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Envejecimiento en España: ¿a qué edad se mueren los españoles?

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¿a qué edad se mueren los españoles?
Dos mujeres caminan hoy por una calle. EFE/Isaac Fontana/Archivo

Madrid/València, 25 may (OFFICIAL PRESS-EFE).- El progresivo envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida han provocado que en la actualidad tres de cada diez personas que fallecen en España lo hagan después de haber cumplido los 90 años, una proporción que duplica la que se registraba en el año 2000 pero, ¿a qué edad se mueren los españoles?

Según la última estimación del número de defunciones semanales, recién publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en los primeros cuatro meses de este año murieron en España 48.520 personas con 90 o más años, lo que supone un 144 % más que las 19.836 que fallecieron con esa edad en el año 2000.

Este año, los fallecidos con al menos 90 años de edad fueron el 29,70 % de las 163.340 personas fallecidas de enero a abril -un 25,88 % en el caso de la Comunitat Valenciana-, mientras que hace 24 años fueron únicamente el 14,34 % de los 138.283 ciudadanos que murieron en los mismos meses.

Casi dos de cada tres mueren con más de 80 años

En esas casi dos décadas y media, el envejecimiento de la población ha dado lugar a un incremento proporcional de las edades de los fallecidos.

Así, actualmente, de cada 100 fallecidos en España, 30 tenían 90 o más años, 33 entre 80 y 89 años, 18 entre 70 y 79 años, 10 entre 60 y 69, cinco entre 50 y 59 años, dos entre 40 y 49 años y uno menos de 40 años

En cambio, en el año 2000, de cada 100 fallecidos, 14 tenían 90 o más años, 34 entre 80 y 89 años, 27 entre 70 y 79 años, 12 entre 60 y 69, seis entre 50 y 59 años, tres entre 40 y 49 años y cuatro menos de 40 años.

Estos datos coinciden con el aumento de la esperanza de vida. España es el país de la Unión Europea (UE) que registra una mayor esperanza de vida, de 84 años de edad, tres años y medio por encima de la media comunitaria (81,5 años), según los datos actualizados este mes por la agencia estadística comunitaria Eurostat.

De todas formas, la franja de edad en la que más personas mueren en España sigue siendo la de 80 a 89 años, que supone actualmente el 33,06 % de los fallecidos -34,04 % en la Comunitat-, frente al 33,73 % del año 2000.

Sumados ambos grupos, casi dos de cada tres personas (el 62,77 %) que fallecen en España lo hacen con 80 o más años, lo que representa casi 15 puntos porcentuales más que al final del siglo XX, cuando eran una de cada dos (el 48,08 %).

Por comunidades autónomas

Como ocurre con la mayoría de estadísticas demográficas, las diferencias territoriales son notables y los datos denotan en este caso un mayor envejecimiento cuanto más hacia el norte y hacia el oeste, con algunas excepciones.

Las tres comunidades autónomas con mayores tasas de fallecidos mayores de 90 años, entre 6 y 7 puntos porcentuales por encima de la media, son Castilla y León (36,75 %), La Rioja (36,47 %), y Aragón (35,61 %).

En cambio, los menores porcentajes, hasta 10 puntos porcentuales por debajo de la media, se registran en Canarias (19,83 %), Andalucía (23,75 %) y Murcia (24,34 %), además de en Melilla (11,88 %) y en Ceuta (18,18 %). La Comunitat Valenciana se sitúa también por debajo de la media nacional, con un 25,88 %.

En las dos comunidades insulares y en las dos ciudades autónomas es donde se registran los mayores porcentajes de fallecidos con menos de 40 años, en todos los casos, lógicamente, con cifras mucho menores: un 1,90 % en Canarias; 1,88 % en Melilla; 1,78 % en Baleares y 1,60 % en Ceuta. En la Comunitat Valenciana el porcentaje es del 1,59 %.

La siguiente tabla recoge, por comunidades y ciudades autónomas, los porcentajes de personas fallecidas en los cuatro primeros meses del año con las edades que se indican:

MENOS DE 40 DE 40 A 49 DE 50 A 59 DE 60 A 69 DE 70 A 79 DE 80 A 89 90 Y MÁS
ANDALUCÍA 1,55 2,06 5,99 11,64 20,22 34,79 23,75
ARAGÓN 1,14 1,25 4,17 9,17 16,28 32,33 35,61
ASTURIAS 0,65 1,25 4,27 10,89 17,02 31,75 34,16
BALEARES 1,78 2,15 5,24 11,36 20,84 32,20 26,37
CANARIAS 1,90 2,26 7,44 14,85 21,77 31,93 19,83
CANTABRIA 0,81 1,71 4,33 9,94 20,06 29,88 33,26
C. Y LEÓN 0,68 1,03 3,86 8,95 16,04 32,69 36,75
C.-LA MANCHA 1,08 1,71 4,53 9,27 15,62 33,48 34,30
CATALUÑA 1,23 1,85 4,99 9,80 18,35 32,28 31,51
C. VALENCIANA 1,59 1,88 5,54 11,00 20,06 34,04 25,88
EXTREMADURA 1,16 1,37 4,60 10,25 18,57 34,31 29,78
GALICIA 0,63 1,60 4,26 8,91 17,04 33,40 34,15
MADRID 1,43 1,89 4,81 10,43 18,20 31,95 31,28
MURCIA 1,59 2,70 5,20 11,75 19,18 35,20 24,34
NAVARRA 1,26 1,74 4,09 9,66 17,44 32,54 33,28
PAÍS VASCO 0,79 1,44 4,01 9,60 17,25 33,12 33,78
RIOJA, LA 0,92 1,33 3,83 9,41 16,24 31,72 36,47
CEUTA 1,60 1,60 4,81 18,72 24,60 30,48 18,18
MELILLA 1,88 3,75 9,38 18,13 25,63 28,75 11,88
NO RESIDENTE 6,25 5,63 11,63 22,38 31,00 18,75 4,38
TOTAL 1,28 1,80 5,05 10,53 18,57 33,06 29,70

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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