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Todos los anuncios de Catalá para la ciudad de Valencia

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La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, durante el primer pleno extraordinario convocado por la actual corporación para analizar el estado de la ciudad desde que fuera elegida regidora. EFE/Manuel Bruque

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha anunciado este lunes que en 2025 el Ayuntamiento dará ayudas directas de 300 euros por hijo recién nacido y que promoverá la construcción de cerca de 5.000 viviendas, mil de ellas de protección pública.

En el primer pleno extraordinario convocado por la actual corporación para debatir el estado de la ciudad, Catalá ha anunciado asimismo que ordenarán que se corte la luz, el agua y otros suministros a las viviendas turísticas ilegales y que se bonificará un 95 % del ICIO a las comunidades de propietarios que quieran cambiar sus fachadas, por ser similares a la del edificio incendiado del barrio de Campanar el pasado 22 de febrero, donde murieron diez personas.


Potenciar la conciliación y la maternidad

Catalá ha anunciado las ayudas directas de 300 euros por hijo recién nacido para padres y madres a partir del 1 de enero de 2025, así como la inversión de 3 millones de euros en un plan de conciliación, a su juicio, la «gran asignatura pendiente de la sociedad».

El nuevo plan contempla extender la gratuidad de la educación de 0 a 3 años al mes de julio, además de subvencionar las matineras, aumentar las becas de comedor y hacer gratuitas por segundo año las escuelas de verano de los colegios municipales.


Más de mil nuevas viviendas de protección pública

Catalá ha detallado que el Ayuntamiento va a impulsar una nueva bolsa de suelo en el barrio de Benimàmet, que permitirá la construcción de más de 4.600 viviendas, de las cuales mil serán de protección pública, para dar «respuesta a la acuciante necesidad de vivienda».

También ha anunciado que se va a revisar y actualizar el Plan General de Ordenación Urbana, que data de los años 80 y ya está «obsoleto», y ha valorado que en 2025 habrá 16 PAI en diferentes estados de tramitación, que suponen la construcción de 13.966 nuevas viviendas, de las que 11.156 eran de renta libre y 2.810 de protección.


Corte de suministro para los pisos turísticos ilegales

El Ayuntamiento ordenará a las empresas suministradoras el corte de luz, agua y otros suministros a los pisos turísticos ilegales y pedirá al Consell las competencias para poder sancionarlos.

Catalá ha afirmado que quien no cumpla la ley en València «lo va a pagar caro» y ha recordado que los apartamentos turísticos ilegales podrían enfrentarse a multas de hasta 600.000 euros.


Bonificación del ICIO para cambiar fachadas como las de Campanar

La alcaldesa ha anunciado también que el Ayuntamiento de València bonificará un 95 % el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) a las comunidades de propietarios que quieran cambiar sus fachadas por tener material y características similares al edificio incendiado del barrio de Campanar.

Será obligatorio presentar una ficha de intervención operativa para obtener una licencia, lo que implicará aportar un documento con información básica del edificio para que los bomberos «a golpe de vista» puedan ver y planificar la estrategia de actuación.


València tendrá 207 nuevos policías en la calle este año

Asimismo, la alcaldesa ha anunciado que el próximo 1 de octubre se incorporarán a la plantilla de la Policía Local 57 agentes, mientras que antes de finalizar el año habrá 150 más, por lo que este año habrá 207 nuevos agentes, incrementando la plantilla de 1.906 a 2.007 policías.

«Queremos continuar con ese salto cualitativo en materia de personal», ha sostenido Catalá, advirtiendo que «no será fácil si el Gobierno no elimina la tasa de reposición». De no hacerlo, se generará «un problema muy grave en materia de personal y todo el esfuerzo hecho durante este último año se verá mermado por las jubilaciones».

