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Colegios y padres católicos valencianos ‘en pie de guerra’ por las palabras de Celaá

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VALÈNCIA, 15 Nov.-Escuelas Católicas de la Comunidad Valenciana y la Federación Católica de Padres de Alumnos de Valencia (FCAPA) han acogido con «estupor, preocupación e indignación» las palabras de la ministra de Cultura, Isabel Celaá, que ha asegurado que «de ninguna manera se puede decir que el derecho de los padres a elegir una enseñanza religiosa o elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza» que emana del artículo 27 de la Constitución y han asegurado que tienen las espaldas «muy bien cubiertas» por los tribunales.

Para la patronal, que agrupa a más de 300 colegios concertados, y la Federación, con más de 95.000 familias asociadas, que la ministra niegue que la libertad de elección de centro esté recogida en el artículo 27 de la Constitución, es «terrible» y un «jarro de agua fría» de cara al futuro.

Desde ambas entidades han llamado, sin embargo, a la tranquilidad de padres y profesores porque el Estado de Derecho les respalda, como se están encargando de demostrar en sucesivas sentencias tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional.

La presidenta de Escuelas Católicas de la Comunidad Valenciana, , Vicenta Rodríguez, que estuvo presente el jueves en Madrid en el acto, organizado por esta misma entidad a nivel nacional y en el que la ministra pronunció esas palabras, ha indicado que lo que dijo Celaá «causó estupor y si esto significa marcar la hoja de ruta del futuro ministerio, preocupa mucho de cara a que los padres no puedan elegir el centro para sus hijos pero también de cara al mantenimiento de las aulas concertadas».

«JARRO DE AGUA FRÍA»
«Nos parece que la ministra estuvo fuera de lugar, porque lanzar, ante 2.000 profesores entusiasmados y apasionados por la educación y ante tantos centros educativos que nos habíamos concentrado para trabajar, este «jarro de agua fría» como hoja de ruta, negando el derecho constitucional de los padres a elegir la educación para sus hijos, es algo que indigna, preocupa e inquieta».

El portavoz de FCAPA Valencia, Vicente Morro, ha expresado que «ese tipo de declaraciones, tienen un fondo terrible, la ministra se sitúa fuera del consenso constitucional, pretende dejar una vez más a los padres fuera de la responsabilidad que tenemos como primeros educadores de nuestros hijos».

«No tienen ningún sentido esas declaraciones y, aunque sea como un guiño a posturas más radicales y no sea su pensamiento de fondo, no se puede jugar nunca con la libertad de educación», ha añadido.

Además, Morro ha precisado que «en este caso concreto tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional están avalando el derecho de la familia a elegir la educación que desean para sus hijos, que no solo está recogido en el artículo 27 de la Constitución sino en toda una serie tratados internacionales y en abundante jurisprudencia de los tribunales».

El portavoz de FCAPA Valencia ha lanzado un mensaje de «tranquilidad» a los padres de familia, porque «tenemos las espaldas muy bien cubiertas por el Estado de Derecho y haremos valer nuestros derechos y libertades».

FUENTE: EUROPA PRESS

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La defensa de Begoña Gómez pide archivar el caso y critica el impacto en la Justicia

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Juez Peinado

La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez el archivo definitivo de la causa judicial que investiga su actividad profesional, al considerar que no existen fundamentos jurídicos suficientes. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha afirmado su abogado durante la vista celebrada este miércoles.

El procedimiento está dirigido por el magistrado Juan Carlos Peinado, quien ha reunido a las partes en un nuevo trámite en los juzgados de Madrid en plena Semana Santa.


La defensa insiste en el archivo del caso

El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha reiterado que no existe base para investigar los delitos que se le atribuyen, entre ellos malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Durante su intervención, el letrado ha criticado la falta de imparcialidad en el proceso y ha calificado la situación como una “pesadilla jurídica”. Además, ha defendido que la investigación responde a intereses ajenos a la Justicia.

En la misma línea, la Fiscalía también ha vuelto a posicionarse a favor del archivo de la causa tras casi dos años de investigación.


Solicitud de nuevas pruebas y testigos

De forma preventiva, la defensa ha pedido al juez que, en caso de continuar el proceso, se practiquen nuevas diligencias. Entre ellas, destaca la declaración como testigo de José Manuel Ruano, vinculado a la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Asimismo, se han solicitado informes periciales para analizar:

  • El papel del cónyuge del presidente del Gobierno
  • El funcionamiento de las cátedras extraordinarias
  • El supuesto perjuicio económico a la universidad

Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha pedido documentación oficial que acredite sus funciones en La Moncloa.


Las acusaciones piden ampliar la investigación

En el lado opuesto, las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, han solicitado al juez nuevas diligencias para profundizar en la investigación.

Entre sus peticiones se incluyen:

  • La vida laboral completa de Gómez
  • La actualización del salario de su asesora
  • Información sobre reuniones relacionadas con proyectos tecnológicos vinculados a su actividad

Posible juicio con jurado popular

El juez ha reiterado que, en caso de que el procedimiento continúe hasta juicio, este podría celebrarse ante un jurado popular. Esta decisión ya generó controversia y fue objeto de revisión por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

En una resolución reciente, Peinado defendió que existen indicios suficientes para continuar la causa, apuntando a un posible aprovechamiento de la posición institucional de Gómez, algo que la defensa rechaza y califica de “meras conjeturas”.


Origen del caso Begoña Gómez

La investigación se inició en abril de 2024 tras una denuncia del colectivo Manos Limpias y posteriormente se amplió con acciones judiciales impulsadas por Vox y otras entidades.

El caso analiza, por un lado, la relación profesional de Gómez con empresarios y la universidad, y por otro, el uso de recursos públicos en su actividad como esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.


Un caso con impacto político y mediático

La causa judicial contra Begoña Gómez sigue generando un fuerte impacto político y mediático en España, con posiciones enfrentadas entre las partes implicadas.

Mientras la defensa insiste en el archivo inmediato, las acusaciones reclaman seguir investigando, manteniendo abierto un proceso que continúa marcando la actualidad judicial y política del país.

 

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