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Así está establecido el plan de vacunación en España: quiénes, cuándo y con qué vacuna

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Madrid, 10 feb (EFE).- La llegada de la vacuna de AstraZeneca, la tercera autorizada en la UE, y su indicación particular de no inyectarla en mayores de 55 años ha obligado a tener que hacer cambios en la estrategia de vacunación para definir nuevos grupos diana y reajustar el orden de priorización.

Porque esta estrategia ideada por los expertos del Grupo de Trabajo Técnico de Vacunación COVID-19 de la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones «es un documento vivo y se va modificando a medida que se van autorizando diferentes vacunas, se va ampliando el conocimiento y el contexto de la pandemia va cambiando».

Así consta en la tercera actualización del documento que amplía a dos las líneas de actuación a seguir en la campaña de vacunación contra la covid-19: la marcada por los fármacos de ARN mensajero -Pfizer y Moderna- y la de AstraZeneca, que utiliza un virus vector que es una versión atenuada de un adenovirus de chimpancé.

PFIZER Y MODERNA

Las dos primeras son las que se han venido utilizando en la primera fase que arrancó el pasado 27 de diciembre con los primeros grupos diana de los 15 que recoge la estrategia; el proceso en este colectivo está en una fase muy avanzada y el plan recomienda seguir administrando las vacunas de Pfizer y Moderna a los que falten:

– GRUPO 1: Usuarios de residencias y sus trabajadores.

– GRUPO 2: Sanitarios y sociosanitarios de primera línea.

– GRUPO 3A: Otro personal sanitario y sociosanitario, en este caso, trabajadores que, aun no siendo de primera línea, tienen un nivel de exposición alto: trabajadores de ámbito hospitalario y de atención primaria y del ámbito de la odontología, higiene dental y otro personal sanitario que atiende a pacientes sin mascarilla más de 15 minutos.

– GRUPO 5: Mayores de 80 años. Para ellos se han reservado las vacunas de ARN mensajero con el objetivo de haber podido inmunizar con ellas al 80 % de esta población para finales de marzo.

La idea inicial, antes de que se impusiera el corte de edad a la vacuna de AstraZeneca, era que el siguiente grupo prioritario fueran los mayores de 70 años; ahora, como resalta la actualización, «a medida que se vaya disponiendo de vacunas se incluirán otros grupos etarios comenzando por las personas entre 70 y 79 años».

Por cuestiones «organizativas y de factibilidad, podrá solaparse» la vacunación de los grupos 3A, 4 y 5.

ASTRAZENECA

El último de los medicamentos contra la covid llegado a nuestro país está recomendado en personas de entre 18 y 55 años con una pauta de dos dosis separadas entre 10 y 12 semanas. Quedan excluidas aquellas con inmunodepresión grave (incluyendo cáncer en tratamiento quimioterápico), enfermedad cardiovascular no controlada y enfermedad hepática, renal, metabólica/endocrina o neurológica graves.

De esta forma, estas personas y las nacidas en 1965 o antes «se vacunarán más adelante cuando les corresponda por grupo de edad y/o condición de riesgo» con la vacuna más indicada en función de la disponibilidad y la nueva evidencia disponible.

Ante la llegada de las primeras dosis se ha optado por dedicarlas a otros sanitarios en activo comprendidos en el Grupo 3B y los trabajadores esenciales enumerados en el Grupo 6 de la estrategia.

En ninguno de los dos casos el documento aclara el fármaco que se administrará a los trabajadores de entre 55 y 65 años:

– GRUPO 3B: Personal de los servicios de salud pública implicados en la gestión y respuesta a la pandemia que no se haya vacunado en el grupo 2.

En el mismo grupo está el personal sanitario y sociosanitario no vacunado con anterioridad, incluyendo servicios de inspección, medicina legal y forense, servicios de ayuda a domicilio, centros de menores y centros de día o equivalentes.

Y también fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales, personal de oficinas de farmacia, protésicos dentales, logopedas y personal de psicología clínica, así como trabajadores de instituciones penitenciarias.

– GRUPO 4: Grandes dependientes de hasta 55 años.

– GRUPO 6: Colectivos en activo con una función esencial para la sociedad y que divide en tres subgrupos:

6A: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Emergencias y Fuerzas Armadas. Incluye Guardia Civil, Policía Nacional, Autonómica y Local, Bomberos, técnicos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, profesionales de Protección civil, Emergencias y Fuerzas Armadas.

6B: Docentes y personal de educación infantil y necesidades educativas especiales, incluyendo tanto docentes como otros profesionales que atienden al alumnado.

6C: Docentes y personal de educación primaria y secundaria.

CON CUALQUIERA DE LAS TRES

– GRUPO 4: Grandes dependientes no institucionalizados. Este grupo será inmunizado con vacunas de ARN mensajero o con AstraZeneca «en función de la edad de la persona y de la factibilidad».

