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Anticorrupción pide 10 años de prisión para los ex alcaldes de Alicante Castedo y Alperi
Publicado
hace 7 añosen

(EUROPA PRESS)-La Fiscalía Anticorrupción solicita penas que suman 10 años de prisión para los ex alcaldes de Alicante, los ‘populares’ Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, por cohecho, revelación de información privilegiada y tráfico de influencias, en la causa separada del Caso Brugal que investiga el supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad.
Además, la fiscalía solicita cinco años de inhabilitación para Alperi como supuesto autor de un delito continuado de prevaricación. En total, para Alperi el fiscal reclama que sea inhabilitado para cargo público durante 29 años mientras que para Castedo pide 24 años de inhabilitación.
Por su parte, para el empresario Enrique Ortiz, la fiscalía solicita ocho años dos días de prisión por los delitos de corrupción de autoridades o funcionarios públicos, aprovechamiento de información privilegiada y tráfico de influencias por particular sobre funcionario público o autoridad y prevaricación. Asimismo, le reclama 10 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación.
Además de las penas privativas de libertad el ministerio público ha solicitado multas que ascienden a 86 millones de euros para Enrique Ortiz; 63 millones para Luis Díaz Alperi y 126,5 millones para Sonia Castedo al considerarla responsable del delito continuado de tráfico de influencias en concurso medial con el de prevaricación.
Así mismo, la fiscalía también solicita penas de 10 años de prisión para el hermano de la exalcaldesa, José Luis Castedo, y para el abogado Francisco Javier Gutiérrez por los delitos de cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias y prevaricación, así como multas por valor de 1,5 millones de euros, acusados de amañar alegaciones al PGOU a través del bufete de abogados Salvetti, participado por los acusados.
Por otra parte, en la causa también figura como acusado el hermano del constructor, Virgilio Ortiz, y otras tres personas para quienes solicita penas que oscilan entre los 3 meses y el año y medio de prisión y multas de entre 14.500 y 162.000 euros por los delitos de corrupción de autoridades o funcionarios públicos, y les obliga así mismo al pago de 1,3 millones de euros de multa por los costes soportados por el Ayuntamiento durante la tramitación del PGOU.
«INMENSOS INTERESES» DE ORTIZ
En su escrito de calificación, el fiscal anticorrupción afirma que «la confidencialidad» en la redacción del PGOU alicantino durante los gobiernos de Alperi y Castedo «resultó sistemáticamente vulnerada por los acusados en favor de los inmensos intereses urbanísticos» de Enrique Ortiz.
Así, el ministerio fiscal afirma en su escrito de calificación que Ortiz mantenía con Alperi y Castedo «una relación de amistad íntima, ya desde los años anteriores a los hechos objeto de acusación», no obstante especifica que los acusados «procuraban que tal relación no trascendiera al exterior, encubriéndola en tales ocasiones como meramente institucional».
Sobre la amistad entre el empresario y los ex alcaldes ‘populares’, el fiscal asegura que «se proyectaba igualmente hacia el beneficio de los intereses económicos de Ortiz como empresario en el ámbito urbanístico», de manera que el constructor «era garante de que los intereses de índole personal» de Alperi y Castedo fueran «atendidos con prontitud y diligencia» para que intercedieran a su favor en la redacción del PGOU pese al «deber de abstención previsto en la legislación administrativa» que debían guardar Castedo y Alperi respecto a los expedientes que afectaran a los intereses de Ortiz.
Al respecto, la acusación pública considera que «el acceso» de Ortiz a la información reservada sobre el ordenamiento urbanístico de la ciudad «le benefició, adelantándose a su adquisición, en futuras recalificaciones de suelo», y reitera que «el amparo que le fue dispensado desde la máxima estructura política municipal le franqueó la ordenación, a su interés, de muchas de sus apetencias urbanísticas en suelos en los que, o bien era ya propietario o partícipe, o bien lo fue a consecuencia de la adquisición ventajosa de terrenos».
