Valencia
Esta es la sentencia a Alfonso Grau por malversación
Publicado
hace 2 añosen
Condena a Alfonso Grau, exvicealcalde de València, por financiación irregular
Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia
El exvicealcalde de València con el PP y mano derecha de la fallecida Rita Barberá, Alfonso Grau, ha sido condenado a cuatro años y medio de prisión por la pieza A del caso Imelsa. Esta pieza está relacionada con una financiación irregular en las campañas electorales del PP de València en 2007 y 2011 a través de donaciones y pagos de empresas.
Grau, que durante el procedimiento se definió como una «víctima», ha sido condenado a esta pena de prisión por un delito de malversación de caudales públicos con la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas. Además, estará inhabilitado durante nueve años para empleo o cargo público y deberá indemnizar al Ayuntamiento con un total de 388.150 euros, según la resolución de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia.
Condena adicional y otros acusados
A Grau, para quien la Fiscalía reclamaba nueve años y dos meses de prisión por malversación, cohecho y falsedad documental, se le ha condenado por un delito continuado de cohecho con la atenuante analógica de dilaciones indebidas al pago de una multa de cinco millones de euros y a dos años de suspensión de empleo o cargo público.
Por su parte, al exdirector de la Fundación Turismo Valencia, José Salinas, se le ha impuesto una pena de cuatro años de cárcel como cooperador necesario de un delito de malversación y se le han fijado ocho años de inhabilitación. También deberá indemnizar al consistorio, conjunta y solidariamente con Grau, en un total de 210.000 euros.
Los otros dos acusados en esta pieza, el exedil y exresponsable del Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD), Juan Eduardo Santón, y la exsecretaria del PP en el Ayuntamiento Mari Carmen García-Fuster, han sido absueltos por falta de pruebas, según la resolución que es recurrible ante el Tribunal Supremo en casación.
Desvío de fondos por parte de Grau
El tribunal considera probado que Grau, condenado en 2022 a nueve meses de prisión por aceptar relojes de alta gama por parte de un empresario que suscribió 16 contratos con el Ayuntamiento entre 2006 y 2015, desvió fondos de la Fundación Turismo (FTVBC) y de la Asociación Centro de Estrategias y Desarrollo. Estas entidades recibían aportaciones económicas del consistorio y los fondos se utilizaron para sufragar gastos generados por la campaña electoral municipal del PP de 2007.
La FTVBC, entidad de carácter privado financiada con aportaciones municipales y destinada a la promoción turística de la ciudad de Valencia, abonó al menos 210.000 euros a la empresa que gestionaba la campaña electoral para el PP, Laterne Product Council (LPC), según la Audiencia.
De igual manera, CEyD, dedicada al desarrollo económico, cultural, social y tecnológico de Valencia y financiada mayoritariamente con dinero municipal, pagó 178.150 euros a la misma empresa. La sentencia mantiene que dichos pagos se efectuaron por decisión de Alfonso Grau, investigado también en el conocido como caso Azud, y que José Salinas colaboró en la ejecución de los mismos.
Aportaciones de empresas contratistas
La resolución también considera probado que LPC recibió aportaciones de diversas empresas contratistas con el Consistorio que se dedicaron a sufragar gastos de las actividades de la campaña electoral del PP de 2007 y que se efectuaron bajo la apariencia de pagos por prestaciones que realmente no se habían realizado.
Estos empresarios hicieron dichos pagos para «significarse ante quienes podían continuar siendo responsables del gobierno municipal» a fin de «apoyar que la candidatura del Partido Popular continuara gobernando y poder, así, beneficiarse en el futuro de un trato favorable por parte del Ayuntamiento, de las empresas públicas municipales y de cualesquiera otras entidades en cuyas decisiones pudieran intervenir los gobernantes municipales», según detalla la sentencia.
El tribunal ha dictaminado que esos pagos se hicieron a petición de Alfonso Grau, «quien se prevalió de la posición que ocupaba como teniente de alcalde del Ayuntamiento para conseguir aportaciones económicas de las empresas que mantenían relaciones económicas con la Corporación Local por importes relevantes o que podían tener interés en poder acceder a contratar con el Ayuntamiento».
En todo caso, lo hicieron «en atención a la posición de poder que él ocupaba y a la capacidad que podía haber desplegado o podía en el futuro desplegar para poder influir en la contratación municipal».
Campaña de 2011
Sin embargo, el tribunal difiere de los hechos acusatorios en la campaña de 2011. Entiende que no hay una prueba evidente del origen de los fondos utilizados por el PP para sufragar los gastos electorales. «La prueba existente y analizada no permite descartar que las facturas analizadas se correspondieran con trabajos efectivamente realizados», precisan los magistrados.
