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Comunicado de las monjas de Belorado

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clarisas de Belorado
Foto publicada en su cuenta de Instagram "Te hago la luz" de las clarisas de Belorado.

El convento de las monjas clarisas del Monasterio de Belorado (Burgos) sigue atravesando una situación complicada.

Las monjas excomulgadas de Belorado (Burgos) han declarado que solo reconocen «autoridad a los Tribunales de Justicia» para ordenar su desalojo y han protestado ante las «amenazas de recurso a la fuerza pública» para su desahucio, que «solo sería posible con una resolución judicial» en su contra, que, además, «debería ser incumplida en período de ejecución voluntaria».

Comunicado de las monjas de Belorado

Así lo han señalado las religiosas a través de un comunicado recogido por Europa Press, en el que también han asegurado que no se ha expulsado a nadie de sus instalaciones por la fuerza. Tan solo comunicaron su deseo a Pablo de Rojas, de cuya jurisdicción se han «apartado», y a José Ceacero, de que abandonaran el convento.

«Ambos han actuado de forma voluntaria y sin ningún tipo de coacción por parte de las abajo firmantes ni de ninguna otra persona. A día de hoy, caminamos libres y solas en defensa de la Fe Católica», recoge el comunicado de las monjas excomulgadas de Belorado.

Del mismo modo, han recordado que decidieron separarse de la Iglesia Conciliar en un «clima conflictivo y por amor a la Verdad Católica, preservando y secularizando» la actividad vitalicia a la que están consagradas y que llevan a cabo en el monasterio.

A este respecto, han aprovechado para «salir al paso» de las acusaciones sobre una «supuesta trama inmobiliaria» que han tenido la «desgracia» de escuchar, calificándolas de «ridículas, salvo que la trama inmobiliaria se entienda como la suma de los conventos de los que se pretende echar hasta la calle, sin recursos y sin alternativa habitacional».

Por ello, las religiosas defienden su condición de legítimas poseedoras del inmueble, ya que «exhiben título de propiedad suficiente sobre el monasterio adscrito a la actividad desempeñada en el mismo».

«No se ha aclarado de qué forma la naturaleza administrativa de su comisariado desvirtúa su título o a quién se supone que va a adscribir el inmueble el órgano correspondiente sin incurrir en su libre asignación», concluye el comunicado de las monjas excomulgadas de Belorado.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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