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Caso Palau | Desvelan que Camps y Rambla intervinieron en crear una sociedad dedicada a captar patrocinadores

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VALÈNCIA, 26 Nov.-La responsable jurídica del Palau de Les Arts de Valencia ha desvelado «presiones» de la Generalitat para pagar a Radcliffe, empresa administrada por Pablo Broseta, unas facturas relacionadas con la impresión de unos folletos en 2008. Así mismo, ha afirmado que para la creación y para el contrato con la sociedad Patrocini hubo «intervención política» y ha nombrado al expresidente del Consell Francisco Camps y al exvicepresidente Vicente Rambla.

Ana Jiménez se ha pronunciado así en su declaración como testigo en el juicio que se sigue en la Audiencia de Valencia contra el que fuera director financiero del Palau Ernesto Moreno; el presidente del consejo de administración de Patrocini, empresa vinculada al Palau y dedicada a captar patrocinadores, José Antonio Noguera Puchol; el consejero delegado de Patrocini, Joaquín Maldonado; y el excónsul de Francia en Valencia y administrador de la sociedad Radcliffe, mercantil que actuaba de intermediaria en las contrataciones, Pablo Broseta.

Jiménez, a preguntas del fiscal, ha dedicado parte de su intervención a hablar de los trabajos con la empresa Radcliffe y a su supervisión como jefa de los servicios jurídicos del Palau, inicialmente fue jefa de gabinete de la exintendente Helga Schmidt, fallecida recientemente.

La testigo ha expuesto problemas con los pagos a Radcliffe después de que se bloquearan por parte del responsable que había encargado los trabajos de impresión. «El problema fue, ha añadido, que el jefe de departamento, Xavier Colinas, dijo que no estaba de acuerdo con los precios porque pensaba que eran excesivos y por eso no liberaba las facturas para pagarlas».

Al respecto, ha afirmado que Schmidt le pidió que lo comprobase y «en una comparación superficial con otros dos festivales, los precios me parecían superiores». Así, en una nota suya que se le ha mostrado decía: «Ha sido en 2009 cuando esta empresa ha facturado lo que ellos han querido, como verás casi el doble».

En otro escrito suyo que se le ha exhibido indicaba: «El Palau, ante presiones, también por parte de la Generalitat, pese a no estar de acuerdo con las cantidades facturadas, pagó a Radcliffe». Sobre este texto ha precisado que no recuerda exactamente quién fue la persona que presionó pero sí ha narrado una conversación con Schmidt en la que ésta le refirió que había recibido una llamada de la Generalitat para interesarse por el pago a Radcliffe.

En relación con Patrocini, empresa de la que era consejera Schmidt, la testigo ha explicado que para su creación y la elaboración del contrato «hubo intervención a dos niveles de la Generalitat». El primero, cuando se presentó el proyecto por parte de Noguera, «se habló con Francisco Camps, expresidente de la Generalitat, y Vicente Rambla, exvicepresidente, y hubo participación política». El segundo, «cuando se redactó el contrato y cuando la consellera, Trini Miró, dio el OK».

Así, se firmó un primer contrato con Patrocini pese a reticencias porque se fijaba un cobro de un 10% por el mantenimiento de los patrocinadores con los que ya contaba el Palau. Además, había un informe de Vicente Garrido, entonces presidente del Consell Jurídic Consultiu (CJC), que informaba de que el contrato estaba excluido de la Ley de Contratos del Sector Público. El texto llegó tanto a la consellera como a Helga Schmidt, ha dicho.

Luego se firmó un segundo contrato con Patrocini que corregía ese 10% y sobre el que ya sí se efectuaron pagos por los patrocinadores adquiridos y los renovados.

La testigo también advirtió a la exintendente al respecto de que existía una incompatibilidad entre su cargo en el Palau y Patrocini, y ella, tras saberlo, «le dijo a Noguera que iba a dejar el consejo y envió una carta», ha expuesto.

La testigo ha comentado que Patrocini llegó a obtener algún patrocinador e incrementó algo los sponsors aunque también se perdieron patrocinadores, «pero por la crisis», ha apostillado.

En relación con el evento Viva Europa, inicialmente iba a asumir el coste la Generalitat, pero no fue así. De esta forma, ha explicado que el Palau pagó 300.000 euros a la empresa Viva Europa el primer año, en 2009. En los dos ejercicios siguientes, no pagó nada y se hizo cargo la mercantil al indicar que había sobrado dinero del primer año y tras conseguir a un patrocinador nuevo que aportó 100.000 euros.

