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Alfonso Grau considera prescrito el cohecho y, en consecuencia, el blanqueo

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regalos caso Azud

València, 29 oct (EFE).- La defensa del ex vicealcalde de València Alfonso Grau (PP) ha presentado su escrito de defensa en la pieza A del caso Imelsa en el que advierte de la prescripción de la atribución del delito de cohecho impropio y, en consecuencia, rechaza la existencia de blanqueo de capitales.

El Juzgado de Instrucción 18 de Valencia dictó recientemente el auto de procesamiento del presunto entramado creado para la financiación del PP en las elecciones de 2007 y 2011, y señala a Alfonso Grau, quien fuera «mano derecha» de la alcaldesa de València Rita Barberá, como «recaudador de recursos económicos sustraídos a la regularidad y transparencia contable», y a María del Carmen García Fuster, la secretaria entonces del grupo municipal del PP, como administradora de esos recursos.

Alfonso Grau se encuentra en prisión desde el pasado mes de mayo por el caso Azud, relacionado con el supuesto cobro de comisiones ilícitas vinculadas a expedientes urbanísticos.

En su escrito de defensa en la pieza A del caso Imelsa, Grau considera que varias de las imputaciones que hace el juzgado están prescritas y lamenta la intención de procesarle.

Sin cohecho, defiende en el escrito, no existe blanqueo, y respecto a la malversación, su defensa advierte al instructor que no ha tenido en cuenta sentencias anteriores del Tribunal Superior de Justicia de Baleares o del Supremo en el caso Noos, en referencia al carácter público o privado de las instituciones desde las que se realizaron determinados contratos o pagos.

En el referido auto de procesamiento, el juez recuerda que Alfonso Grau, además de portavoz del PP y concejal delegado de Grandes Proyectos, «ostentaba cargos de representación del Ayuntamiento de Valencia en distintos organismos, fundaciones y asociaciones, entre ellas el Centro de estrategias y desarrollo (CEyD), la Fundación para la Innovación Urbana (FIVEC) y la Fundación de Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB), participando en todas ellas como presidente o patrono».

Y añade: «el Ayuntamiento de esta ciudad canalizaba anualmente importantes cantidades de dinero a estas entidades con cargo a su presupuesto».

Expone asimismo el instructor que en la campaña electoral de 2007 dichas entidades canalizaron cerca de dos millones de euros a la firma Laterne, con quien el PP había contratado la promoción electoral, «en la mayoría de los casos, con aparente simulación comercial de trabajos nunca realizados o con claro sobrecoste».

Estas contrataciones constituyeron, a juicio del instructor, «un delito de malversación de caudales públicos del artículo 432 del Código Penal, conforme a su redacción vigente al tiempo de comisión de los hechos, y de un delito de cohecho impropio del artículo 422 del Código Penal, delitos de los que aparece, de todos ellos, como presunto autor el investigado Alfonso Grau».

Aunque el mismo instructor admite que la responsabilidad penal por el delito de cohecho impropio «debe de considerase prescrita al momento de su comisión», ve indicios de malversación en Alfonso Grau «en el hecho, de que como personas con poder ejecutivo de dirección tanto en FIVEC como en la FTCVB, consintieran, con la singularidad del periodo cronológico previo a unas elecciones, en contratos de vago contenido prestacional y una significada onerosidad, sin una explicación suficiente en descargo de ello».

«El dinero malversado se subsume en el concepto de caudales públicos, sea cual sea la condición que se quiera atribuir, en cualquier otro ámbito del derecho u orden jurídico disquisitivo, al carácter de la personalidad pública o privada de dichas fundaciones», expone en su auto de procesamiento el juez, y es en esta parte precisamente en la que el criterio de la defensa del ex vicealcalde difiere y esgrime la sentencia del caso Nóos, en la que Grau fue absuelto.

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Valencia

Sanidad y las autonomías acuerdan que la mascarilla vuelva a ser obligatoria en centros sanitarios

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mascarilla obligatoria centros de salud

Sanidad y las autonomías acuerdan que la mascarilla vuelva a ser obligatoria en centros sanitarios para contener el avance de la gripe

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han alcanzado este viernes un acuerdo clave para frenar el repunte de virus respiratorios: la mascarilla volverá a ser obligatoria en hospitales y centros de salud cuando los indicadores alcancen niveles de riesgo moderado o alto. La decisión llega tras la alerta emitida por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, que advierte de un adelantamiento inusual de la gripe y de la expansión del nuevo linaje A(H3N2) subclado K.

