Madrid (EFE).- El calendario tras las elecciones deja un panorama de mucha incertidumbre. La ciudadanía ha configurado con sus votos el próximo Parlamento. Han definido cómo será el Congreso y han perfilado cómo será el Senado. Pero esto es sólo el principio. ¿Qué pasará después de las elecciones del 23J?
Desde ya la política española inicia un viaje plagado de dudas. Sólo hay una certeza: las sesiones de constitución del Congreso y del Senado, las Cortes Generales, se celebrará el 17 de agosto. Así quedó establecido en el decreto de convocatoria electoral.
Pero, a partir de entonces… Incertidumbre.
A continuación, los pasos que tiene que dar la política nacional para dilucidar la formación de un nuevo Gobierno, lo que se antoja complicado porque no hay mayorías claras ni por la izquierda ni por la derecha. El rey, protagonista de la etapa que se abre, tiene ante sí un papel alambicado.
1. Constitución del Congreso: 17 de agosto
Los 350 diputados y diputadas, tras lograr las credenciales de las juntas electorales provinciales como electos, acudirán al Congreso hasta la víspera del 17 de agosto para formalizar una serie de trámites, necesarios para que reciban la condición plena de diputado. Tienen que rellenar una declaración de bienes, entre otros requisitos.
Será el 17 de agosto cuando, tras jurar o prometer el cargo, llamados por su nombre por quien ejerza la Presidencia del Congreso, se conviertan oficialmente en parlamentarios.
En esto, además de en la propia elección de la Presidencia y de los otros ocho cargos que componen la Mesa de la Cámara, su órgano más importante, consiste la sesión constitutiva de las Cortes. Pero nos detendremos en la primera de las Cámaras porque aquí tendrá lugar la investidura.
2. Ronda de consultas del rey: ¿finales de agosto?
El nuevo presidente o presidenta del Congreso irá a ver al monarca después de dicha sesión para informarle sobre qué partidos o formaciones políticas lograron al menos un escaño en las elecciones.
Lo habitual es que una o dos semanas después de que se hayan constituido las Cortes, el rey llame a esos partidos, que suele ser en un orden de menor a mayor representación parlamentaria. Esto durará más o menos días en función de cuántos representantes acudan.
De esa ronda sale uno de los hitos del procedimiento que se activa desde este mismo lunes: el rey propone a un candidato a la investidura parlamentaria. Suele ser el ganador de las elecciones.
3. Investidura, intento 1. ¿Primera semana de septiembre?
Es probable que esto suceda entre la última semana de agosto y la primera de septiembre. Corresponderá a la Presidencia del Congreso determinar la fecha de la sesión de investidura.
Lo que pasará a continuación se ajusta al artículo 99 de la Constitución y al reglamento del Congreso.
Ese candidato (que, por ser más preciso, sólo serían Alberto Núñez Feijóo o Pedro Sánchez) abrirá la jornada con la exposición de un programa de gobierno. Luego intervendrán los/las representantes de los demás grupos para fijar posición.
Según los plazos y horarios tasados por la Presidencia de la Cámara, habrá una primera votación para dilucidar si ese candidato obtiene la mayoría absoluta para ser investido, es decir, el sí de 176 diputados como mínimo.
Si sale ese resultado, el rey nombrará un nuevo presidente que podrá, en consecuencia, formar Gobierno.
Si no sale, se celebrará una segunda votación 48 horas después, precedida de intervenciones más breves tanto del candidato como de los grupos. Valdrá ahora la mayoría simple, más síes que noes.
Si es el caso, que hay mayoría, habrá nuevo presidente y nuevo Gobierno.
4. Investiduras: ¿varios intentos? ¿elecciones en diciembre?
Pero fracasa la segunda votación. Es relevante tener en cuenta la fecha, pongamos que estamos alrededor de los días 6-8 de septiembre, porque si no saliera la investidura, primer intento, se activa un plazo marcado por la Constitución y el reglamento del Congreso.
En ambos se dice que se repetirá el proceso anterior: el rey volverá a reunir a los grupos, volverá a postular un candidato, volverá a haber sesión en el Congreso y volverá a votarse.
Y si falla, otro; y si falla, otro… Y así tantas veces sean necesarias pero dentro de un tope temporal: dos meses.
