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23 detenidos en València y Teruel por ‘sextorsión’ a usuarios de webs de contactos

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VALÈNCIA, 11 May. (EUROPA PRESS) –

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia y Teruel a 23 personas que presuntamente formaban parte de una organización criminal dedicada a cometer delitos de extorsión utilizando como cebo anuncios de contactos sexuales en páginas web. Con la operación se han esclarecido un total de 80 denuncias interpuestas en 24 provincias distintas.

Las víctimas supuestamente recibían amenazas de hacer público que eran usuarios de páginas de contactos si no abonaban grandes cantidades de dinero, pagos que finalmente hacían por «temor» y «vergüenza», según ha informado la Policía Nacional en un comunicado. La operación, desarrollada en Valencia y Teruel, ha permitido desmantelar una red que al parecer llegó a obtener más de 100.000 euros mediante estas extorsiones.

La investigación arrancó en febrero de 2018, cuando se interpusieron las primeras denuncias. Las víctimas indicaron que habían contactado con mujeres a través de determinados anuncios publicados en páginas web de contactos. Afirmaron que ellas los embaucaron para continuar las conversaciones por otro teléfono y así concertar una cita.

Posteriormente, los denunciantes comenzaban a recibir llamadas telefónicas o mensajes que les exigían dinero por el tiempo que habían estado hablando con las chicas a través de la aplicación de mensajería instantánea. Si el encuentro entre ambos llegaba a producirse, se solicitaba un nuevo pago indicando que era un sobrecoste por los servicios realizados.

Para persuadir a estas personas de que abonaran las cantidades exigidas, los detenidos presuntamente amenazaban con acudir a ver a las víctimas en persona o con poner en conocimiento de sus familiares el uso de páginas web para contratar servicios sexuales. En ocasiones, supuestamente aseguraban que ejecutarían algún tipo de lesión tanto a la víctima como a sus seres más allegados, cuyos datos obtenían mediante ingeniería social.

La presunta organización «se aprovechaba de la presión que suponía para la víctima la posibilidad de que su familia conociese el uso de esas páginas de carácter sexual y de los servicios de prostitución», han explicado las fuerzas de seguridad. De este modo, al parecer conseguían vencer su voluntad y que accediesen a las peticiones de pago.

«ME VEO OBLIGADO A IR A POR TI»
Además, con el objetivo de incrementar la presión sobre la víctima, en los perfiles de Whatsapp utilizaban imágenes de personas de complexión fuerte y, para dificultar su identificación, utilizaban tarjetas de telefonía dadas de alta con identidades falsas.

Los mensajes que las víctimas recibían contenían frases como: «Me voy a ver obligado a ir a por ti», «vas a pagar de una forma u otra», «me duele que voy a tener que joder a tu familia por tu culpa» o «si sigues mis pasos, si no quieres que tu mujer ni nadie se entere: seiscientos euros».

Por ello, las víctimas realizaban grandes desembolsos de dinero en diversas cuentas bancarias. El dinero presumiblemente era extraído por personas que se llevaban una comisión por dar de alta las cuentas a su nombre y por realizar las extracciones. Seguidamente, entregaban el dinero a otro miembro de la organización para que lo hiciera llegar a los superiores de la organización.

Tras diversas gestiones, los agentes obtuvieron las filiaciones tanto de las víctimas como de los titulares de las mencionadas cuentas e identificaron a aquellas personas que presuntamente, sin ser titulares de las cuentas bancarias, realizaban operaciones de extracción del dinero obtenido.

Una vez analizada toda la información obtenida, los agentes pusieron en marcha el correspondiente dispositivo operativo y arrestaron en Valencia a 19 personas sospechosas de pertenecer al entramado. Posteriormente, arrestaron a otras cuatro en Teruel y Valencia. Los policías realizaron dos registros en la ciudad de València, donde localizaron multitud de documentación relacionada con los hechos.

Con la operación se han esclarecido un total de 80 denuncias interpuestas en 24 provincias distintas: Albacete, Alicante, Ávila, Barcelona, Burgos, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, Elche, Badajoz, Huelva, Huesca, Logroño, Lugo, Madrid, Málaga, Murcia, Ibiza, Salamanca, Santander, Valencia, Valladolid, Zamora y Zaragoza. Cuatro de los arrestados han ingresado en prisión.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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