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Sucesos

Arrestadas diez personas por más de 90 robos en chalés

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Jun. (EUROPA PRESS) – Agentes de la Guardia Civil han detenido a diez personas por su presunta implicación en más de 90 hechos ilícitos, principalmente robos y hurtos en casas de campo, chalés y viviendas que estuvieran aisladas y desokupadas en diferentes comarcas de la provincia de Valencia, como la del Camp del Turia, Hoya de Buñol-Chiva y Ribera Alta, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

La desarticulación se ha llevado a cabo en en denominada operación ‘Itiner’, iniciada el pasado mes de julio de 2017 por la Guardia Civil de Chiva al objeto de poder localizar y detener a los autores de estos hechos delictivos. Una parte de los detenidos supuestamente se dedicaba a okupar viviendas cercanas a los lugares de los robos para depositar lo sustraído y en las que se hacían pasar por vecinos.

Fruto de las investigaciones realizadas, se pudo comprobar que se trataba de una organización criminal «perfectamente estructurada». Una vez identificados y localizados los presuntos autores, los agentes procedieron a la detención de sus diez integrantes.

La fase de explotación de esta operación culminó el pasado 4 de junio con la detención de tres mujeres y siete hombres de edades comprendidas entre los 22 y 67 años, todos ellos de nacionalidad española, presuntamente implicados en distinto grado en robos con fuerza en las cosas, en interior de viviendas, usurpación de inmuebles, apropiación indebida, defraudación de fluido eléctrico, asociación ilícita, delito contra la seguridad colectiva por tráfico de drogas y estupefacientes (cannabis y speed) y maltrato animal.

RED «PERFECTAMENTE ORGANIZADA»
Los agentes pudieron constatar que se trataba de una organización criminal «perfectamente organizada» con una distribución de funciones «claramente establecida», que actuaba bajo la dirección del cabecilla de la organización, que daba las órdenes a los demás integrantes de la red para que cometieran los robos en interior de casas de campo, chalés y viviendas y, en ocasiones, participaba junto con ellos.

Los miembros de la organización estaban «altamente especializados» y cada uno tenía un rol definido y previamente acordado dentro de la estructura jerarquizada, dividiéndose cada uno de los participantes en ‘buscadores’, ‘usurpadores’, ‘salteadores’ y ‘vendedores’.

El ‘buscador’ era la persona que se dedicaba en exclusiva a localizar y elegir, preferentemente por toda la provincia de Valencia, domicilios vacíos ubicados en urbanizaciones con una «alta densidad» de población que reunieran las «condiciones adecuadas» para el fin que buscaba la organización.

PERROS DE RAZA PELIGROSA
Los ‘usurpadores’ eran los miembros de la organización que supuestamente okupaban los inmuebles de forma ilícita –principalmente en zonas de Chiva, Turís, Godelleta y Pobla de Vallbona–, se enganchaban ilegalmente a la luz, introducían varios perros de raza peligrosa con funciones de guarda, para dar la apariencia de ser unos «vecinos más» de la urbanización.

Allí residían de forma temporal y alterna en ellos (una media de dos o tres meses), hasta que llamaban la atención de los vecinos y las fuerzas y cuerpos de seguridad de la zona, momento en el que abandonaban la vivienda ocupada.

Previamente, según la Guardia Civil, destrozaban el mobiliario, fracturaban paredes, techos y robaban mesas, sillas o sanitarios. Además extraían el cobre de la instalación del inmueble y se llevaban los perros peligrosos.

Los ‘salteadores’ actuaban conjuntamente con varios miembros de la organización y tras obtener información, realizaban reconocimientos previos en las zonas donde tenían previsto cometer los robos para concretar las casas de campo, chalés y viviendas susceptibles de ser robadas, controlando las rutinas, hábitos y horarios de entrada y salida de los vecinos.

Aprovechaban el momento en que Estos no se encontraban en el interior para asaltar las viviendas y hacerse con objetos de valor. Los presuntos autores de los hechos llevaban a cabo un «alto número de robos» con fuerza en interior de chalés cercanos y adyacentes a la urbanización donde se ubicaban inicialmente.

El modus operandi en la mayoría de los casos consistía en saltar la valla de la casa y buscar una ventana de una cocina o comedor para forzarla y acceder al interior, principalmente por la tarde-noche, tras asegurarse de que los propietarios no se encontraban dentro.

Una vez dentro, sustraían multitud de efectos y los dejaban depositados en la vivienda oKupada ilegalmente por los usurpadores. Los ‘vendedores’, eran los miembros de la organización que daban salida a lo robado en el mercado ilegal «con gran rapidez».

NUEVAS OKUPACIONES
Una vez que los miembros de la organización abandonaban el inmueble que ocupaban ilegalmente, volvían ocupar otra vivienda desocupada en otra urbanización de diferente término municipal, para no levantar sospechas y continuaban con las sustracciones.

Los agentes han recuperado más de 150 efectos procedentes de los robos, como teléfonos móviles, tablets, televisores, ordenadores portátiles, una lavadora, play station, pequeños electrodomésticos, numerosos aparatos tecnológicos de música, audio, estética, aparatos electrónicos de música, varios cascos de moto, dos bicicletas de montaña, joyas y bisutería, sillas de bebés, material de obra, 385 euros en dinero en metálico, un juego de vajillas de 22 platos y una defensa semirrígida.

