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362 colegios solicitan modificar la jornada escolar para el curso 2017-2018

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La Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte ha hecho públicas las cifras provisionales de los centros que se han acogido al procedimiento de autorización de un plan específico de organización de la jornada escolar en las escuelas

Por comarcas, en Alicante la han solicitado 95 centros, 67 solicitudes corresponden a las comarcas de Castellón y 200 de las solicitudes presentadas son de las comarcas de Valencia.

Según la consellería de Educación estos datos son cifras provisionales correspondientes a la mañana de este lunes, día en el que se ha iniciado el recuento de solicitudes.

Por tanto, las cifras podrían experimentar leves variaciones, ya que se tiene que realizar la comprobación de todas las solicitudes Las cifras definitivas se conocerán a lo largo de esta semana.

Fases del proceso de solicitud de modificación de jornada escolar

Una vez acogidas las solicitudes, la dirección territorial, mediante la Inspección, realizará un informe y lo enviará, junto al resto de documentación, a la Dirección General de Política Educativa, que emitirá en los centros educativos una resolución que, en caso de que sea favorable, los autorizará a iniciar el proceso de consulta a las familias. Este informe lo recibirán los centros antes del 15 de marzo y podrán preparar la consulta a las familias, que se celebrará antes de las vacaciones.

Finalmente, la consulta se celebrará en todos los centros el día 4 de abril. Al día siguiente se remitirán los resultados del escrutinio de la consulta a las familias a la Dirección General de Política Educativa.

Una vez enviados los resultados del escrutinio a la Conselleria, el director general de Política Educativa dictará, antes del inicio del periodo de admisión de los alumnos, si procede, la autorización definitiva para que cada uno de los centros educativos aplique el Plan Específico de Organización de la Jornada Escolar que ha presentado. Las modificaciones se podrán aplicar a partir de octubre, coincidiendo con el cambio al horario habitual de todo el curso.

La autorización definitiva se extenderá por períodos de tres cursos académicos renovables, siempre que los resultados se ajusten a las mejoras previstas en el plan. La evaluación se realizará en función de la incidencia del nuevo horario sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y los resultados obtenidos por el alumnado.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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