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El caso Erial: ¿quién es quién de la A a la Z?

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caso Erial
El expresident de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana, a su llegada a la Ciudad de la Justicia de València. EFE/Biel Aliño

València, 7 abr (OFFICIAL PRESS-EFE).- El caso Erial, que desde este martes vuelve a sentar en el banquillo al exministro y expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana y catorce procesados más, ofrece numerosas claves que pueden resumirse en este abecedario:

A.- Anticorrupción.-

La Fiscalía Anticorrupción investiga el conocido como caso Erial desde 2015, aunque Zaplana y sus más estrechos colaboradores no fueron detenidos hasta mediados de 2018.

B.- Belhot.-

Fernando Belhot es un abogado uruguayo que actuó como supuesto testaferro de Zaplana en el manejo de sus fondos e inversiones. Su testimonio, así como la entrega de más de seis millones de euros a la Justicia española, ha sido clave en la investigación.

C.- Cotino.-

Es el apellido de la saga familiar que controla el Grupo Sedesa y el de dos (inicialmente tres) de los acusados en el caso Erial: los hermanos Vicente y José Cotino, que se hicieron con uno de los principales lotes en la privatización de las ITV.

También es el apellido del expresidente de Les Corts y ex director general de la Policía, Juan Cotino, ya fallecido, al que se responsabilizaba en esta causa de haber llevado más de 600.000 euros en efectivo a Luxemburgo para constituir las sociedades a través de las cuales se canalizaron supuestamente las comisiones ilícitas. La familia Cotino ganó 86,5 millones de euros al vender sus participaciones en los parques eólicos y las ITV.

D.- Disfey.-

Es el nombre de una de las sociedades uruguayas donde fueron transferidos los fondos de las firmas constituidas en Luxemburgo. Según Belhot, Zaplana le encargó que administrase esos fondos.

E.- Eólicos.-

La privatización de las ITV valencianas fue el germen del caso Erial, pero las supuestas mordidas no se limitaron a estas concesiones, sino que también se produjeron en los procesos de adjudicación de los conocidos como parques eólicos. Sedesa fue una de las firmas adjudicatarias y obtuvo beneficios millonarios años después con la venta de sus activos a Endesa.

F.- Fenix Investments.-

Nombre de la sociedad radicada en Luxemburgo en la que Sedesa (la empresa de los Cotino) ingresó supuestamente el soborno para las adjudicaciones de las ITV. Fue adquirida por Juan Francisco García, que la vendió por 2,3 millones de euros, y se acogió en 2012 a la amnistía fiscal para regularizar esos fondos.

G.- Glorio.-

Costera del Glorio es la sociedad a través de la cual, supuestamente, Zaplana adquiría bienes inmuebles para su disfrute, al igual que Gesdesarrollos Integrales o Medlevante, firmas en las que acumulaba bienes por cerca de 7,5 millones de euros.

H.- Helicóptero.-

El «método helicóptero» es al que aluden los investigadores para definir la operativa financiera dirigida a ocultar el dinero mediante transferencias internacionales entre bancos de hasta catorce países.

I.- ITV.-

Los investigadores creen que el germen de la macrocausa conocida como Erial está en el proceso de privatización de las ITV valencianas, promovido por el Gobierno valenciano que lideraba Eduardo Zaplana en 1997.

J.- Juicio.-

El juicio, que se ha suspendido en dos ocasiones, se celebra contra un total de quince personas. Se podría prolongar hasta el verano y prevé la comparecencia de más de un centenar de testigos.

K.- Kamarowsky.-

Alexis Kamarowsky fue uno de los administradores fiduciarios que, junto con Beatriz García Paesa -sobrina del espía Francisco Paesa- y Federigo Cannizaro, controlaban las sociedades constituidas en Luxemburgo en mayo de 2001 por Juan Cotino con un capital de 640.000 euros en efectivo, unos fondos que transportó desde España el ex director general de la Policía, siempre según el fiscal.

L.- Lezo.-

Las grabaciones realizadas al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González en el marco del caso Lezo aumentaron las sospechas hacia Eduardo Zaplana y su supuesta relación con operaciones comerciales para blanquear capitales.

M.- Multas.-

Además de las penas de prisión e indemnizaciones, la Fiscalía Anticorrupción reclama a los 15 procesados el abono de multas (en el caso de los delitos de blanqueo de capitales) que van de los 800.000 a los 40 millones de euros, el importe máximo que se reclama al exministro y expresident.

N.- Nombres.-

Los acusados, para referirse a Eduardo Zaplana en las diferentes intervenciones telefónicas realizadas, utilizaban términos como «el jefe», «nuestro amigo», «el que tú ya sabes», «el socio» o «el otro», de tal forma que jamás apareciese su nombre en las conversaciones.

Con la Ñ.-

Núñez de Balboa.- Céntrica calle madrileña del barrio de Salamanca donde, según el fiscal, Zaplana adquirió un piso por 1,6 millones de euros con el producto de las comisiones delictivas.

O.- ORGA (Oficina de Recuperación y Gestión de Activos).-

La justicia española ha logrado recuperar 6,7 millones de euros que los procesados tenían en cuentas en Suiza.

P.- Paesa.-

Beatriz García Paesa, sobrina del espía Rafael Paesa, es una abogada española afincada en Luxemburgo que, según el fiscal de este caso, recibió los 600.000 euros que Juan Cotino llevó a ese país para crear las sociedades a través de las que se canalizaron las supuestas mordidas y cuya propiedad, años después, pasarían a manos de los presuntos testaferros de Zaplana.

