José Luis Fortea

……………..pasaban de las ocho y media de la noche de aquel sábado día 6 de octubre de 1934, la agitación era máxima en el despacho de Alejandro Lerroux García (líder del Partido Republicano Radical, y a sus setenta años, presidente del Consejo de Ministros), ante las inquietantes noticias procedentes desde Cataluña, cuando tan solo veinte minutos antes, Lluis Companys Jover, de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y presidente de la Generalitat desde hacía diez meses (sucediendo a Francesc Maciá  Llussà), había proclamado desde el balcón del palacio presidencial, que daba a la entonces plaza de la República (la actual plaza de Sant Jaume), ante los presentes, el siguiente comunicado;

-“…… ¡catalanes!, las fuerzas monárquicas y fascistas que de un tiempo a esta parte pretenden traicionar a la República, han logrado su objetivo y han asaltado el Poder. En esta hora solemne, en nombre del pueblo y del Parlamento, el Gobierno de la Generalitat que presido asume todas las facultades del poder en Cataluña, proclamo pues el Estado catalán de la República Federal española……”-

El detonante, al parecer, se había producido dos días antes, el jueves 4 de octubre, con la entrada en el gobierno de Lerroux de tres ministros de la CEDA (Confederación de Derechas Autónomas), concretamente de Manuel Giménez Fernández como titular de la cartera de Agricultura, José Oriol Anguera de Sojo en la de Trabajo y Rafael Aizpún Santafé en Justicia, desatando este hecho una avalancha generalizada de protestas, iniciadas con la convocatoria de una “huelga revolucionaria” anunciada por el PSOE (Partido Socialista Obrero Español), de Francisco Largo Caballero.

Aquel sábado por la noche, los ministros de guerra y de marina, Diego Hidalgo Durán y Juan José Rocha García, respectivamente, acompañados del ministro sin cartera José Martínez de Velasco (del Partido Agrario), en un frenético acontecer, entraban y salían del despacho presidencial, dirigiéndose a eso de las nueve y media de la noche, junto al presidente Lerroux, hacia el Ministerio de la Gobernación donde les aguardaba cariacontecido el titular del mismo, Eloy Vaquero Cantillo, con la firme idea de hablar directamente mediante teletipo con Domingo Batet Mestres, jefe de la Cuarta División Orgánica, con sede en Barcelona, y capitán general de Cataluña.

El general Batet había sido llamado por el presidente de la Generalitat, Companys, al orden, nada más finalizar su proclama independentista, conminándole a ponerse bajo su autoridad, pero este, en lugar de obedecer, había hecho lo propio con el jefe de los “mossos de escuadra”, Enrique Pérez Farrás, a quien le había hecho llegar la orden de presentarse en capitanía, una advertencia que de la misma manera, el mando de la policía catalana acabaría por declinar, argumentando cumplir solamente las órdenes que desde ese mismo instante emitiera el presidente Lluis Companys.

En una tensa conversación, desde el aludido Ministerio de la Gobernación en Madrid, entre el presidente del Gobierno y el capitán general de Cataluña, desde su sede en Barcelona, manteniendo informado constantemente al presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora y Torres, se concluiría, ante la gravedad de los hechos acaecidos, hacer uso del Capítulo Cuarto de la Ley de Orden Público de 28 de Julio de 1933, aplicando, más concretamente, su artículo 48, que dotaba y permitía a la autoridad civil, ante agitaciones y graves alteraciones del orden, cuando la misma no pudiera dominar ni restablecer el mismo, ceder el mando supremo en dicha situación, a la autoridad competente militar.

A las diez de la noche, en mensaje radiado, el presidente se dirigía a toda la nación;

-“La rebeldía, que ha logrado perturbar el orden público, ha llegado a su apogeo en Cataluña, cuyo presidente de la Generalidad, con olvido de todos los deberes que le impone su cargo, su honor y su responsabilidad, se ha permitido proclamar el “Estat Catalá”, por lo que ante esta situación, el Gobierno de la República, que yo presido, ha tomado el acuerdo de proclamar el estado de guerra en todo el país...“-

Medida esta que aparecería publicada al día siguiente, el domingo 7 de octubre de 1934, de un día como hoy, de hace por tanto ochenta y tres años, en el número 280 de la Gaceta de Madrid (antecedente esta del Boletín Oficial del Estado) así como el decreto  firmado por el presidente de la República, Alcalá-Zamora, aplicando el artículo 52 de la Ley de Orden Público, haciendo extensiva la excepcional medida a “todo el territorio de la República española”.

Sobre las diez de la noche, una batería de artillería del general Batet ocupaba la plaza de la República, mientras que el alcalde de la ciudad, Pi Suñer mostraba su adhesión pública al presidente Companys. Los edificios oficiales, entre ellos el ayuntamiento de la ciudad de Barcelona, eran tomados por los mossos.

A las once de la noche, hacía acto de presencia por la rambla de Santa Mónica un nutrido grupo de soldados de infantería junto a una batería del regimiento de artillería que a la altura del Centro Autonomista de Dependientes del Comercio y de la Industria (actual emplazamiento de la sede central de la UGT, Unión General de Trabajadores de Cataluña,) resultaban sorprendidos por un grupo de amotinados, que comenzaban a disparar sobre aquellos, hiriendo a siete soldados y matando a un sargento, dando comienzo a un intercambio de fuego cruzado, que acabaría con un bombardeo de la artillería sobre el Centro, acabando con la vida de varios miembros del “Partit Catalá Proletari”, entre los que se encontraban Jaume Compte Canellas, Manuel González Alba y Amadeu Bardina, presentando su rendición a la una y media de la mañana.

A las seis de la mañana, del domingo día 7 de octubre las fuerzas de Domingo Batet hacían su entrada en el “Palau de la Generalitat”, deteniendo a Lluis Companys y a los miembros de su gobierno (Antoni Xirau, Josep Tarradellas y Joan Casanellas, entre otros), al alcalde y oficiales que directamente habían participado en aquellos hechos, entre ellos, el jefe de los Mossos, Enrique Pérez Farrás y Federico Escofet, comisario general del orden público, siendo trasladados al buque Uruguay, fondeado en el puerto de Barcelona, habilitado al efecto como prisión momentánea, en donde permanecerían recluidos, durante los siguientes tres meses, hasta el lunes 7 de enero de 1935, fecha en la que serían trasladados a la cárcel Modelo de Madrid para ser juzgados por un delito de rebelión ante el Tribunal de Garantías Constitucionales, que acabaría condenando por diez votos a favor por ocho en contra a Companys y sus consejeros a penas de veinte años de reclusión mayor e inhabilitación absoluta. Siendo amnistiados en 1936, cuando el Frente Popular (una coalición de los principales Partidos políticos de la izquierda) ganó las elecciones de aquel año.