La dana asestó un doble golpe al centro para personas con discapacidad intelectual La Torre, situado en una pedanía de València. Los daños materiales son altísimos y una de sus usuarias perdió la vida junto a su padre, aún desaparecido. Su directora, Gloria Cubillos, lanza un SOS: «Partimos de cero, de las cuatro paredes, necesitamos ayuda».
Un grupo de voluntarios se afanaba este fin de semana en limpiar el barro que queda en el interior de las instalaciones y retirar el material ya inservible de los talleres de carpintería, cerámica o encuadernación en los que ocupaban su tiempo las 80 personas que acudían al centro antes de la catástrofe del 29 de octubre.
Aunque es mucho el trabajo que se ha hecho, Cubillos asegura que aún queda mucho más y admite sentir vértigo ante el reto mayúsculo que supone volver a poner en pie un recurso que es esencial para las personas que asisten a él, que se encuentran entre los más vulnerables de la sociedad.
«Nuestros usuarios tienen una media de edad de entre 35 y 40 años, lo que significa que sus padres son ya septuagenarios. En algunos casos, son ya los hermanos o terceras personas los que se hacen cargo de ellos. No es fácil la gestión de todo esto», ha explicado en declaraciones a EFE.
De estas 80 personas, 23 residen en la zona cero de la dana. Y tres de ellas, que vivían en bajos en Alfafar y Sedaví, han perdido sus casas. Otras dos familias se han quedado sin sus negocios de la noche a la mañana.
Pérdidas de más de medio millón de euros
«Va a ser difícil reabrir en el mismo punto en que estábamos antes de la riada. Son 1.200 m2 de superficie. No tenemos ni mesas. Estamos tirando las que creíamos que se podían salvar porque se han vuelto a enmohecer y se han hinchado. Nos damos cuenta de que partimos de cero, de las cuatro paredes», ha dicho.
Entre el material perdido se encuentra la maquinaria de los talleres y las tabletas y ordenadores que servían como métodos de comunicación aumentativa. También se han quedado sin la cocina y sin sus tres vehículos, uno adaptado a personas con movilidad reducida, que cuestan entre 36.000 y 56.000 euros.
La directora del taller teme que el apoyo de las administraciones públicas -el centro está concertado con la Generalitat Valenciana- no sea suficiente para reanudar la actividad. «Las subvenciones no siempre llegan a tiempo. Necesitamos líquido y por eso hemos lanzado una campaña de búsqueda de donativos a través de las redes sociales», ha subrayado.
Más de 100.000 euros recaudados en donativos
Hasta ahora han recaudado ya más de 100.000 euros, aunque calcula que el centro necesita más de medio millón. «No podemos abrir así como así, hay que asegurarse que está en perfectas condiciones higiénicas, pasar una inspección. Nuestros usuarios son especialmente frágiles», advierte.
Entre los voluntarios que echan una mano estos días para adecentar el local se encuentra Ernesto Ansuategui, uno de los fundadores hace 35 años de la asociación de familiares que pudo abrir unos años más tarde este centro ocupacional con mucho esfuerzo. «Hay que volver a empezar», afirma resignado.
De momento, las personas que asistían al centro han sido derivadas a otros talleres y a fundaciones privadas, y unos pocos son atendidos en sus propios domicilios, a la espera de poder retomar la actividad normal.
Dejando a un lado las pérdidas materiales, la directora de este recurso asistencial se emociona cuando recuerda a Susana, la joven de 30 años con Síndrome de Down a la que la tromba de agua y lodo sorprendió cuando se encontraba con su padre en su casa de campo de Pedralba. Su cuerpo apareció unos días más tarde a unos 50 kilómetros de allí, en El Saler. El del padre aún no ha sido localizado.
«Queremos dar ánimos y acompañar» a Susana, su madre y esposa del desaparecido, Javier. «Esperemos que puedan encontrarlo para que ella pueda despedirse y descansar», ha dicho.
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La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón-EUROPA PRESS
La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha acordado elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que se investigue al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por una presunta “inactividad negligente” durante la emergencia que causó 230 víctimas mortales y una más en estudio.
La magistrada considera que existen indicios suficientes para que el alto tribunal asuma la investigación sobre el exjefe del Consell, dado que mantiene su acta de diputado en Les Corts y, por tanto, su condición de aforado. En la causa ya figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos Emilio Argüeso.
La instructora ve “conexidad” para investigar al expresident
Según el auto judicial, de 109 páginas, la investigación debe “extenderse de manera inevitable” a Mazón por la “evidente conexidad” con los hechos y la normativa de protección civil. La magistrada sostiene que, desde la perspectiva de la Presidencia de la Generalitat, la gestión de la emergencia “se detuvo de facto” durante varias horas en las que el entonces president permaneció en el reservado de un restaurante.
La resolución subraya que esa permanencia “absolutamente pasiva” durante cerca de cinco horas podría constituir una “grosera negligencia” con un resultado mortal de 230 fallecidos y numerosos heridos.
Competencia autonómica en la emergencia
La jueza recuerda que la gestión de la emergencia correspondía “exclusivamente” a la Generalitat Valenciana al haberse declarado el nivel dos. En ese contexto, cita resoluciones de la Audiencia Provincial que inciden en la competencia autonómica conforme al Estatuto de Autonomía, la Ley de Protección Civil y el plan especial frente a inundaciones.
El auto detalla además las circunstancias de cada una de las víctimas mortales y sitúa la dirección del plan de emergencias en la entonces consellera Salomé Pradas.
Cadena de negligencias y responsabilidad jerárquica
La instructora describe una “cadena de negligencias” en la que habrían intervenido distintos responsables. Entre los elementos señalados figuran:
La convocatoria tardía del CECOPI.
El retraso en el envío de la alerta a la población, que se produjo a las 20.11 horas cuando la mayoría de víctimas ya habían fallecido.
La falta de coordinación entre organismos autonómicos.
Los avisos previos de la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar.
El elevado número de llamadas al 112 durante la jornada.
A juicio de la magistrada, la estructura jerárquica implicaba que el president debía supervisar y controlar la actuación de los responsables inferiores, lo que sitúa su eventual responsabilidad en un plano de mayor gravedad.
Horas clave sin decisiones relevantes
El auto apunta a una “situación de ajenidad” del entonces president entre las 14.30 y las 20.28 horas, cuando llegó al CECOPI en l’Eliana. En ese periodo, la jueza aprecia una supuesta minimización de la gravedad de la emergencia y ausencia de decisiones relevantes por parte de la máxima autoridad autonómica.
También ve indicios de una posible participación en el proceso de envío de la alerta Es-Alert, al considerar que los mensajes del jefe de gabinete del expresident a la consellera no eran simples opiniones, sino órdenes.
La instructora cuestiona además la falta de comunicación directa en momentos críticos y la imposibilidad de coordinar la emergencia si el teléfono no estaba operativo o accesible.
Sin valoración política
La magistrada recalca que la exposición razonada no se basa en un análisis moral o político, sino en la posible relevancia penal de la actuación del aforado y en su papel en la coordinación de la emergencia.
El TSJCV deberá decidir ahora si asume la investigación sobre Carlos Mazón en el marco de la causa abierta por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana.
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