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Colegios y padres católicos valencianos ‘en pie de guerra’ por las palabras de Celaá

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VALÈNCIA, 15 Nov.-Escuelas Católicas de la Comunidad Valenciana y la Federación Católica de Padres de Alumnos de Valencia (FCAPA) han acogido con «estupor, preocupación e indignación» las palabras de la ministra de Cultura, Isabel Celaá, que ha asegurado que «de ninguna manera se puede decir que el derecho de los padres a elegir una enseñanza religiosa o elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza» que emana del artículo 27 de la Constitución y han asegurado que tienen las espaldas «muy bien cubiertas» por los tribunales.

Para la patronal, que agrupa a más de 300 colegios concertados, y la Federación, con más de 95.000 familias asociadas, que la ministra niegue que la libertad de elección de centro esté recogida en el artículo 27 de la Constitución, es «terrible» y un «jarro de agua fría» de cara al futuro.

Desde ambas entidades han llamado, sin embargo, a la tranquilidad de padres y profesores porque el Estado de Derecho les respalda, como se están encargando de demostrar en sucesivas sentencias tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional.

La presidenta de Escuelas Católicas de la Comunidad Valenciana, , Vicenta Rodríguez, que estuvo presente el jueves en Madrid en el acto, organizado por esta misma entidad a nivel nacional y en el que la ministra pronunció esas palabras, ha indicado que lo que dijo Celaá «causó estupor y si esto significa marcar la hoja de ruta del futuro ministerio, preocupa mucho de cara a que los padres no puedan elegir el centro para sus hijos pero también de cara al mantenimiento de las aulas concertadas».

«JARRO DE AGUA FRÍA»
«Nos parece que la ministra estuvo fuera de lugar, porque lanzar, ante 2.000 profesores entusiasmados y apasionados por la educación y ante tantos centros educativos que nos habíamos concentrado para trabajar, este «jarro de agua fría» como hoja de ruta, negando el derecho constitucional de los padres a elegir la educación para sus hijos, es algo que indigna, preocupa e inquieta».

El portavoz de FCAPA Valencia, Vicente Morro, ha expresado que «ese tipo de declaraciones, tienen un fondo terrible, la ministra se sitúa fuera del consenso constitucional, pretende dejar una vez más a los padres fuera de la responsabilidad que tenemos como primeros educadores de nuestros hijos».

«No tienen ningún sentido esas declaraciones y, aunque sea como un guiño a posturas más radicales y no sea su pensamiento de fondo, no se puede jugar nunca con la libertad de educación», ha añadido.

Además, Morro ha precisado que «en este caso concreto tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional están avalando el derecho de la familia a elegir la educación que desean para sus hijos, que no solo está recogido en el artículo 27 de la Constitución sino en toda una serie tratados internacionales y en abundante jurisprudencia de los tribunales».

El portavoz de FCAPA Valencia ha lanzado un mensaje de «tranquilidad» a los padres de familia, porque «tenemos las espaldas muy bien cubiertas por el Estado de Derecho y haremos valer nuestros derechos y libertades».

FUENTE: EUROPA PRESS

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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