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Sucesos

Arrestadas diez personas por más de 90 robos en chalés

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Jun. (EUROPA PRESS) – Agentes de la Guardia Civil han detenido a diez personas por su presunta implicación en más de 90 hechos ilícitos, principalmente robos y hurtos en casas de campo, chalés y viviendas que estuvieran aisladas y desokupadas en diferentes comarcas de la provincia de Valencia, como la del Camp del Turia, Hoya de Buñol-Chiva y Ribera Alta, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

La desarticulación se ha llevado a cabo en en denominada operación ‘Itiner’, iniciada el pasado mes de julio de 2017 por la Guardia Civil de Chiva al objeto de poder localizar y detener a los autores de estos hechos delictivos. Una parte de los detenidos supuestamente se dedicaba a okupar viviendas cercanas a los lugares de los robos para depositar lo sustraído y en las que se hacían pasar por vecinos.

Fruto de las investigaciones realizadas, se pudo comprobar que se trataba de una organización criminal «perfectamente estructurada». Una vez identificados y localizados los presuntos autores, los agentes procedieron a la detención de sus diez integrantes.

La fase de explotación de esta operación culminó el pasado 4 de junio con la detención de tres mujeres y siete hombres de edades comprendidas entre los 22 y 67 años, todos ellos de nacionalidad española, presuntamente implicados en distinto grado en robos con fuerza en las cosas, en interior de viviendas, usurpación de inmuebles, apropiación indebida, defraudación de fluido eléctrico, asociación ilícita, delito contra la seguridad colectiva por tráfico de drogas y estupefacientes (cannabis y speed) y maltrato animal.

RED «PERFECTAMENTE ORGANIZADA»
Los agentes pudieron constatar que se trataba de una organización criminal «perfectamente organizada» con una distribución de funciones «claramente establecida», que actuaba bajo la dirección del cabecilla de la organización, que daba las órdenes a los demás integrantes de la red para que cometieran los robos en interior de casas de campo, chalés y viviendas y, en ocasiones, participaba junto con ellos.

Los miembros de la organización estaban «altamente especializados» y cada uno tenía un rol definido y previamente acordado dentro de la estructura jerarquizada, dividiéndose cada uno de los participantes en ‘buscadores’, ‘usurpadores’, ‘salteadores’ y ‘vendedores’.

El ‘buscador’ era la persona que se dedicaba en exclusiva a localizar y elegir, preferentemente por toda la provincia de Valencia, domicilios vacíos ubicados en urbanizaciones con una «alta densidad» de población que reunieran las «condiciones adecuadas» para el fin que buscaba la organización.

PERROS DE RAZA PELIGROSA
Los ‘usurpadores’ eran los miembros de la organización que supuestamente okupaban los inmuebles de forma ilícita –principalmente en zonas de Chiva, Turís, Godelleta y Pobla de Vallbona–, se enganchaban ilegalmente a la luz, introducían varios perros de raza peligrosa con funciones de guarda, para dar la apariencia de ser unos «vecinos más» de la urbanización.

Allí residían de forma temporal y alterna en ellos (una media de dos o tres meses), hasta que llamaban la atención de los vecinos y las fuerzas y cuerpos de seguridad de la zona, momento en el que abandonaban la vivienda ocupada.

Previamente, según la Guardia Civil, destrozaban el mobiliario, fracturaban paredes, techos y robaban mesas, sillas o sanitarios. Además extraían el cobre de la instalación del inmueble y se llevaban los perros peligrosos.

Los ‘salteadores’ actuaban conjuntamente con varios miembros de la organización y tras obtener información, realizaban reconocimientos previos en las zonas donde tenían previsto cometer los robos para concretar las casas de campo, chalés y viviendas susceptibles de ser robadas, controlando las rutinas, hábitos y horarios de entrada y salida de los vecinos.

Aprovechaban el momento en que Estos no se encontraban en el interior para asaltar las viviendas y hacerse con objetos de valor. Los presuntos autores de los hechos llevaban a cabo un «alto número de robos» con fuerza en interior de chalés cercanos y adyacentes a la urbanización donde se ubicaban inicialmente.

El modus operandi en la mayoría de los casos consistía en saltar la valla de la casa y buscar una ventana de una cocina o comedor para forzarla y acceder al interior, principalmente por la tarde-noche, tras asegurarse de que los propietarios no se encontraban dentro.

Una vez dentro, sustraían multitud de efectos y los dejaban depositados en la vivienda oKupada ilegalmente por los usurpadores. Los ‘vendedores’, eran los miembros de la organización que daban salida a lo robado en el mercado ilegal «con gran rapidez».

