Sucesos
Arrestadas diez personas por más de 90 robos en chalés
Publicado
hace 8 añosen
Jun. (EUROPA PRESS) – Agentes de la Guardia Civil han detenido a diez personas por su presunta implicación en más de 90 hechos ilícitos, principalmente robos y hurtos en casas de campo, chalés y viviendas que estuvieran aisladas y desokupadas en diferentes comarcas de la provincia de Valencia, como la del Camp del Turia, Hoya de Buñol-Chiva y Ribera Alta, según ha informado el instituto armado en un comunicado.
La desarticulación se ha llevado a cabo en en denominada operación ‘Itiner’, iniciada el pasado mes de julio de 2017 por la Guardia Civil de Chiva al objeto de poder localizar y detener a los autores de estos hechos delictivos. Una parte de los detenidos supuestamente se dedicaba a okupar viviendas cercanas a los lugares de los robos para depositar lo sustraído y en las que se hacían pasar por vecinos.
Fruto de las investigaciones realizadas, se pudo comprobar que se trataba de una organización criminal «perfectamente estructurada». Una vez identificados y localizados los presuntos autores, los agentes procedieron a la detención de sus diez integrantes.
La fase de explotación de esta operación culminó el pasado 4 de junio con la detención de tres mujeres y siete hombres de edades comprendidas entre los 22 y 67 años, todos ellos de nacionalidad española, presuntamente implicados en distinto grado en robos con fuerza en las cosas, en interior de viviendas, usurpación de inmuebles, apropiación indebida, defraudación de fluido eléctrico, asociación ilícita, delito contra la seguridad colectiva por tráfico de drogas y estupefacientes (cannabis y speed) y maltrato animal.
RED «PERFECTAMENTE ORGANIZADA»
Los agentes pudieron constatar que se trataba de una organización criminal «perfectamente organizada» con una distribución de funciones «claramente establecida», que actuaba bajo la dirección del cabecilla de la organización, que daba las órdenes a los demás integrantes de la red para que cometieran los robos en interior de casas de campo, chalés y viviendas y, en ocasiones, participaba junto con ellos.
Los miembros de la organización estaban «altamente especializados» y cada uno tenía un rol definido y previamente acordado dentro de la estructura jerarquizada, dividiéndose cada uno de los participantes en ‘buscadores’, ‘usurpadores’, ‘salteadores’ y ‘vendedores’.
El ‘buscador’ era la persona que se dedicaba en exclusiva a localizar y elegir, preferentemente por toda la provincia de Valencia, domicilios vacíos ubicados en urbanizaciones con una «alta densidad» de población que reunieran las «condiciones adecuadas» para el fin que buscaba la organización.
PERROS DE RAZA PELIGROSA
Los ‘usurpadores’ eran los miembros de la organización que supuestamente okupaban los inmuebles de forma ilícita –principalmente en zonas de Chiva, Turís, Godelleta y Pobla de Vallbona–, se enganchaban ilegalmente a la luz, introducían varios perros de raza peligrosa con funciones de guarda, para dar la apariencia de ser unos «vecinos más» de la urbanización.
Allí residían de forma temporal y alterna en ellos (una media de dos o tres meses), hasta que llamaban la atención de los vecinos y las fuerzas y cuerpos de seguridad de la zona, momento en el que abandonaban la vivienda ocupada.
Previamente, según la Guardia Civil, destrozaban el mobiliario, fracturaban paredes, techos y robaban mesas, sillas o sanitarios. Además extraían el cobre de la instalación del inmueble y se llevaban los perros peligrosos.
Los ‘salteadores’ actuaban conjuntamente con varios miembros de la organización y tras obtener información, realizaban reconocimientos previos en las zonas donde tenían previsto cometer los robos para concretar las casas de campo, chalés y viviendas susceptibles de ser robadas, controlando las rutinas, hábitos y horarios de entrada y salida de los vecinos.
Aprovechaban el momento en que Estos no se encontraban en el interior para asaltar las viviendas y hacerse con objetos de valor. Los presuntos autores de los hechos llevaban a cabo un «alto número de robos» con fuerza en interior de chalés cercanos y adyacentes a la urbanización donde se ubicaban inicialmente.
El modus operandi en la mayoría de los casos consistía en saltar la valla de la casa y buscar una ventana de una cocina o comedor para forzarla y acceder al interior, principalmente por la tarde-noche, tras asegurarse de que los propietarios no se encontraban dentro.
Una vez dentro, sustraían multitud de efectos y los dejaban depositados en la vivienda oKupada ilegalmente por los usurpadores. Los ‘vendedores’, eran los miembros de la organización que daban salida a lo robado en el mercado ilegal «con gran rapidez».
NUEVAS OKUPACIONES
Una vez que los miembros de la organización abandonaban el inmueble que ocupaban ilegalmente, volvían ocupar otra vivienda desocupada en otra urbanización de diferente término municipal, para no levantar sospechas y continuaban con las sustracciones.
Los agentes han recuperado más de 150 efectos procedentes de los robos, como teléfonos móviles, tablets, televisores, ordenadores portátiles, una lavadora, play station, pequeños electrodomésticos, numerosos aparatos tecnológicos de música, audio, estética, aparatos electrónicos de música, varios cascos de moto, dos bicicletas de montaña, joyas y bisutería, sillas de bebés, material de obra, 385 euros en dinero en metálico, un juego de vajillas de 22 platos y una defensa semirrígida.
