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23 detenidos en València y Teruel por ‘sextorsión’ a usuarios de webs de contactos

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VALÈNCIA, 11 May. (EUROPA PRESS) –

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia y Teruel a 23 personas que presuntamente formaban parte de una organización criminal dedicada a cometer delitos de extorsión utilizando como cebo anuncios de contactos sexuales en páginas web. Con la operación se han esclarecido un total de 80 denuncias interpuestas en 24 provincias distintas.

Las víctimas supuestamente recibían amenazas de hacer público que eran usuarios de páginas de contactos si no abonaban grandes cantidades de dinero, pagos que finalmente hacían por «temor» y «vergüenza», según ha informado la Policía Nacional en un comunicado. La operación, desarrollada en Valencia y Teruel, ha permitido desmantelar una red que al parecer llegó a obtener más de 100.000 euros mediante estas extorsiones.

La investigación arrancó en febrero de 2018, cuando se interpusieron las primeras denuncias. Las víctimas indicaron que habían contactado con mujeres a través de determinados anuncios publicados en páginas web de contactos. Afirmaron que ellas los embaucaron para continuar las conversaciones por otro teléfono y así concertar una cita.

Posteriormente, los denunciantes comenzaban a recibir llamadas telefónicas o mensajes que les exigían dinero por el tiempo que habían estado hablando con las chicas a través de la aplicación de mensajería instantánea. Si el encuentro entre ambos llegaba a producirse, se solicitaba un nuevo pago indicando que era un sobrecoste por los servicios realizados.

Para persuadir a estas personas de que abonaran las cantidades exigidas, los detenidos presuntamente amenazaban con acudir a ver a las víctimas en persona o con poner en conocimiento de sus familiares el uso de páginas web para contratar servicios sexuales. En ocasiones, supuestamente aseguraban que ejecutarían algún tipo de lesión tanto a la víctima como a sus seres más allegados, cuyos datos obtenían mediante ingeniería social.

La presunta organización «se aprovechaba de la presión que suponía para la víctima la posibilidad de que su familia conociese el uso de esas páginas de carácter sexual y de los servicios de prostitución», han explicado las fuerzas de seguridad. De este modo, al parecer conseguían vencer su voluntad y que accediesen a las peticiones de pago.

«ME VEO OBLIGADO A IR A POR TI»
Además, con el objetivo de incrementar la presión sobre la víctima, en los perfiles de Whatsapp utilizaban imágenes de personas de complexión fuerte y, para dificultar su identificación, utilizaban tarjetas de telefonía dadas de alta con identidades falsas.

Los mensajes que las víctimas recibían contenían frases como: «Me voy a ver obligado a ir a por ti», «vas a pagar de una forma u otra», «me duele que voy a tener que joder a tu familia por tu culpa» o «si sigues mis pasos, si no quieres que tu mujer ni nadie se entere: seiscientos euros».

Por ello, las víctimas realizaban grandes desembolsos de dinero en diversas cuentas bancarias. El dinero presumiblemente era extraído por personas que se llevaban una comisión por dar de alta las cuentas a su nombre y por realizar las extracciones. Seguidamente, entregaban el dinero a otro miembro de la organización para que lo hiciera llegar a los superiores de la organización.

Tras diversas gestiones, los agentes obtuvieron las filiaciones tanto de las víctimas como de los titulares de las mencionadas cuentas e identificaron a aquellas personas que presuntamente, sin ser titulares de las cuentas bancarias, realizaban operaciones de extracción del dinero obtenido.

Una vez analizada toda la información obtenida, los agentes pusieron en marcha el correspondiente dispositivo operativo y arrestaron en Valencia a 19 personas sospechosas de pertenecer al entramado. Posteriormente, arrestaron a otras cuatro en Teruel y Valencia. Los policías realizaron dos registros en la ciudad de València, donde localizaron multitud de documentación relacionada con los hechos.

Con la operación se han esclarecido un total de 80 denuncias interpuestas en 24 provincias distintas: Albacete, Alicante, Ávila, Barcelona, Burgos, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, Elche, Badajoz, Huelva, Huesca, Logroño, Lugo, Madrid, Málaga, Murcia, Ibiza, Salamanca, Santander, Valencia, Valladolid, Zamora y Zaragoza. Cuatro de los arrestados han ingresado en prisión.

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Cuándo entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios del Estado: fecha prevista y a quién afecta

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La jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE) entrará en vigor previsiblemente en marzo de 2026, una vez sea aprobada formalmente en la Mesa General de Negociación. Así lo ha confirmado el sindicato Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT), que considera esta medida una “punta de lanza” para extender la reducción de jornada al conjunto de trabajadores.

Fecha prevista de entrada en vigor

Según lo acordado en la Comisión Permanente de Negociación de la AGE, la propuesta será elevada a la Mesa General en las próximas semanas con el objetivo de que la resolución se publique antes de que termine febrero y pueda aplicarse a partir de marzo de 2026.

De este modo, los funcionarios y el personal laboral de la Administración General del Estado no tendrán que esperar demasiado para la aplicación oficial de la jornada de 35 horas semanales.

¿A quién se aplicará la jornada de 35 horas?

La medida afectará a:

  • Todo el personal de la Administración General del Estado (AGE).

  • El sector público estatal.

Quedan excluidos, por el momento:

  • Instituciones Penitenciarias, que requerirán una instrucción específica.

  • Docentes y personal sanitario de Ceuta y Melilla, que también necesitarán una regulación adicional.

UGT defiende la medida tras el rechazo del Congreso

La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha lamentado que el Congreso de los Diputados rechazara hace menos de un año la reducción de la jornada máxima legal a 37,5 horas semanales. Según la dirigente sindical, aquello supuso “perder una oportunidad histórica” para mejorar la salud laboral, la calidad del trabajo y la estabilidad en el empleo.

Araque ha defendido que las 35 horas en la Administración del Estado no deben interpretarse como un agravio comparativo, sino como un paso adelante que podría impulsar cambios en el sector privado y en otras administraciones autonómicas.

Impacto en otras comunidades autónomas

Desde UGT señalan que esta decisión podría influir en comunidades como la Comunidad de Madrid, que había condicionado su aplicación a que el Gobierno central diera primero el paso. La entrada en vigor en la AGE podría, por tanto, acelerar decisiones similares en otros territorios.

Un paso hacia la reducción general de jornada

La aplicación de la jornada de 35 horas semanales en la Administración del Estado se interpreta como un movimiento estratégico que podría abrir la puerta a nuevas negociaciones en el ámbito laboral estatal y privado.

Si se cumplen los plazos previstos, marzo de 2026 marcará el inicio oficial de la nueva jornada laboral para miles de funcionarios en España.

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