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Valencia

Cada día mueren 11 personas en la Comunitat Valenciana esperando las ayudas a la Dependencia

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Protesta de personas dependientes en València. EFE/Archivo Juan Carlos Cárdenas
Madrid/València, 15 dic (EFE).- Un total de 4.111 personas han fallecido en un año en la Comunidad Valenciana, lo que equivale a 11 al día, sin ver resuelta su petición de recibir las ayudas contempladas en la Ley de Dependencia, aunque es la autonomía donde más han aumentado las personas beneficiarias en los últimos años.

De esas 4.111 personas, 1.885 fallecieron mientras se encontraban en el denominado «limbo burocrático» de la dependencia y las otras 2.226 fallecieron mientras se encontraban pendientes de valoración.

En España, cada día mueren 130 personas en el «laberinto burocrático» del sistema de la dependencia, esperando a recibir la respuesta de las administraciones, que tardan una media de 430 días.

Cuando se cumplen 15 años de la aplicación de la ley de Dependencia, la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales urge al Gobierno y a las comunidades a acometer reformas que agilicen y simplifiquen los trámites que tienen «abandonados sin atenciones» a 423.265 personas que esperan un procedimiento.

A lo largo de 2021 han fallecido 43.381 personas en las listas de espera de la dependencia (26.212 dependientes con derecho a recibir prestación y 17.169 pendientes de resolución de grado).

Según los datos oficiales publicados por el Imserso a 30 de noviembre, analizados por el Observatorio de la Dependencia de esta organización, el Ministerio de Derechos Sociales y los gobiernos autonómicos no conseguirán el objetivo del plan de choque de reducir en 60.000 la lista de espera, que ha logrado reducir en 26.278 personas (11,3 %) este año.

Sí han aumentado las personas beneficiarias de prestaciones y servicios en 87.701 (7,2 %).

Las comunidades con mayor número de personas pendientes de recibir prestación, son Cataluña (31,8 %), La Rioja (31,2 %) y Canarias (27,5 %); y las que menos, Castilla y León (0,15 %), Ceuta (3,3 %) y Navarra (4,1 %).

Aragón y Asturias han sido las que en mayor porcentaje han reducido su lista de espera un 36,7 % y 33,7 %, respectivamente.

A pesar del incremento presupuestario para la ley, Canarias (24,2 %), Murcia (14,1 %), La Rioja (12,5 %) y Cataluña (5,5 %) han aumentado la lista de espera en este año.

Respecto a las personas beneficiarias que reciben prestaciones, las regiones que más han aumentado han sido la Comunidad Valenciana (14,38 %), Asturias (14,24 %) y la Comunidad de Madrid (13,59 %).

Por el contrario, en el País Vasco ni siquiera se ha mantenido la tasa de reposición, disminuyendo el número de personas beneficiarias, y en Cantabria, el número personas con derecho se redujo en lo que va de año en un 11,5%, señala esta evaluación.

«Estos datos parecen indicar que el sistema de la dependencia se reactiva, pero ha sido en gran medida por servicios de bajo coste dirigidos a las personas dependientes con menor grado de dependencia», ha explicado el presidente del Observatorio, José Manuel Ramírez.

«Ya se han recuperado los recortes del 2012 y se han incrementado los presupuestos, pero hay que recortar procedimientos para evitar el sufrimiento y desatención de las personas en situación de dependencia; cada 11 minutos en España fallece una persona en el laberinto burocrático de la Ley y que, desgraciadamente, a las 43.381 personas que fallecieron este año, el plan de choque no les llegó a tiempo», ha lamentado.

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Valencia

El ‘basurazo’ en València y l’Horta genera polémica: ciudadanos y ayuntamientos en pie de guerra

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Tasa basura Valencia

La puesta en marcha de la nueva tasa de basuras, conocida popularmente como el «basurazo», ha generado tensiones y protestas en València y en el área metropolitana de l’Horta debido a su impacto en la gestión de residuos y en las economías familiares.

¿Qué es el «basurazo»?

El término «basurazo» se utiliza para referirse a la nueva tasa de residuos que deben aplicar los ayuntamientos en España para cumplir con la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Esta normativa obliga a los municipios a establecer una tasa específica, no deficitaria, que cubra íntegramente el coste de la recogida y transporte de los residuos sólidos urbanos hasta las plantas de tratamiento.

En València, la tasa empezó a notificarse a partir del 1 de abril de 2026 a más de 440.000 viviendas, comunidades y locales, y su coste será calculado según parámetros como el consumo de agua anual, considerado un indicador indirecto de generación de residuos.

¿Por qué genera conflictos?

1. Carga económica directa a los ciudadanos

Con la entrada en vigor de esta nueva tasa, quien genera residuos debe asumir el coste real del servicio, algo que hasta ahora en muchos casos se financiaba con otros impuestos o por parte de los ayuntamientos.

En València, los recibos que ya se están empezando a emitir se consideran por algunos ciudadanos y partidos como un «impuesto excesivo», ya que se calcula en función de parámetros indirectos como el consumo de agua y no siempre guarda relación con la cantidad real de residuos generados.

2. Diferencias entre municipios

No existe un criterio único para calcular la tasa. Algunos ayuntamientos utilizan el consumo de agua, otros el valor catastral de la vivienda o incluso sistemas mixtos. Esto provoca grandes disparidades en los importes de la tasa entre diferentes ciudades.

3. Tensiones políticas y gestión local

Mientras que el Gobierno central defiende que esta tasa responde a la normativa europea y a la necesidad de asegurar la financiación de los servicios de recogida, algunos consistorios critican que la falta de directrices claras ha forzado una implementación apresurada que recae directamente sobre los ciudadanos.

Impacto en los ciudadanos y la economía doméstica

La tasa de basuras ha sido uno de los factores que ha impulsado el incremento del coste de la gestión de residuos en el Índice de Precios al Consumo (IPC), llegando a registrar subidas por encima de la inflación general en España.

En València, por ejemplo, la tasa es de las más altas del país comparada con otras capitales, algo que ha elevado las quejas de vecinos y asociaciones.

¿Qué sigue ahora con la gestión de residuos?

La gestión integral de residuos urbanos —que incluye recogida, transporte, tratamiento y eliminación— es un servicio esencial para cualquier ciudad y tiene efectos ambientales, sociales y económicos importantes.

La implantación del «basurazo» busca incentivar una gestión más sostenible, aplicar el principio de «quien contamina, paga» y asegurar que los costes no recaen íntegramente en los presupuestos municipales, sino en quienes generan los desechos.

Sin embargo, el debate continúa entre quienes consideran que esta tasa es necesaria para modernizar la gestión de residuos y quienes creen que su implantación actual carece de criterios claros y puede generar desigualdades y cargas excesivas.

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