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Valencia

Cada día mueren 11 personas en la Comunitat Valenciana esperando las ayudas a la Dependencia

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Protesta de personas dependientes en València. EFE/Archivo Juan Carlos Cárdenas
Madrid/València, 15 dic (EFE).- Un total de 4.111 personas han fallecido en un año en la Comunidad Valenciana, lo que equivale a 11 al día, sin ver resuelta su petición de recibir las ayudas contempladas en la Ley de Dependencia, aunque es la autonomía donde más han aumentado las personas beneficiarias en los últimos años.

De esas 4.111 personas, 1.885 fallecieron mientras se encontraban en el denominado «limbo burocrático» de la dependencia y las otras 2.226 fallecieron mientras se encontraban pendientes de valoración.

En España, cada día mueren 130 personas en el «laberinto burocrático» del sistema de la dependencia, esperando a recibir la respuesta de las administraciones, que tardan una media de 430 días.

Cuando se cumplen 15 años de la aplicación de la ley de Dependencia, la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales urge al Gobierno y a las comunidades a acometer reformas que agilicen y simplifiquen los trámites que tienen «abandonados sin atenciones» a 423.265 personas que esperan un procedimiento.

A lo largo de 2021 han fallecido 43.381 personas en las listas de espera de la dependencia (26.212 dependientes con derecho a recibir prestación y 17.169 pendientes de resolución de grado).

Según los datos oficiales publicados por el Imserso a 30 de noviembre, analizados por el Observatorio de la Dependencia de esta organización, el Ministerio de Derechos Sociales y los gobiernos autonómicos no conseguirán el objetivo del plan de choque de reducir en 60.000 la lista de espera, que ha logrado reducir en 26.278 personas (11,3 %) este año.

Sí han aumentado las personas beneficiarias de prestaciones y servicios en 87.701 (7,2 %).

Las comunidades con mayor número de personas pendientes de recibir prestación, son Cataluña (31,8 %), La Rioja (31,2 %) y Canarias (27,5 %); y las que menos, Castilla y León (0,15 %), Ceuta (3,3 %) y Navarra (4,1 %).

Aragón y Asturias han sido las que en mayor porcentaje han reducido su lista de espera un 36,7 % y 33,7 %, respectivamente.

A pesar del incremento presupuestario para la ley, Canarias (24,2 %), Murcia (14,1 %), La Rioja (12,5 %) y Cataluña (5,5 %) han aumentado la lista de espera en este año.

Respecto a las personas beneficiarias que reciben prestaciones, las regiones que más han aumentado han sido la Comunidad Valenciana (14,38 %), Asturias (14,24 %) y la Comunidad de Madrid (13,59 %).

Por el contrario, en el País Vasco ni siquiera se ha mantenido la tasa de reposición, disminuyendo el número de personas beneficiarias, y en Cantabria, el número personas con derecho se redujo en lo que va de año en un 11,5%, señala esta evaluación.

«Estos datos parecen indicar que el sistema de la dependencia se reactiva, pero ha sido en gran medida por servicios de bajo coste dirigidos a las personas dependientes con menor grado de dependencia», ha explicado el presidente del Observatorio, José Manuel Ramírez.

«Ya se han recuperado los recortes del 2012 y se han incrementado los presupuestos, pero hay que recortar procedimientos para evitar el sufrimiento y desatención de las personas en situación de dependencia; cada 11 minutos en España fallece una persona en el laberinto burocrático de la Ley y que, desgraciadamente, a las 43.381 personas que fallecieron este año, el plan de choque no les llegó a tiempo», ha lamentado.

