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Casi el 50% de los valencianos que quieren mudarse no pueden permitirse una vivienda

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Alquiler seguro

El 46% de los valencianos que tienen previsto mudarse a corto o medio plazo no encuentran ninguna vivienda que puedan asumir económicamente, según el V Estudio Casaktua titulado La demanda de vivienda en España. 2019, ¿el año de la estabilización del sector?.

En un comunicado, el portal inmobiliario ha explicado que un 41% de los valencianos tampoco encuentra un inmueble que se ajuste a sus necesidades. A nivel nacional existen las mismas barreras: los españoles que buscan nuevo inmueble no localizan la vivienda que necesitan (46%) o que sean capaces de pagar (44%).

De hecho, este último hándicap ha aumentado 8 puntos en el último año y está especialmente presente en el caso del alquiler: el 58% de los que se trasladan a régimen de arrendamiento reconoce que este está siendo uno de los principales desafíos, frente al 37% de los que optan por comprar.

Este argumento también es utilizado por aquellos valencianos que no están en búsqueda de un inmueble y que, tal y como reconocen, no están a gusto con su vivienda actual. El 44% afirma que no se cambia de residencia por una cuestión económica.

De cara al futuro, el 88% del total de los encuestados en la Comunitat Valenciana cree que el coste del alquiler y de la compra seguirá incrementándose, unos porcentajes similares a la opinión general en España.

El 19% de los valencianos tiene intención de cambiar de inmueble próximamente: el 14% busca una vivienda en propiedad y el 5% en alquiler. Estas cifras suponen un descenso de 8 puntos respecto a 2018, cuando el deseo de trasladarse era del 27% (20% compra y 7% alquiler).

Las conclusiones del V Estudio de Casaktua muestran que el precio del inmueble es el factor más determinante en la Comunitat Valenciana a la hora de comprar: el 80% reconoce que es lo que más influye en el proceso de decisión, seguido de la cuota hipotecaria estimada que se deberá pagar, con un 49% de adeptos.

Asimismo, el 61% de los valencianos que se va de alquiler reconoce que en realidad preferiría comprar, pero no lo hace porque sus circunstancias económicas no se lo permiten. Y es que, ahora mismo, el 57% opina que vivir en alquiler es tirar el dinero y que una vivienda en propiedad es la mejor herencia que se puede dejar a los hijos (64%).

En la Comunitat Valenciana para la compra de una vivienda el ahorro medio es de 42.634 euros y el presupuesto fijado se corresponde con 141.854 euros de media. Para el alquiler, el coste promedio que se establecen es de 419 euros.

En el momento de hacer frente al pago de una vivienda, lo más habitual en es recurrir a la hipoteca (62%). El interés fijo es la apuesta principal frente al variable: 67% frente al 33%, y otras opciones son los ahorros propios (38%) y a la venta de otra vivienda (33%).

El coste promedio que están pagando actualmente los valencianos en alquiler es de 438 euros y el de hipoteca de 516. Si se comparan las autonomías con mayor población, el gasto destinado a la hipoteca es más elevado en Comunidad de Madrid (560€) y Cataluña (559€). Con respecto al alquiler, Comunidad de Madrid (647€), Cataluña (633 €) y Andalucía (539€) son las más caras.

 

Fuente: Europa Press

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Facebook cierra un grupo de 32.000 usuarios en Italia por difundir fotos íntimas sin consentimiento

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Meta ha cerrado un grupo de Facebook con más de 32.000 usuarios en el que se compartían imágenes íntimas de mujeres, muchas de ellas tomadas sin su consentimiento.

El grupo, llamado “Mia Moglie” (“Mi esposa”, en italiano), llevaba más de siete años activo, publicando fotos y comentarios de carácter sexista y misógino.

Facebook elimina un grupo que compartía imágenes íntimas sin consentimiento

Según ha explicado un portavoz de Meta a EFE, el grupo fue eliminado por infringir la normativa de la plataforma contra la explotación sexual de adultos:

“No permitimos contenidos que promocionen la violencia, los abusos o la explotación sexual. Si detectamos publicaciones que inciten a la violación o difundan material íntimo sin consentimiento, deshabilitamos grupos y cuentas y compartimos la información con las fuerzas de seguridad”.

El grupo, con 31.885 miembros, compartía fotos de mujeres en momentos privados, en ocasiones tomadas por sus propias parejas para difundirlas en el foro y comentarlas con otros usuarios. Parte del material estaba además generado con Inteligencia Artificial, lo que agrava la situación al simular escenas íntimas sin consentimiento.

Denuncias que provocaron el cierre del grupo

El caso salió a la luz gracias a la denuncia de la organización No Justice No Peace y de la escritora Carolina Capria, quien expuso el caso en su cuenta de Instagram.

Capria explicó:

“Me han informado de un grupo de Facebook con 32.000 usuarios en el que algunos hombres intercambian fotos íntimas de sus propias esposas para comentarlas y fantasear sexualmente. Mujeres que muchas veces ni siquiera saben que son fotografiadas, siendo sometidas a una especie de violación virtual”.

En apenas 48 horas, las denuncias se viralizaron en Italia, con críticas masivas desde la ciudadanía, asociaciones y figuras políticas, que presionaron a Meta hasta conseguir el cierre del grupo.

Reacciones políticas en Italia

El caso ha tenido eco en la política italiana. El Partido Demócrata (PD) denunció públicamente este tipo de violencia digital.

Roberta Mori, portavoz nacional de la Conferencia de Mujeres Democráticas, declaró:

“Alentar, tolerar o minimizar estas formas de violencia digital significa ser cómplice de una cultura de la violación que lleva siglos afectando a mujeres y niñas. La responsabilidad es individual, pero también colectiva cuando se difunden imágenes sin consentimiento”.

El marco legal: “Revenge porn” en Italia

En Italia, la difusión no consentida de imágenes sexuales explícitas se castiga bajo el delito de “revenge porn” recogido en el artículo 612-ter del Código Penal.

La norma establece que cualquier persona que publique, difunda o comparta imágenes privadas sin consentimiento puede enfrentarse a penas de prisión de 1 a 6 años y multas de entre 5.000 y 15.000 euros, salvo que el hecho constituya un delito más grave.

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