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Compromís no descartaría entrar en el Gobierno porque «84 diputados no dan para gobernar»

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VALÈNCIA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) –

El portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha asegurado este sábado que la coalición no cierra la puerta a entrar en el Gobierno de Pedro Sánchez, si bien ha subrayado que, de momento, nadie le ha ofrecido «absolutamente nada». En cualquier caso, ha advertido a los socialistas que tendrán que llegar a acuerdos: «84 diputados es una minoría exigua y no dan para gobernar».

Baldoví se ha pronunciado en estos términos, a preguntas de los periodistas en València antes del Consell Nacional del Bloc –formación mayoritaria en Compromís–, justo después de que Sánchez haya jurado su cargo como nuevo presidente tras prosperar la moción de censura a Mariano Rajoy.

Ante esta «ventana de oportunidad», ha confiado en que «sea un Gobierno menos hostil» a las reivindicaciones valencianas y cambie la posición del Ejecutivo de Rajoy: «Nos ha ninguneado y nos ha mantenido en el olvido en la financiación y con los presupuestos de (Cristóbal) Montoro».

Para conseguirlo, Baldoví ha asegurado que Compromís mantendrá su «contundencia» y una «ilusión contenida», para que el nuevo Gobierno no olvide los problemas valencianos «absolutamente inaplazables». «Se lo dije cuando ayer abracé y felicité a Pedro Sánchez: no te olvides de todo lo que hemos hablado», ha señalado.

En cualquier caso, preguntado por si le han ofrecido formar parte del Ejecutivo, ha explicado que, en base a lo que sigue por los medios de comunicación y a las declaraciones de José Luis Ábalos –secretario de Organización del PSOE– , «parece que se quieren conformar con un gobierno socialista». Y ha recalcado: «No digo nunca mentiras, nadie me ha dicho en estos momentos absolutamente nada».

Por tanto, «desde la lealtad y la autoridad moral de haber apostado desde el minuto uno por un gobierno diferente al de Rajoy y por un gobierno de progreso, decimos que 84 diputados es una mayoría o una minoría exigua para intentar gobernar», ha advertido, para insistir en que «sin acuerdos, el PSOE no podrá gobernar». «Si no llega no será nuestra culpa, sino de quien no haya llegado a acuerdos», ha añadido.

Ha remarcado que, en cualquier caso, es algo que tendrá que valorar Compromís –que el próximo lunes celebra un encuentro de coordinación institucional–. «Evidentemente, si lo ofrecen lo valoraríamos», ha reconocido, por «respeto a cualquier formación política» y por el objetivo final de gobernar.

«De entrada, nunca descartaríamos cualquier opción de entrada en el nuevo Gobierno», ha reiterado en este punto, y ha vuelto a puntualizar que debe ser el PSOE quien tome la iniciativa porque es el partido que recibió la confianza del Congreso. Pero ha subrayado: «Hay que recordarle siempre que 84 diputados no dan para gobernar; lo dijimos ayer y lo repetimos hoy: seremos leales con un gobierno que sea leal a los intereses de una formación valenciana como Compromís».

MINISTROS VALENCIANOS «DE NACIMIENTO Y ADOPCIÓN»
Respecto a los nombres que suenan para el nuevo gabinete de Sánchez y la posible entrada de ministros valencianos, Joan Baldoví ha manifestado su voluntad de que sea así pero «que no sean solo valencianos de nacimiento, sino de nacimiento y adopción y, hablen en valenciano o en castellano, piensen en nuestras prioridades».

Ha asegurado que los nombramientos del nuevo Gobierno serán una cuestión capital, y ha puesto como ejemplo el cargo de delegado del Gobierno –hasta ahora el ‘popular’ Juan Carlos Moragues–: «No podemos tener un delegado que actúe como un gobernador civil a la contra del Gobierno valenciano». También ha apuntado a la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) –Mª Ángeles Ureña–, de quien ha lamentado que muchos alcaldes le han transmitido que «no les recibía».

Una vez compuesto el Gobierno, el portavoz de Compromís ha situado como primer objetivo mejorar la financiación autonómica, algo «complicadísimo» por los intereses divergentes de las regiones y que ha defendido que no es un tema que se pueda dejar para «pasado mañana». «La semana que viene tendremos que hablar con el nuevo ministro o ministra de Hacienda», ha aseverado.

«NOS TENDREMOS QUE COMER» EL PRESUPUESTO
En cuanto a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, ha lamentado que «nos los tendremos que comer» y ha destacado la «coherencia» que ha mantenido Compromís al mantener su enmienda a la totalidad y el veto en el Senado. En todo caso, ha puntualizado que son mejores estas cuentas que prorrogar las del año pasado, por la subida de las pensiones y los 200 millones contra la violencia machista.

Ya de cara a 2019, Baldoví ha reclamado que, tras la aprobación del techo de gasto, el Gobierno empiece a trabajar en los próximos presupuestos para que estén aprobados antes de diciembre y «hagan justicia a los valencianos». «Si hemos estado siete años últimos o penúltimos en inversión por habitante, deberíamos estar siete años primeros o segundos», ha reivindicado.

