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Ximo Puig anuncia 97 millones de euros de ayuda a los autónomos por el coronavirus

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El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado que la Generalitat pondrá en marcha un primer paquete de medidas por importe de 97 millones de euros de apoyo a los autónomos y a la solvencia de las empresas ante la crisis del coronavirus. Estas actuaciones, en las que ya trabajan las conselleries de Hacienda y Economía, se llevarán a cabo con la coordinación del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y la participación de los agentes sociales.

Puig ha comparecido tras la reunión mantenida en el Palau con el presidente de la CEV, Salvador Navarro; el secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez; el secretario general de CCOO PV, Arturo León, y los consellers de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, y de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafael Climent, para analizar con detalle el real decreto-ley de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del coronavirus y estudiar la aplicación de medidas complementarias para la Comunitat Valenciana por parte del Consell. Al encuentro ha asistido también el director del IVF, Manuel Illueca.

Puig, que ha resaltado la acogida favorable de los representantes empresariales y de los sindicatos valencianos al real decreto-ley aprobado este martes por el Ejecutivo estatal, ha subrayado que la Generalitat impulsará todos los mecanismos necesarios para facilitar la aplicación de estas medidas avanzadas por el presidente, Pedro Sánchez, que además se verán reforzadas con otras adicionales en las que ya trabaja el Gobierno valenciano.

A este respecto, la Generalitat, a través del IVF, articulará una línea de 40 millones ampliables en créditos participativos para mejorar la solvencia de las empresas y que puedan solicitar préstamos a los bancos con el aval del 50% del Gobierno de España, tal y como anunció este martes el presidente del Ejecutivo central.

Los créditos participativos del IVF computarán como capital de las empresas. El banco público dará una carencia de tres años a estos préstamos, que serán a 10 años, para garantizar la recuperación de las empresas.

Es una medida complementaria para facilitar que las empresas valencianas accedan al programa de financiación anunciado este martes por el Gobierno, ya que, tal y como ha subrayado el president de la Generalitat, «el objetivo es que no se destruya empleo», sino que se proporcione liquidez a las empresas y se facilite, por parte del IVF, «el instrumento más potente que tiene la Generalitat», que el empresariado valenciano con problemas por la crisis del coronavirus se pueda acoger a estos créditos.

Además, el president ha señalado también que la Generalitat, a través de la Conselleria de Economía, habilitará un línea por importe de 57 millones de euros, «para actuar a favor de los autónomos, en coordinación con el IVF y con los agentes económicos y sociales». Se trata, ha enfatizado Ximo Puig, de que «nadie quede al margen», de que «ningún autónomo se tenga que dejar su actividad».

Mesa de trabajo por los autónomos

Puig ha avanzado a este respecto que la próxima semana tendrá lugar un pleno extraordinario para aprobar las actuaciones en favor de los autónomos y que este mismo jueves se constituirá una mesa de trabajo con participación de la Generalitat y de los representantes empresariales y sindicales.

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Plus Ultra: el polémico rescate de 53 millones a una aerolínea de un solo avión vuelve a señalar a Zapatero

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La SEPI aprobó la ayuda para una compañía que apenas representaba el 0,03% del tráfico aéreo español. La UDEF investiga ahora un posible delito de blanqueo de capitales vinculado al uso de los fondos públicos.


La investigación sobre Plus Ultra se reactiva: registro policial y sospechas de blanqueo

El controvertido rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas, aprobado por la SEPI en 2021 por un total de 53 millones de euros, vuelve a estar bajo los focos. A primera hora de este jueves, agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registraron la sede de la compañía en Madrid en busca de indicios relacionados con un presunto delito de blanqueo de capitales.

La investigación apunta a que la aerolínea pudo utilizar parte del dinero del rescate para devolver préstamos vinculados a sociedades radicadas en el extranjero, supuestamente relacionadas con una organización criminal dedicada al blanqueo de fondos provenientes de Venezuela, según adelantó ABC.


Una aerolínea con un solo avión y el 0,03% del tráfico aéreo

Cuando la SEPI otorgó la ayuda en marzo de 2021 mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, Plus Ultra solo contaba con una aeronave activa y operaba principalmente rutas entre España y Venezuela. Aun así, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda la clasificó como “empresa estratégica”.

Los datos de actividad previos a la pandemia refuerzan las dudas sobre esa consideración: en 2019, Plus Ultra operó solo 823 vuelos en España, situándose en el puesto 166 del tráfico aéreo. Esto representaba un insignificante 0,03% de las 2,36 millones de operaciones registradas por Aena durante ese año.


Ábalos se desmarca y apunta a Zapatero

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha reiterado que se enteró del rescate en el mismo Consejo de Ministros en el que se aprobó, pese a que correspondía a su ámbito competencial.

En declaraciones a El Confidencial, insistió en que nunca tuvo intervención en la operación y sugirió la posible influencia del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero:

“Me enteré en pleno Consejo de Ministros. Es muy raro que llegue un asunto de Transportes sin informarme previamente. Ahí me di cuenta de que se daba una ayuda a esta compañía.”


Los nombres clave dentro de la SEPI y la sombra de Aldama

En el consejo de la SEPI que autorizó la ayuda participaron la actual ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y Carlos Moreno, director de Gabinete de la ministra de Hacienda, conocido por haber aplazado una deuda tributaria de una sociedad del empresario Víctor Aldama, también implicado en causas judiciales.

La banca española ya había rechazado previamente conceder a Plus Ultra un préstamo avalado por el ICO, por lo que el rescate estatal fue su única vía de financiación.


Un caso archivado… hasta hoy

En 2022, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar si en la concesión del rescate pudieron cometerse delitos de malversación o cohecho, llegando a imputar al expresidente de la SEPI, Bartolomé Lora. Sin embargo, en 2023, la jueza Esperanza Collazos archivó el caso al considerar que se aplicó el decreto de ayudas de manera correcta.

El registro de la UDEF reabre ahora el debate público, reaviva las sospechas sobre la operación y coloca al Gobierno de Pedro Sánchez ante una nueva crisis política vinculada a la polémica aerolínea.

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