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Así está establecido el plan de vacunación en España: quiénes, cuándo y con qué vacuna

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Madrid, 10 feb (EFE).- La llegada de la vacuna de AstraZeneca, la tercera autorizada en la UE, y su indicación particular de no inyectarla en mayores de 55 años ha obligado a tener que hacer cambios en la estrategia de vacunación para definir nuevos grupos diana y reajustar el orden de priorización.

Porque esta estrategia ideada por los expertos del Grupo de Trabajo Técnico de Vacunación COVID-19 de la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones «es un documento vivo y se va modificando a medida que se van autorizando diferentes vacunas, se va ampliando el conocimiento y el contexto de la pandemia va cambiando».

Así consta en la tercera actualización del documento que amplía a dos las líneas de actuación a seguir en la campaña de vacunación contra la covid-19: la marcada por los fármacos de ARN mensajero -Pfizer y Moderna- y la de AstraZeneca, que utiliza un virus vector que es una versión atenuada de un adenovirus de chimpancé.

PFIZER Y MODERNA

Las dos primeras son las que se han venido utilizando en la primera fase que arrancó el pasado 27 de diciembre con los primeros grupos diana de los 15 que recoge la estrategia; el proceso en este colectivo está en una fase muy avanzada y el plan recomienda seguir administrando las vacunas de Pfizer y Moderna a los que falten:

– GRUPO 1: Usuarios de residencias y sus trabajadores.

– GRUPO 2: Sanitarios y sociosanitarios de primera línea.

– GRUPO 3A: Otro personal sanitario y sociosanitario, en este caso, trabajadores que, aun no siendo de primera línea, tienen un nivel de exposición alto: trabajadores de ámbito hospitalario y de atención primaria y del ámbito de la odontología, higiene dental y otro personal sanitario que atiende a pacientes sin mascarilla más de 15 minutos.

– GRUPO 5: Mayores de 80 años. Para ellos se han reservado las vacunas de ARN mensajero con el objetivo de haber podido inmunizar con ellas al 80 % de esta población para finales de marzo.

La idea inicial, antes de que se impusiera el corte de edad a la vacuna de AstraZeneca, era que el siguiente grupo prioritario fueran los mayores de 70 años; ahora, como resalta la actualización, «a medida que se vaya disponiendo de vacunas se incluirán otros grupos etarios comenzando por las personas entre 70 y 79 años».

Por cuestiones «organizativas y de factibilidad, podrá solaparse» la vacunación de los grupos 3A, 4 y 5.

ASTRAZENECA

El último de los medicamentos contra la covid llegado a nuestro país está recomendado en personas de entre 18 y 55 años con una pauta de dos dosis separadas entre 10 y 12 semanas. Quedan excluidas aquellas con inmunodepresión grave (incluyendo cáncer en tratamiento quimioterápico), enfermedad cardiovascular no controlada y enfermedad hepática, renal, metabólica/endocrina o neurológica graves.

De esta forma, estas personas y las nacidas en 1965 o antes «se vacunarán más adelante cuando les corresponda por grupo de edad y/o condición de riesgo» con la vacuna más indicada en función de la disponibilidad y la nueva evidencia disponible.

Ante la llegada de las primeras dosis se ha optado por dedicarlas a otros sanitarios en activo comprendidos en el Grupo 3B y los trabajadores esenciales enumerados en el Grupo 6 de la estrategia.

En ninguno de los dos casos el documento aclara el fármaco que se administrará a los trabajadores de entre 55 y 65 años:

– GRUPO 3B: Personal de los servicios de salud pública implicados en la gestión y respuesta a la pandemia que no se haya vacunado en el grupo 2.

En el mismo grupo está el personal sanitario y sociosanitario no vacunado con anterioridad, incluyendo servicios de inspección, medicina legal y forense, servicios de ayuda a domicilio, centros de menores y centros de día o equivalentes.

Y también fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales, personal de oficinas de farmacia, protésicos dentales, logopedas y personal de psicología clínica, así como trabajadores de instituciones penitenciarias.

– GRUPO 4: Grandes dependientes de hasta 55 años.

– GRUPO 6: Colectivos en activo con una función esencial para la sociedad y que divide en tres subgrupos:

6A: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Emergencias y Fuerzas Armadas. Incluye Guardia Civil, Policía Nacional, Autonómica y Local, Bomberos, técnicos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, profesionales de Protección civil, Emergencias y Fuerzas Armadas.

6B: Docentes y personal de educación infantil y necesidades educativas especiales, incluyendo tanto docentes como otros profesionales que atienden al alumnado.

6C: Docentes y personal de educación primaria y secundaria.

CON CUALQUIERA DE LAS TRES

– GRUPO 4: Grandes dependientes no institucionalizados. Este grupo será inmunizado con vacunas de ARN mensajero o con AstraZeneca «en función de la edad de la persona y de la factibilidad».

En este colectivo de grandes dependientes, la actualización publicada incluye como novedad a los que han solicitado el reconocimiento y a los que no lo hayan hecho aún pero esté «médicamente acreditado por tener enfermedades que requieran intensas medidas de apoyo para desarrollar su vida», estén o no institucionalizados.

Las personas que son remuneradas por atenderles en sus hogares «se vacunarán en la misma visita» si no lo han hecho antes.

¿Y QUIENES HAN PASADO LA COVID?

Ya en la anterior actualización, los miembros del Grupo de Trabajo Técnico de Vacunación COVID-19 propusieron que el personal sanitario y sociosanitario de menos de 55 años que hubieran estado contagiados se vacunaran a los seis meses de haber sido diagnosticados.

Ahora, los expertos, que desaconsejan realizar pruebas serológicas antes de la vacunación, extienden esta recomendación a los trabajadores de los grupos esenciales.

Para las personas con más de 55 años o con factores de riesgo, «se actuará igual que en aquellas sin antecedentes de COVID-19».

El motivo es que «la gran mayoría de las personas infectadas por SARS-CoV-2 producen anticuerpos neutralizantes, además de estimular la inducción de respuesta de células T».

Asimismo, el número de casos con reinfección documentada «es muy bajo en los 6 meses posteriores al diagnóstico de infección», si bien «aún no está claro en qué porcentaje están protegidos los que padecieron la infección por SARS-CoV-2 y por cuanto tiempo», recuerda.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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