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Valencia

Tres nuevos investigados en el caso Azud tras los últimos registros

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La UCO realiza registros en Valencia, Alicante y Castellón por el caso Acuamed
La Guardia Civil registra una sede de la empresa Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), en una imagen de archivo. EFE/Víctor Lerena

València, 19 oct (EFE).- El personal de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil está tomando declaración a lo largo de este miércoles a tres nuevos investigados en el marco del caso Azud, que dirige el Juzgado de Instrucción número 13 de València, que han sido incorporados a la lista de imputados tras los últimos registros.

Según han informado a EFE fuentes de la investigación, estos tres nuevos investigados deberán comparecer en las dependencias de la Comandancia Provincial de la Guardia Civil, y posteriormente aguardar a su citación formal como investigados por parte del juez instructor en un proceso que cuenta ya con más de medio centenar de supuestos implicados.

El caso Azud investiga el supuesto pago de comisiones a cargos públicos tanto del PP como del PSOE para favorecer la adjudicación de contratos, vinculados principalmente al urbanismo, entre 1999 y 2013, centrados principalmente en el Ayuntamiento de la capital valenciana.

No obstante, también se investigan estas prácticas en los ayuntamientos de Xixona (Alicante), Burjassot (Valencia) y Benicàssim (Castellón) o en las empresas públicas Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) y la Sociedad Anónima Municipal de Actuaciones Urbanas de València (Aumsa), según el sumario de la causa.

Los últimos registros se han producido a raíz de la documentación encontrada en casa del exresponsable de Finanzas del PSPV-PSOE Pepe Cataluña, que hacen referencia a supuestas comisiones pagadas por contratistas a cambio de adjudicaciones públicas y que podrían llegar al 6 %.

El objetivo principal de esos registros es averiguar si la totalidad de las comisiones ilegales o mordidas referidas a esas contrataciones podría haber ido a financiar al PSPV-PSOE o si parte se la quedaba la persona que mediaba, según las mismas fuentes.

 

La UCO realiza registros en Valencia, Alicante y Castellón por el caso Acuamed

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil están llevando a cabo estos días diversos registros simultáneos y solicitando documentación en las provincias de Valencia, Alicante y Castellón en el marco de una pieza separada del caso Acuamed.

Según han indicado a EFE fuentes próximas a la investigación, uno de los registros se centran en un grupo empresarial de Castellón, al tiempo que se ha solicitado diversa documentación a la empresa Acciona.

Han señalado igualmente que estas actuaciones se llevan a cabo por orden de un juzgado de Valencia.

Por otra parte, otras fuentes han señalado que se trata de un procedimiento judicial secreto por los delitos de prevaricación, cohecho y malversación en las provincias de Valencia, Castellón y Madrid.

El titular del juzgado central 6 de la Audiencia Nacional investiga el caso Acuamed desde enero de 2016 por un supuesto fraude en el que se podrían haber desviado más de 20 millones de euros por parte de la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.

Las fuentes consultadas añaden que, además de las entradas y registros y los requerimientos judiciales de documentación, también se están tomando declaraciones a testigos e investigados, si bien no hay ninguna persona detenida.

La UCO lleva a cabo esta investigación con apoyo de Europol, en unas diligencias bajo secreto de sumario y en una investigación que sigue abierta.

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Valencia

Polémica en València: el Ayuntamiento ordena al Circ de Nadal desalojar un solar municipal por falta de permiso

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El Ayuntamiento de València ha ordenado al Circ de Nadal desalojar el solar municipal donde estaba instalando su carpa al carecer de la autorización necesaria. Según fuentes municipales, además de ocupar sin permiso el terreno, la empresa circense mantiene pagos pendientes en vía ejecutiva con la administración local, motivo por el que también ha sido requerida a regularizar su situación económica.

La Policía Local ya había advertido en varias ocasiones a los responsables del circo, al constatar que estaban montando la infraestructura en un suelo de titularidad municipal sin la aprobación del consistorio. Tras trasladar la incidencia al servicio de Dominio Público, se ha emitido un requerimiento formal ordenando el desmontaje inmediato de lo instalado y la liberación de la parcela.

Críticas desde la oposición: “Un auténtico despropósito”

La concejala socialista Maite Ibáñez ha acusado al gobierno municipal, encabezado por la alcaldesa María José Catalá (PP), de actuar con improvisación y “desgobierno”. Ibáñez sostiene que el consistorio ha bloqueado la licencia del circo con apenas 48 horas de margen respecto a su primer espectáculo, y critica que no se haya aplicado antes el acuerdo municipal que prohíbe las funciones con animales en la ciudad.

Según la edil del PSPV-PSOE, la decisión de exigir el desalojo no responde a motivos de protección animal, sino a la “falta de permisos”, lo que a su juicio “borra cualquier medida” en favor del circo sin animales. Ibáñez también apunta a una supuesta cesión del PP a Vox, sugiriendo que la resolución se ha producido coincidiendo con la investidura del candidato popular en Les Corts.

Para la concejala, esta situación podría formar parte de una estrategia para revertir la prohibición de espectáculos con animales vigente desde hace una década. “Los socialistas no vamos a consentir que el PP nos lleve a un pasado de maltrato animal”, ha afirmado.

Respuesta del gobierno local: “Falsedades y falta de rigor”

El equipo de gobierno ha rechazado rotundamente las acusaciones socialistas y ha lamentado las “mentiras” atribuidas al proceso administrativo. Desde el consistorio insisten en que no se ha denegado ninguna autorización, sino que se ha emitido un requerimiento para subsanar irregularidades previas a una posible concesión.

“El Ayuntamiento sigue trabajando para que la empresa cumpla toda la normativa”, recalcan fuentes municipales, que exigen a la oposición “rigor” y respeto por el trabajo de los técnicos. El gobierno local sostiene que sólo si el circo no atiende el requerimiento se procederá a denegar la autorización de ocupación del dominio público.

Asimismo, han pedido al PSPV que deje de generar “confusión” y de difundir “fake news” sobre un expediente que, según subrayan, continúa en curso.

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