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Valencia

La cárcel con más presos de toda España es la de Picassent

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La cárcel con más presos de toda España es la Picassent

Madrid/València, 28 ago (EFE).- La Comunitat Valenciana alberga a un total de 6.549 personas presas (5.493 hombres y 606 mujeres), mientras que centro penitenciario de Picassent (Valencia) es la cárcel española con el mayor número de presos, con 2.127.

Son datos del Anuario Estadístico del Ministerio del Interior referido a 2023, que cifra en 56.698 el total de internos en las prisiones, de los que 39.005 son españoles (48.917 en 2009).

El número de presos extranjeros en cárceles españolas ha caído un 35 por ciento en los últimos 15 años, al pasar de 27.162 en 2009, el máximo histórico, a 17.793 al finalizar el año pasado, en tanto que los reclusos españoles ha sido del 20 por ciento.

A finales de 2023 los reclusos extranjeros representaban el 31,2 por ciento del total de la población reclusa, lo que supone un incremento de 1,1 puntos porcentuales respecto a 2022, «dando por finalizado el período de estabilidad observado en años anteriores», recalca el Anuario.

No obstante, el peso de los internos extranjeros en el total de la población reclusa ha descendido 4,5 puntos respecto a los máximos históricos de 2009.

En cualquier caso, y en términos absolutos, el número total de reclusos en las prisiones de España se incrementó en 947 internos, de los que 935 eran extranjeros y 12 españoles.

Ya son más los hombres presos por violencia machista y sexual que por drogas

Aunque algo más de la mitad de los presos (el 54,3 %) cumple condena por robos o por delitos contra la salud pública, continúa, de forma ralentizada, el descenso del peso de ambos delitos en el total. De hecho, en los últimos años han perdido 24,9 puntos.

Frente a ello, y en el caso de los hombres, está aumentando el porcentaje de los presos condenados por violencia machista y por sexual, cuya suma representa ya el 21,4 % del total y supera el porcentaje de los reclusos por delitos de drogas (15,5 %).

Un 3,2 % de los hombres presos lo están por delitos contra la seguridad vial.

Respecto a las mujeres, una de cada cuatro está en la cárcel por delitos de narcotráfico y cuatro de cada diez por robos. Los datos reflejan un incremento de mujeres internas por delitos violentos como el homicidio (8,9 % del total) y las lesiones (4,5 %).

La edad media de los presos condenados: 41,7 años

La edad media de los presos condenados es de 41,7 años, en tanto que la de los preventivos -en espera de juicio- es de 37,3 años.

Por grupos de edad y con datos a 31 de diciembre pasado, la estructura es la siguiente: casi el 30 por ciento tiene entre 31 y 40 años; el 28,8 % entre 41 y 50; y el 16 % entre 51 y 60. Es decir, tres de cada cuatro reclusos tiene entre 31 y 60 años.

Añade el Anuario que la población reclusa juvenil de entre 18 y 20 años «es prácticamente residual (el 0,8 %), es decir, que la población reclusa española está envejeciendo, ya que el 80,8 % supera los 31 años de edad».

250 presos condenados por terrorismo

A 31 de diciembre de 2023 había 250 presos condenados por terrorismo, de los cuales 35 eran mujeres.

Del total, 143 eran etarras (el 59,6 %), 81 reclusos por terrorismo islámico, 14 por pertenecer al Grapo, cuatro a Resistencia Galega y tres por ser de grupos de apoyo al terrorismo.

La Antoni Asunción de Valencia, la cárcel con más presos

Por comunidades autónomas, es Andalucía la que alberga a más presos, con 12.551 al finalizar 2023, por delante de Cataluña, que tiene transferidas las competencias y tiene 8.041 reclusos, y Madrid, con 7.066.

El País Vasco, también con competencias en materia penitenciaria, cuenta con 1.574.

Por cárceles, es la Antoni Asunción Hernández, de Picassent (Valencia), la que acoge a mayor número de presos, un total de 2.127; seguida de la Brians 2, en la provincia de Barcelona, con 1.468; y las de Córdoba, Albolote (Granada), Zuera (Zaragoza) y Soto del Real (Madrid), con algo más de 1.200 en cada caso.