Porque si pasan dos meses desde la primera votación de la primera sesión de investidura y no triunfa ningún intento, el rey disolverá las Cortes y convocará nuevas elecciones.
De cumplirse esta hipótesis, estaríamos a primeros de noviembre, más o menos. Y como, llegados a esta situación, tienen que transcurrir 47 días desde la convocatoria hasta los comicios (en virtud de una reforma de la ley electoral hecha en 2016 para acortar los tiempos anteriores a la repetición electoral), habría urnas, otra vez, en diciembre.
La Comisión del Estatuto de los Diputados ha dado luz verde al suplicatorio del Tribunal Supremo para investigar a José Luis Ábalos, exministro de Transportes, por su implicación en el conocido como «caso Koldo». En una votación unánime, todos los grupos parlamentarios, incluidos PP, PSOE, Vox, Sumar, PNV, Bildu, Junts, ERC y Coalición Canaria, respaldaron la retirada de su inmunidad. Este paso permitirá que el alto tribunal prosiga con la instrucción del caso.
Una decisión sin fisuras entre los partidos
Pese a las alegaciones presentadas por José Luis Ábalos, quien afirmó ser víctima de una «cacería política», la Comisión del Congreso no dudó en dar su apoyo al Tribunal Supremo. En un informe de 88 páginas, el exministro expuso que sus derechos como diputado habían sido vulnerados por investigaciones de la Guardia Civil realizadas sin respaldo judicial. Sin embargo, los argumentos no convencieron a los parlamentarios, que decidieron por unanimidad aprobar el informe.
El siguiente paso será la votación del informe en el Pleno del Congreso. Aunque no se ha fijado la fecha de la sesión, todo apunta a que la Cámara Baja también respaldará el suplicatorio, siguiendo los precedentes históricos.
El «caso Koldo» y las implicaciones para Ábalos
El caso que salpica a José Luis Ábalos está relacionado con supuestas irregularidades cometidas durante su etapa al frente del Ministerio de Transportes. Aunque acudió a declarar voluntariamente ante el Supremo el pasado 13 de diciembre, el alto tribunal necesita autorización del Congreso para avanzar en la investigación.
El instructor del caso, el juez Ángel Hurtado, ha solicitado medidas como la intervención de las cuentas bancarias de Ábalos y el análisis de su teléfono móvil. Estas diligencias no pueden llevarse a cabo sin la aprobación del suplicatorio por parte de la Cámara Baja.
El reglamento del Congreso y los plazos legales
La Comisión del Estatuto de los Diputados ha tramitado el suplicatorio dentro del plazo reglamentario de 30 días desde su recepción. Una vez aprobado por el Pleno, el presidente del Congreso deberá trasladar la decisión al Tribunal Supremo en un plazo máximo de ocho días.
Según establece el artículo 14 del Reglamento del Congreso, el alto tribunal deberá comunicar a la Cámara cualquier resolución judicial que afecte personalmente al diputado investigado, incluyendo autos y sentencias.
Precedentes históricos en la concesión de suplicatorios
La historia parlamentaria española muestra que la mayoría de los suplicatorios solicitados por el Tribunal Supremo han sido aprobados por el Congreso. Sin embargo, hay excepciones. La más conocida se remonta a 1988, cuando el Pleno rechazó la petición para investigar al entonces ministro del Interior, José Barrionuevo, tras una denuncia que lo acusaba de difundir erróneamente una fotografía de un ciudadano señalado como miembro de ETA.
Todo indica que el caso de Ábalos seguirá el camino habitual, y la Cámara Baja respaldará la petición del Supremo para que el juez Ángel Hurtado pueda continuar con la investigación.
Conclusión: el Pleno, clave para el futuro de Ábalos
La votación en el Pleno del Congreso será decisiva para el futuro político de José Luis Ábalos. Aunque su defensa insiste en que es víctima de una persecución política, la unanimidad de los grupos parlamentarios refleja que el caso ha generado consenso en la necesidad de esclarecer los hechos.
Si el Pleno respalda la retirada de su inmunidad, el exministro deberá enfrentarse a nuevas diligencias judiciales que podrían marcar un antes y un después en su trayectoria política.
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