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Colegios y padres católicos valencianos ‘en pie de guerra’ por las palabras de Celaá

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VALÈNCIA, 15 Nov.-Escuelas Católicas de la Comunidad Valenciana y la Federación Católica de Padres de Alumnos de Valencia (FCAPA) han acogido con «estupor, preocupación e indignación» las palabras de la ministra de Cultura, Isabel Celaá, que ha asegurado que «de ninguna manera se puede decir que el derecho de los padres a elegir una enseñanza religiosa o elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza» que emana del artículo 27 de la Constitución y han asegurado que tienen las espaldas «muy bien cubiertas» por los tribunales.

Para la patronal, que agrupa a más de 300 colegios concertados, y la Federación, con más de 95.000 familias asociadas, que la ministra niegue que la libertad de elección de centro esté recogida en el artículo 27 de la Constitución, es «terrible» y un «jarro de agua fría» de cara al futuro.

Desde ambas entidades han llamado, sin embargo, a la tranquilidad de padres y profesores porque el Estado de Derecho les respalda, como se están encargando de demostrar en sucesivas sentencias tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional.

La presidenta de Escuelas Católicas de la Comunidad Valenciana, , Vicenta Rodríguez, que estuvo presente el jueves en Madrid en el acto, organizado por esta misma entidad a nivel nacional y en el que la ministra pronunció esas palabras, ha indicado que lo que dijo Celaá «causó estupor y si esto significa marcar la hoja de ruta del futuro ministerio, preocupa mucho de cara a que los padres no puedan elegir el centro para sus hijos pero también de cara al mantenimiento de las aulas concertadas».

«JARRO DE AGUA FRÍA»
«Nos parece que la ministra estuvo fuera de lugar, porque lanzar, ante 2.000 profesores entusiasmados y apasionados por la educación y ante tantos centros educativos que nos habíamos concentrado para trabajar, este «jarro de agua fría» como hoja de ruta, negando el derecho constitucional de los padres a elegir la educación para sus hijos, es algo que indigna, preocupa e inquieta».

El portavoz de FCAPA Valencia, Vicente Morro, ha expresado que «ese tipo de declaraciones, tienen un fondo terrible, la ministra se sitúa fuera del consenso constitucional, pretende dejar una vez más a los padres fuera de la responsabilidad que tenemos como primeros educadores de nuestros hijos».

«No tienen ningún sentido esas declaraciones y, aunque sea como un guiño a posturas más radicales y no sea su pensamiento de fondo, no se puede jugar nunca con la libertad de educación», ha añadido.

Además, Morro ha precisado que «en este caso concreto tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional están avalando el derecho de la familia a elegir la educación que desean para sus hijos, que no solo está recogido en el artículo 27 de la Constitución sino en toda una serie tratados internacionales y en abundante jurisprudencia de los tribunales».

El portavoz de FCAPA Valencia ha lanzado un mensaje de «tranquilidad» a los padres de familia, porque «tenemos las espaldas muy bien cubiertas por el Estado de Derecho y haremos valer nuestros derechos y libertades».

FUENTE: EUROPA PRESS

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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