NUEVAS OKUPACIONES
Una vez que los miembros de la organización abandonaban el inmueble que ocupaban ilegalmente, volvían ocupar otra vivienda desocupada en otra urbanización de diferente término municipal, para no levantar sospechas y continuaban con las sustracciones.

Los agentes han recuperado más de 150 efectos procedentes de los robos, como teléfonos móviles, tablets, televisores, ordenadores portátiles, una lavadora, play station, pequeños electrodomésticos, numerosos aparatos tecnológicos de música, audio, estética, aparatos electrónicos de música, varios cascos de moto, dos bicicletas de montaña, joyas y bisutería, sillas de bebés, material de obra, 385 euros en dinero en metálico, un juego de vajillas de 22 platos y una defensa semirrígida.

Además, se han incautado de sustancias estupefacientes –cannabis y speed–, dos básculas de precisión, numerosas herramientas mecánicas y un pasamontañas; un turismo propiedad de uno de los miembros de la organización y seis perros, cinco de ellos de raza potencialmente peligrosa, algunos de los cuales no contaban con las cartillas sanitarias ni se encontraban identificados.

Los animales fueron localizados en «pésimas» condiciones higiénico sanitarias en una de las viviendas objeto del registro domiciliario, y fueron trasladados a una protectora de animales.

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Se quedan sin boda y pierden hasta 1.200 euros: el cierre de un salón en Valencia deja 30 afectados

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El cierre inesperado de un salón de celebraciones en Sueca (Valencia) ha dejado a una treintena de clientes sin el espacio que habían contratado para sus bodas, bautizos y comuniones. Los afectados aseguran que han perdido, por el momento, las cantidades que adelantaron para reservar las instalaciones y temen no recuperar el dinero.

El establecimiento, conocido como Can Cela, tenía eventos programados para los próximos meses y también para 2027. Entre los perjudicados hay parejas que llevaban meses preparando su boda y que ahora se han visto obligadas a buscar otro lugar para celebrar el enlace.

El caso ha generado un grupo de WhatsApp en el que ya se reúnen alrededor de 30 personas afectadas. A través de este canal comparten información, contratos y experiencias para intentar encontrar una solución.

Dos parejas de Picassent habían pagado hasta 1.200 euros por su boda

Entre los afectados se encuentran dos parejas de Picassent que tenían previsto casarse en 2027. José y Adrián habían reservado Can Cela para febrero, mientras que Helena y Miguel habían elegido septiembre para celebrar su enlace.

Ambas parejas habían entregado importantes cantidades como señal para garantizar la fecha y el espacio. José y Adrián habían adelantado 1.000 euros, mientras que Helena y Miguel habían abonado 1.200 euros, una cantidad respaldada por un contrato firmado.

El cierre del salón ha dejado a las dos parejas sin el lugar que habían elegido para uno de los días más importantes de sus vidas. Además de la pérdida económica, han tenido que afrontar de forma repentina la búsqueda de un nuevo establecimiento.

En el caso de Helena y Miguel, encontrar una alternativa para septiembre de 2027 no ha sido sencillo. Muchos salones ya tenían las fechas ocupadas, aunque finalmente han conseguido otro espacio para poder celebrar la boda.

Una treintena de afectados por el cierre de Can Cela

Los problemas no afectan únicamente a parejas que tenían contratada su boda. Entre las aproximadamente 30 personas que se han organizado para reclamar también hay clientes que habían reservado el establecimiento para bautizos, comuniones y otras celebraciones familiares.

Según los testimonios de los afectados, algunos conocieron la situación a través de publicaciones en redes sociales de otros clientes, sin haber recibido previamente una comunicación directa sobre el cierre.

La preocupación se extendió y llevó a los perjudicados a crear un grupo de WhatsApp para compartir información y coordinar sus actuaciones.

Los afectados denuncian que no tienen garantías de recuperar las reservas

De acuerdo con los testimonios publicados, los responsables del establecimiento habrían alegado problemas económicos y trasladado que no pueden responsabilizarse de la situación.

Por el momento, los clientes aseguran que no cuentan con una solución concreta ni con garantías de devolución de las cantidades adelantadas. Los contratos y los justificantes de pago se han convertido en documentos fundamentales para quienes intentan recuperar su dinero.

El caso ha llegado también a la televisión nacional. El programa de RTVE ‘Directo al grano’ ha abordado la situación de varias parejas afectadas por el cierre del salón de celebraciones de Sueca.

Mientras tanto, los clientes continúan pendientes de recibir explicaciones y de saber qué ocurrirá con las reservas que ya habían pagado. Para muchos, el cierre de Can Cela no solo supone un perjuicio económico, sino también tener que reorganizar celebraciones familiares que llevaban meses preparando.

 

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