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AVACU alerta sobre las ‘ofertas’ de los coleccionables e insta a los consumidores a informarse bien de su precio final

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coleccionables

VALÈNCIA, 29 Ago.- La Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (Avacu) ha alertado a los ciudadanos sobre las ofertas «que pueden no ser tan ventajosas» de los coleccionables por entregas, que regresan a los quioscos en septiembre, y ha aconsejado que los consumidores se informen sobre el número total de entregas y del precio final.

La entidad ha explicado que, con el final de las vacaciones de verano, regresan los coleccionables por entregas, en los que multitud de productos se adueñan de los quioscos con «interesantes ofertas de lanzamiento que, en ocasiones, esconden ofertas que pueden no ser tan ventajosas», ha señalado Avacu en un comunicado.

En este contexto, ha aconsejado a los interesados que se informen de si «realmente les resulta beneficioso» y tengan en cuenta todo lo relacionado con este tipo de colecciones, ya que ha alertado que el primer fascículo y los dos o tres siguientes «suelen tener precios especiales de lanzamiento, pero los posteriores se encarecen significativamente».

Por ello, ha recomendado conocer el número total de entregas y el precio de estas para «valorar el precio de la colección completa y estudiar si merece la pena».

Además, ha destacado la importancia de la periodicidad de las entregas y el tiempo que va a costar completarla, ya que «para una colección de periodicidad semanal podríamos tardar más de un año en acabarla» y en la mayoría de coleccionables no se indica el número total de entregas, por lo que el consumidor deberá dirigirse a la propia editorial o a la página web de la misma.

En la misma línea, ha advertido que, en algunos casos, la colección se completa con extras como expositores, maletines o piezas especiales, que tienen un precio mayor al de los fascículos normales, con lo que el coste total de las entregas puede verse incrementado.

También ha señalado que en algunas colecciones los editores pueden modificar alguno de los elementos de la colección por otro de similares características e interés y ha recomendado al usuario que analice si puede resultar más económico adquirir la colección completa directamente en cualquier otro establecimiento y no por entregas.

Fuente: EUROPA PRESS

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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