València, 21 dic (EFE).- Aproximadamente uno de cada cinco varones valencianos mayores de 18 años, el 19,5 %, afirma haber pagado por tener sexo alguna vez a lo largo de su vida, según un reciente informe de la Universitat de València, que cifra la cantidad de mujeres prostituidas en toda la Comunitat entre 10.000 y 13.000.

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha asegurado este martes que la Comunitat Valenciana «ha asumido el compromiso de liderar el proceso para abolir la prostitución en España» y para ello «presentara las propuestas elaboradas desde el Foro para la Abolición de la Prostitución».

Estas propuestas están orientadas a adoptar cambios en la legislación estatal, autonómica y local que sancione el consumo de sexo pagado y garantice la atención integral a las mujeres prostituidas.

Así se ha expresado Bravo en su intervención en el acto de presentación de los estudios realizados por la Universitat de València (UV) y la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) sobre la situación de la prostitución en la Comunitat Valenciana y sobre la percepción del fenómeno que tiene la ciudadanía, respectivamente.

El primero ha sido realizado por el catedrático de Sociología de la UV, Antonio Ariño, y el segundo por el catedrático de Derecho Penal y director del Instituto ‘Crímina’ de la UMH, Fernando Miró.

«Desde la Comunitat Valenciana queremos ser los primeros en trabajar para revertir la situación y que, en un futuro próximo, formemos parte del Corredor de la decencia de los países abolicionistas», ha dicho Gabriela Bravo.

El perfil de estas víctimas «de la violencia de género», según la consellera, corresponde a una mujer joven, con poca formación educativa, proveniente de clase social baja y entornos familiares humildes y vulnerables y mayoritariamente extranjeras.

Para Bravo, «así se entiende mejor que el 95 % de las víctimas de la prostitución sean mujeres y el 99,7 % de los consumidores de sexo pagado sean hombres».

El informe ha trazado también un perfil del consumidor de prostitución que corresponde a un hombre, consumidor habitual de pornografía y que cumple «con todos los requisitos para ser considerado un machista en su percepción del mundo», según la consellera.

Ha destacado también que el hecho de que la prostitución lésbica sea inexistente «es la prueba de que estamos ante una institución donde convergen todas las injusticias y violencias contra la mujer. La prostitución supone un mecanismo de control social sobre la mujer y de dominación de una sexualidad masculina especialmente agresiva y humillante contra ella».

El estudio ha detectado también que la Comunitat Valenciana forma parte de lo que el catedrático Ariño ha definido como «el Corredor Mediterráneo de la Prostitución 2.0″.

Se define a este tipo de prostitución la que se publicita en más de 52.000 anuncios de sólo seis portales web que referencian más de 1.700 pisos que se suman a los 164 prostíbulos que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen identificados como tales entre las tres provincias.

Por su parte, el sondeo realizado por el equipo dirigido por el catedrático de Derecho Penal de la UMH, Fernando Miró, revela que el 37,2 % de los 1.480 entrevistados para la realización de la encuesta acepta la prostitución, si bien 7 de cada 10 entienden que, si pudieran elegir, las mujeres no elegirían ejercerla y que 8 de cada 10 asumen que las víctimas de prostitución sufren abusos y no tienen control sobre la actividad que realizan.

Por grupos de edad, el que expresa más repulsa hacia la prostitución es el de los mayores de 65 años y el que más aceptación congrega es el de los adultos de entre 35 y 44, en el que sólo el 36 % está en contra.

Por otro lado, pese a que la prostitución callejera o en espacios públicos es la que más rechazo general congrega, (el 81 %) el porcentaje baja sensiblemente cuando se habla de prostitución en pisos o Internet donde no es visible.

Tal y como ha explicado la consellera Bravo, estos datos revelan que «el sistema prostitucional ha conseguido que una parte importante de la sociedad crea que invisibilizar el problema es equivalente a resolver el problema».

Según la consellera de Justicia, «no podemos aceptar ser una sociedad democrática en la que hay mujeres que se ven obligadas a vender su cuerpo para poder sobrevivir». Por ello «hay que acabar con las posiciones regulacionistas y negacionistas desde el argumento constructivo y con los datos contrastados por estudios rigurosos como los que se hemos presentado».

Por todo ello, la consellera ha reclamado «sumarnos a países como Suecia y Francia donde los resultados de las leyes abolicionistas han dado resultados muy positivos».