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Avalancha en Armenia: Un español muerto y ocho heridos

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Avalancha Armenia españoles
El monte Aragats de Armenia

David Sala Tubert, vecino de Sant Joan de les Abadesses (Ripollès), ha fallecido este martes en una avalancha de nieve en Armenia. El accidente se produjo mientras ascendía el volcán extinto Aragats, de más de 4.000 metros de altura, junto a otros ocho excursionistas, entre ellos tres bomberos del parque de la Seu d’Urgell.

Un miembro de la expedición resultó ileso, mientras que cinco de los montañeros sufrieron heridas de diversa consideración.

Bomberos catalanes entre los heridos

Entre los afectados, dos pertenecen al Grup d’Actuacions Especials (GRAE) de la Generalitat y el tercero es un bombero voluntario de Montferrer i Castellbò. El alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, ha detallado que dos de los heridos están graves debido a fracturas y síntomas de hipotermia, aunque se encuentran fuera de peligro. Los otros tres presentan heridas leves.

Rescate con helicópteros en Armenia

El grupo, en su mayoría miembros de la Unión Excursionista Urgellenca, llevaba varios días en Armenia para ascender al pico Aragats. El accidente ocurrió la mañana del martes y, tras recibir el aviso a las 12:26 (hora española), las autoridades armenias desplegaron helicópteros de rescate.

El alcalde de la Seu d’Urgell ha asegurado que los heridos fueron evacuados en helicóptero y actualmente se recuperan en un hospital armenio. Las familias han sido informadas y cuentan con apoyo municipal.

Reacción de las autoridades

La consellera de Interior, Núria Parlon, ha informado en la red X que está haciendo seguimiento del accidente y ha confirmado la presencia de tres bomberos catalanes entre los heridos. También ha agradecido la labor de los equipos de rescate armenios.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores, encabezado por José Manuel Albares, ha activado los protocolos de asistencia y evacuación. «Las autoridades armenias han desplegado helicópteros, servicios médicos y equipos de rescate», ha detallado el ministro.

Apoyo institucional a las familias

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha expresado su «apoyo y calor a los familiares y amigos» de los alpinistas catalanes durante un acto institucional.

La tragedia ha conmocionado a la comunidad montañera catalana, que lamenta la pérdida de un experimentado alpinista en esta expedición.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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