Sobre Sonia Castedo el fiscal motiva su acusación de tráfico de influencias en concurso medial con prevaricación al considerar que en los plenos de abril de 2009 y mayo de 2010 acordó la aprobación provisional del PGOU -anulado en el pleno municipal de febrero de 2015 tras el cambio de gobierno- siendo «plenamente consciente de que con tal decisión se consumaba, ahora de modo oficial y definitivo desde el Consistorio, el apoyo sistemáticamente brindado por ella a lo largo del tiempo a Enrique Ortiz» desde sus cargos de concejala de Urbanismo primero y alcaldesa después.
DÁDIVAS Y BENEFICIO
Por otra parte, la Fiscalía Anticorrupción establece que, «además de las dádivas no cuantificables como la contratación laboral» de amigos y familiares de Alperi y Castedo en las empresas de Ortiz, el constructor entregó a los exalcaldes alicantinos dádivas por valor de 453.157 euros para Alperi y de 259.899 euros para Castedo.
Además, el ministerio público cita un informe de la Concejalía de Urbanismo que cifra en más de 42 millones de euros el beneficio económico de los terrenos interesados por Ortiz en comparación con las determinaciones recogidas en el PGOU anterior de 1987; y considera que las actuaciones de los acusados entrañaron una serie de gastos para las arcas municipales respecto a la tramitación del PGOU de 1,3 millones de euros.
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Paco Salazar renuncia a su puesto en el equipo de Sánchez tras ser acusado de acoso sexual a compañeras del PSOE
Publicado
hace 1 díaen
5 julio, 2025
Paco Salazar, una de las figuras más próximas a Pedro Sánchez en el entorno de Moncloa y previsto como nuevo miembro del núcleo duro del presidente del Gobierno, ha presentado su renuncia antes incluso de tomar posesión del cargo. La decisión llega tras la publicación de graves acusaciones por presunto acoso sexual y proposiciones inapropiadas a varias compañeras del Partido Socialista.
La renuncia se produjo tras una reunión tensa en la sede de Ferraz, donde Salazar comunicó su decisión en medio del creciente malestar interno por su comportamiento. Según ha adelantado el diario eldiario.es, al menos dos mujeres del PSOE denunciaron haber sido objeto de comentarios obscenos, insinuaciones sexuales constantes y proposiciones para mantener encuentros fuera del ámbito laboral, como cenas a solas y sugerencias para quedarse a dormir en su domicilio.
Conductas reiteradas y conocidas internamente
Según la investigación periodística, los comportamientos atribuidos a Paco Salazar eran conocidos desde hace meses por varios dirigentes del partido, aunque no se habían hecho públicos hasta ahora. Se trata de un patrón de conducta que incluye uso reiterado de lenguaje sexual, comentarios sobre la apariencia física de sus compañeras y una actitud persistente que ha generado un profundo malestar.
Desde el PSOE, se ha confirmado la existencia de las acusaciones y se ha anunciado que se abrirán diligencias internaspara esclarecer los hechos. En un comunicado oficial, el partido señala que Paco Salazar ha solicitado personalmente la apertura de una investigación preliminar sobre las informaciones conocidas este lunes.
El PSOE inicia una investigación interna urgente
La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE ha informado que iniciará «de inmediato» las diligencias previas de información, aunque puntualiza que hasta el momento no constaban denuncias formales internas contra Salazar.
“El PSOE actuará con firmeza ante cualquier situación que atente contra la dignidad de las personas y los principios de igualdad y respeto que defiende el partido”, aseguran fuentes de Ferraz. La organización política pone así en marcha un procedimiento interno que evaluará las conductas descritas en los informes periodísticos y valorará posibles sanciones.
Impacto político en el entorno de Moncloa
La renuncia de Paco Salazar representa un revés para el equipo de confianza de Pedro Sánchez, donde el hasta ahora alto cargo era considerado uno de los principales ‘fontaneros’ de Moncloa, es decir, una figura clave en la estrategia política, la interlocución interna y la gestión de la maquinaria del partido.