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Valencia

Pradas presenta un vídeo del Ayuntamiento de Paiporta como prueba

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El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, a su llegada a declarar como testigo ante la jueza que investiga la gestión de la dana, a 29 de abril de 2025, en Valencia (España) - Rober Solsona - Europa Press

Sigue la última hora de la investigación de la justicia en la gestión de la DANA:

Pradas presenta un vídeo del Ayuntamiento de Paiporta para demostrar que el barranco del Poyo ya estaba desbordado cuando se recibió el aviso de la CHJ

València, 21 de mayo de 2025 – La exconsellera de Medio Ambiente, Salomé Pradas, ha incorporado un nuevo elemento clave a su defensa en relación con la gestión del episodio de inundaciones ocurrido en Paiporta. Pradas ha aportado un vídeo oficial del Ayuntamiento de Paiporta que, según su equipo, demostraría que el barranco del Poyo ya estaba desbordado cuando la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) envió su aviso por correo electrónico.

Según ha explicado la exconsellera, el vídeo fue publicado en la cuenta oficial de Instagram del consistorio a las 18:42 horas, un momento en el que, subraya, “ya era imposible tomar medidas extraordinarias de prevención”.

El correo de la CHJ llegó con el tiempo justo

La defensa de Pradas sostiene que el aviso de la CHJ sobre el posible desbordamiento del barranco llegó cuando la emergencia ya se estaba produciendo, lo que limitaría la capacidad de reacción de las autoridades autonómicas. La exconsellera intenta así justificar que su gestión no incurrió en negligencia y que las circunstancias hacían inviable cualquier respuesta preventiva eficaz en ese momento.

El vídeo en cuestión muestra imágenes del desbordamiento y ha sido incluido como prueba documental por parte del equipo legal de Pradas, que insiste en que “los hechos deben analizarse con objetividad y con base en evidencias verificables”.

Contexto del caso

El desbordamiento del barranco del Poyo provocó graves afecciones en varias localidades del área metropolitana de València, incluyendo Paiporta, y ha generado un intenso debate político sobre la gestión de las alertas y la coordinación institucional entre administraciones.

La responsabilidad en la cadena de avisos y la actuación de las distintas instituciones implicadas están siendo objeto de análisis tanto en sede judicial como en el ámbito político. La aportación de este vídeo pretende reforzar la tesis de que la Generalitat no tuvo margen operativo suficiente una vez recibido el aviso.

Trabajadores de la AVSRE y del 112 testificarán en junio por la gestión de la DANA en la Comunitat Valenciana

La investigación judicial sobre la gestión de la devastadora DANA del 29 de octubre de 2024 sigue avanzando. La jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia) ha citado a declarar a una docena de trabajadores de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) y del servicio 112 Comunitat Valenciana, en calidad de testigos, durante los meses de junio y julio.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), estas declaraciones forman parte de la instrucción de la causa penal abierta para esclarecer posibles responsabilidades en la gestión de la emergencia que dejó cuantiosos daños materiales y varias víctimas mortales.


Calendario de testificales por la DANA

Las comparecencias comenzarán el 2 de junio, con la declaración de una catedrática de Geografía Física de la Universitat de València (UV), que acudirá en calidad de perito. Posteriormente, se irán sucediendo los testimonios de personal técnico y operativo vinculado a los servicios de emergencia:

  • 4 de junio: operadora de comunicación del 112

  • 6 de junio: técnica superior de Emergencias

  • 10 de junio: jefe de unidad de análisis y seguimiento de Emergencias

  • 12 de junio: trabajador de Ilunion Emergencias

  • 17 de junio: jefa de servicio de Emergencias

  • 19 de junio: técnico medio de Protección Civil

  • 20 de junio: jefe de Servicio de Emergencias

  • 25 de junio: coordinadora de Recursos y Protección Civil

  • 27 de junio: segunda trabajadora de Ilunion Emergencias

  • 1 de julio: empleado de Ilunion

  • 3 de julio: otro trabajador de la misma empresa


Una causa clave para depurar responsabilidades

La DANA que azotó la Comunitat Valenciana a finales de octubre de 2024 dejó graves inundaciones, especialmente en la comarca de l’Horta Sud, donde municipios como Torrent, Paiporta, Catarroja o Albal sufrieron daños sin precedentes.

Esta investigación penal busca analizar la actuación de las administraciones y servicios de emergencia durante las horas críticas en las que se produjeron las precipitaciones torrenciales, especialmente en lo referente a la gestión de avisos, coordinación y respuesta.

 

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