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Ximo Puig anuncia 97 millones de euros de ayuda a los autónomos por el coronavirus

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El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado que la Generalitat pondrá en marcha un primer paquete de medidas por importe de 97 millones de euros de apoyo a los autónomos y a la solvencia de las empresas ante la crisis del coronavirus. Estas actuaciones, en las que ya trabajan las conselleries de Hacienda y Economía, se llevarán a cabo con la coordinación del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y la participación de los agentes sociales.

Puig ha comparecido tras la reunión mantenida en el Palau con el presidente de la CEV, Salvador Navarro; el secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez; el secretario general de CCOO PV, Arturo León, y los consellers de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, y de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafael Climent, para analizar con detalle el real decreto-ley de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del coronavirus y estudiar la aplicación de medidas complementarias para la Comunitat Valenciana por parte del Consell. Al encuentro ha asistido también el director del IVF, Manuel Illueca.

Puig, que ha resaltado la acogida favorable de los representantes empresariales y de los sindicatos valencianos al real decreto-ley aprobado este martes por el Ejecutivo estatal, ha subrayado que la Generalitat impulsará todos los mecanismos necesarios para facilitar la aplicación de estas medidas avanzadas por el presidente, Pedro Sánchez, que además se verán reforzadas con otras adicionales en las que ya trabaja el Gobierno valenciano.

A este respecto, la Generalitat, a través del IVF, articulará una línea de 40 millones ampliables en créditos participativos para mejorar la solvencia de las empresas y que puedan solicitar préstamos a los bancos con el aval del 50% del Gobierno de España, tal y como anunció este martes el presidente del Ejecutivo central.

Los créditos participativos del IVF computarán como capital de las empresas. El banco público dará una carencia de tres años a estos préstamos, que serán a 10 años, para garantizar la recuperación de las empresas.

Es una medida complementaria para facilitar que las empresas valencianas accedan al programa de financiación anunciado este martes por el Gobierno, ya que, tal y como ha subrayado el president de la Generalitat, «el objetivo es que no se destruya empleo», sino que se proporcione liquidez a las empresas y se facilite, por parte del IVF, «el instrumento más potente que tiene la Generalitat», que el empresariado valenciano con problemas por la crisis del coronavirus se pueda acoger a estos créditos.

Además, el president ha señalado también que la Generalitat, a través de la Conselleria de Economía, habilitará un línea por importe de 57 millones de euros, «para actuar a favor de los autónomos, en coordinación con el IVF y con los agentes económicos y sociales». Se trata, ha enfatizado Ximo Puig, de que «nadie quede al margen», de que «ningún autónomo se tenga que dejar su actividad».

Mesa de trabajo por los autónomos

Puig ha avanzado a este respecto que la próxima semana tendrá lugar un pleno extraordinario para aprobar las actuaciones en favor de los autónomos y que este mismo jueves se constituirá una mesa de trabajo con participación de la Generalitat y de los representantes empresariales y sindicales.

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Antonio Pelayo, histórico corresponsal de Antena 3 en Roma, será juzgado por presunta agresión sexual

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Antonio Pelayo-
Antonio Pelayo-ATRESMEDIA

La Fiscalía de Roma pide juzgar a Antonio Pelayo por presunta violencia sexual

La Fiscalía de Roma ha solicitado la apertura de juicio contra el sacerdote y periodista español Antonio Pelayo, corresponsal en la capital italiana desde hace décadas, por un presunto delito de violencia sexual denunciado por un joven productor de televisión. La información ha sido adelantada por El Mundo, medio que ha tenido acceso tanto a la denuncia, como al escrito de acusación del Ministerio Público y a mensajes intercambiados entre denunciante y acusado.

Según el reportaje, el Tribunal Penal de Roma ha fijado la primera audiencia para el 14 de mayo de 2026, fecha en la que Pelayo deberá comparecer como acusado. El periodista declinó hacer declaraciones al medio por recomendación de su abogado.