VIVA EUROPA
Otra testigo que ha declarado este martes ha sido Silvia Alonso, exgerente de Patrocini. Ha afirmado que el evento Viva Europa 2009 costó entre 80.000 y 100.000 euros pero Patrocini facturó 300.000 euros al coliseo, tal y como se había pactado.

Alonso ha explicado que llegó a Patrocini de la mano de Maldonado, que fue quien contactó con ella y le comentó que había un proyecto en el que podía encajar. La testigo, prima de la mujer de este acusado, se dedicó a la captación y gestión de patrocinadores.

En relación con el evento Viva Europa, ha afirmado que se trataba de una iniciativa cultural europea para la retransmisión de ópera en todas las ciudades europeas y ha señalado que no sabe si organizó los actos Patrocini o una empresa llamada Viva Europa porque para ella ambas mercantiles «eran lo mismo».

Sobre el evento de 2009, la testigo ha manifestado que había un contrato entre Patrocini y el Palau y se estipulaban unos gastos fijos que pagaría el coliseo por los actos «en base a un coste estimado». Así, se abonaron 300.000 euros a la empresa pero a Patrocini le costó entre 80.000 ó 100.000 euros.

Preguntada por si aumentaron los patrocinadores del Palau con la entrada de Patrocini, ha comentado que sí, con cuatro más. Y respecto a si aumentaron los ingresos por mecenazgo ha dicho que la cantidad global disminuyó porque era una época de crisis y porque un patrocinador bajó su aportación en 250.000 euros.

FUENTE: EUROPA PRESS

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El rey Juan Carlos I demandará a Revilla en Madrid tras fracasar la conciliación en Santander

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Juan Carlos I y Miguel Ángel Revilla

La demanda del rey emérito sigue adelante tras no llegar a un acuerdo con Miguel Ángel Revilla, quien se negó a rectificar sus declaraciones en televisión

Tras una conciliación sin acuerdo celebrada el pasado viernes 16 de mayo en los juzgados de Santander, el rey emérito Juan Carlos I presentará una demanda formal contra el expresidente de Cantabria y líder del PRC, Miguel Ángel Revilla, en los tribunales de Madrid.

El acto de conciliación fue el paso previo legal antes de una querella civil por injurias y vulneración del derecho al honor, después de que Revilla realizara declaraciones críticas sobre el monarca en diferentes programas televisivos. La abogada del rey emérito, Guadalupe Sánchez, solicitaba una rectificación pública y una indemnización de 50.000 euros.


📝 Sin avenencia en la conciliación: Revilla se negó a rectificar

Durante la vista, celebrada en el Juzgado de Primera Instancia número 13 de Santander, Revilla se mantuvo firme:

«Yo no rectifico en nada. Creo que estoy en lo cierto», aseguró el líder regionalista a su salida del juzgado.

El rey emérito no acudió personalmente al acto, aunque estuvo representado legalmente por su procurador y su abogada. Revilla, por su parte, asistió de forma presencial junto a su defensa. Ante la falta de acuerdo, la letrada de la Administración de Justicia dio por finalizado el acto sin avenencia, permitiendo así al emérito continuar por la vía judicial ordinaria.


💬 ¿Qué motivó la demanda de Juan Carlos I?

El origen del conflicto se remonta a manifestaciones públicas de Miguel Ángel Revilla en las que criticó al rey Juan Carlos en espacios televisivos de gran audiencia. Según la representación legal del emérito, esas declaraciones:

  • «Carecen de base fáctica»

  • Se fundamentan en informaciones periodísticas «que no equivalen a sentencias»

  • Constituyen un ataque a su honor y reputación

Revilla, por su parte, sostiene que sus palabras fueron simples opiniones personales y que se basaron en hechos públicos divulgados por medios de comunicación.


🚨 ¿Qué implica la demanda del rey emérito?

Concluida la fase de conciliación sin resultados, Juan Carlos I formalizará una demanda en los juzgados de Madrid, como permite la legislación civil española. El proceso judicial se iniciará con una reclamación por:

  • 50.000 euros de indemnización

  • Una rectificación pública de las declaraciones consideradas injuriosas

La defensa de Revilla prevé una batalla legal que podría alargarse en el tiempo. “Me veo en el banquillo a punto de cumplir 83 años”, comentó el expresidente cántabro tras conocer la decisión del emérito.

 

 

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