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Compromís pide prohibir la venta de viviendas a extranjeros durante tres años

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El senador de Més Compromís Carles Mulet en una imagen de archivo. EFE/ Kiko Huesca/Archivo
Madrid, 2 may (OFFICIAL PRESS-EFE).- Compromís ha registrado una enmienda a la Ley de Vivienda en el Senado por la que propone prohibir la venta de viviendas a personas o empresas extranjeras, con algunas salvedades, durante tres años, en línea con la medida implementada en Canadá.

En un comunicado, Compromís especifica que la propuesta pretende evitar la especulación y, para ello, reclama una moratoria de 36 meses desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda a la venta de inmuebles a personas físicas o jurídicas que no cuenten con nacionalidad española desde un año antes de la operación.

De esta prohibición estarían exentos los extranjeros con permiso de trabajo en España desde al menos tres años antes, exiliados o refugiados y ciudadanos con estatus de residente temporal válido desde al menos cinco meses antes, todos ellos en el caso de que no hayan comprado otra vivienda, así como a las entidades cuyo objetivo sea el uso social de los inmuebles.

El senador de Compromís Carles Mulet señala en el comunicado que la Ley de vivienda supone un avance, pero a su juicio necesita reforzar el control de los «fondos buitres», la especulación o los apartamentos turísticos.

La Ley de Vivienda fue aprobada el pasado 27 de abril en el Congreso y actualmente se encuentra en periodo de enmiendas en el Senado, que se encuentra abierto hasta el 4 de mayo para la recepción de propuestas.

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El fiscal general Álvaro García Ortiz presenta su renuncia tras ser condenado: “Es el momento de abandonar”

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Álvaro García Ortiz

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado su renuncia al Gobierno después de que el Tribunal Supremo lo condenara el pasado 20 de noviembre a dos años de inhabilitación, por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

En su comunicación de renuncia, García Ortiz ha afirmado que “es el momento de abandonar”, asumiendo las consecuencias de la sentencia y tratando de poner punto final a la crisis institucional generada por el caso.

La condena del Supremo ha sacudido el panorama político, con duras reacciones de Ayuso, que calificó la sentencia como “hechos propios de una dictadura”. También ha reabierto el debate sobre la independencia del Ministerio Público y la relación entre cargos institucionales y el poder ejecutivo.

Con su marcha, se abre una nueva etapa en el Ministerio Público y se intensifica la presión para reformar mecanismos de control y garantizar una fiscalía verdaderamente independiente.


Condena histórica al fiscal general: dos años de inhabilitación por revelación de secretos contra el novio de Ayuso

El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, a dos años de inhabilitación y a pagar una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos. La sentencia afecta a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien el Tribunal ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

Según la resolución del Supremo, García Ortíz vulneró la confidencialidad de información sensible relacionada con Alberto González Amador, un acto considerado grave por comprometer derechos fundamentales y la confianza en la administración pública.

Esta decisión del Tribunal Supremo marca un precedente significativo sobre la responsabilidad de altos cargos en el manejo de información confidencial, reforzando la protección jurídica frente a filtraciones o revelaciones indebidas.

 


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