Qué investiga la justicia italiana

De acuerdo con el escrito de la Fiscalía incorporado a la causa, los hechos investigados se habrían producido en mayo de 2025, durante un encuentro de carácter profesional en el domicilio de Antonio Pelayo en Roma. El Ministerio Público sostiene que el acusado habría realizado actos sexuales sin consentimiento, que encuadra jurídicamente en el artículo 609-bis del Código Penal italiano, relativo al delito de violencia sexual.

La acusación describe dos episodios. En el primero, Pelayo se habría acercado de forma repentina al denunciante mientras ambos estaban sentados en un sofá, sujetándolo por el hombro, besándolo entre el cuello y el hombro e introduciendo la mano bajo su camiseta, tocándole diversas partes del torso e impidiendo su reacción.

El segundo episodio, siempre según la Fiscalía, habría tenido lugar en la cocina, donde el acusado habría abrazado al denunciante por delante e introducido ambas manos bajo su pantalón, tocándole repetidamente el trasero.

Cronología de los hechos y de la denuncia

El reportaje de El Mundo reconstruye una cronología detallada del caso:

  • Finales de febrero de 2025: el productor contacta con Pelayo en el contexto de trabajos informativos previos a un posible cónclave.

  • 7 y 8 de mayo de 2025: se celebra el cónclave al que alude el reportaje.

  • Viernes 23 de mayo de 2025: fecha en la que el denunciante sitúa el episodio en el domicilio del periodista.

  • 24, 25 y 26 de mayo de 2025: intercambio de mensajes en los que Pelayo pide disculpas de forma reiterada.

  • 28 de mayo de 2025: el denunciante presenta la denuncia ante una comisaría del centro de Roma.

Tras la denuncia, los Carabinieri abrieron una investigación y Pelayo prestó declaración en sede judicial. Su defensa solicitó el archivo de la causa, petición que fue rechazada.

Situación procesal actual

Según el reportaje, la Fiscalía de Roma solicitó formalmente el enjuiciamiento el 6 de noviembre, tras analizar las pruebas recabadas durante la investigación. El Tribunal Penal de Roma notificó posteriormente a las partes la fecha de la primera vista, prevista para mayo de 2026.

La investigación ha sido coordinada por Ilaria Corda y Giuseppe Cascini, fiscales especializados en delitos sexuales, junto con los Carabinieri. La acusación particular está representada por los abogados Massimiliano Lecce y Federico Olivo.

Reacciones recogidas

El denunciante realiza una única declaración pública en el reportaje, sin entrar en detalles: “Para mí, todas las personas que conocen los hechos son cómplices”, y denuncia un supuesto clima de silencio en torno al caso. Tras los hechos, acudió a una psicóloga el mismo día en que presentó la denuncia y recibió el respaldo de su empresa. A finales de 2025, la cadena internacional para la que trabaja lo destinó fuera de Italia.

En cuanto a Antonio Pelayo, el reportaje señala que rechazó hacer declaraciones públicas, siguiendo el consejo de su abogado. También se reproducen mensajes atribuidos al periodista en los que expresa arrepentimiento y vergüenza por lo ocurrido, siempre según el texto publicado.

Perfil de Antonio Pelayo

Antonio Pelayo Bombín nació en Valladolid en enero de 1944. Ingresó en el seminario a los 11 años, se formó con los jesuitas en Comillas y se ordenó sacerdote tras cursar Filosofía y Teología.

En el ámbito periodístico, inició su carrera en el diario Ya y en publicaciones culturales antes de trasladarse a París en 1976 como corresponsal. Desde 1986 reside en Roma, donde ha cubierto la información del Vaticano y la vida italiana durante más de cuatro décadas. Ha informado sobre cinco cónclaves y es corresponsal de Antena 3, siendo considerado uno de los vaticanistas más veteranos.

El reportaje añade que desde 2005 ha sido asesor voluntario —no remunerado— de la Embajada de España ante la Santa Sede, aunque fuentes del Ministerio de Exteriores señalan que actualmente no ejerce dicha función mientras se sigue la evolución del caso judicial.

 

 

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