En este colectivo de grandes dependientes, la actualización publicada incluye como novedad a los que han solicitado el reconocimiento y a los que no lo hayan hecho aún pero esté «médicamente acreditado por tener enfermedades que requieran intensas medidas de apoyo para desarrollar su vida», estén o no institucionalizados.

Las personas que son remuneradas por atenderles en sus hogares «se vacunarán en la misma visita» si no lo han hecho antes.

¿Y QUIENES HAN PASADO LA COVID?

Ya en la anterior actualización, los miembros del Grupo de Trabajo Técnico de Vacunación COVID-19 propusieron que el personal sanitario y sociosanitario de menos de 55 años que hubieran estado contagiados se vacunaran a los seis meses de haber sido diagnosticados.

Ahora, los expertos, que desaconsejan realizar pruebas serológicas antes de la vacunación, extienden esta recomendación a los trabajadores de los grupos esenciales.

Para las personas con más de 55 años o con factores de riesgo, «se actuará igual que en aquellas sin antecedentes de COVID-19».

El motivo es que «la gran mayoría de las personas infectadas por SARS-CoV-2 producen anticuerpos neutralizantes, además de estimular la inducción de respuesta de células T».

Asimismo, el número de casos con reinfección documentada «es muy bajo en los 6 meses posteriores al diagnóstico de infección», si bien «aún no está claro en qué porcentaje están protegidos los que padecieron la infección por SARS-CoV-2 y por cuanto tiempo», recuerda.

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El Gobierno aprobará este martes papeles en cinco meses para miles de inmigrantes irregulares

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REGULARIZACIÓN INMIGRANTES
EFE/ Morell/Archivo

El Gobierno aprobará este martes 27 de enero en el Consejo de Ministros una regularización extraordinaria de migrantes mediante real decreto, tras alcanzar un acuerdo entre el PSOE y Podemos. La medida, confirmada por fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, no necesitará la convalidación del Congreso de los Diputados al tratarse de un decreto ley.

El Ejecutivo justifica esta regularización con el objetivo de garantizar derechos y ofrecer seguridad jurídica a una realidad social ya existente en España, donde cientos de miles de personas viven en situación administrativa irregular.

A quién afectará la regularización extraordinaria de migrantes

La regularización extraordinaria estará dirigida a extranjeros que ya se encuentren en España y que puedan acreditar su residencia en el país antes del 31 de diciembre de 2025. Además, los solicitantes deberán demostrar al menos cinco meses de estancia en territorio español mediante documentación como:

  • Certificado de empadronamiento

  • Informes médicos

  • Envíos de dinero

  • Billetes de transporte u otros justificantes

Con la presentación de la solicitud, los beneficiarios obtendrán una autorización provisional de residencia que permitirá trabajar de forma legal y acceder a servicios básicos como la sanidad.

Más de medio millón de migrantes podrían beneficiarse

Según datos de Funcas, en España residían unas 840.000 personas en situación irregular a 1 de enero de 2025. Con el nuevo decreto, alrededor del 60% de este colectivo podría regularizar su situación administrativa, lo que supondría más de medio millón de beneficiarios.

Además, la regularización permitirá suspender procedimientos de retorno o expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso mientras se tramita la solicitud.

Antecedentes: la ILP y el apoyo ciudadano

La medida retoma el mandato de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) RegularizaciónYa, respaldada por más de 700.000 firmas. La toma en consideración de esta iniciativa fue aprobada en 2024 por todos los grupos parlamentarios salvo Vox, aunque el texto ha permanecido bloqueado en el Congreso.

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha sido una de las principales impulsoras del acuerdo, que desveló durante un acto en Madrid. Montero subrayó que la regularización es necesaria para garantizar derechos, combatir la exclusión social y frenar la explotación laboral.

Contexto político del pacto entre PSOE y Podemos

El acuerdo con Podemos se enmarca en la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para reforzar la mayoría parlamentaria y reactivar la agenda legislativa. Esta concesión se suma a otros pactos con socios como ERC o PNV, dentro de una estrategia para consolidar el bloque de gobernabilidad.

Desde Podemos consideran que mantener a cientos de miles de personas en la irregularidad favorece la economía sumergida, la explotación laboral y el auge de discursos racistas, por lo que defienden la regularización como una herramienta de cohesión social.

Plazos y proceso de solicitud

Los migrantes que cumplan los requisitos podrán acogerse a la regularización hasta el próximo 30 de junio. Durante el proceso, se concederá una autorización provisional de residencia, que permitirá trabajar y acceder a servicios básicos mientras se resuelve la situación administrativa definitiva.

Impacto en la política migratoria española

Expertos y think tanks como Funcas han señalado la falta de planificación estructural en la política migratoria española, sin una estrategia clara sobre el volumen y perfil de inmigración. Esta regularización extraordinaria podría suponer un punto de inflexión en la gestión migratoria y en el reconocimiento de derechos a un amplio colectivo de personas que ya forman parte del tejido social y laboral del país.

La aprobación del decreto marcará uno de los movimientos más relevantes del Gobierno en materia migratoria en los últimos años, con implicaciones sociales, económicas y políticas de gran alcance.

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