Aunque el pago de gastos electorales con los saldos de la cuenta del grupo municipal popular se efectuaron «al margen de la contabilidad del PP y con incumplimiento de las exigencias de la legislación sobre financiación de partidos políticos y de la legislación electoral», esos hechos, cuando se cometieron, no eran constitutivos del delito de financiación ilegal, añade el Tribunal.
En este caso, a diferencia del año 2007, no se ha contado con testimonios de trabajadores que ofrecieran información que permitiera afirmar que los pagos no se correspondían con trabajo alguno. En 2007 se contaba con información adicional que permitía excluir las dudas racionales: había un testimonio incriminatorio –Jesús Gordillo, exasesor de Grau–, documentación que atribuía a empresas aportaciones concretas para financiar la campaña y testimonios de trabajadores que corroboraban la hipótesis de que las facturas existentes o los pagos efectuados tenían el fin ilícito afirmado por las acusaciones.
En el presente caso, en cambio, la prueba existente no permite descartar que las facturas analizadas se correspondieran con trabajos efectivamente realizados.
Puedes seguir toda la actualidad visitando Official Press o en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter o Instagram y también puedes suscribirte a nuestro canal de WhatsApp.
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)
Relacionado
Te podría gustar
Valencia
Jéssica, expareja de Ábalos: «Me dijo que mirara casas y que eligiera la que me gustara»
Publicado
hace 6 horasen
7 abril, 2026
MADRID, 7 Abr. 2026 (EUROPA PRESS) –
Jéssica Rodríguez, expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, ha asegurado ante el Tribunal Supremo que fue el propio dirigente quien le indicó que buscara vivienda y eligiera la que quisiera, en referencia al piso situado en la Plaza de España de Madrid donde residió durante su relación.
“Me dijo que mirara casas y que eligiera la que me gustara”, ha declarado este martes como testigo en el juicio por los presuntos amaños en contratos de mascarillas.
Declaración en el Tribunal Supremo por el caso mascarillas
Rodríguez ha comparecido en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, en el marco del procedimiento que investiga posibles irregularidades en la adjudicación de contratos durante la pandemia.
Durante su testimonio, ha explicado que antes de trasladarse a ese inmueble compartía piso con compañeras de la universidad y mantenía una relación frecuente con Ábalos.
“Nos veíamos prácticamente todos los días y no teníamos un sitio donde vernos. Me dijo que con 30 años lo normal era tener mi propio espacio”, ha señalado.
“La idea era tener un lugar para estar juntos”
A preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, Rodríguez ha reconocido que eligió la vivienda con la intención de compartir tiempo con el exministro, que entonces seguía residiendo en el domicilio oficial del Ministerio con su familia.
“La idea era tenerla para poder estar los dos”, ha afirmado.
En cuanto al pago del alquiler, ha admitido que pensaba que lo asumía Ábalos, pese a que los investigadores apuntan a que el coste habría sido cubierto por la presunta trama.
“Nunca he sido una persona que haga ese tipo de preguntas”, ha añadido.
Admite que cobró de Ineco sin trabajar
Uno de los puntos clave de su declaración ha sido su relación laboral con empresas públicas como Ineco, donde, según ha reconocido, percibió ingresos sin desempeñar funciones.
Rodríguez ha asegurado que desconocía que se tratara de una empresa pública:
“No sabía ni siquiera que fuera una empresa pública”.
Según su relato, acudió a una entrevista acompañada por Koldo García y consideraba que el puesto se ajustaba a su perfil: “Estaba sobrada de cualificación”.
Sin embargo, ha confirmado que no llegó a trabajar. Ha explicado que mantuvo una reunión con Joseba García, hermano de Koldo, quien le enseñó las instalaciones, tras lo cual regresó a casa sin realizar ninguna tarea.
Una relación iniciada en 2018 y marcada por la situación política
Rodríguez ha detallado que conoció a Ábalos en octubre de 2018 y que la relación se intensificó semanas después, con encuentros frecuentes, viajes y actividades juntos.
No obstante, ha señalado que el entonces ministro no tenía intención de divorciarse mientras permaneciera en el cargo, lo que marcó el final de la relación en noviembre de 2019.
“Cuando vimos que el Gobierno iba a continuar cuatro años, decidí no seguir en esa situación”, ha explicado.
“Nuestra historia solo la conocemos él y yo”
La testigo ha subrayado que la ruptura no fue conflictiva, sino consecuencia de la situación personal del exministro.