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Investigan a una falsa médica por realizar tratamientos estéticos ilegales en Valencia

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Investigan a una falsa médica por realizar tratamientos estéticos ilegales en Valencia-GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil, en el marco de la operación ‘Zubar’, ha investigado a una mujer de 36 años por realizar cientos de tratamientos estéticos sin estar habilitada para ello, en distintos centros de la provincia de Valencia y, en algunos casos, en su propio domicilio.

Investigación iniciada tras una denuncia en Sueca

Tras una denuncia presentada en marzo por parte de una profesional de la rama sanitaria en la que exponía que una persona estaba realizando tratamientos con fines estéticos en una peluquería de la localidad de Sueca (Valencia), sin ningún tipo de control sanitario y no estando habilitada para ello, la Guardia Civil dio comienzo a la investigación, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Continuando con la investigación, los agentes comprobaron cómo esta persona estaba actuando en múltiples establecimientos de la provincia, donde se presentaba como doctora y realizaba numerosos tratamientos estéticos como aumento de labios y pómulos, rinomodelación o infiltraciones de toxina botulínica, entre otros. Asimismo, a través de sus redes sociales, la investigada difundía los tratamientos realizados.

Titulación en odontología pero sin autorización para medicina estética

De ese modo, los agentes localizaron los centros donde desarrollaba estas actividades y averiguaron que la supuesta doctora estaba graduada en odontología por una universidad privada. Una vez que los agentes contactaron con las autoridades sanitarias competentes en materia de estética y en competencia profesional, para solicitar información acerca de la potestad de la citada facultativa para realizar este tipo de tratamientos, se comprobó que solo están reservados en exclusividad a los médicos especialistas en medicina estética, existiendo conformidad por parte del Colegio de Médicos con el Colegio de Estomatología y Odontología.

De los testimonios recogidos por los agentes, tanto de los centros donde había desarrollado la actividad la investigada, como de varias clientas que se habían realizado tratamientos estéticos, se comprobó que esta persona había realizado cientos de tratamientos.

Más de 80 clientas y 180 tratamientos documentados

80 clientas registradas y más de 180 tratamientos

Contaba, al menos, con 80 clientas registradas en los centros, y con más de 180 tratamientos de toxina botulínica en tercio superior y ácido hialurónico, documentados y firmados por la presunta doctora. Algunas de las clientes manifestaron haberse realizado tratamientos en el propio domicilio particular de la supuesta doctora.

Igualmente, se comprobó que la mayoría de los centros, donde la supuesta doctora había realizado los tratamientos estéticos, no presentaban la licencia administrativa correspondiente, autorizada y emitida por la Conselleria de Sanidad de la Comunitat Valenciana, para ofertar y realizar estos tratamientos (Permiso U48).

Además, muchos de estos centros no disponían de ningún tipo sistema de refrigeración para mantener los productos, medios para la correcta gestión de los residuos biológicos generados, así como de las condiciones legalmente exigidas para poder ofertar dichos tratamientos.

Delitos investigados y posible riesgo para la salud pública

Por tal motivo, se procedió a investigar a la supuesta doctora, una mujer de 36 años, por un delito de intrusismo profesional, un delito contra la salud pública mediante suministración de medicamentos (toxina botulínica), así como un delito de falsedad documental.

Cabe destacar que no se ha podido constatar la legalidad y trazabilidad de los productos sanitarios suministrados, por lo que se presupone que fueron adquiridos por la supuesta doctora de una manera ilegal no siguiendo los cauces legales, tanto para su obtención como para su manipulación.

Recomendaciones de la Guardia Civil antes de someterse a tratamientos estéticos

Por ello, la Guardia Civil aconseja a los usuarios interesados en este tipo de tratamientos que, antes de realizarlos, procedan a asesorarse por profesionales cualificados, evitando de este modo poner en riesgo su salud. La mala aplicación de un tratamiento estético por parte de una persona no autorizada para ello y sin garantías de que el producto esté bien conservado, recuerda, puede llegar a costarle la vida.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Sueca y dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Sueca.

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