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Así está establecido el plan de vacunación en España: quiénes, cuándo y con qué vacuna
Publicado
hace 5 añosen
Madrid, 10 feb (EFE).- La llegada de la vacuna de AstraZeneca, la tercera autorizada en la UE, y su indicación particular de no inyectarla en mayores de 55 años ha obligado a tener que hacer cambios en la estrategia de vacunación para definir nuevos grupos diana y reajustar el orden de priorización.
Así consta en la tercera actualización del documento que amplía a dos las líneas de actuación a seguir en la campaña de vacunación contra la covid-19: la marcada por los fármacos de ARN mensajero -Pfizer y Moderna- y la de AstraZeneca, que utiliza un virus vector que es una versión atenuada de un adenovirus de chimpancé.
PFIZER Y MODERNA
Las dos primeras son las que se han venido utilizando en la primera fase que arrancó el pasado 27 de diciembre con los primeros grupos diana de los 15 que recoge la estrategia; el proceso en este colectivo está en una fase muy avanzada y el plan recomienda seguir administrando las vacunas de Pfizer y Moderna a los que falten:
– GRUPO 1: Usuarios de residencias y sus trabajadores.
– GRUPO 2: Sanitarios y sociosanitarios de primera línea.
– GRUPO 3A: Otro personal sanitario y sociosanitario, en este caso, trabajadores que, aun no siendo de primera línea, tienen un nivel de exposición alto: trabajadores de ámbito hospitalario y de atención primaria y del ámbito de la odontología, higiene dental y otro personal sanitario que atiende a pacientes sin mascarilla más de 15 minutos.
– GRUPO 5: Mayores de 80 años. Para ellos se han reservado las vacunas de ARN mensajero con el objetivo de haber podido inmunizar con ellas al 80 % de esta población para finales de marzo.
La idea inicial, antes de que se impusiera el corte de edad a la vacuna de AstraZeneca, era que el siguiente grupo prioritario fueran los mayores de 70 años; ahora, como resalta la actualización, «a medida que se vaya disponiendo de vacunas se incluirán otros grupos etarios comenzando por las personas entre 70 y 79 años».
Por cuestiones «organizativas y de factibilidad, podrá solaparse» la vacunación de los grupos 3A, 4 y 5.
ASTRAZENECA
El último de los medicamentos contra la covid llegado a nuestro país está recomendado en personas de entre 18 y 55 años con una pauta de dos dosis separadas entre 10 y 12 semanas. Quedan excluidas aquellas con inmunodepresión grave (incluyendo cáncer en tratamiento quimioterápico), enfermedad cardiovascular no controlada y enfermedad hepática, renal, metabólica/endocrina o neurológica graves.
De esta forma, estas personas y las nacidas en 1965 o antes «se vacunarán más adelante cuando les corresponda por grupo de edad y/o condición de riesgo» con la vacuna más indicada en función de la disponibilidad y la nueva evidencia disponible.
Ante la llegada de las primeras dosis se ha optado por dedicarlas a otros sanitarios en activo comprendidos en el Grupo 3B y los trabajadores esenciales enumerados en el Grupo 6 de la estrategia.
En ninguno de los dos casos el documento aclara el fármaco que se administrará a los trabajadores de entre 55 y 65 años:
– GRUPO 3B: Personal de los servicios de salud pública implicados en la gestión y respuesta a la pandemia que no se haya vacunado en el grupo 2.
En el mismo grupo está el personal sanitario y sociosanitario no vacunado con anterioridad, incluyendo servicios de inspección, medicina legal y forense, servicios de ayuda a domicilio, centros de menores y centros de día o equivalentes.
Y también fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales, personal de oficinas de farmacia, protésicos dentales, logopedas y personal de psicología clínica, así como trabajadores de instituciones penitenciarias.
– GRUPO 4: Grandes dependientes de hasta 55 años.
– GRUPO 6: Colectivos en activo con una función esencial para la sociedad y que divide en tres subgrupos:
6A: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Emergencias y Fuerzas Armadas. Incluye Guardia Civil, Policía Nacional, Autonómica y Local, Bomberos, técnicos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, profesionales de Protección civil, Emergencias y Fuerzas Armadas.
6B: Docentes y personal de educación infantil y necesidades educativas especiales, incluyendo tanto docentes como otros profesionales que atienden al alumnado.
6C: Docentes y personal de educación primaria y secundaria.
CON CUALQUIERA DE LAS TRES
– GRUPO 4: Grandes dependientes no institucionalizados. Este grupo será inmunizado con vacunas de ARN mensajero o con AstraZeneca «en función de la edad de la persona y de la factibilidad».
En este colectivo de grandes dependientes, la actualización publicada incluye como novedad a los que han solicitado el reconocimiento y a los que no lo hayan hecho aún pero esté «médicamente acreditado por tener enfermedades que requieran intensas medidas de apoyo para desarrollar su vida», estén o no institucionalizados.
Las personas que son remuneradas por atenderles en sus hogares «se vacunarán en la misma visita» si no lo han hecho antes.
¿Y QUIENES HAN PASADO LA COVID?
