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Comunicado de las monjas de Belorado

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clarisas de Belorado
Foto publicada en su cuenta de Instagram "Te hago la luz" de las clarisas de Belorado.

El convento de las monjas clarisas del Monasterio de Belorado (Burgos) sigue atravesando una situación complicada.

Las monjas excomulgadas de Belorado (Burgos) han declarado que solo reconocen «autoridad a los Tribunales de Justicia» para ordenar su desalojo y han protestado ante las «amenazas de recurso a la fuerza pública» para su desahucio, que «solo sería posible con una resolución judicial» en su contra, que, además, «debería ser incumplida en período de ejecución voluntaria».

Comunicado de las monjas de Belorado

Así lo han señalado las religiosas a través de un comunicado recogido por Europa Press, en el que también han asegurado que no se ha expulsado a nadie de sus instalaciones por la fuerza. Tan solo comunicaron su deseo a Pablo de Rojas, de cuya jurisdicción se han «apartado», y a José Ceacero, de que abandonaran el convento.

«Ambos han actuado de forma voluntaria y sin ningún tipo de coacción por parte de las abajo firmantes ni de ninguna otra persona. A día de hoy, caminamos libres y solas en defensa de la Fe Católica», recoge el comunicado de las monjas excomulgadas de Belorado.

Del mismo modo, han recordado que decidieron separarse de la Iglesia Conciliar en un «clima conflictivo y por amor a la Verdad Católica, preservando y secularizando» la actividad vitalicia a la que están consagradas y que llevan a cabo en el monasterio.

A este respecto, han aprovechado para «salir al paso» de las acusaciones sobre una «supuesta trama inmobiliaria» que han tenido la «desgracia» de escuchar, calificándolas de «ridículas, salvo que la trama inmobiliaria se entienda como la suma de los conventos de los que se pretende echar hasta la calle, sin recursos y sin alternativa habitacional».

Por ello, las religiosas defienden su condición de legítimas poseedoras del inmueble, ya que «exhiben título de propiedad suficiente sobre el monasterio adscrito a la actividad desempeñada en el mismo».

«No se ha aclarado de qué forma la naturaleza administrativa de su comisariado desvirtúa su título o a quién se supone que va a adscribir el inmueble el órgano correspondiente sin incurrir en su libre asignación», concluye el comunicado de las monjas excomulgadas de Belorado.

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El Gobierno aprobará este martes papeles en cinco meses para miles de inmigrantes irregulares

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REGULARIZACIÓN INMIGRANTES
EFE/ Morell/Archivo

El Gobierno aprobará este martes 27 de enero en el Consejo de Ministros una regularización extraordinaria de migrantes mediante real decreto, tras alcanzar un acuerdo entre el PSOE y Podemos. La medida, confirmada por fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, no necesitará la convalidación del Congreso de los Diputados al tratarse de un decreto ley.

El Ejecutivo justifica esta regularización con el objetivo de garantizar derechos y ofrecer seguridad jurídica a una realidad social ya existente en España, donde cientos de miles de personas viven en situación administrativa irregular.

A quién afectará la regularización extraordinaria de migrantes

La regularización extraordinaria estará dirigida a extranjeros que ya se encuentren en España y que puedan acreditar su residencia en el país antes del 31 de diciembre de 2025. Además, los solicitantes deberán demostrar al menos cinco meses de estancia en territorio español mediante documentación como:

  • Certificado de empadronamiento

  • Informes médicos

  • Envíos de dinero

  • Billetes de transporte u otros justificantes

Con la presentación de la solicitud, los beneficiarios obtendrán una autorización provisional de residencia que permitirá trabajar de forma legal y acceder a servicios básicos como la sanidad.

Más de medio millón de migrantes podrían beneficiarse

Según datos de Funcas, en España residían unas 840.000 personas en situación irregular a 1 de enero de 2025. Con el nuevo decreto, alrededor del 60% de este colectivo podría regularizar su situación administrativa, lo que supondría más de medio millón de beneficiarios.

Además, la regularización permitirá suspender procedimientos de retorno o expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso mientras se tramita la solicitud.

Antecedentes: la ILP y el apoyo ciudadano

La medida retoma el mandato de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) RegularizaciónYa, respaldada por más de 700.000 firmas. La toma en consideración de esta iniciativa fue aprobada en 2024 por todos los grupos parlamentarios salvo Vox, aunque el texto ha permanecido bloqueado en el Congreso.

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha sido una de las principales impulsoras del acuerdo, que desveló durante un acto en Madrid. Montero subrayó que la regularización es necesaria para garantizar derechos, combatir la exclusión social y frenar la explotación laboral.

Contexto político del pacto entre PSOE y Podemos

El acuerdo con Podemos se enmarca en la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para reforzar la mayoría parlamentaria y reactivar la agenda legislativa. Esta concesión se suma a otros pactos con socios como ERC o PNV, dentro de una estrategia para consolidar el bloque de gobernabilidad.

Desde Podemos consideran que mantener a cientos de miles de personas en la irregularidad favorece la economía sumergida, la explotación laboral y el auge de discursos racistas, por lo que defienden la regularización como una herramienta de cohesión social.

Plazos y proceso de solicitud

Los migrantes que cumplan los requisitos podrán acogerse a la regularización hasta el próximo 30 de junio. Durante el proceso, se concederá una autorización provisional de residencia, que permitirá trabajar y acceder a servicios básicos mientras se resuelve la situación administrativa definitiva.

Impacto en la política migratoria española

Expertos y think tanks como Funcas han señalado la falta de planificación estructural en la política migratoria española, sin una estrategia clara sobre el volumen y perfil de inmigración. Esta regularización extraordinaria podría suponer un punto de inflexión en la gestión migratoria y en el reconocimiento de derechos a un amplio colectivo de personas que ya forman parte del tejido social y laboral del país.

La aprobación del decreto marcará uno de los movimientos más relevantes del Gobierno en materia migratoria en los últimos años, con implicaciones sociales, económicas y políticas de gran alcance.

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