El siguiente cuadro recoge, por comunidades autónomas, el número de hombres y mujeres presos y la suma total, según datos a 31 de diciembre de 2023:

 

AUTONOMÍAS     HOMBRES    MUJERES      TOTAL
Andalucía     11.760       791     12.551
Aragón      1.713        79      1.792
Asturias        926       100      1.026
Baleares      1.348       111      1.459
Canarias      3.345       220      3.565
Cantabria        394        31        425
Castilla y León      3.722       224      3.946
Cast.-La Mancha      1.678        42      1.720
Cataluña      7.582       459      8.041
C.Valenciana      5.943       606      6.549
Extremadura        954        73      1.027
Galicia      2.767       243      3.010
Madrid      6.352       714      7.066
Murcia      1.651        96      1.747
Navarra        394        31        425
País Vasco      1.440       134      1.574
Rioja, La        315        27        342
Ceuta        241        11        252
Melilla        173         8        181
TOTAL     52.698     4.000     56.698

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Valencia

Los pisos turísticos en la Comunitat Valenciana caen un 25% en un año hasta los 48.411 apartamentos

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

València multiplica por seis el cierre de pisos turísticos ilegales y endurece el control en todos los barrios

El Ayuntamiento de València ha intensificado su ofensiva contra los apartamentos turísticos ilegales, multiplicando por seis las órdenes de cese durante el actual mandato. El consistorio asegura que este incremento refleja un “cambio radical” en la política municipal para frenar la proliferación de viviendas de uso turístico fuera de la legalidad.

Según ha explicado el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, se ha pasado de una media de 71 órdenes anuales en el anterior gobierno a 449 expedientes por año, lo que supone un aumento superior al 600%. De estas órdenes, el 87% ya se han ejecutado.

Más inspecciones y vigilancia continua

Para lograr estos resultados, el Ayuntamiento ha reforzado los equipos de control con cinco grupos de inspectores de Urbanismo y siete unidades de Policía Local, que rastrean de forma constante la actividad ilegal en todos los distritos.

El consistorio defiende que esta estrategia marca el paso de una etapa de “permisividad” a otra de “tolerancia cero”, en un contexto de creciente presión turística en la ciudad.

Moratoria y nuevas normas urbanísticas

El aumento de cierres llega acompañado de medidas estructurales. Desde mayo de 2024 está en vigor una moratoria que suspende la concesión de nuevas licencias turísticas, prorrogada hasta al menos mayo de 2026. Durante este periodo se han paralizado 363 expedientes, evitando la creación de casi 4.700 nuevas plazas.

Además, el gobierno municipal liderado por María José Catalá prepara una nueva normativa urbanística que limitará el crecimiento de estos alojamientos. Entre las principales restricciones destacan:

  • Máximo del 2% de viviendas turísticas por barrio
  • Límite del 8% de plazas turísticas respecto a la población
  • Tope del 15% en plantas bajas por manzana
  • Exigencia de acceso independiente y aprobación vecinal

También se creará un censo municipal de alojamientos turísticos (CATAV) y se reforzarán las inspecciones para detectar irregularidades.

Críticas de la oposición

Desde la oposición, Compromís cuestiona la eficacia de estas medidas. Su portavoz, Papi Robles, sostiene que la normativa “ni reduce ni controla” el número real de plazas turísticas y acusa al gobierno local de utilizar una “cortina de humo”.

En la misma línea, el edil socialista Javier Mateo critica que las cifras ofrecidas por el ejecutivo no reflejan la situación real y denuncia que se está facilitando la expansión de apartamentos turísticos en los barrios.

Presión sobre la vivienda en València

El debate sobre los pisos turísticos se produce en un momento de fuerte tensión en el mercado inmobiliario de València, donde vecinos y colectivos denuncian el impacto de estos alojamientos en el precio del alquiler y en la vida de los barrios.

Con las nuevas medidas, el Ayuntamiento busca equilibrar el atractivo turístico de la ciudad con la protección del uso residencial, aunque el enfrentamiento político sobre su efectividad sigue abierto.


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