Este episodio se suma a otros recientes que aumentan la presión sobre el Ejecutivo y el Partido Socialista, en un contexto marcado por polémicas judiciales y crisis reputacionales que han afectado a altos cargos y colaboradores cercanos.
Diversas trabajadoras relatan un patrón de comportamiento basado en comentarios sexuales, invitaciones fuera del horario laboral y represalias por rechazos
El recién nombrado adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE, Paco Salazar, figura clave en la reestructuración del partido promovida por Pedro Sánchez, se enfrenta a acusaciones de presunto acoso sexual y abuso de poder por parte de varias subordinadas que trabajaron bajo su mando en diferentes etapas.
Los testimonios recogidos por elDiario.es y otros medios apuntan a un ambiente laboral marcado por el hostigamiento, donde Salazar habría realizado comentarios obscenos sobre la vestimenta y el cuerpo de sus compañeras, enviado mensajes personales e insinuantes fuera del horario laboral e incluso lanzado invitaciones a cenar o a dormir en su casa.
“Acoso sexual y abuso de poder”: el testimonio de una excolaboradora
Una de las denunciantes, bajo el nombre ficticio de Lidia, trabajó directamente con Paco Salazar en La Moncloa y ha descrito su comportamiento como un uso continuado de lenguaje sexualizado en el entorno profesional. Según su relato, tras rechazar sus invitaciones, sufrió represalias laborales, como la retirada de funciones o la falta de promoción profesional.
“No se trataba de simples comentarios, sino de un hostigamiento insistente que iba más allá de lo laboral”, asegura.
Otra joven, vinculada al partido desde las primarias de 2017, también expresó haber recibido un trato “baboso” y repetidos comportamientos inadecuados, a pesar de la diferencia de edad y su cercanía familiar con un histórico dirigente socialista.
Un “secreto a voces” en el PSOE
Según fuentes internas del partido, el comportamiento de Salazar era conocido desde hace años, aunque nunca se trasladó a los canales disciplinarios del PSOE. Cargos intermedios y militantes de base hablan de un “clamor extendido” respecto a su conducta, especialmente desde que ocupaba el puesto de número dos en el Gabinete de Presidencia, bajo el mando de Iván Redondo.
Además, su perfil no es nuevo en el círculo de Sánchez: Paco Salazar fue uno de los integrantes del famoso “Peugeot” con el que el actual presidente recorrió España durante las primarias socialistas de 2017, lo que confirma su cercanía al núcleo duro del liderazgo actual.
Vinculación con Ábalos y Cerdán
Salazar mantiene también lazos estrechos con otras figuras implicadas en escándalos recientes dentro del PSOE. Fue colaborador de José Luis Ábalos, exministro de Transportes, y compañero de piso de Santos Cerdán, exsecretario de Organización y actualmente en prisión provisional por su presunta implicación en la trama de corrupción del caso Koldo.
Su nuevo nombramiento como adjunto a Rebeca Torró, la nueva secretaria de Organización del partido, ha generado rechazo en varios sectores del PSOE, que ven con preocupación que una figura tan cuestionada ocupe un cargo de alta responsabilidad en plena crisis interna del partido.
“Muchos lo han recibido con pavor. Su nombramiento ahonda en la desconexión entre la cúpula del partido y la realidad que viven muchas mujeres en el entorno socialista”, señalan fuentes internas.
Un nuevo escándalo que sacude la renovación de Sánchez
La elección de Paco Salazar por parte de Sánchez llega en uno de los momentos más delicados para el PSOE, con el caso Cerdán todavía en desarrollo judicial y un Comité Federal clave que busca reorientar el rumbo del partido. Estas acusaciones por presunto acoso podrían suponer un nuevo revés para la estrategia de renovación del presidente, justo cuando intenta recuperar la iniciativa política.
Hasta el momento, ni la dirección del PSOE ni Salazar han emitido declaraciones públicas sobre estas acusaciones.
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