Además, se han incautado de sustancias estupefacientes –cannabis y speed–, dos básculas de precisión, numerosas herramientas mecánicas y un pasamontañas; un turismo propiedad de uno de los miembros de la organización y seis perros, cinco de ellos de raza potencialmente peligrosa, algunos de los cuales no contaban con las cartillas sanitarias ni se encontraban identificados.
Los animales fueron localizados en «pésimas» condiciones higiénico sanitarias en una de las viviendas objeto del registro domiciliario, y fueron trasladados a una protectora de animales.
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Sucesos
Caso del logopeda asesinado en Valencia: las últimas investigaciones y cuándo será el juicio
Publicado
hace 51 minutosen
21 octubre, 2026
El asesinato de Vicent D. C., el logopeda de 32 años que murió tras ser atacado en su consulta del barrio valenciano de Marxalenes el pasado 15 de junio, continúa pendiente de resolución judicial. El padre de uno de sus pacientes, David G. S., de 24 años, permanece en prisión provisional mientras la investigación trata de esclarecer las circunstancias del crimen.
Una de las principales líneas de investigación ha sido comprobar la acusación que el investigado planteó para justificar el ataque: aseguró que creyó que el profesional estaba abusando sexualmente de su hijo. Sin embargo, las pruebas conocidas públicamente no han respaldado esa versión.
A fecha de 21 de octubre de 2026, no consta una fecha oficial confirmada para la celebración del juicio.
Las pruebas que se han conocido en la investigación
Las diligencias policiales y judiciales se han centrado en reconstruir lo ocurrido en la clínica Diálogo y analizar los posibles indicios relacionados con la acusación del investigado.
Entre las informaciones publicadas durante el verano destaca el resultado de un análisis biológico realizado sobre una mancha sospechosa encontrada en la ropa interior del logopeda. Según informó Telecinco el 28 de julio, las pruebas descartaron que se tratara de semen.
Los investigadores también examinaron dispositivos electrónicos para buscar posibles indicios que permitieran comprobar la versión del padre. Las informaciones publicadas sobre estas diligencias no señalaron la existencia de material que acreditara los supuestos abusos.
Además, se difundieron detalles sobre contradicciones en el relato del investigado, incluida su referencia a unas cámaras de seguridad que no existían en la consulta.
Estos elementos forman parte de las informaciones conocidas sobre la investigación, pero la valoración definitiva de las pruebas corresponde a los tribunales.
¿Qué ocurrió en la clínica de Marxalenes?
El crimen se produjo el 15 de junio de 2026 en la consulta de logopedia donde Vicent D. C. atendía a sus pacientes en el barrio de Marxalenes, en Valencia.
El profesional murió tras sufrir un ataque con arma blanca. El padre de uno de los menores a los que atendía fue detenido después de entregarse a la Policía y explicar su participación en los hechos.
El investigado manifestó que había actuado convencido de que el logopeda estaba abusando de su hijo. Esta acusación desencadenó una de las principales líneas de comprobación de los investigadores, que buscaron indicios objetivos que permitieran esclarecer lo ocurrido.
La existencia de esa sospecha por parte del investigado no demuestra que los hechos denunciados se produjeran.
El padre del menor continúa en prisión provisional
El investigado ingresó en la prisión de Picassent el 18 de junio, después de que la jueza acordara prisión provisional, comunicada y sin fianza.
Inicialmente quedó investigado por un delito de homicidio, sin perjuicio de la calificación jurídica que pudiera establecerse posteriormente conforme avanzara el procedimiento.
El caso se tramita por la vía del Tribunal del Jurado, el mecanismo judicial previsto para juzgar determinados delitos, entre ellos el homicidio y el asesinato.
El 15 de julio se celebró una comparecencia judicial en la que las partes pudieron concretar sus posiciones y solicitar diligencias. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana confirmó posteriormente la celebración de este trámite.
¿Cuándo será el juicio por el asesinato del logopeda de Valencia?
Por el momento, no se ha publicado una fecha oficial para el juicio por la muerte de Vicent D. C.
El procedimiento debe avanzar por las fases judiciales correspondientes antes de que pueda celebrarse la vista oral. Entre las cuestiones pendientes están la conclusión de la instrucción, la decisión sobre la apertura del juicio oral y la concreción de las acusaciones.
La celebración de un juicio con jurado popular está vinculada a la vía procesal por la que se tramita el caso, pero no permite determinar por sí sola cuándo se sentará el investigado en el banquillo.
Por tanto, a fecha de 21 de octubre, no es posible precisar el día o el mes en que se celebrará el juicio.
Las claves pendientes de esclarecer
La investigación debe permitir reconstruir con precisión las circunstancias del ataque y determinar qué motivó la agresión. También será necesario establecer la calificación penal definitiva de los hechos y la responsabilidad que corresponda al acusado.
Las pruebas biológicas y el análisis de los dispositivos electrónicos han centrado parte de la atención pública, especialmente por la acusación que el investigado utilizó para explicar su actuación.
El caso continúa ahora pendiente de los siguientes pasos judiciales, mientras el investigado permanece en prisión provisional y la familia de la víctima espera que el procedimiento permita esclarecer lo sucedido.
Así era el perfil profesional de Vicent Diago Cabezas, el logopeda fallecido en València
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