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Piden cárcel para 5 miembros de una ONG que vendían la comida que recibían para donar

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Alicante, 13 nov (EFE).- Cinco miembros de una ONG encargada del reparto de comida a personas vulnerables se enfrentan a una petición de penas de hasta cuatro años de prisión por, supuestamente, vender los alimentos que recibían para donar, en una estafa que se prolongó durante dos años y que podría elevarse a los 120.000 euros.

Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), uno de los procesados es el presidente de esta entidad que, entre 2018 y 2019, vendió junto a los otros cuatro acusados los alimentos que recibió y que debían ser entregados de forma gratuita a personas desfavorecidas.

Los enjuiciados elaboraron listas con nombres de beneficiarios duplicados o ficticios para obtener la concesión de más alimentos y simulaban firmas en las actas y notas de entrega para justificar que ejecutaban la distribución de la comida.

La fiscalía les considera autores de un delito continuado de falsedad documental en concurso con un delito de fraude y pedirá para los acusados penas que oscilan entre los cuatro y los dos años y tres meses de prisión en una vista que arrancará este lunes a las 10 horas en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante y que seguirá hasta el viernes.

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Archivan la causa por el incendio de la residencia de Moncada donde fallecieron 9 ancianos

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Miembros del retén sacan un cadáver de la residencia de ancianos de Moncada (Valencia). EFE/Juan Carlos Cárdenas

València, 30 may (EFE).- La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Moncada ha decretado el sobreseimiento provisional de la investigación abierta por el incendio que causó la muerte a nueve ancianos en una residencia geriátrica de esta localidad en enero de 2022, tras descartar la comisión de delitos de homicidio imprudente por omisión.

La magistrada concluye que de las diligencias practicadas no se desprende “infracción objetiva del deber de cuidado con relevancia penal como norma esencial (imprudencia grave o menos grave) para garantizar la seguridad de los residentes”, según consta en el auto hecho público por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

El auto, contra el que cabe recurso de reforma y subsidiario de apelación, establece que la empresa que gestiona la residencia “cumplía con sus obligaciones de mantenimiento de las instalaciones” y efectuaba a través de una empresa externa revisiones periódicas del sistema eléctrico y de detección de incendios.

De esos análisis se derivaban informes trimestrales de los que se desprende un correcto funcionamiento. Igualmente, el propio personal del centro efectuaba controles para realizar pequeñas reparaciones o sustituciones de los elementos existentes en las habitaciones.

El fuego se inició a última hora de la noche del 18 de enero de 2022 en una de esas habitaciones y provocó la muerte, por intoxicación por monóxido de carbono derivada de la inhalación de humo y gases, de nueve residentes, tres hombres y seis mujeres.

Las llamas, tal y como constataron los especialistas en incendios de la Guardia Civil en un informe técnico, se originaron en una regleta eléctrica ubicada detrás del cabezal de una cama y que estaba conectada al cuadro eléctrico situado tras una mesita de noche.

Según los investigadores, esa regleta registró una fusión a causa del deterioro en el aislamiento de un tramo del cable, deterioro que podría proceder de un aplastamiento puntual por la mesilla de noche o la propia cama, durante las labores de limpieza o mantenimiento en un momento indeterminado.

La magistrada sostiene que el incendio no se podía prever porque no hay indicios de que ese estado de deterioro del cable “estuviera a la vista” ni que fuera detectable “con una diligencia exigible para poder entender injustificable la omisión y atribuir las consecuencias lesivas”.

En esta línea -argumenta, tras citar jurisprudencia del Tribunal Supremo- “no todo incumplimiento puede reputarse penalmente sancionable puesto que no puede exigirse un comportamiento con diligencia absoluta que excluya todos los riesgos, sino que debe tratarse de un incumplimiento que sea injustificable y con entidad, grave o menos grave, de manera que el resultado fuera probable, y por ende, previsible”.

Además, este delito debe imputarse a una persona física determinada y no puede atribuirse a una persona jurídica, y durante la instrucción de la causa “no se han evidenciado indicios de criminalidad contra persona determinada”, precisa la titular del juzgado.

Respecto a la evacuación de los internos, señala que no se puede atribuir a las empleadas que estaban trabajando esa noche -una enfermera, dos auxiliares de enfermería y una limpiadora- ninguna contribución “al incremento de la esfera de peligro”, ya que se ajustaron al plan de autoprotección previsto.

“Por consiguiente, se concluye que no se supera el juicio de tipicidad en cuanto que la infracción objetiva del deber de cuidado según las circunstancias del presente caso no deriva de un grado de previsibilidad o de cognoscibilidad de la situación de riesgo con relevancia penal que permita atribuir el resultado lesivo en relación causal”, resume la instructora.

La magistrada recuerda asimismo en su resolución que el sobreseimiento provisional de las actuaciones “no deja indefensa a la parte que se considere perjudicada en sus derechos y expectativas legítimas”, pues puede acudir a la vía civil, de cuyas acciones hace expresa reserva el auto.

 

INCENDIO EN EL ALA DE GRANDES DEPENDIENTES

El incendio comenzó en una habitación del primer piso del ala donde viven los residentes con más grado de dependencia y cuando llegó la primera de las nueve dotaciones de bomberos que acudieron estaba «totalmente desarrollado, con mucha gente pidiendo auxilio».

Fuentes del Consorcio provincial de bomberos han explicado que una dotación se centró en las labores de extinción y el resto en rescatar a unas 25 personas de las habitaciones del ala afectada y del piso superior, así como en desalojar de forma preventiva toda la residencia.

El hecho de que en esa ala estuvieran las personas con mayor dependencia dificultó la evacuación, ya que muchos no se podían mover y tuvieron que ser trasladados incluso en su propia cama, si bien distintas fuentes han coincidido en que el resultado del siniestro hubiera sido peor si no se hubiera movilizado con rapidez a numerosos medios.

SEIS MUERTOS Y 10 HOSPITALIZADOS

El primer balance del incendio dejó cinco ancianos fallecidos, entre ellos los dos que estaban en la habitación donde comenzó.

Fueron tres hombres de entre 67 y 76 años, y dos mujeres de 78 y 95 años, a los que se sumó una sexta víctima que murió en el hospital al que fue trasladada.

 

Once agentes heridos en el incendio de Moncada durante el rescate y extinción

Siete policías, tres miembros de Protección Civil y un guardia civil que participaron en el la extinción del incendio de la residencia de la tercera edad de Moncada (Valencia) y en el rescate de los internos fueron atendidos por los servicios sanitarios.

 

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