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362 colegios solicitan modificar la jornada escolar para el curso 2017-2018

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La Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte ha hecho públicas las cifras provisionales de los centros que se han acogido al procedimiento de autorización de un plan específico de organización de la jornada escolar en las escuelas

Por comarcas, en Alicante la han solicitado 95 centros, 67 solicitudes corresponden a las comarcas de Castellón y 200 de las solicitudes presentadas son de las comarcas de Valencia.

Según la consellería de Educación estos datos son cifras provisionales correspondientes a la mañana de este lunes, día en el que se ha iniciado el recuento de solicitudes.

Por tanto, las cifras podrían experimentar leves variaciones, ya que se tiene que realizar la comprobación de todas las solicitudes Las cifras definitivas se conocerán a lo largo de esta semana.

Fases del proceso de solicitud de modificación de jornada escolar

Una vez acogidas las solicitudes, la dirección territorial, mediante la Inspección, realizará un informe y lo enviará, junto al resto de documentación, a la Dirección General de Política Educativa, que emitirá en los centros educativos una resolución que, en caso de que sea favorable, los autorizará a iniciar el proceso de consulta a las familias. Este informe lo recibirán los centros antes del 15 de marzo y podrán preparar la consulta a las familias, que se celebrará antes de las vacaciones.

Finalmente, la consulta se celebrará en todos los centros el día 4 de abril. Al día siguiente se remitirán los resultados del escrutinio de la consulta a las familias a la Dirección General de Política Educativa.

Una vez enviados los resultados del escrutinio a la Conselleria, el director general de Política Educativa dictará, antes del inicio del periodo de admisión de los alumnos, si procede, la autorización definitiva para que cada uno de los centros educativos aplique el Plan Específico de Organización de la Jornada Escolar que ha presentado. Las modificaciones se podrán aplicar a partir de octubre, coincidiendo con el cambio al horario habitual de todo el curso.

La autorización definitiva se extenderá por períodos de tres cursos académicos renovables, siempre que los resultados se ajusten a las mejoras previstas en el plan. La evaluación se realizará en función de la incidencia del nuevo horario sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y los resultados obtenidos por el alumnado.

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El BOE publica las normas para acreditar los diplomas de Lengua de Signos Española

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El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes la normativa que regula el primer sistema oficial de acreditación de la Lengua de Signos Española (LSE), una medida clave para avanzar en inclusión y accesibilidad en España.

Entra en vigor el sistema de diplomas de Lengua de Signos Española

El nuevo marco legal, recogido en el Real Decreto 262/2026, establece los Diplomas de Lengua de Signos Española (DLSE), cuyo objetivo principal es mejorar el acceso al empleo público y reconocer oficialmente la competencia en esta lengua.

La normativa entrará en vigor a finales de abril, concretamente veinte días después de su publicación en el BOE.

Un paso clave para la inclusión y la igualdad

Esta iniciativa supone un avance significativo para las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, al facilitar su integración social y laboral.

El decreto se enmarca dentro de la Ley 27/2007, que reconoce las lenguas de signos españolas y establece su marco normativo.

Además, permitirá equiparar estos diplomas a otros sistemas oficiales de certificación lingüística, como los de idiomas extranjeros.

Niveles oficiales de acreditación: de A1 a C2

El sistema contempla seis niveles de competencia lingüística, siguiendo estándares europeos:

  • A1 y A2 (nivel básico)
  • B1 y B2 (nivel intermedio)
  • C1 y C2 (nivel avanzado)

Este modelo permitirá evaluar de forma objetiva el dominio de la Lengua de Signos Española, tanto para fines profesionales como académicos.

Primer sistema nacional con validez en toda España

Hasta ahora, no existía un sistema estatal unificado para acreditar la Lengua de Signos Española. Con esta medida, cualquier persona —sorda, sordociega u oyente— podrá obtener un título oficial válido en todo el territorio nacional.

Los diplomas servirán como mérito en procesos de empleo público, así como en ámbitos educativos y profesionales.

Organismos responsables del sistema

El Real Patronato sobre Discapacidad será el encargado de organizar las pruebas y gestionar los diplomas, bajo la dirección académica del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española.

Estas evaluaciones se diseñarán conforme a criterios europeos, garantizando objetividad, fiabilidad y accesibilidad.

Un impulso a los derechos lingüísticos

Desde el Ministerio de Derechos Sociales, liderado por Pablo Bustinduy, destacan que este decreto refuerza el compromiso del Gobierno con la igualdad de oportunidades, la inclusión social y los derechos lingüísticos de las personas con discapacidad.

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