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China suspende la importación de congelados de empresas argentinas y brasileñas

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Pekín, 11 dic (EFE).- China anunció hoy la suspensión temporal de las importaciones de dos empresas brasileñas y una argentina tras detectar trazas del coronavirus en los envases de productos congelados.

La Administración General de Aduanas del país asiático informó hoy de que suspenderá durante una semana las importaciones de las empresas brasileñas Naturafrig Alimentos y Plena Alimentos tras hallar restos del virus en envases de ternera deshuesada congelada.

Asimismo, también suspende durante una semana las importaciones de la empresa argentina Frigorífico Alberdi tras encontrar trazas del patógeno en sus embalajes de ternera deshuesada congelada.

En los últimos meses, el país asiático ha detectado restos de coronavirus en varios paquetes de productos refrigerados, varios de ellos procedentes de países de Latinoamérica, lo que ha llevado a Pekín a endurecer las normativas de importación de congelados.

Los lotes que más veces han dado positivo en los análisis, principalmente en sus envases, han sido las gambas, el pescado y las carnes de ternera y de cerdo.

Las autoridades chinas apuntan a que los alimentos congelados importados, especialmente las carnes y los pescados, están siendo la principal vía de rebrotes del virus en China, una vez que los contagios locales habían sido prácticamente controlados en el país, que llegó a estar casi dos meses con su marcador a cero.

La Comisión Nacional de Sanidad de China informó este jueves de 15 nuevos positivos del coronavirus SARS-CoV-2 este jueves, entre ellos, 6 contagios locales.

Estos 6 casos por transmisión local se localizaron en el pequeño rebrote de la provincia central de Sichuán (4, y en cuya capital, Chengdú, se están realizando análisis masivos para contener la expansión del virus) y en la nororiental Heilongjiang (2).

El número total de contagiados activos en la China continental se sitúa ahora en 292, de los cuales 5 se encuentran graves.

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Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo penas que van desde los 7 hasta los 24 años de prisión para los principales investigados del conocido caso Koldo, la presunta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por el Ministerio de Transportes.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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