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Valencia

Tres nuevos investigados en el caso Azud tras los últimos registros

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La UCO realiza registros en Valencia, Alicante y Castellón por el caso Acuamed
La Guardia Civil registra una sede de la empresa Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), en una imagen de archivo. EFE/Víctor Lerena

València, 19 oct (EFE).- El personal de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil está tomando declaración a lo largo de este miércoles a tres nuevos investigados en el marco del caso Azud, que dirige el Juzgado de Instrucción número 13 de València, que han sido incorporados a la lista de imputados tras los últimos registros.

Según han informado a EFE fuentes de la investigación, estos tres nuevos investigados deberán comparecer en las dependencias de la Comandancia Provincial de la Guardia Civil, y posteriormente aguardar a su citación formal como investigados por parte del juez instructor en un proceso que cuenta ya con más de medio centenar de supuestos implicados.

El caso Azud investiga el supuesto pago de comisiones a cargos públicos tanto del PP como del PSOE para favorecer la adjudicación de contratos, vinculados principalmente al urbanismo, entre 1999 y 2013, centrados principalmente en el Ayuntamiento de la capital valenciana.

No obstante, también se investigan estas prácticas en los ayuntamientos de Xixona (Alicante), Burjassot (Valencia) y Benicàssim (Castellón) o en las empresas públicas Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) y la Sociedad Anónima Municipal de Actuaciones Urbanas de València (Aumsa), según el sumario de la causa.

Los últimos registros se han producido a raíz de la documentación encontrada en casa del exresponsable de Finanzas del PSPV-PSOE Pepe Cataluña, que hacen referencia a supuestas comisiones pagadas por contratistas a cambio de adjudicaciones públicas y que podrían llegar al 6 %.

El objetivo principal de esos registros es averiguar si la totalidad de las comisiones ilegales o mordidas referidas a esas contrataciones podría haber ido a financiar al PSPV-PSOE o si parte se la quedaba la persona que mediaba, según las mismas fuentes.

 

La UCO realiza registros en Valencia, Alicante y Castellón por el caso Acuamed

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil están llevando a cabo estos días diversos registros simultáneos y solicitando documentación en las provincias de Valencia, Alicante y Castellón en el marco de una pieza separada del caso Acuamed.

Según han indicado a EFE fuentes próximas a la investigación, uno de los registros se centran en un grupo empresarial de Castellón, al tiempo que se ha solicitado diversa documentación a la empresa Acciona.

Han señalado igualmente que estas actuaciones se llevan a cabo por orden de un juzgado de Valencia.

Por otra parte, otras fuentes han señalado que se trata de un procedimiento judicial secreto por los delitos de prevaricación, cohecho y malversación en las provincias de Valencia, Castellón y Madrid.

El titular del juzgado central 6 de la Audiencia Nacional investiga el caso Acuamed desde enero de 2016 por un supuesto fraude en el que se podrían haber desviado más de 20 millones de euros por parte de la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.

Las fuentes consultadas añaden que, además de las entradas y registros y los requerimientos judiciales de documentación, también se están tomando declaraciones a testigos e investigados, si bien no hay ninguna persona detenida.

La UCO lleva a cabo esta investigación con apoyo de Europol, en unas diligencias bajo secreto de sumario y en una investigación que sigue abierta.

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Valencia

Las claves de la declaración de Jorge Suárez sobre la DANA: por qué se retrasó la alerta para salvar vidas

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La exconsellera de Justicia y Emergencias de la Generalitat valenciana Salomé Pradas ofrece declaraciones a los medios a su llegada a declarar, en calidad de investigada ante la Ciudad de la Justicia de Valencia, a 11 de abril de 2025 - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

Sigue la última hora de la investigación de la justicia en la gestión de la DANA:

El subdirector general de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Jorge Suárez, ha ofrecido una de las declaraciones más esperadas en la investigación sobre la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024. Su testimonio ante el juzgado de Catarroja ha destapado detalles inéditos sobre cómo se tomaron las decisiones críticas aquella tarde y por qué la alerta a la población —que podría haber evitado víctimas— se retrasó más de dos horas.

La jueza investiga ya a la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y a su número dos, Emilio Argüeso, pero el relato de Suárez añade nuevos elementos que pueden resultar determinantes para esclarecer responsabilidades.


🕒 Cronología del día de la DANA: qué ocurrió y cuándo

Jorge Suárez ha presentado una cronología detallada de la tarde de la DANA, explicando paso a paso por qué el aviso masivo a la población no se envió cuando él lo propuso:

  • 17:15 h: Suárez plantea por primera vez enviar un aviso masivo al detectar imágenes de personas atrapadas en los tejados en Utiel y Requena. Lo hace incluso antes de la primera reunión operativa del Cecopi.

