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Anticorrupción pide dos años y medio de cárcel para Camps por los contratos de Gürtel

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MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) – La Fiscalía Anticorrupción solicita una condena de dos años y medio de prisión para el expresidente del Consell Francisco Camps por delitos de fraude y prevaricación administrativa en el caso de los supuestos amaños en la adjudicación de la Generalitat a la empresa de la trama Gürtel Orange Market en la edición de Fitur del año 2009.

Tras una instrucción de algo menos de un año en la Audiencia Nacional, Camps fue procesado a principios de este mes una vez que el juez José de la Mata constató que existe «un arsenal de indicios, muy consistentes, cada uno de ellos suficientemente acreditado, que permite afirmar que el entonces presidente de la Generalitat participó en el direccionamiento del contrato de Fitur 2009 a favor de Orange Market».

Aunque el magistrado proponía juzgar al expresidente por un delito de prevaricación, también dejaba la puerta abierta a una imputación más amplia en esta pieza 5 del ‘caso Gürtel’, ya que hasta ese momento le había investigado también por fraude. Y estos son precisamente los dos delitos que Anticorrupción ha incluido en su escrito de acusación.

Para el procesamiento y acusación del exdirigente ‘popular’ ha sido determinante la declaración que prestó en sede judicial el que fuera máximo dirigente de Orange Market, Álvaro Pérez Alonso ‘el Bigotes’, ya que dio detalles sobre «las circunstancias, la forma, el tiempo y el modo en que tal influencia directa se produjo y la participación que Camps tuvo en la misma», en palabras de De la Mata.

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1 Comentario

1 Comentario

  1. La perfecta desconocida

    18 junio, 2019 en 4:19 pm

    ¿y los técnicos comiéndose penas de 7 años o más? Esto es insultante

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Ábalos sigue en libertad: la Fiscalía aprecia riesgo de fuga pero no pide prisión por su escaño

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José Luis Ábalos
El diputado José Luis Ábalos durante una sesión plenaria extraordinaria. - Ananda Manjón - Europa Press

El exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, continúa en libertad mientras el Tribunal Supremo analiza su papel en el conocido caso Koldo. A pesar de que la Fiscalía ve riesgo de fuga, no ha solicitado su ingreso en prisión, argumentando que su condición de diputado y aforamiento reduce ese peligro. En cambio, las acusaciones populares, encabezadas por el Partido Popular, sí han reclamado su prisión provisional de forma inmediata.


La Fiscalía reconoce riesgo de fuga pero descarta la prisión por el momento

Durante la vistilla celebrada tras su última comparecencia ante el juez, el Ministerio Fiscal reconoció que existen indicios que podrían justificar medidas más restrictivas, como la prisión preventiva, pero consideró que el aforamiento de Ábalos y su escaño en el Congreso actúan como una garantía de arraigo y control institucional. Por ello, solicitó mantener las medidas cautelares actuales: retirada de pasaporte, prohibición de salida del país y comparecencias periódicas.

Las acusaciones populares, sin embargo, sostienen que el exministro mantiene capacidad para influir o destruir pruebas, y que su libertad podría suponer un riesgo procesal. Argumentan que su posición política no debería servir como escudo frente a las medidas judiciales que se aplican habitualmente a otros investigados por delitos similares.


Ábalos guarda silencio ante el juez por sentirse indefenso

En esta última citación, Ábalos decidió acogerse a su derecho a no declarar. Según fuentes jurídicas, justificó su silencio alegando que se siente “indefenso” ante la interpretación de los documentos económicos que lo implican en supuestos ingresos irregulares. Esta estrategia marca un giro en su defensa, pues en anteriores ocasiones sí había ofrecido explicaciones ante el tribunal.

El exministro mantiene su inocencia y defiende que no existen pruebas concluyentes que lo vinculen con el cobro de comisiones o la gestión de fondos ilícitos relacionados con el caso Koldo.


El caso Koldo y las medidas cautelares vigentes

El caso, centrado en presuntas adjudicaciones irregulares y comisiones ilegales, sigue su curso en el Tribunal Supremo. Ábalos continúa bajo medidas cautelares, que incluyen:

  • Retirada de pasaporte.

  • Prohibición de abandonar el territorio nacional.

  • Comparecencias periódicas ante la autoridad judicial.

Estas condiciones fueron ratificadas por el juez instructor, que por el momento descarta el ingreso en prisión mientras se evalúan las nuevas pruebas presentadas por la UCO.


Implicaciones políticas de la decisión judicial

La decisión de mantener a Ábalos en libertad tiene importantes consecuencias políticas. Si el exministro fuera finalmente encarcelado de forma preventiva, sería suspendido automáticamente como diputado, lo que podría alterar la correlación de fuerzas en el Congreso en una legislatura especialmente ajustada.

Su caso genera además una fuerte tensión interna en el PSOE, que intenta distanciarse de cualquier sospecha de corrupción mientras el proceso judicial sigue abierto.


Conclusión

José Luis Ábalos permanece en libertad, aunque con medidas cautelares y bajo la vigilancia del Tribunal Supremo. La Fiscalía admite la existencia de riesgo de fuga, pero considera que su escaño actúa como una garantía suficiente, mientras las acusaciones populares insisten en su ingreso en prisión provisional.

El exministro, que ha optado por guardar silencio en su última declaración, afronta un proceso judicial de alto impacto político y mediático, cuyo desenlace será determinante para su futuro personal y el equilibrio parlamentario actual.

 

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