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Ximo Puig anuncia 97 millones de euros de ayuda a los autónomos por el coronavirus

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El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado que la Generalitat pondrá en marcha un primer paquete de medidas por importe de 97 millones de euros de apoyo a los autónomos y a la solvencia de las empresas ante la crisis del coronavirus. Estas actuaciones, en las que ya trabajan las conselleries de Hacienda y Economía, se llevarán a cabo con la coordinación del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y la participación de los agentes sociales.

Puig ha comparecido tras la reunión mantenida en el Palau con el presidente de la CEV, Salvador Navarro; el secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez; el secretario general de CCOO PV, Arturo León, y los consellers de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, y de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafael Climent, para analizar con detalle el real decreto-ley de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del coronavirus y estudiar la aplicación de medidas complementarias para la Comunitat Valenciana por parte del Consell. Al encuentro ha asistido también el director del IVF, Manuel Illueca.

Puig, que ha resaltado la acogida favorable de los representantes empresariales y de los sindicatos valencianos al real decreto-ley aprobado este martes por el Ejecutivo estatal, ha subrayado que la Generalitat impulsará todos los mecanismos necesarios para facilitar la aplicación de estas medidas avanzadas por el presidente, Pedro Sánchez, que además se verán reforzadas con otras adicionales en las que ya trabaja el Gobierno valenciano.

A este respecto, la Generalitat, a través del IVF, articulará una línea de 40 millones ampliables en créditos participativos para mejorar la solvencia de las empresas y que puedan solicitar préstamos a los bancos con el aval del 50% del Gobierno de España, tal y como anunció este martes el presidente del Ejecutivo central.

Los créditos participativos del IVF computarán como capital de las empresas. El banco público dará una carencia de tres años a estos préstamos, que serán a 10 años, para garantizar la recuperación de las empresas.

Es una medida complementaria para facilitar que las empresas valencianas accedan al programa de financiación anunciado este martes por el Gobierno, ya que, tal y como ha subrayado el president de la Generalitat, «el objetivo es que no se destruya empleo», sino que se proporcione liquidez a las empresas y se facilite, por parte del IVF, «el instrumento más potente que tiene la Generalitat», que el empresariado valenciano con problemas por la crisis del coronavirus se pueda acoger a estos créditos.

Además, el president ha señalado también que la Generalitat, a través de la Conselleria de Economía, habilitará un línea por importe de 57 millones de euros, «para actuar a favor de los autónomos, en coordinación con el IVF y con los agentes económicos y sociales». Se trata, ha enfatizado Ximo Puig, de que «nadie quede al margen», de que «ningún autónomo se tenga que dejar su actividad».

Mesa de trabajo por los autónomos

Puig ha avanzado a este respecto que la próxima semana tendrá lugar un pleno extraordinario para aprobar las actuaciones en favor de los autónomos y que este mismo jueves se constituirá una mesa de trabajo con participación de la Generalitat y de los representantes empresariales y sindicales.

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El Supremo propone juzgar a Ábalos, Koldo y De Aldama por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

El Tribunal Supremo ha propuesto juzgar al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia.
El magistrado Leopoldo Puente considera que los tres pudieron cometer delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal.

 


Un auto que apunta a una trama de corrupción

En el auto dictado este lunes, el juez Puente señala que Ábalos, Koldo y De Aldama “se concertaron” poco después de que el exministro tomara posesión de su cargo en el Gobierno, aprovechando su influencia política para obtener beneficios económicos mediante contratos públicos relacionados con el suministro de mascarillas.

El instructor indica que los investigados utilizaron su posición y contactos para “beneficiarse económicamente de las adjudicaciones de contratos” y valerse de la influencia ministerial para favorecer a determinadas empresas.


Diez días para presentar acusaciones o solicitar archivo

El magistrado da un plazo de diez días a la Fiscalía y a las acusaciones populares —encabezadas por el Partido Popular (PP)— para presentar sus escritos de acusación o peticiones de archivo.
Además, podrán solicitar la práctica de diligencias complementarias si lo consideran necesario.


División de la causa: mascarillas y obras públicas

Esta decisión llega después de que en septiembre de 2025, el juez decidiera dividir la causa en dos partes:

  • una pieza principal centrada en los contratos de mascarillas del Ministerio de Transportes durante la pandemia,

  • y otra pieza separada, aún en fase inicial, sobre una supuesta trama de comisiones a cambio de obra pública.

El magistrado ya había advertido entonces que la investigación sobre las mascarillas estaba “muy avanzada”, mientras que la relativa a las obras públicas se encontraba “en fase incipiente”.


Indicios de pagos y contraprestaciones ilícitas

El juez Puente sostiene que existen “indicios muy consistentes” de que Víctor de Aldama entregó dinero tanto a José Luis Ábalos como a Koldo García “con el propósito de que estos realizaran actos contrarios a los deberes inherentes a sus cargos públicos”.

Según el auto, ambos recibieron retribuciones económicas como contraprestación a las gestiones realizadas en favor de las empresas que buscaban contratos con la Administración.
De Aldama, por su parte, habría actuado como intermediario, buscando empresas dispuestas a pagar a cambio de facilitar su relación con el Ministerio de Transportes.


El papel de Koldo García y la implicación de Ábalos

El auto judicial detalla que Koldo García, exasesor de Ábalos, usó su posición de confianza para realizar las gestiones necesarias y facilitar los contactos entre las empresas interesadas y los responsables públicos.
El juez apunta que Ábalos intervenía directamente cuando “su firma o su influencia personal resultaban indispensables”.


Un nuevo capítulo del ‘caso Koldo’

El llamado ‘caso Koldo’ estalló en 2024 al revelarse una presunta red de comisiones irregulares por contratos públicos durante la pandemia.
La propuesta de enjuiciamiento del Tribunal Supremo marca un punto de inflexión en la investigación, ya que por primera vez se apunta directamente al exministro de Transportes como parte activa de la trama.

 

 

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