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Sucesos

Arrestadas diez personas por más de 90 robos en chalés

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Jun. (EUROPA PRESS) – Agentes de la Guardia Civil han detenido a diez personas por su presunta implicación en más de 90 hechos ilícitos, principalmente robos y hurtos en casas de campo, chalés y viviendas que estuvieran aisladas y desokupadas en diferentes comarcas de la provincia de Valencia, como la del Camp del Turia, Hoya de Buñol-Chiva y Ribera Alta, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

La desarticulación se ha llevado a cabo en en denominada operación ‘Itiner’, iniciada el pasado mes de julio de 2017 por la Guardia Civil de Chiva al objeto de poder localizar y detener a los autores de estos hechos delictivos. Una parte de los detenidos supuestamente se dedicaba a okupar viviendas cercanas a los lugares de los robos para depositar lo sustraído y en las que se hacían pasar por vecinos.

Fruto de las investigaciones realizadas, se pudo comprobar que se trataba de una organización criminal «perfectamente estructurada». Una vez identificados y localizados los presuntos autores, los agentes procedieron a la detención de sus diez integrantes.

La fase de explotación de esta operación culminó el pasado 4 de junio con la detención de tres mujeres y siete hombres de edades comprendidas entre los 22 y 67 años, todos ellos de nacionalidad española, presuntamente implicados en distinto grado en robos con fuerza en las cosas, en interior de viviendas, usurpación de inmuebles, apropiación indebida, defraudación de fluido eléctrico, asociación ilícita, delito contra la seguridad colectiva por tráfico de drogas y estupefacientes (cannabis y speed) y maltrato animal.

RED «PERFECTAMENTE ORGANIZADA»
Los agentes pudieron constatar que se trataba de una organización criminal «perfectamente organizada» con una distribución de funciones «claramente establecida», que actuaba bajo la dirección del cabecilla de la organización, que daba las órdenes a los demás integrantes de la red para que cometieran los robos en interior de casas de campo, chalés y viviendas y, en ocasiones, participaba junto con ellos.

Los miembros de la organización estaban «altamente especializados» y cada uno tenía un rol definido y previamente acordado dentro de la estructura jerarquizada, dividiéndose cada uno de los participantes en ‘buscadores’, ‘usurpadores’, ‘salteadores’ y ‘vendedores’.

El ‘buscador’ era la persona que se dedicaba en exclusiva a localizar y elegir, preferentemente por toda la provincia de Valencia, domicilios vacíos ubicados en urbanizaciones con una «alta densidad» de población que reunieran las «condiciones adecuadas» para el fin que buscaba la organización.

PERROS DE RAZA PELIGROSA
Los ‘usurpadores’ eran los miembros de la organización que supuestamente okupaban los inmuebles de forma ilícita –principalmente en zonas de Chiva, Turís, Godelleta y Pobla de Vallbona–, se enganchaban ilegalmente a la luz, introducían varios perros de raza peligrosa con funciones de guarda, para dar la apariencia de ser unos «vecinos más» de la urbanización.

Allí residían de forma temporal y alterna en ellos (una media de dos o tres meses), hasta que llamaban la atención de los vecinos y las fuerzas y cuerpos de seguridad de la zona, momento en el que abandonaban la vivienda ocupada.

Previamente, según la Guardia Civil, destrozaban el mobiliario, fracturaban paredes, techos y robaban mesas, sillas o sanitarios. Además extraían el cobre de la instalación del inmueble y se llevaban los perros peligrosos.

Los ‘salteadores’ actuaban conjuntamente con varios miembros de la organización y tras obtener información, realizaban reconocimientos previos en las zonas donde tenían previsto cometer los robos para concretar las casas de campo, chalés y viviendas susceptibles de ser robadas, controlando las rutinas, hábitos y horarios de entrada y salida de los vecinos.

Aprovechaban el momento en que Estos no se encontraban en el interior para asaltar las viviendas y hacerse con objetos de valor. Los presuntos autores de los hechos llevaban a cabo un «alto número de robos» con fuerza en interior de chalés cercanos y adyacentes a la urbanización donde se ubicaban inicialmente.

El modus operandi en la mayoría de los casos consistía en saltar la valla de la casa y buscar una ventana de una cocina o comedor para forzarla y acceder al interior, principalmente por la tarde-noche, tras asegurarse de que los propietarios no se encontraban dentro.

Una vez dentro, sustraían multitud de efectos y los dejaban depositados en la vivienda oKupada ilegalmente por los usurpadores. Los ‘vendedores’, eran los miembros de la organización que daban salida a lo robado en el mercado ilegal «con gran rapidez».

NUEVAS OKUPACIONES
Una vez que los miembros de la organización abandonaban el inmueble que ocupaban ilegalmente, volvían ocupar otra vivienda desocupada en otra urbanización de diferente término municipal, para no levantar sospechas y continuaban con las sustracciones.

Los agentes han recuperado más de 150 efectos procedentes de los robos, como teléfonos móviles, tablets, televisores, ordenadores portátiles, una lavadora, play station, pequeños electrodomésticos, numerosos aparatos tecnológicos de música, audio, estética, aparatos electrónicos de música, varios cascos de moto, dos bicicletas de montaña, joyas y bisutería, sillas de bebés, material de obra, 385 euros en dinero en metálico, un juego de vajillas de 22 platos y una defensa semirrígida.

