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Alumnos de la Universitat de València harán huelga para apoyar a los profesores asociados

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VALÈNCIA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) – Los estudiantes de la Universitat de València están llamados mañana jueves a la huelga en apoyo de los profesores asociados, que iniciaron esta protesta de forma indefinida el pasado 29 de enero, según han informado el Front Estudiantil Unificat de València.

La huelga la convocan tanto el FEU-València (Front Estudiantil Unificat de València) como el resto de organizaciones estudiantiles de la ciudad (Acontracorrent, BEA, Gatzara, APE y SEPC) y se prevé «un notable seguimiento» después de que los estudiantes «lleven ya casi tres meses sin recibir clases por parte de los profesores asociados, que son el 30% de la plantilla total del profesorado en la Universitat de València.

Al respecto, recuerdan que en las próximas semanas comenzarán las evaluaciones finales del curso académico, «aumentando la presión en la universidad valenciana». El objetivo, según el FEU-València, es «presionar al rectorado y a la Generalitat» que todavía no han hecho «ofertas significativas» en la mesa de negociación y que «únicamente intentan dejar el tiempo pasar».

En ese sentido, han aclarado que «muy lejos de convocar la huelga para presionar a los trabajadores, se lleva a cabo en apoyo al profesorado asociado».

El sindicato estudiantil añade que los profesores «se han visto obligados a luchar» porque tienen «unas condiciones de trabajo de miseria» con un sueldo inferior a 6 euros la hora y contratos de tres, seis o doce meses máximo. «Las condiciones de estos profesores son solo una consecuencia más de la precarización de la educación pública, al igual que lo son las subidas de tasas, recortes en becas o masificación en las aulas», han apuntado.

Asismo, se ha convocado una manifestación que saldrá a las 12:00 horas en la avenida Blasco Ibáñez frente a la Facultad de Geografía e Historia y que contará con la presencia de los profesores en huelga, según las mismas fuentes.

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Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo penas que van desde los 7 hasta los 24 años de prisión para los principales investigados del conocido caso Koldo, la presunta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por el Ministerio de Transportes.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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