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23 detenidos en València y Teruel por ‘sextorsión’ a usuarios de webs de contactos

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VALÈNCIA, 11 May. (EUROPA PRESS) –

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia y Teruel a 23 personas que presuntamente formaban parte de una organización criminal dedicada a cometer delitos de extorsión utilizando como cebo anuncios de contactos sexuales en páginas web. Con la operación se han esclarecido un total de 80 denuncias interpuestas en 24 provincias distintas.

Las víctimas supuestamente recibían amenazas de hacer público que eran usuarios de páginas de contactos si no abonaban grandes cantidades de dinero, pagos que finalmente hacían por «temor» y «vergüenza», según ha informado la Policía Nacional en un comunicado. La operación, desarrollada en Valencia y Teruel, ha permitido desmantelar una red que al parecer llegó a obtener más de 100.000 euros mediante estas extorsiones.

La investigación arrancó en febrero de 2018, cuando se interpusieron las primeras denuncias. Las víctimas indicaron que habían contactado con mujeres a través de determinados anuncios publicados en páginas web de contactos. Afirmaron que ellas los embaucaron para continuar las conversaciones por otro teléfono y así concertar una cita.

Posteriormente, los denunciantes comenzaban a recibir llamadas telefónicas o mensajes que les exigían dinero por el tiempo que habían estado hablando con las chicas a través de la aplicación de mensajería instantánea. Si el encuentro entre ambos llegaba a producirse, se solicitaba un nuevo pago indicando que era un sobrecoste por los servicios realizados.

Para persuadir a estas personas de que abonaran las cantidades exigidas, los detenidos presuntamente amenazaban con acudir a ver a las víctimas en persona o con poner en conocimiento de sus familiares el uso de páginas web para contratar servicios sexuales. En ocasiones, supuestamente aseguraban que ejecutarían algún tipo de lesión tanto a la víctima como a sus seres más allegados, cuyos datos obtenían mediante ingeniería social.

La presunta organización «se aprovechaba de la presión que suponía para la víctima la posibilidad de que su familia conociese el uso de esas páginas de carácter sexual y de los servicios de prostitución», han explicado las fuerzas de seguridad. De este modo, al parecer conseguían vencer su voluntad y que accediesen a las peticiones de pago.

«ME VEO OBLIGADO A IR A POR TI»
Además, con el objetivo de incrementar la presión sobre la víctima, en los perfiles de Whatsapp utilizaban imágenes de personas de complexión fuerte y, para dificultar su identificación, utilizaban tarjetas de telefonía dadas de alta con identidades falsas.

Los mensajes que las víctimas recibían contenían frases como: «Me voy a ver obligado a ir a por ti», «vas a pagar de una forma u otra», «me duele que voy a tener que joder a tu familia por tu culpa» o «si sigues mis pasos, si no quieres que tu mujer ni nadie se entere: seiscientos euros».

Por ello, las víctimas realizaban grandes desembolsos de dinero en diversas cuentas bancarias. El dinero presumiblemente era extraído por personas que se llevaban una comisión por dar de alta las cuentas a su nombre y por realizar las extracciones. Seguidamente, entregaban el dinero a otro miembro de la organización para que lo hiciera llegar a los superiores de la organización.

Tras diversas gestiones, los agentes obtuvieron las filiaciones tanto de las víctimas como de los titulares de las mencionadas cuentas e identificaron a aquellas personas que presuntamente, sin ser titulares de las cuentas bancarias, realizaban operaciones de extracción del dinero obtenido.

Una vez analizada toda la información obtenida, los agentes pusieron en marcha el correspondiente dispositivo operativo y arrestaron en Valencia a 19 personas sospechosas de pertenecer al entramado. Posteriormente, arrestaron a otras cuatro en Teruel y Valencia. Los policías realizaron dos registros en la ciudad de València, donde localizaron multitud de documentación relacionada con los hechos.

Con la operación se han esclarecido un total de 80 denuncias interpuestas en 24 provincias distintas: Albacete, Alicante, Ávila, Barcelona, Burgos, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, Elche, Badajoz, Huelva, Huesca, Logroño, Lugo, Madrid, Málaga, Murcia, Ibiza, Salamanca, Santander, Valencia, Valladolid, Zamora y Zaragoza. Cuatro de los arrestados han ingresado en prisión.

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Víctor de Aldama declara en la Audiencia Nacional: “Ángel Víctor Torres debería estar preocupado”

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Víctor de Aldama
Víctor de Aldama-COPE

El comisionista Víctor de Aldama ha comparecido este jueves ante la Audiencia Nacional en el marco del ‘caso Koldo’, y ha lanzado duras advertencias contra el Gobierno. A su salida, Aldama aseguró que el actual ministro Ángel Víctor Torres debería estar preocupado, insistiendo en que se reunió con él en julio de 2020 en relación con los contratos de mascarillas durante la pandemia.

Declaración ante el juez del ‘caso Koldo’

Víctor de Aldama acudió a la Audiencia Nacional alrededor de las 09:50 horas, citado por el magistrado instructor Ismael Moreno, quien continúa la investigación sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos sanitarios durante la crisis del COVID-19.

Durante su declaración, el empresario reafirmó que mantuvo contactos con altos cargos del Gobierno, incluyendo al mencionado Ángel Víctor Torres, poniendo el foco en posibles irregularidades y comisiones asociadas a la compra de material sanitario.

“Hay personas en el Gobierno que deberían estar preocupadas por lo que sabemos y por lo que se ha documentado”, declaró Aldama a su salida, en referencia directa a Torres.

El contexto del ‘caso Koldo’

El ‘caso Koldo’ investiga la presunta trama de adjudicación irregular de contratos de mascarillas y material sanitario durante la pandemia, que habría beneficiado a determinadas empresas vinculadas a intermediarios y comisionistas. Víctor de Aldama es uno de los principales imputados y ha sido citado en varias ocasiones por la Audiencia Nacional para declarar sobre sus reuniones y gestiones con miembros del Ejecutivo.

Las acusaciones incluyen cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal, y ya se han solicitado medidas cautelares para algunos implicados, mientras el proceso judicial sigue su curso.

Impacto político y mediático

Las declaraciones de Aldama han vuelto a generar tensión política, especialmente por mencionar a Torres, quien actualmente ocupa un cargo ministerial. La advertencia del empresario ha sido interpretada por analistas como un intento de poner presión mediática y política sobre miembros del Gobierno en plena campaña de escrutinio de la gestión sanitaria durante la pandemia.

Próximos pasos judiciales

El magistrado Ismael Moreno continuará con las diligencias del caso, evaluando la información aportada por Aldama y otros testigos y documentaciones presentadas. Se espera que en las próximas semanas se puedan tomar decisiones sobre posibles imputaciones adicionales o medidas cautelares contra los implicados.

A medida que avance la investigación, se prevé que los tribunales examinen con detalle los contratos de mascarillas adjudicados durante 2020, así como las comisiones y reuniones de intermediarios con cargos públicos, incluyendo a Ángel Víctor Torres y otros miembros del Ejecutivo, según las declaraciones de Aldama.

 

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