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Valencia

Tres nuevos investigados en el caso Azud tras los últimos registros

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La UCO realiza registros en Valencia, Alicante y Castellón por el caso Acuamed
La Guardia Civil registra una sede de la empresa Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), en una imagen de archivo. EFE/Víctor Lerena

València, 19 oct (EFE).- El personal de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil está tomando declaración a lo largo de este miércoles a tres nuevos investigados en el marco del caso Azud, que dirige el Juzgado de Instrucción número 13 de València, que han sido incorporados a la lista de imputados tras los últimos registros.

Según han informado a EFE fuentes de la investigación, estos tres nuevos investigados deberán comparecer en las dependencias de la Comandancia Provincial de la Guardia Civil, y posteriormente aguardar a su citación formal como investigados por parte del juez instructor en un proceso que cuenta ya con más de medio centenar de supuestos implicados.

El caso Azud investiga el supuesto pago de comisiones a cargos públicos tanto del PP como del PSOE para favorecer la adjudicación de contratos, vinculados principalmente al urbanismo, entre 1999 y 2013, centrados principalmente en el Ayuntamiento de la capital valenciana.

No obstante, también se investigan estas prácticas en los ayuntamientos de Xixona (Alicante), Burjassot (Valencia) y Benicàssim (Castellón) o en las empresas públicas Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) y la Sociedad Anónima Municipal de Actuaciones Urbanas de València (Aumsa), según el sumario de la causa.

Los últimos registros se han producido a raíz de la documentación encontrada en casa del exresponsable de Finanzas del PSPV-PSOE Pepe Cataluña, que hacen referencia a supuestas comisiones pagadas por contratistas a cambio de adjudicaciones públicas y que podrían llegar al 6 %.

El objetivo principal de esos registros es averiguar si la totalidad de las comisiones ilegales o mordidas referidas a esas contrataciones podría haber ido a financiar al PSPV-PSOE o si parte se la quedaba la persona que mediaba, según las mismas fuentes.

 

La UCO realiza registros en Valencia, Alicante y Castellón por el caso Acuamed

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil están llevando a cabo estos días diversos registros simultáneos y solicitando documentación en las provincias de Valencia, Alicante y Castellón en el marco de una pieza separada del caso Acuamed.

Según han indicado a EFE fuentes próximas a la investigación, uno de los registros se centran en un grupo empresarial de Castellón, al tiempo que se ha solicitado diversa documentación a la empresa Acciona.

Han señalado igualmente que estas actuaciones se llevan a cabo por orden de un juzgado de Valencia.

Por otra parte, otras fuentes han señalado que se trata de un procedimiento judicial secreto por los delitos de prevaricación, cohecho y malversación en las provincias de Valencia, Castellón y Madrid.

El titular del juzgado central 6 de la Audiencia Nacional investiga el caso Acuamed desde enero de 2016 por un supuesto fraude en el que se podrían haber desviado más de 20 millones de euros por parte de la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.

Las fuentes consultadas añaden que, además de las entradas y registros y los requerimientos judiciales de documentación, también se están tomando declaraciones a testigos e investigados, si bien no hay ninguna persona detenida.

La UCO lleva a cabo esta investigación con apoyo de Europol, en unas diligencias bajo secreto de sumario y en una investigación que sigue abierta.

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Valencia

Comunicado de la concejala valenciana del PP tras insultar a Pedro Sánchez en un mitin

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concejala PP insultar Pedro Sánchez mitin
Pedro Sánchez

La concejala del Partido Popular en la localidad valenciana de Vallanca, Belén Navarro, ha pedido disculpas públicas tras insultar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un mitin celebrado este domingo en Teruel. La edil reconoce que sus palabras fueron inapropiadas y admite que “la crítica política es legítima; el insulto, no”.

El incidente se produjo durante un acto de campaña electoral en Aragón en el que participaba el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno. Desde el público, Navarro profirió un insulto grave dirigido a Sánchez, que respondió desde el escenario entre aplausos y gritos de apoyo asegurando que “quien insulta no tiene argumentos ni nada que ofrecer a la sociedad”.

Comunicado de disculpas de la concejala del PP

Horas después del acto, Belén Navarro difundió un comunicado en el que asume su responsabilidad y pide perdón tanto a su partido como a la ciudadanía. “De manera espontánea pronuncié unas palabras que no debí decir. Fueron inapropiadas y no están a la altura del respeto que debe presidir el debate político, incluso en contextos de confrontación y discrepancia”, señala.

La concejala lamenta el daño causado a la imagen del Partido Popular y afirma que su comportamiento no representa los valores que deben regir la actividad política en una democracia. “Asumo plenamente la responsabilidad por lo ocurrido y reitero mi compromiso personal de mantener, en todo momento, un tono acorde con la responsabilidad pública que implica participar en el debate político”, concluye.

El PSOE exige su expulsión inmediata

Tras lo ocurrido, el PSOE ha elevado el tono y ha reclamado la expulsión “inmediata” de la concejala. Los socialistas han exigido una respuesta clara y sin ambigüedades por parte del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y del presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Pérez Llorca, advirtiendo de que “no se trata de una anécdota aislada”.

En un comunicado, el PSOE califica de “indecente e intolerable” que una representante pública acuda a un mitin de otro partido para insultar al presidente del Gobierno. A su juicio, este comportamiento “degrada la convivencia democrática” y exige consecuencias políticas inmediatas.

“No es un episodio aislado”, advierten los socialistas

Desde el PSOE y el PSPV se insiste en que este tipo de actitudes responden a “una forma deliberada de deshumanizar al adversario político y degradar el debate público”. “No podemos normalizar el insulto ni las agresiones verbales en política. La discrepancia es legítima; la deshumanización y el señalamiento, no”, subrayan.

En la misma línea, el PSPV-PSOE de la comarca de La Serranía y el Rincón de Ademuz, donde se encuentra Vallanca, ha exigido la dimisión inmediata de la concejala y ha condenado unos hechos que consideran “gravísimos”. Su secretario general comarcal, Ramiro Rivera, ha afirmado que “quien insulta de esta manera no puede representar a nadie”.

Reacciones del Gobierno y condena institucional

El incidente ha generado también reacciones dentro del Gobierno. La ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha calificado lo ocurrido de “bochornoso” y ha advertido de que convertir el ataque verbal en estrategia política supone un grave retroceso democrático.

Otros miembros del Ejecutivo, como el ministro de Transportes y el de Política Territorial, han cuestionado que un cargo público recurra al insulto soez en un acto político, subrayando que este tipo de comportamientos deberían avergonzar a toda la clase política.

Debate político y límites democráticos

El episodio ha reabierto el debate sobre el tono del enfrentamiento político en España y los límites que no deberían cruzarse en una democracia. Mientras la concejala ha pedido disculpas y reconoce su error, el PSOE mantiene la presión para que el PP actúe con contundencia y deje claro que el insulto personal no tiene cabida en la política institucional.

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