Este consenso, forjado en un pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), supone un giro respecto al año pasado, cuando Sanidad y las autonomías no lograron pactar un protocolo común. Esta vez, el documento —que se aprobará definitivamente el 3 de diciembre— introduce directrices homogéneas y escalables, orientadas a evitar un colapso asistencial durante la temporada 2025-2026.


Un plan común frente a los virus respiratorios: mascarillas por escenarios

El nuevo protocolo ordena la respuesta sanitaria en cuatro niveles de riesgo (0 a 3), determinados por la incidencia de virus respiratorios, la ocupación hospitalaria y otros indicadores epidemiológicos.

Escenario 0: vigilancia reforzada

En fase de baja circulación vírica, se mantiene la recomendación general:
– Utilizar mascarilla quirúrgica ante cualquier síntoma respiratorio.
– Reducir interacciones sociales, especialmente con colectivos vulnerables.
– Extremar la higiene de manos y la etiqueta respiratoria.

Escenario 1: incremento controlado de casos

Cuando la incidencia comienza a aumentar:
– Se recomienda llevar mascarilla durante los cinco días posteriores al inicio de síntomas.
– Fomentar el teletrabajo cuando sea posible.

Escenario 2: riesgo moderado

Aquí llegan las primeras obligaciones:
Uso obligatorio de mascarilla en hospitales, centros de salud y salas de espera.
– Los centros sociosanitarios deberán «valorar» imponerla de forma permanente en función de la vulnerabilidad de sus residentes.
– El personal de residencias con síntomas deberá permanecer cinco días de baja.

Escenario 3: riesgo muy alto o situación pandémica

Aunque el documento no impone nuevas reglas específicas, deja vía libre para introducir medidas excepcionales, incluidas restricciones más severas si la situación lo requiere.


Sanidad pone el foco en tres ámbitos clave

El plan concentra esfuerzos en espacios especialmente sensibles:

1. Residencias y centros sociosanitarios

– Bajas obligatorias para trabajadores con síntomas.
– Uso de mascarilla durante toda la jornada tras la reincorporación hasta remitir los síntomas.
– Posibilidad de imponer restricciones adicionales según vulnerabilidad del centro.

2. Hospitales y centros de salud

– En niveles bajos y moderados, mascarilla obligatoria en unidades de especial riesgo (oncología, trasplantes…).
– En nivel medio, uso extensivo en urgencias, salas de espera y zonas comunes.

3. Profesionales con trato directo al público

– Recomendación de usar mascarilla en escenarios de alta circulación vírica, especialmente si interactúan con personas sintomáticas.


Un acuerdo que llega tras un año de desencuentros

El protocolo del año pasado naufragó por falta de consenso entre las autonomías. El resultado fue un documento sin carácter vinculante que dejó a cada región la capacidad de fijar sus propios criterios sobre mascarilla, aforos o restricciones. Este invierno, con un repunte gripal más temprano y agresivo, la presión asistencial ha obligado a cerrar filas.


23,7 millones de euros para reforzar el sistema sanitario

Además de las medidas frente a los virus respiratorios, Sanidad y las comunidades han aprobado la distribución de 23,7 millones de euros destinados a reforzar diversas áreas del Sistema Nacional de Salud.

Entre las partidas destacan:
2 millones para mejorar la autosuficiencia en plasma humano.
2,5 millones para equipamiento de unidades de donación de plasma.
1,5 millones para planes frente al tabaquismo.
7 millones para vigilancia en cáncer, salud mental, resistencias antimicrobianas y enfermedades raras.
1 millón para el Sistema de Información de Vacunaciones e Inmunizaciones.
4 millones adicionales para sistemas de vigilancia epidemiológica.


Un invierno marcado por la prevención y la coordinación

Con este acuerdo, Sanidad pretende adelantarse a la presión asistencial que podría generar la combinación de gripe, covid y otros virus respiratorios en las próximas semanas. La vuelta de la mascarilla obligatoria en centros sanitarios se perfila como una herramienta clave para reducir contagios y proteger a los más vulnerables en un invierno que se prevé especialmente activo en términos epidemiológicos.

¿Cuándo volverán a ser obligatorias?

La mascarilla volverá a ser obligatoria en centros sanitarios tras la aprobación del protocolo el 3 de diciembre de 2025, siempre que se cumplan los umbrales epidemiológicos establecidos (aumento de gripe/virus respiratorios, alta presión hospitalaria, etc.). En ese momento, todos los centros deberán ajustarse a la obligación.

 

 

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