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362 colegios solicitan modificar la jornada escolar para el curso 2017-2018

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La Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte ha hecho públicas las cifras provisionales de los centros que se han acogido al procedimiento de autorización de un plan específico de organización de la jornada escolar en las escuelas

Por comarcas, en Alicante la han solicitado 95 centros, 67 solicitudes corresponden a las comarcas de Castellón y 200 de las solicitudes presentadas son de las comarcas de Valencia.

Según la consellería de Educación estos datos son cifras provisionales correspondientes a la mañana de este lunes, día en el que se ha iniciado el recuento de solicitudes.

Por tanto, las cifras podrían experimentar leves variaciones, ya que se tiene que realizar la comprobación de todas las solicitudes Las cifras definitivas se conocerán a lo largo de esta semana.

Fases del proceso de solicitud de modificación de jornada escolar

Una vez acogidas las solicitudes, la dirección territorial, mediante la Inspección, realizará un informe y lo enviará, junto al resto de documentación, a la Dirección General de Política Educativa, que emitirá en los centros educativos una resolución que, en caso de que sea favorable, los autorizará a iniciar el proceso de consulta a las familias. Este informe lo recibirán los centros antes del 15 de marzo y podrán preparar la consulta a las familias, que se celebrará antes de las vacaciones.

Finalmente, la consulta se celebrará en todos los centros el día 4 de abril. Al día siguiente se remitirán los resultados del escrutinio de la consulta a las familias a la Dirección General de Política Educativa.

Una vez enviados los resultados del escrutinio a la Conselleria, el director general de Política Educativa dictará, antes del inicio del periodo de admisión de los alumnos, si procede, la autorización definitiva para que cada uno de los centros educativos aplique el Plan Específico de Organización de la Jornada Escolar que ha presentado. Las modificaciones se podrán aplicar a partir de octubre, coincidiendo con el cambio al horario habitual de todo el curso.

La autorización definitiva se extenderá por períodos de tres cursos académicos renovables, siempre que los resultados se ajusten a las mejoras previstas en el plan. La evaluación se realizará en función de la incidencia del nuevo horario sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y los resultados obtenidos por el alumnado.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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