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Sucesos

Arrestadas diez personas por más de 90 robos en chalés

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Jun. (EUROPA PRESS) – Agentes de la Guardia Civil han detenido a diez personas por su presunta implicación en más de 90 hechos ilícitos, principalmente robos y hurtos en casas de campo, chalés y viviendas que estuvieran aisladas y desokupadas en diferentes comarcas de la provincia de Valencia, como la del Camp del Turia, Hoya de Buñol-Chiva y Ribera Alta, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

La desarticulación se ha llevado a cabo en en denominada operación ‘Itiner’, iniciada el pasado mes de julio de 2017 por la Guardia Civil de Chiva al objeto de poder localizar y detener a los autores de estos hechos delictivos. Una parte de los detenidos supuestamente se dedicaba a okupar viviendas cercanas a los lugares de los robos para depositar lo sustraído y en las que se hacían pasar por vecinos.

Fruto de las investigaciones realizadas, se pudo comprobar que se trataba de una organización criminal «perfectamente estructurada». Una vez identificados y localizados los presuntos autores, los agentes procedieron a la detención de sus diez integrantes.

La fase de explotación de esta operación culminó el pasado 4 de junio con la detención de tres mujeres y siete hombres de edades comprendidas entre los 22 y 67 años, todos ellos de nacionalidad española, presuntamente implicados en distinto grado en robos con fuerza en las cosas, en interior de viviendas, usurpación de inmuebles, apropiación indebida, defraudación de fluido eléctrico, asociación ilícita, delito contra la seguridad colectiva por tráfico de drogas y estupefacientes (cannabis y speed) y maltrato animal.

RED «PERFECTAMENTE ORGANIZADA»
Los agentes pudieron constatar que se trataba de una organización criminal «perfectamente organizada» con una distribución de funciones «claramente establecida», que actuaba bajo la dirección del cabecilla de la organización, que daba las órdenes a los demás integrantes de la red para que cometieran los robos en interior de casas de campo, chalés y viviendas y, en ocasiones, participaba junto con ellos.

Los miembros de la organización estaban «altamente especializados» y cada uno tenía un rol definido y previamente acordado dentro de la estructura jerarquizada, dividiéndose cada uno de los participantes en ‘buscadores’, ‘usurpadores’, ‘salteadores’ y ‘vendedores’.

El ‘buscador’ era la persona que se dedicaba en exclusiva a localizar y elegir, preferentemente por toda la provincia de Valencia, domicilios vacíos ubicados en urbanizaciones con una «alta densidad» de población que reunieran las «condiciones adecuadas» para el fin que buscaba la organización.

PERROS DE RAZA PELIGROSA
Los ‘usurpadores’ eran los miembros de la organización que supuestamente okupaban los inmuebles de forma ilícita –principalmente en zonas de Chiva, Turís, Godelleta y Pobla de Vallbona–, se enganchaban ilegalmente a la luz, introducían varios perros de raza peligrosa con funciones de guarda, para dar la apariencia de ser unos «vecinos más» de la urbanización.

Allí residían de forma temporal y alterna en ellos (una media de dos o tres meses), hasta que llamaban la atención de los vecinos y las fuerzas y cuerpos de seguridad de la zona, momento en el que abandonaban la vivienda ocupada.

Previamente, según la Guardia Civil, destrozaban el mobiliario, fracturaban paredes, techos y robaban mesas, sillas o sanitarios. Además extraían el cobre de la instalación del inmueble y se llevaban los perros peligrosos.

Los ‘salteadores’ actuaban conjuntamente con varios miembros de la organización y tras obtener información, realizaban reconocimientos previos en las zonas donde tenían previsto cometer los robos para concretar las casas de campo, chalés y viviendas susceptibles de ser robadas, controlando las rutinas, hábitos y horarios de entrada y salida de los vecinos.

Aprovechaban el momento en que Estos no se encontraban en el interior para asaltar las viviendas y hacerse con objetos de valor. Los presuntos autores de los hechos llevaban a cabo un «alto número de robos» con fuerza en interior de chalés cercanos y adyacentes a la urbanización donde se ubicaban inicialmente.

El modus operandi en la mayoría de los casos consistía en saltar la valla de la casa y buscar una ventana de una cocina o comedor para forzarla y acceder al interior, principalmente por la tarde-noche, tras asegurarse de que los propietarios no se encontraban dentro.

Una vez dentro, sustraían multitud de efectos y los dejaban depositados en la vivienda oKupada ilegalmente por los usurpadores. Los ‘vendedores’, eran los miembros de la organización que daban salida a lo robado en el mercado ilegal «con gran rapidez».

NUEVAS OKUPACIONES
Una vez que los miembros de la organización abandonaban el inmueble que ocupaban ilegalmente, volvían ocupar otra vivienda desocupada en otra urbanización de diferente término municipal, para no levantar sospechas y continuaban con las sustracciones.

Los agentes han recuperado más de 150 efectos procedentes de los robos, como teléfonos móviles, tablets, televisores, ordenadores portátiles, una lavadora, play station, pequeños electrodomésticos, numerosos aparatos tecnológicos de música, audio, estética, aparatos electrónicos de música, varios cascos de moto, dos bicicletas de montaña, joyas y bisutería, sillas de bebés, material de obra, 385 euros en dinero en metálico, un juego de vajillas de 22 platos y una defensa semirrígida.

Además, se han incautado de sustancias estupefacientes –cannabis y speed–, dos básculas de precisión, numerosas herramientas mecánicas y un pasamontañas; un turismo propiedad de uno de los miembros de la organización y seis perros, cinco de ellos de raza potencialmente peligrosa, algunos de los cuales no contaban con las cartillas sanitarias ni se encontraban identificados.

