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Sánchez hace balance del año político

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balance político de Pedro Sánchez

El jefe del Gobierno analizará la actual situación política y económica, y expondrá sus expectativas de futuro.

Comparecencia tras el Consejo de Ministros

Pedro Sánchez comparece este lunes ante los medios de comunicación para hacer balance de la legislatura tras una semana que ha evidenciado las dificultades del Ejecutivo en su mandato. Como es habitual, Sánchez presentará el nivel de cumplimiento de los compromisos del Gobierno, ofrecerá datos actualizados, analizará la situación política y económica, y planteará sus expectativas de futuro.

La comparecencia se produce después de presidir el último Consejo de Ministros del año y tras días en los que se han puesto de manifiesto las dificultades del Gobierno para sacar adelante sus iniciativas debido a la falta de cohesión entre sus socios de investidura.

Éxitos legislativos en un contexto de desafíos

A pesar de las dificultades, Sánchez subrayará que se han aprobado 25 leyes que reflejan la capacidad de acuerdo del Ejecutivo. Según fuentes del Ejecutivo, España afronta el final del año con estabilidad política y económica, aprobando reformas clave y con un reconocimiento internacional a su gestión económica.

Presupuestos y retos legislativos

Uno de los principales retos del Gobierno sigue siendo la negociación de los presupuestos generales para 2025. La falta de apoyo de algunos socios, como el PNV y Junts, quedó reflejada esta semana en la votación para prorrogar el impuesto a las energéticas. Ante esta situación, el Consejo de Ministros aprobará un real decreto ley para extender ese gravamen y aumentar el impuesto al diésel, aunque su viabilidad en el Congreso es incierta.

Compromisos con Podemos y medidas sociales

En paralelo, el Gobierno ha acordado con Podemos la aprobación de un real decreto que prorrogará durante un año medidas del escudo social, como la suspensión de desahucios a colectivos vulnerables y la extensión de las ayudas al transporte durante seis meses más. A cambio, Podemos respaldó la ley de eficiencia de la Justicia, permitiendo al PSOE salvar el veto del Senado.

Tensiones con Junts y la cuestión de confianza

El clima político se complica con la proposición no de ley presentada por Junts, que exige a Sánchez plantear una cuestión de confianza. La Mesa del Congreso aplazó esta semana la decisión de tramitar o no esa iniciativa, mientras el líder de Junts, Carles Puigdemont, advirtió que bloquear su tramitación podría colapsar la legislatura.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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