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Bruselas ve a Pfizer como «la columna vertebral» de la vacunación en la UE

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Bruselas, 15 abr (EFE).- La Comisión Europea considera a la farmacéutica Pfizer-BioNTech y sus dosis de ARN mensajero contra el Sars-CoV-2 como «la columna vertebral» de la vacunación en Europa, pero subraya que no ha renunciado a los fármacos a partir del adenovirus del resfriado común como los de AstraZeneca o Janssen.

«Por el momento, es la columna vertebral de la vacunación en Europa», dijo este jueves en una rueda de prensa el portavoz jefe de la Comisión Europea, Eric Mamer, a propósito del consorcio formado entre la multinacional estadounidense Pfizer y el laboratorio alemán BioNTech.

Ayer, miércoles, la CE anunció que Pfizer adelantará al segundo trimestre y empezará a entregar este mismo mes de abril 25 millones de vacunas (50 millones de dosis) que la farmacéutica tenía previsto entregar a la UE en el último tramo del año.

El anuncio corrió a cargo de la propia presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, quien hoy recibió la primera dosis de una vacuna sin precisar y quien ayer alabó el compromiso, la fiabilidad y la reactividad de Pfizer-BioNTech en su trato con la UE y confirmó que Bruselas negociará con ellos la compra de 1.800 millones de dosis para 2022 y 2023, suficientes para el doble de la población de 447 millones de personas de la UE.

«No significa que no consideremos otros contratos con otras compañías usando otras tecnologías. Esto sigue abierto. Mientras tanto, es muy importante que las compañías entreguen las dosis firmadas», dijo el portavoz de Salud de la Comisión, Stefan de Keersmaecker, preguntado sobre si Bruselas lo fía todo al ARN mensajero.

La apuesta por esa vacuna y ese fabricante se produce después de que la estadounidense Johnson & Johnson (Janssen) haya paralizado sus entregas a Europa mientras se aclara la relación entre unos pocos casos de trombos y el fármaco, suspendido también en EEUU, un problema similar al del fármaco de AstraZeneca, que además de incumplir con las entregas también ha generado dudas con su vacuna.

La Agencia Europea del Medicamento (EMA), que está volviendo a revisar el fármaco de Janssen, que ya había aprobado, considera la vacuna de AstraZeneca segura para todos los grupos de edad. Pero cada Estado miembro aplica sus propias limitaciones, reservándola por lo general a personas mayores de 55 años, mientras que Dinamarca ha renunciado a utilizarla.

De las cuatro vacunas aprobadas por la EMA, la de Pfizer y la de Moderna están desarrolladas a partir de ARN mensajero, una tecnología de vanguardia basada en ácidos ribonucleicos mensajeros (ARNm) que permite inyectar en el cuerpo las instrucciones o moléculas que inducen a las células a producir determinadas proteínas.

La UE tiene contratadas 300 millones de vacunas de Pfizer (600 millones de dosis) y 230 millones de vacunas de Moderna (460 millones de dosis).

Las vacunas de AstraZeneca y Jannsen, en cambio, se basan en el virus del resfriado común modificado (adenovirus) del chimpancé y de los humanos, respectivamente.

La Comisión tiene precompradas 200 millones de vacunas de AstraZeneca (400 millones de dosis) y 400 millones de Jenssen (400 millones de dosis, ya que precisa una única inyección).

Además, y aunque aún no han sido aprobadas por la EMA o los fármacos están aún en desarrollo, la CE tiene precompradas 300 millones de dosis del consorcio franco-británico Sanofi-GSK (basadas en subunidades de proteínas), así como 405 millones de dosis de la biotecnológica alemana Curevac (ARNm).

Y negocia con la estadounidense Novavax (nanopartículas de proteína recombinante) y con la francesa Valneva (partículas inactivadas del virus de la Covid-19).