Y en vistas a las elecciones autonómicas y municipales, ha apelado a que se celebren en una fecha diferente a las nacionales para que estas no interfieran. En definitiva, «que todo el ruido mediático que acompaña unas elecciones españolas no entorpezca los problemas del pueblo valenciano».

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El novio de Ayuso ante el Supremo: “Pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España. El fiscal general me había matado públicamente”

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El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha declarado este martes ante el Tribunal Supremo en el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de revelación de secretos por la filtración del correo electrónico en el que su defensa admitía “dos delitos fiscales”.


“El fiscal general me había destrozado públicamente”

Visiblemente afectado, González Amador relató ante el tribunal el impacto que tuvo aquella publicación.

“Pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España. Estaba muerto. El señor García Ortiz me había matado públicamente”,
declaró, girándose hacia el fiscal general durante su testimonio.

El empresario aseguró que, hasta la filtración, confiaba en resolver el caso “de forma discreta y con una pena asumible”, pero todo cambió “cuando el asunto saltó a la luz pública”.


De una negociación fiscal a un caso mediático

Según explicó ante el Supremo, su intención inicial era alcanzar un acuerdo con la Fiscalía para cerrar el procedimiento por fraude fiscal. Sin embargo, el correo filtrado —en el que su abogado fiscalista, Carlos Neira, reconocía la existencia de “dos delitos contra la Hacienda Pública”— acabó difundido en medios de comunicación en marzo de 2024.

“Cuando vi mi expediente tributario y el correo en la prensa, llamé a mi abogado. Me dijo: ‘La presunción de inocencia se ha roto. Estamos en otra dimensión’”, ha recordado González Amador.

A partir de ese momento, según su testimonio, “todo el Gobierno comenzó a llamarle delincuente confeso”, lo que le causó “un daño irreparable” a nivel personal y profesional.


El juicio a García Ortiz y las tensiones institucionales

El juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se sigue en el Supremo tras la querella presentada por González Amador por revelación de secretos. El proceso ha vuelto a poner el foco en las tensiones entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid, así como en el papel de la Fiscalía General en casos con implicaciones políticas.

Durante la sesión, se recordaron también las declaraciones previas de altos cargos de la Comunidad de Madrid, como el jefe de Gabinete de Ayuso, que reconoció haber advertido de que “el fiscal general iría p’alante”.

 Un juicio histórico en la democracia española

El juicio a Álvaro García Ortiz, actual fiscal general del Estado, marca un hecho sin precedentes en la historia democrática española.
El proceso, que se celebra en el Tribunal Supremo, estará presidido por siete magistrados de la Sala de lo Penal, encargados de determinar si García Ortiz filtró un correo electrónico del abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, en el que se reconocía una supuesta defraudación a Hacienda.

Pese a la gravedad de la acusación, el juez Ángel Hurtado ha decidido que el fiscal general mantenga su cargo mientras dure el proceso judicial, que se prevé se alargue durante dos semanas.


El origen del caso: el correo del abogado de González Amador

Todo comenzó el 2 de febrero de 2024, cuando Carlos Neira, abogado del empresario Alberto González Amador, remitió a la Fiscalía un correo electrónico con una propuesta de pacto.
En él se reconocía la posibilidad de que su cliente hubiera cometido un delito contra la Hacienda Pública.

Durante más de un mes, el contenido de ese correo permaneció reservado. Sin embargo, el 12 de marzo de 2024, varios medios de comunicación publicaron que la pareja de Ayuso podría haber defraudado dinero al fisco.
Al día siguiente, desde la Comunidad de Madrid, el portavoz Miguel Ángel Rodríguez negó esa versión y aseguró que fue la Fiscalía la que había propuesto el pacto.
Esa misma noche, según la investigación, se habría producido la presunta filtración del correo.


La posición del fiscal general

Durante su declaración ante el Tribunal Supremo, García Ortiz negó “rotundamente” haber filtrado información confidencial.
El magistrado instructor, no obstante, considera que existen “indicios razonables” de que la filtración pudo salir de la Fiscalía.

El propio Alberto González Amador ha asegurado que la publicación del correo electrónico vulneró su derecho a la intimidad y afectó a su reputación:

“Todo eso me ha ido lastrando”, declaró ante el tribunal.


Un proceso sin retransmisión pública

Aunque se trata de un juicio inédito en España, el Tribunal Supremo ha decidido no retransmitir las sesiones en directo.
A lo largo del proceso declararán unos cuarenta testigos, entre ellos políticos, periodistas y miembros de la Guardia Civil.
El último en declarar será el propio Álvaro García Ortiz, quien sigue al frente de la Fiscalía General del Estado durante la vista.


Qué consecuencias puede tener el juicio

Si el Tribunal Supremo declarara culpable al fiscal general, la sentencia podría implicar:

  • Entre 4 y 6 años de cárcel,

  • 12 años de inhabilitación para ejercer un cargo público,

  • y una multa superior a los 400.000 euros.

Por el momento, el proceso continúa abierto, y se espera que el fallo se conozca antes de final de mes.


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