Además, se han incautado de sustancias estupefacientes –cannabis y speed–, dos básculas de precisión, numerosas herramientas mecánicas y un pasamontañas; un turismo propiedad de uno de los miembros de la organización y seis perros, cinco de ellos de raza potencialmente peligrosa, algunos de los cuales no contaban con las cartillas sanitarias ni se encontraban identificados.

Los animales fueron localizados en «pésimas» condiciones higiénico sanitarias en una de las viviendas objeto del registro domiciliario, y fueron trasladados a una protectora de animales.

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Desahucian a Daniel, físico de la Universitat de València: «Quiero vivir tranquilo y hacer valer mis derechos»

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El desahucio de Daniel González Iglesias, físico e investigador de la Universitat de València (UV), se ha ejecutado este jueves por la mañana después de diez años de litigios para intentar evitarlo. «No tengo ganas de más follones, quiero intentar vivir tranquilo y está siendo muy difícil hacer valer mis derechos», ha manifestado el investigador en un audio facilitado a los medios.

El lanzamiento estaba previsto inicialmente para las 9.30 horas, pero la Policía Nacional ha acudido a la vivienda alrededor de las seis de la mañana con un dispositivo de ocho furgones. Ante la llegada de los agentes, Daniel decidió colaborar, se identificó y abandonó el inmueble.

El investigador ha explicado que estaba durmiendo cuando comenzó a escuchar ruido en la calle y vio el despliegue policial. La situación le provocó síntomas de ansiedad, precisamente el escenario que había querido evitar. Según el Sindicat d’Habitatge de València, Daniel tuvo que acudir a un centro de salud tras sufrir un cuadro de ansiedad.

Diez años de conflicto por una vivienda en Valencia

Daniel llegó al piso en 2009 como estudiante, mediante un alquiler compartido de 594 euros. Con el paso del tiempo se quedó solo en la vivienda y, durante la crisis económica, el entonces propietario incorporó anexos que redujeron el alquiler a 350 euros.

Posteriormente, se firmó un nuevo acuerdo que contemplaba una opción de compra por 71.000 euros y el derecho de tanteo y retracto, según relató el investigador anteriormente a Europa Press TV.

Tres años después, la empresa propietaria entró en concurso de acreedores y Daniel comenzó a consignar los pagos del alquiler en los juzgados. En 2017, la vivienda salió a subasta pública y fue adquirida por Caixabank a través de la sociedad participada Coral Homes S.L., que posteriormente presentó una demanda contra el investigador por ocupación ilegal.

Según la cronología expuesta por Daniel, en 2018 el administrador concursal le comunicó que dejara de ingresar las rentas en el juzgado. En 2020 inició un procedimiento de jurisdicción voluntaria y trató de volver a pagar, pero no pudo realizar los abonos al no disponer de la cuenta bancaria del arrendador.

La vivienda se vendió en 2025 y la última sentencia ordenó el desalojo

La propiedad volvió a denunciar al investigador en 2023. En 2025, el inmueble fue vendido a una propietaria particular por un importe superior a los 71.000 euros contemplados en la opción de compra, según la información facilitada sobre el caso.

Después de resoluciones anteriores favorables a Daniel, la última demanda concluyó con una condena al desalojo y al pago de 35.620,88 euros en concepto de rentas vencidas. La cantidad corresponde a las diferencias reclamadas entre los importes del alquiler, según la explicación difundida por el sindicato.

El Sindicat d’Habitatge de València sostiene que durante el procedimiento se han vulnerado los derechos del investigador y cuestiona que el lanzamiento se haya ejecutado mientras, según denuncia, existen medidas legales de protección para determinados inquilinos. Estas afirmaciones forman parte de la posición de la organización.

Dos recursos judiciales siguen en marcha

El portavoz del Sindicat d’Habitatge de València, Esteban Arellano, ha asegurado que el procedimiento no ha terminado y que mantienen dos vías judiciales abiertas: un recurso de queja para elevar el asunto al Tribunal Supremo y otro de reposición.

La organización sostiene que no se han respetado los diez días hábiles que, a su juicio, Daniel debía tener para intentar que los recursos llegaran a su último recorrido posible. También defiende que el contrato de alquiler y la opción de compra debían haber sido tenidos en cuenta.

El sindicato ha criticado, además, que el dispositivo policial se adelantara varias horas respecto al horario inicialmente previsto. Según Arellano, no se convocó una concentración para intentar frenar el lanzamiento porque el propio Daniel no quería exponer a otras personas a un posible enfrentamiento con los agentes.

El sindicato denuncia la crisis de vivienda

El Sindicat d’Habitatge considera que el caso refleja las dificultades de acceso y permanencia en una vivienda y denuncia que los procedimientos judiciales prolongados pueden dejar a los inquilinos en una situación de especial vulnerabilidad.

«Por mucho que el procedimiento judicial siga adelante, el resultado es que llaman a ocho furgones de policía, llegan a las seis de la mañana a tu casa, te echan y, por mucho que tengas la razón y ganes el juicio, ya has perdido la casa», ha resumido Arellano.

Mientras continúan los recursos anunciados por la organización, Daniel se enfrenta a una nueva etapa tras abandonar la vivienda en la que había residido durante años. Su deseo, según ha expresado, es poder vivir tranquilo y hacer valer sus derechos.

 

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