de dinero.
La investigación también puso el foco en comunidades dedicadas a buscar y compartir material de abuso sexual infantil protagonizado por bebés.
Sira Rego reclama explicaciones a TikTok
Desde el Ministerio de Juventud e Infancia consideran que los datos publicados evidencian una falta de mecanismos eficaces para impedir que este material se difunda a través de la plataforma.
Por ello, el departamento ha pedido la intervención de la Fiscalía y pretende mantener un encuentro urgente con la compañía para abordar los fallos detectados y reclamar medidas de prevención y retirada de contenidos.
La actuación busca que se investigue cómo pueden permanecer activos estos perfiles y publicaciones y qué responsabilidad puede tener la plataforma ante la difusión de material de explotación sexual infantil.
¿Puede el Gobierno cerrar TikTok en España?
La denuncia ante la Fiscalía y la petición de una reunión urgente no equivalen a una decisión de cierre de TikTok. El Gobierno ha abierto una vía de actuación para que se investiguen los hechos y ha reclamado explicaciones a la empresa.
Cualquier medida que pudiera afectar al funcionamiento de la plataforma tendría que ajustarse al marco legal y a las competencias de las autoridades correspondientes. Por el momento, el anuncio conocido se centra en la investigación de los contenidos denunciados y en exigir responsabilidades y garantías a la red social.
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