«Los acontecimientos de los últimos meses» muestran que Pfizer tiene «una vacuna que es efectiva desde el punto de vista de la seguridad y también desde la producción y distribución», por lo que es «natural» que de cara al futuro la Comisión empiece por «mirar esa tecnología y lanzar una negociación con esa compañía», dijo el portavoz jefe de la Comisión preguntado si la CE ha renunciado a vacunas con tecnología que no sean de ARN mensajero.

«No tiene implicación con posibles futuros contratos», zanjó.

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El Gobierno aprobará este martes papeles en cinco meses para miles de inmigrantes irregulares

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REGULARIZACIÓN INMIGRANTES
EFE/ Morell/Archivo

El Gobierno aprobará este martes 27 de enero en el Consejo de Ministros una regularización extraordinaria de migrantes mediante real decreto, tras alcanzar un acuerdo entre el PSOE y Podemos. La medida, confirmada por fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, no necesitará la convalidación del Congreso de los Diputados al tratarse de un decreto ley.

El Ejecutivo justifica esta regularización con el objetivo de garantizar derechos y ofrecer seguridad jurídica a una realidad social ya existente en España, donde cientos de miles de personas viven en situación administrativa irregular.

A quién afectará la regularización extraordinaria de migrantes

La regularización extraordinaria estará dirigida a extranjeros que ya se encuentren en España y que puedan acreditar su residencia en el país antes del 31 de diciembre de 2025. Además, los solicitantes deberán demostrar al menos cinco meses de estancia en territorio español mediante documentación como:

  • Certificado de empadronamiento

  • Informes médicos

  • Envíos de dinero

  • Billetes de transporte u otros justificantes

Con la presentación de la solicitud, los beneficiarios obtendrán una autorización provisional de residencia que permitirá trabajar de forma legal y acceder a servicios básicos como la sanidad.

Más de medio millón de migrantes podrían beneficiarse

Según datos de Funcas, en España residían unas 840.000 personas en situación irregular a 1 de enero de 2025. Con el nuevo decreto, alrededor del 60% de este colectivo podría regularizar su situación administrativa, lo que supondría más de medio millón de beneficiarios.

Además, la regularización permitirá suspender procedimientos de retorno o expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso mientras se tramita la solicitud.

Antecedentes: la ILP y el apoyo ciudadano

La medida retoma el mandato de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) RegularizaciónYa, respaldada por más de 700.000 firmas. La toma en consideración de esta iniciativa fue aprobada en 2024 por todos los grupos parlamentarios salvo Vox, aunque el texto ha permanecido bloqueado en el Congreso.

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha sido una de las principales impulsoras del acuerdo, que desveló durante un acto en Madrid. Montero subrayó que la regularización es necesaria para garantizar derechos, combatir la exclusión social y frenar la explotación laboral.

Contexto político del pacto entre PSOE y Podemos

El acuerdo con Podemos se enmarca en la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para reforzar la mayoría parlamentaria y reactivar la agenda legislativa. Esta concesión se suma a otros pactos con socios como ERC o PNV, dentro de una estrategia para consolidar el bloque de gobernabilidad.

Desde Podemos consideran que mantener a cientos de miles de personas en la irregularidad favorece la economía sumergida, la explotación laboral y el auge de discursos racistas, por lo que defienden la regularización como una herramienta de cohesión social.

Plazos y proceso de solicitud

Los migrantes que cumplan los requisitos podrán acogerse a la regularización hasta el próximo 30 de junio. Durante el proceso, se concederá una autorización provisional de residencia, que permitirá trabajar y acceder a servicios básicos mientras se resuelve la situación administrativa definitiva.

Impacto en la política migratoria española

Expertos y think tanks como Funcas han señalado la falta de planificación estructural en la política migratoria española, sin una estrategia clara sobre el volumen y perfil de inmigración. Esta regularización extraordinaria podría suponer un punto de inflexión en la gestión migratoria y en el reconocimiento de derechos a un amplio colectivo de personas que ya forman parte del tejido social y laboral del país.

La aprobación del decreto marcará uno de los movimientos más relevantes del Gobierno en materia migratoria en los últimos años, con implicaciones sociales, económicas y políticas de gran alcance.

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