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Aumenta la demanda de antidepresivos desde el inicio de la pandemia

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Madrid, 17 dic (EFE).- La demanda de productos antidepresivos en las farmacias ha mostrado una tendencia al alza desde el inicio de la pandemia y también durante la segunda ola del coronavirus.

Así se refleja en el tercer análisis Tendencias Cofares, que analiza la evolución de los productos sanitarios en las farmacias en la segunda ola de la COVID-19, entre el 1 de septiembre y el 30 de noviembre.

Este aumento de consumo de antidepresivos, valora el informe, puede estar asociado a la necesidad de paliar la «fatiga pandémica» que, según la OMS, es una respuesta natural y esperada ante una crisis de salud pública prolongada, como la vivida en 2020.

En el periodo de marzo a noviembre de este año, la demanda de fármacos antidepresivos aumentó un 4,8 por ciento respecto al mismo periodo de 2019, pero si se analiza de septiembre a noviembre, el incremento se acerca al 6 por ciento.

«La situación emocional durante la pandemia ha puesto luz a mucho sufrimiento psíquico y ha provocado estrés por la incertidumbre, el cambio, la adaptación a una situación nueva, el teletrabajo, la conciliación, etc.», afirma Marta del Prado, psicóloga sanitaria y forense.

Esta psicóloga añade: «Todo este sufrimiento se ha ido sosteniendo con los recursos psíquicos que cada uno de nosotros tiene. Sin embargo, estos recursos son insuficientes después de tantos meses».

Tendencias Cofares ha analizado también la demanda de productos de salud indicados para «calmar el sistema nervioso», como valerianas o somníferos.

Aquí el aumento de la demanda en farmacia es del 23,3 % de marzo a noviembre de 2020 respecto a 2019. Este aumento ha descendido en la segunda ola, entre septiembre y noviembre, ya que se sitúa en el 8,5 % respecto al mismo periodo del año anterior.

En la segunda ola del coronavirus, se ha registrado una disminución en la demanda de antibióticos con respecto a 2019, que el informe explica por tres motivos.

Una menor prescripción médica como resultado de una menor asistencia a los centros de salud; una mayor concienciación social sobre el consumo racional de antibióticos; y las medidas de protección COVID (mascarillas, lavado de manos y distancia interpersonal), que pueden haber influido en una menor propagación de otras infecciones bacterianas respiratorias.

El consumo de antibióticos ha decrecido entre septiembre y noviembre de 2020 un 27,8 % con respecto al año anterior.

La demanda de productos probióticos también ha disminuido al mismo ritmo, con una caída del 33,4 por ciento.

Los suplementos vitamínicos, que aumentaron un 34,5 % entre el 15 de marzo y el 14 de abril de 2020, se han mantenido al alza en la segunda ola con una subida del 8,4 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

Desde el inicio de la vuelta a los colegios en España hasta finales de noviembre, se ha registrado un incremento muy significativo de productos de protección infantiles frente a la COVID-19 de cerca de siete veces más en comparación con 2019, refleja este informe.

Este aumento se concreta especialmente en las mascarillas infantiles, con un incremento en el periodo septiembre-noviembre del 672,6 por ciento respecto a 2019.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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