Los animales fueron localizados en «pésimas» condiciones higiénico sanitarias en una de las viviendas objeto del registro domiciliario, y fueron trasladados a una protectora de animales.

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Sucesos

17 años y 9 meses de cárcel para el hermano de Antonio Anglés por secuestrar y torturar a un hombre en Valencia

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hermano antonio angles
Un furgón y un coche patrulla de la Guardia Civil. EFE/Manuel Bruque/Archivo

La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a 17 años y 9 meses de prisión a Mauricio Anglés, hermano de Antonio Anglés, por participar en el secuestro y tortura de un hombre en noviembre de 2021. El condenado, que hace años cambió su identidad, deberá cumplir la pena por los delitos de detención ilegal, lesiones, amenazas, robo con violencia y daños.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia considera acreditada su participación en unos hechos en los que la víctima fue retenida durante varias horas, golpeada y amenazada para exigirle el pago de 200.000 euros.

Junto a Mauricio Anglés han sido condenados otros cinco hombres, con penas similares. El tribunal considera que las pruebas aportadas durante el juicio fueron «plurales, objetivas e idóneas» para desvirtuar la presunción de inocencia.

El secuestro se produjo en Valencia en noviembre de 2021

Los hechos ocurrieron el 29 de noviembre de 2021, después de varios días de seguimientos a la víctima y de preparativos.

Según recoge la sentencia, los condenados se coordinaron con otras personas no identificadas para capturar al hombre y reclamarle una importante cantidad de dinero.

Los implicados prepararon dos furgonetas y esperaron a la víctima en el Camí Canyada de Roquet. Cuando pasó por la zona, bloquearon su vehículo colocando una furgoneta delante y otra detrás.

Varias personas con ropa oscura, pasamontañas y guantes bajaron de los vehículos y le apuntaron con armas de fuego para obligarle a salir de su coche.

Uno de los integrantes rompió una de las ventanillas y sacó a la víctima por la fuerza. A continuación, varios de los asaltantes comenzaron a golpearle por todo el cuerpo.

Lo trasladaron a una nave de Catarroja

Los agresores introdujeron al hombre en una de las furgonetas, donde lo esposaron, y se desplazaron hasta Catarroja, a una nave que en la investigación aparece identificada como una «cuadra».

La víctima permaneció durante horas dentro del vehículo, herida y engrilletada. Los condenados le quitaron la ropa y sus pertenencias y comenzaron a exigirle 200.000 euros a cambio de su libertad.

Ante la respuesta de la víctima, que aseguraba no disponer de esa cantidad, los secuestradores fueron reduciendo progresivamente el dinero que reclamaban.

Golpes, amenazas y torturas para exigirle dinero

Durante las horas que permaneció retenido, la víctima fue sometida a una violencia extrema.

Según la sentencia, los agresores le golpearon de forma continuada y utilizaron cadenas para azotarle. También le amenazaron con hacer daño a su mujer y a su hijo, al que sabían que llevaba a un colegio privado.

Los secuestradores llegaron a amenazarle con cortarle un dedo. Con unas tenazas le provocaron un corte en un dedo y otro en una oreja, además de clavarle una navaja en uno de los muslos.

La víctima insistía en que no tenía los 200.000 euros reclamados, aunque explicó que podía entregarles 2.000 euros en efectivo que tenía en su domicilio.

Los agresores continuaron golpeándole y amenazándole hasta provocarle un estado de semiinconsciencia. Según recoge la resolución judicial, fue quemado con brasas y le arrojaron un líquido sobre el cuerpo para comprobar si reaccionaba.

Los secuestradores abandonaron a la víctima en Paiporta

Finalmente, los condenados llegaron a la conclusión de que no conseguirían obtener el dinero que buscaban.

La víctima fue liberada y trasladada en la furgoneta hasta Paiporta, donde fue abandonada alrededor de las 22.00 horas.

Los móviles y las cámaras fueron claves para identificar a los acusados

La Audiencia Provincial de Valencia ha destacado el peso de las pruebas tecnológicas utilizadas durante la investigación.

Entre ellas se encuentran los datos obtenidos de teléfonos móviles, las grabaciones de cámaras de seguridad y los registros de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Los investigadores pudieron relacionar los teléfonos atribuidos a los acusados con los movimientos realizados durante los días previos y el día del secuestro.

La sentencia también destaca el histórico de geolocalización de una de las furgonetas utilizadas y las imágenes de diferentes cámaras de seguridad.

La defensa de Mauricio Anglés negó su participación

Durante el juicio, Mauricio Anglés negó los hechos y sostuvo que la tarde del secuestro había estado en una bolera y posteriormente en una discoteca.

El tribunal, sin embargo, considera que el conjunto de las pruebas practicadas permite acreditar la participación de los condenados.

La Audiencia también señala que los acusados mantenían algún tipo de relación entre ellos y con determinados vehículos que fueron utilizados para realizar seguimientos a la víctima.

La sentencia añade que varios de los condenados también tuvieron relación con una cuadra que reunía características compatibles con el lugar utilizado durante el secuestro, tanto por su ubicación como por sus accesos.

17 años y 9 meses de prisión

Mauricio Anglés ha sido condenado finalmente a 17 años y 9 meses de cárcel por los delitos de detención ilegal, lesiones, amenazas, robo con violencia y daños.

El condenado es uno de los hermanos de Antonio Anglés, señalado como uno de los principales sospechosos por el triple crimen de Alcàsser y desaparecido desde 1993.

La condena dictada ahora por la Audiencia Provincial de Valencia corresponde a unos hechos ocurridos casi tres décadas después del caso Alcàsser y está relacionada exclusivamente con el secuestro cometido en noviembre de 2021.

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