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Así ha afectado la pandemia a las listas de espera para operarse en la Comunidad Valenciana

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Más de cinco meses (157 días) ha de esperar de media un paciente valenciano para ser operado en los hospitales de la Comunitat. Son 10 días más que en julio y 60 si se retrocede al mes de marzo, fecha en la que comenzó el confinamiento por la pandemia del COVID-19. En total, casi 61.700 valencianos están en la lista de espera para poder pasar por el quirófano.

Los datos, publicados por la Conselleria de Sanidad en su página web, reflejan que en València el departamento de salud con la demora media más alta el del Hospital General, con 203 días, mientras que la cifra más baja la presenta el Doctor Peset, con 100.

Por especialidades y en cuanto a tiempo de espera, la cirugía pediátrica es la que tiene la demora más amplia, 225 días de media, seguida por la cirugía plástica, donde la espera es de 221 días, y la cirugía torácica, con 210 días.

En cambio, las listas de espera más pobladas se encuentran en la especialidad de cirugía ortopédica/traumatológica, con 19.357 personas pendientes de una intervención; oftalmología, con 12.392 pacientes en lista, y cirugía general, con 10.750 personas.

Por patologías, la operación que tiene la mayor lista de espera es la de cataratas, con 9.724 pacientes y una media de demora de 114 días. Le sigue la intervención de hernia inguinal, con 3.094 pacientes y 108 días de espera. En la lista de intervenciones de prótesis de rodilla hay 2.898 pacientes, con una media de espera de 180 días; esperan una artroscopia 2.434 pacientes con una demora media de 166 días, y una prótesis de cadera 1.337 personas con una demora de 153 días.

A estas patologías se le suman en orden en la lista los que aguardan una operación de juanetes, 2004 personas, que han de esperar de media 153 días; 1.257 de colecistectomía, con 95 días de espera; 1.118 de adenoamigdalectomia, con 195 días; 695 esperan ser operados de una hipertrofia benigna de próstata, con una demora de 138 días; y 599 de fimosis, con una espera media de 123 días.

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El BOE publica las normas para acreditar los diplomas de Lengua de Signos Española

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El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes la normativa que regula el primer sistema oficial de acreditación de la Lengua de Signos Española (LSE), una medida clave para avanzar en inclusión y accesibilidad en España.

Entra en vigor el sistema de diplomas de Lengua de Signos Española

El nuevo marco legal, recogido en el Real Decreto 262/2026, establece los Diplomas de Lengua de Signos Española (DLSE), cuyo objetivo principal es mejorar el acceso al empleo público y reconocer oficialmente la competencia en esta lengua.

La normativa entrará en vigor a finales de abril, concretamente veinte días después de su publicación en el BOE.

Un paso clave para la inclusión y la igualdad

Esta iniciativa supone un avance significativo para las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, al facilitar su integración social y laboral.

El decreto se enmarca dentro de la Ley 27/2007, que reconoce las lenguas de signos españolas y establece su marco normativo.

Además, permitirá equiparar estos diplomas a otros sistemas oficiales de certificación lingüística, como los de idiomas extranjeros.

Niveles oficiales de acreditación: de A1 a C2

El sistema contempla seis niveles de competencia lingüística, siguiendo estándares europeos:

  • A1 y A2 (nivel básico)
  • B1 y B2 (nivel intermedio)
  • C1 y C2 (nivel avanzado)

Este modelo permitirá evaluar de forma objetiva el dominio de la Lengua de Signos Española, tanto para fines profesionales como académicos.

Primer sistema nacional con validez en toda España

Hasta ahora, no existía un sistema estatal unificado para acreditar la Lengua de Signos Española. Con esta medida, cualquier persona —sorda, sordociega u oyente— podrá obtener un título oficial válido en todo el territorio nacional.

Los diplomas servirán como mérito en procesos de empleo público, así como en ámbitos educativos y profesionales.

Organismos responsables del sistema

El Real Patronato sobre Discapacidad será el encargado de organizar las pruebas y gestionar los diplomas, bajo la dirección académica del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española.

Estas evaluaciones se diseñarán conforme a criterios europeos, garantizando objetividad, fiabilidad y accesibilidad.

Un impulso a los derechos lingüísticos

Desde el Ministerio de Derechos Sociales, liderado por Pablo Bustinduy, destacan que este decreto refuerza el compromiso del Gobierno con la igualdad de oportunidades, la inclusión social y los derechos lingüísticos de las personas con discapacidad.

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