  • 17:38 h: Vuelve a insistir en activar el sistema ES-Alert, tras recibir información del Plan de Emergencia de la presa de Forata y del riesgo de una posible rotura.

  • 20:11 h: Finalmente se envía la primera alerta a los móviles. Para entonces, la situación ya se había desbordado en varios municipios.

  • 20:57 h: Se lanza un segundo mensaje, más específico, instando a subir a zonas altas.

Entre la primera propuesta y el envío efectivo pasaron casi tres horas, un lapso que podría haber resultado decisivo para muchas de las víctimas.


🔧 ¿Por qué se retrasó el ES-Alert? Las razones que expone Suárez

El testimonio del subdirector general de Emergencias revela tres causas principales que explican la demora:

1. Cambios lingüísticos exigidos por responsables políticos

Según Suárez, la consellera Salomé Pradas y el presidente de la Diputación de València, Vicent Mompó, solicitaron modificar el mensaje en valenciano. Entre los cambios ordenados figuraban:

  • Quitar la tilde a la palabra “València”.

  • Sustituir “tipus” por “tipo”.

  • Cambiar “aquest” por “este”.

Estas correcciones —de carácter puramente formal— alargaron la redacción del mensaje y retrasaron el envío del aviso.

2. Dudas jurídicas por la expresión “permanezcan en sus casas”

Los responsables políticos debatieron si esa frase podía interpretarse como un confinamiento similar al de la pandemia. El equipo jurídico debía valorarlo, lo que supuso más tiempo de espera.

3. Intento de contactar con alcaldes afectados

A petición de varios cargos políticos, se trató de avisar directamente a alcaldes de municipios ribereños del río Magro, especialmente ante el riesgo elevado en torno a la presa de Forata.

Este proceso también retrasó el envío de la alerta masiva.


⚠️ El riesgo de la presa de Forata: un punto crítico en la declaración

Suárez ha explicado que uno de los “impactos más fuertes de la tarde” fue el aviso del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre la posibilidad de pasar a un escenario 3 de rotura de la presa de Forata.

Según el testigo:

  • El plan de emergencia contemplaba alturas de agua de hasta seis o siete metros en varias poblaciones.

  • La prioridad era alertar a la población vulnerable cuanto antes.

Pese a ello, la alerta masiva siguió sin enviarse hasta horas después.


📺 Las imágenes del Cecopi: por qué se conservaron

Otro detalle relevante aportado por Suárez es que se decidió conservar las grabaciones de las cámaras del Cecopi durante la entrada de autoridades.

El motivo, según su testimonio:

  • El Cecopi es una “estructura crítica”.

  • Se entendió que había interés social en conservar las imágenes ante un episodio tan delicado.

Estas grabaciones fueron clave para reconstruir la llegada de altos cargos, incluido el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, cuyo horario de entrada no coincidía con las declaraciones públicas previas.


👥 Señalamientos cruzados y responsabilidades

La declaración de Suárez cobra especial relevancia porque:

  • Es el técnico de mayor rango presente aquella tarde.

  • Los responsables políticos habían derivado parte de la responsabilidad hacia él y otros técnicos.

  • Su testimonio contradice esas versiones y devuelve el foco a la cadena de decisiones políticas.

Suárez también ha explicado que su principal preocupación eran las personas atrapadas en tejados y el riesgo de hipotermia, lo que refuerza su insistencia en activar cuanto antes el Es-Alert.


🧑‍⚖️ Impacto judicial y político de estas revelaciones

El relato de Jorge Suárez puede marcar un antes y un después en la investigación. Sus palabras apuntan a que:

  1. Las decisiones críticas no fallaron por motivos técnicos, sino por debates y correcciones impuestos desde la esfera política.

  2. La alerta se habría podido emitir más de dos horas antes, lo que abre la puerta a responsabilidades penales.

  3. Varias muertes podrían haber sido evitadas con una reacción más rápida.

La jueza ya elevó la cifra oficial de víctimas mortales a 230, y la magnitud de esa tragedia convierte cada detalle del retraso en un elemento clave para determinar responsabilidades.


📝 Conclusión: una declaración que cambia la perspectiva del caso

La comparecencia de Jorge Suárez ofrece una visión interna precisa y detallada del caos, las dudas y los retrasos que marcaron la gestión de la DANA. Su versión presenta una imagen clara:

  • Hubo avisos internos tempranos.

  • Hubo capacidad de enviar alertas a tiempo.

  • Hubo obstáculos ajenos a la urgencia de la situación.

Ahora, la investigación judicial deberá determinar si esos retrasos fueron simples errores de coordinación o decisiones negligentes que agravaron la tragedia.

 

 

Carta abierta de Maribel Vilaplana sobre su comida con Mazón

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