Con la Q.- Joaquín Barceló.-

Íntimo amigo de Eduardo Zaplana cuya mano se negó a estrechar el exministro en la primera sesión del juicio, la que se suspendió por enfermedad de su letrado. Es amigo de juventud de Zaplana y ha ocupado cargos en la administración valenciana y en Terra Mítica. Es también el administrador de varias empresas a través de las cuales, supuestamente, se repatriaban a España y disfrutaban los investigados de los fondos opacos depositados en cuentas en el extranjero.

R.- Retorno.-

Los métodos de «repatriación» de los fondos obtenidos mediante comisiones ilícitas ocupa la mayor parte del escrito de acusación de Anticorrupción, que describe una arquitectura financiera con ramificaciones en decenas de países y la colaboración de especialistas, algunos de los cuales han colaborado con la Justicia española para situar a Zaplana en el centro de esta trama.

S.- Saturnino Suanzes, alias «Nino».-

Está acusado de colaborar con Joaquín Barceló en operaciones (que resultaron infructuosas) destinadas a recuperar unos fondos que manejaban los colaboradores de Zaplana y que fueron bloqueados tras la intervención de la banca andorrana BPA en 2015.

T.- Tercero.-

Zaplana es el tercer presidente de la Comunitat Valenciana del PP investigado por supuestos casos de corrupción, tras Francisco Camps, que ha sido absuelto o exonerado hasta la fecha en todos los asuntos, y José Luis Olivas, condenado en enero de 2017 a un año y medio de prisión por falsificar una factura para justificar una supuesta mordida de medio millón de euros.

U.- Ubi Bene (Donde se está bien).-

Es el nombre de uno de los yates, de más de 22 metros de eslora, en los que veraneó Zaplana y cuyos alquileres han sido investigados por la Guardia Civil.

V.- Villarejo.-

El comisario jubilado José Manuel Villarejo, procesado por el caso ‘Kitchen’ será llamado a declarar como testigo en este caso. En una comisión de investigación en el Congreso dijo que el caso Zaplana fue una operación del CNI.

W.- Wellington.- El lujoso hotel del barrio de Salamanca donde la Guardia Civil espió a Zaplana en sus encuentro con el testaferro uruguayo Fernando Belhot.

Con la X.- ‘Ex’.-

El principal acusado, Eduardo Zaplana, ha sido uno de los personajes políticos de mayor relevancia de las últimas décadas. Fue alcalde de Benidorm en 1991, president de la Generalitat en 1995 y ministro de Trabajo y portavoz del Gobierno en 2004. Dejó la política activa en 2008.

Y.- Yonqui del dinero.-

Marcos Benavent, el exgerente de la empresa pública Imelsa y autodenominado ‘yonqui del dinero’, ha jugado un papel esencial en la investigación a Zaplana, pues los conocidos como «papeles del sirio», que los investigadores definen como la hoja de ruta para el amaño de las adjudicaciones de las ITV, estaban en su poder y fueron intervenidos por la Guardia Civil en el despacho de su primer abogado. Tras colaborar durante años con la justicia, cambió de letrado y empezó a sostener que se vio presionado para incriminar a Zaplana.

Z.- Zapador.-

Nombre en clave que los agentes de la UCO adjudicaron a Zaplana mientras se le investigaba. El de su interlocutor en reuniones en Madrid, Fernando Belhot, era «Sol».

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Sánchez anuncia la desclasificación de los documentos del 23-F: “Saldamos una deuda histórica”

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El Consejo de Ministros aprobará este martes la desclasificación de los documentos del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, coincidiendo con el 45 aniversario del intento de asalto al Congreso.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Ejecutivo aprobará mañana en el Consejo de Ministros la desclasificación de los documentos oficiales relacionados con el golpe de Estado del 23-F. La medida llega cuando se cumplen 45 años del intento de ruptura del orden constitucional ocurrido el 23 de febrero de 1981.

Según ha explicado el jefe del Ejecutivo, la decisión permitirá “saldar una deuda histórica” con la ciudadanía, facilitando el acceso a información relevante sobre uno de los episodios más trascendentales de la historia democrática reciente de España.

¿Qué ocurrió el 23-F?

El conocido como 23-F hace referencia al intento de golpe de Estado liderado por el entonces teniente coronel Antonio Tejero, quien irrumpió armado en el Congreso de los Diputados durante la sesión de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo.

Durante varias horas, España vivió una grave crisis institucional que puso en riesgo el proceso democrático iniciado tras la Transición. La intervención televisada del rey Juan Carlos I, defendiendo el orden constitucional, fue clave para frenar la intentona golpista.

El fracaso del golpe consolidó el sistema democrático, pero durante décadas parte de la documentación oficial relacionada con aquellos hechos ha permanecido clasificada.

Transparencia y memoria democrática

Con la desclasificación anunciada, el Gobierno busca reforzar las políticas de transparencia y memoria democrática, facilitando el trabajo de historiadores, investigadores y medios de comunicación.

El Ejecutivo considera que, 45 años después, el acceso público a estos documentos contribuirá a un mejor conocimiento de lo sucedido y ayudará a cerrar interrogantes aún presentes sobre la trama del golpe y sus posibles apoyos.

La aprobación formal de la medida está prevista para el Consejo de Ministros de este martes, tras lo cual se iniciará el procedimiento técnico para hacer accesible la documentación conforme a la legislación vigente en materia de secretos oficiales y protección de datos.

45 años del intento de golpe de Estado

El anuncio se produce en un contexto simbólico, coincidiendo con el 45 aniversario del 23-F, una fecha clave en la historia política de España. La desclasificación de los documentos supone un paso relevante en la revisión histórica de aquel episodio que marcó el rumbo de la democracia española.

Con esta decisión, el Gobierno pretende reforzar el compromiso institucional con la verdad histórica y el derecho de la ciudadanía a conocer en profundidad los hechos que marcaron el devenir del país.

 

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