Además, se han incautado de sustancias estupefacientes –cannabis y speed–, dos básculas de precisión, numerosas herramientas mecánicas y un pasamontañas; un turismo propiedad de uno de los miembros de la organización y seis perros, cinco de ellos de raza potencialmente peligrosa, algunos de los cuales no contaban con las cartillas sanitarias ni se encontraban identificados.

Los animales fueron localizados en «pésimas» condiciones higiénico sanitarias en una de las viviendas objeto del registro domiciliario, y fueron trasladados a una protectora de animales.

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Qué se sabe hasta ahora del anestesista de la clínica dental de Alzira

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ARCHIVO PEXELS

El caso de la clínica dental de Alzira, donde una niña de 6 años falleció tras recibir una sedación y otra menor de 4 años resultó gravemente afectada, continúa avanzando con nuevas revelaciones. La detención del anestesista y de la dueña del centro ha reactivado el interés social y judicial en un episodio que está generando un enorme impacto en la Comunidad Valenciana.


📌 Detención del anestesista: cargos y situación actual

El anestesista, un hombre de 43 años, ha sido detenido acusado de varios delitos graves:

  • Homicidio imprudente

  • Lesiones

  • Omisión del deber de socorro

  • Delitos contra la salud pública

  • Hurto de fármacos

  • Práctica irregular de sedación en un centro no autorizado

Las investigaciones apuntan a que podría haber sustraído medicamentos anestésicos de un hospital público en el que trabajaba.

Trabajaba además en varias clínicas de Valencia, Paterna, Alzira y también en centros de Teruel, lo que abre una línea de investigación sobre si pudo repetir prácticas de riesgo en otros establecimientos.


🏥 La dueña de la clínica: implicación y cargos

La dueña del centro dental también fue detenida. Tras declarar, quedó en libertad provisional, pero sigue investigada por:

  • Omisión del deber de socorro

  • Permitir sedaciones no autorizadas

  • Posibles delitos contra la salud pública

La clínica ha sido clausurada cautelarmente por la Conselleria de Sanidad debido a graves irregularidades.


⚠️ Un centro sin autorización para sedaciones intravenosas

Una de las claves más importantes del caso es que la clínica dental de Alzira no tenía permiso para realizar sedación intravenosa, sino únicamente anestesia local.

Pese a ello:

  • Se realizó sedación intravenosa a dos niñas pequeñas.

  • No había equipamiento adecuado de reanimación.

  • Tampoco contaban con supervisión anestésica reglamentaria ni autorización sanitaria para ese tipo de intervenciones.

Estas irregularidades habrían contribuido directamente al resultado fatal.

Cronología actualizada de los hechos

20 de noviembre de 2025

  • Dos niñas, de 6 y 4 años, acuden a la clínica para un tratamiento dental rutinario.

  • El anestesista administra sedación intravenosa.

  • La niña de 6 años presenta síntomas de malestar durante horas: vómitos, somnolencia, palidez y baja respuesta.

  • Permaneció en observación en la clínica más de lo habitual antes de ser trasladada.

  • Finalmente ingresa en un hospital en parada cardiorrespiratoria y fallece poco después.

La niña de 4 años

  • También presenta síntomas graves tras el procedimiento.

  • Es trasladada y permanece varios días en la UCI pediátrica.

  • Finalmente recibe el alta, aunque continúa bajo seguimiento médico.


🔎 Qué investiga la Policía y la Conselleria de Sanidad

Las autoridades centran sus diligencias en varios puntos esenciales:

Origen de los fármacos

Se sospecha que el anestesista usó medicamentos robados de un hospital donde trabajaba, algo que se investiga como hurto continuado.

Protocolos vulnerados

Se estudia si hubo:

  • Monitorización deficiente

  • Dosis inadecuadas

  • Retraso en activar los servicios de emergencia

  • Falta de consentimiento informado

Responsabilidad de la clínica

La investigación evalúa si la dueña conocía la ausencia de autorización para sedación y aun así permitió su aplicación.

Registros y pruebas

La Policía ha registrado:

  • La clínica dental

  • El domicilio del anestesista

  • El hospital donde trabajaba

  • Material anestésico y documentación sanitaria


Investigación judicial en marcha

El asunto ya está bajo instrucción judicial. El juzgado estudia:

  • Informes toxicológicos

  • Informe preliminar de autopsia

  • Historial profesional del anestesista

  • Declaraciones de empleados y testigos

  • Comunicaciones internas de la clínica

  • Peritajes sobre los fármacos empleados

Aún no se ha comunicado oficialmente la causa exacta de la muerte, pero todo apunta a una combinación de sedación indebida, reacción adversa no controlada y posible negligencia.


❗ Aspectos pendientes por aclarar

Los próximos días serán clave para resolver:

  • El resultado definitivo de la autopsia.

  • El origen real de los medicamentos.

  • Si el anestesista actuaba igual en otras clínicas.

  • El grado de implicación de la dirección del centro.

  • Posibles responsabilidades civiles y penales hacia ambas familias.


🛑 Un caso que puede cambiar la regulación sanitaria

Este suceso ha reabierto el debate sobre:

  • El control de las clínicas dentales privadas

  • La regulación de sedaciones infantiles fuera del ámbito hospitalario

  • La supervisión del uso de fármacos anestésicos

  • La formación y acreditación del personal autorizado para sedación

Expertos en salud pública y sociedades médicas advierten que este caso podría marcar un antes y un después en el uso de sedación en clínicas dentales pediátricas.

La jueza deja en libertad al anestesista de la clínica dental de Alzira tras la muerte de una niña

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