Ya en la anterior actualización, los miembros del Grupo de Trabajo Técnico de Vacunación COVID-19 propusieron que el personal sanitario y sociosanitario de menos de 55 años que hubieran estado contagiados se vacunaran a los seis meses de haber sido diagnosticados.
Ahora, los expertos, que desaconsejan realizar pruebas serológicas antes de la vacunación, extienden esta recomendación a los trabajadores de los grupos esenciales.
Para las personas con más de 55 años o con factores de riesgo, «se actuará igual que en aquellas sin antecedentes de COVID-19».
El motivo es que «la gran mayoría de las personas infectadas por SARS-CoV-2 producen anticuerpos neutralizantes, además de estimular la inducción de respuesta de células T».
Asimismo, el número de casos con reinfección documentada «es muy bajo en los 6 meses posteriores al diagnóstico de infección», si bien «aún no está claro en qué porcentaje están protegidos los que padecieron la infección por SARS-CoV-2 y por cuanto tiempo», recuerda.
Publicado
hace 6 horasen
8 diciembre, 2025
El Consejo de Ministros aprobará este martes el cese de Antonio Hernández, hasta ahora director del Departamento de Coordinación Política en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, después de la gestión interna del caso Salazar, donde dos militantes socialistas denunciaron presunto acoso sexual por parte del exasesor Paco Salazar, colaborador estrecho del Gobierno en análisis electoral.
Moncloa asegura que el cese se toma “con contundencia” tras conocer los hechos denunciados y que la decisión ha sido compartida con Hernández, quien habría admitido que su continuidad en el cargo “no era sostenible” desde el momento en el que estalló el escándalo.
La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha decidido también apartarlo de la Ejecutiva del PSOE de Andalucía, donde ejercía como responsable de la Secretaría de Datos.
Hernández desempeñaba uno de los cargos más estratégicos dentro del núcleo presidencial: el director de Coordinación Política del Gabinete de Moncloa, encargado de asesoramiento, apoyo y refuerzo del programa político del Gobierno, según el Portal de Transparencia.
Formado como técnico especialista en Publicidad, ha trabajado en Presidencia del Gobierno, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla, y era una figura de confianza dentro de los equipos de análisis electoral.
Su vinculación con Paco Salazar —exmilitante socialista y asesor político— ha sido determinante en la decisión política. Varias trabajadoras que denunciaron internamente el comportamiento de Salazar mencionaron a Hernández como presunto “cómplice” o “encubridor”, extremos que él niega, aunque asegura que se aparta por responsabilidad y para proteger al Gobierno.
El cese no llega en un clima político sencillo. La militancia y cargos intermedios del PSOE critican la tardanza en la gestión de las denuncias internas, algo que ya ha reconocido públicamente el partido. El comunicado enviado el viernes a las federaciones admitía que “no se estuvo a la altura” con las denunciantes.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se refirió por primera vez al caso durante los actos del Día de la Constitución, asumiendo personalmente la responsabilidad por el retraso y reconociendo que no había hablado con las denunciantes en meses.
El malestar interno crece ahora en torno a la pregunta clave: ¿debe el PSOE llevar el caso a la Fiscalía o deben hacerlo exclusivamente las denunciantes?
Sánchez defiende que la decisión pertenece únicamente a las víctimas. Si presentan denuncia formal ante la Fiscalía, asegura que recibirán todo el apoyo jurídico, institucional y personal del partido.
Sin embargo, otras voces dentro del Gobierno y del partido consideran que el PSOE debería llevar el caso por iniciativa propia, sin esperar a las mujeres denunciantes. El mensaje no es uniforme: mientras la dirección se alinea con Sánchez, algunos altos cargos reclaman una posición más proactiva.
Desde el Ejecutivo admiten errores:
“El caso se ha gestionado muy mal. No hemos acompañado correctamente y no se puede tardar tanto tiempo. Ha faltado diligencia”.
Una alta fuente de Moncloa es aún más explícita:
“No hemos estado encima y no lo entiendo. La reunión telemática con las responsables de Igualdad no ha servido. Persisten división y ruido interno”.
La exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, ahora presidenta del Consejo de Estado, apuntó este fin de semana en una entrevista a la existencia de “liderazgos testosterónicos e hiper-masculinizados” dentro de la política cuando se le preguntó por los escándalos que afectan al PSOE.
Calvo recuerda que ella misma trasladó al partido anteriormente denuncias sobre comportamientos machistas, lo que aumenta el debate interno sobre los protocolos y la cultura política en torno a igualdad, denunciantes y gestión de casos sensibles.
El miércoles se celebrará la última sesión de control del año, con polémica añadida: el Gobierno ha informado que siete ministros no estarán disponibles para ser preguntados, entre ellos:
María Jesús Montero, señalada por haber blindado o protegido a Salazar en Ferraz y Moncloa
Pilar Alegría, que fue fotografiada en noviembre comiendo con Salazar cuando este ya había sido denunciado
Para el Partido Popular, las ausencias no están justificadas y su portavoz en el Congreso, Esther Muñoz, reclama un cambio reglamentario para evitar que los ministros puedan esquivar preguntas clave en una situación de crisis política.
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