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AIDMUR muestra su repulsa ante la alianza de Pedro Antonio Sánchez y empresas de la trama Púnica

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AIDMUR desea manifestar nuestra repulsa y nuestra fuerte indignación ante las informaciones y documentos desvelados este miércoles por la cadena SER, y en la que se aprecia la alianza entre Pedro Antonio Sánchez y una de las empresas de la trama corrupta de la Púnica, y cuyo uno de los objetivos era “lavar la imagen” del que era consejero de Educación y actual presidente de la Región de Murcia frente a las legítimas críticas de la asociación de interinos docentes de la Región de Murcia (AIDMUR).

Las informaciones nos parecen de una gravedad tan sumamente importante que exigimos a Pedro Antonio Sánchez que aclare de manera pública e inmediata el contenido de los documentos probatorios desvelados por la cadena SER, en los que el conseguidor de la Púnica, Alejandro de Pedro, elabora un informe para limpiar la imagen de PAS en las redes sociales, poniendo especial énfasis en las críticas de AIDMUR hacia la nefasta gestión del que era consejero de Educación y por el bloqueo que realizó contra los docentes interinos de la Región, pues nos negó el diálogo.

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Se demuestra, así, que PAS estaba más preocupado en su propia reputación y su carrera política que en solucionar los problemas de la Educación en la Región y por remediar la situación de precariedad de miles de docentes interinos, que le reclamábamos voluntad y diálogo para alcanzar propuestas de mejora, lo cual rechazó. Todo ello vuelve a probar que si PAS estaba tan preocupado en “lavar” su imagen pública y tenía tanta necesidad de defenderse de los docentes interinos era porque desde AIDMUR se estaban haciendo las cosas muy bien.

Al respecto, nos preocupa que la actual consejera de Educación, María Isabel Sánchez Mora, nombrada por PAS, mantenga la misma estrategia que éste respecto a los docentes interinos, pues también se niega a dialogar con la asociación de interinos docentes de la Región a pesar de nuestros reiterados esfuerzos, en los que hemos llegado, incluso, a solicitar la mediación de organizaciones políticas y hasta del Rector de la UMU, sin que Sánchez Mora acceda a moverse de su postura inmovilista e intransigente.

AIDMUR CUMPLE 5 AÑOS DE SU NACIMIENTO

También deseamos expresar y celebrar que AIDMUR cumple cinco años desde su creación por un puñado de docentes interinos, con el objeto de defender al colectivo frente a los recortes y tropelías cometidas contra miles de compañeros/as, que pensamos que asociarnos sería un buen instrumento para defender nuestros intereses y mejorar las condiciones de trabajo de los miles de maestros/as y profesores/as que prestan sus servicios en los centros públicos de la Región. Queremos agradecer todo el apoyo recibido y seguimos animando a nuestros compañeros/as a seguir defendiendo la educación pública y a sus profesionales. Manifestamos, también, nuestro firme compromiso para seguir en ese empeño de la mano de nuestros compañeros/as y junto a toda la comunidad educativa.

tarta AIDMUR

Por esta razón, también rechazamos la intención del gobierno regional de privatizar la educación pública. Entendemos que no existe justificación para ampliar, y blindar en el tiempo, los conciertos a etapas postobligatorias cuando no existe demanda social para ello y cuando solo va a producir desigualdad, segregación del alumnado y un beneficio económico para unos pocos a costa de todos los ciudadanos. Nos unimos, por tanto, a la comunidad educativa que, en su conjunto, ha manifestado su postura contraria hacia la imposición de los planes de privatización, los cuales no implican ni mayor libertad ni calidad, sino todo lo contrario, tal y como demuestran los datos objetivos. #DineroPúblicoParaLaPública

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Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo penas que van desde los 7 hasta los 24 años de prisión para los principales investigados del conocido caso Koldo, la presunta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por el Ministerio de Transportes.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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