Según ha indicado, Ábalos le permitió continuar en el piso mientras finalizaba sus estudios, ya que su situación económica complicaba encontrar otra vivienda en Madrid.
“Se sentía en deuda conmigo porque cambié mi estilo de vida”, ha señalado, insistiendo en que la relación y sus circunstancias “solo las conocemos él y yo”.
Víctor Ábalos niega custodiar dinero de su padre y aclara el polémico “café” en el juicio de la trama de mascarillas
Víctor Ábalos, hijo del exministro de Transportes José Luis Ábalos, compareció este martes como testigo en el juicio del Tribunal Supremo por la presunta trama de mascarillas durante la pandemia de Covid-19. Durante su declaración, negó categóricamente haber sido “custodio” del dinero de su padre y aclaró el polémico uso de la palabra “café” que había detectado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Negativa a custodiar fondos y préstamos familiares
Víctor Ábalos aseguró ante el tribunal que todo el dinero que ha entregado a su padre proviene de sus propios ingresos: “Yo no tengo dinero de nadie, yo no soy custodio de nadie. Todo lo que le he dado a mi padre es de mi cuenta bancaria, sin más”, declaró.
Reconoció haber prestado unos 20.000 euros a su padre tras su divorcio, pero negó que el dinero provenga de empresas de Colombia, país donde su padre “trabaja más”. “En el caso de que tuviera que prestarle algo, es mi dinero, no viene de ninguna empresa”, precisó.
Desmiente transacciones con Koldo García
Respecto a Koldo García, exasesor ministerial, Víctor Ábalos negó haberle dado dinero o haber tenido negocios con él: “Contraté los servicios de una empresa administrada por su pareja, pero solo duró dos meses”. También afirmó que nunca ha utilizado teléfonos encriptados ni habla en clave con nadie, incluido su padre.
Sobre el término “café”, detectado por la UCO como supuesto lenguaje cifrado, aclaró que simplemente hace referencia a la afición de Koldo al café y a sus viajes frecuentes a Colombia: “Ni hablo en clave, ni tengo costumbre ni sé hablar en clave”.
Situación económica familiar y apoyo mediático
Víctor Ábalos calificó la situación económica de su padre como “lamentable” y detalló que su familia ha sufrido una “campaña reputacional brutal”, que afectó sus ingresos. Admitió que sus intervenciones televisivas estaban motivadas por la necesidad de mantener a su familia y apoyar a su padre: “Estamos ahí para lo que necesite, con ingresos de peculio, de teléfono o de los gastos del día a día”.
Contexto del juicio
El juicio contra José Luis Ábalos, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama se celebra entre el 7 y el 30 de abril en el Tribunal Supremo, en relación con presuntas comisiones ilegales en contratos de mascarillas durante la pandemia. La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos y 19,5 años para Koldo García, mientras que Aldama afronta 7 años de cárcel.
El caso mascarillas llega a juicio en el Supremo
El juicio, que se celebrará entre el 7 y el 30 de abril, juzga supuestas comisiones ilegales en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la crisis de la COVID-19 en 2020.
Junto a Ábalos también están acusados su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario en la trama.
Penas solicitadas: hasta 24 años de prisión
La Fiscalía solicita:
- 24 años de cárcel para José Luis Ábalos
- 19 años y medio para Koldo García
- 7 años para Víctor de Aldama
Las acusaciones populares elevan incluso la petición de pena hasta los 30 años para algunos de los implicados.
Qué se investiga en el caso
Según la acusación, los implicados se habrían concertado para aprovechar la posición de Ábalos como ministro y dirigente político con el objetivo de favorecer a determinadas empresas en contratos públicos.
A cambio, habrían recibido presuntas comisiones ilegales vinculadas a la compra de material sanitario durante la pandemia.
Testigos clave y primeras declaraciones
La primera jornada del juicio contará con la declaración de once testigos, entre ellos familiares y personas del entorno del exministro.
También se analizarán supuestas contrataciones irregulares en empresas públicas y pagos relacionados con alquileres que, según la investigación, podrían formar parte de las comisiones investigadas.
Un juicio de gran impacto mediático
Más de 50 medios de comunicación están acreditados para cubrir este proceso judicial, considerado el primer gran juicio del denominado caso Koldo, que cuenta con otras piezas abiertas en la Audiencia Nacional.
Un proceso clave en la lucha contra la corrupción
El juicio marcará un punto de inflexión en la investigación sobre la gestión de contratos durante la pandemia, poniendo el foco en la transparencia y el uso de fondos públicos en situaciones de emergencia.
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)


Tienes que estar registrado para comentar Acceder