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Compromís pide prohibir la venta de viviendas a extranjeros durante tres años

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El senador de Més Compromís Carles Mulet en una imagen de archivo. EFE/ Kiko Huesca/Archivo
Madrid, 2 may (OFFICIAL PRESS-EFE).- Compromís ha registrado una enmienda a la Ley de Vivienda en el Senado por la que propone prohibir la venta de viviendas a personas o empresas extranjeras, con algunas salvedades, durante tres años, en línea con la medida implementada en Canadá.

En un comunicado, Compromís especifica que la propuesta pretende evitar la especulación y, para ello, reclama una moratoria de 36 meses desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda a la venta de inmuebles a personas físicas o jurídicas que no cuenten con nacionalidad española desde un año antes de la operación.

De esta prohibición estarían exentos los extranjeros con permiso de trabajo en España desde al menos tres años antes, exiliados o refugiados y ciudadanos con estatus de residente temporal válido desde al menos cinco meses antes, todos ellos en el caso de que no hayan comprado otra vivienda, así como a las entidades cuyo objetivo sea el uso social de los inmuebles.

El senador de Compromís Carles Mulet señala en el comunicado que la Ley de vivienda supone un avance, pero a su juicio necesita reforzar el control de los «fondos buitres», la especulación o los apartamentos turísticos.

La Ley de Vivienda fue aprobada el pasado 27 de abril en el Congreso y actualmente se encuentra en periodo de enmiendas en el Senado, que se encuentra abierto hasta el 4 de mayo para la recepción de propuestas.

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Plus Ultra: el polémico rescate de 53 millones a una aerolínea de un solo avión vuelve a señalar a Zapatero

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La SEPI aprobó la ayuda para una compañía que apenas representaba el 0,03% del tráfico aéreo español. La UDEF investiga ahora un posible delito de blanqueo de capitales vinculado al uso de los fondos públicos.


La investigación sobre Plus Ultra se reactiva: registro policial y sospechas de blanqueo

El controvertido rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas, aprobado por la SEPI en 2021 por un total de 53 millones de euros, vuelve a estar bajo los focos. A primera hora de este jueves, agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registraron la sede de la compañía en Madrid en busca de indicios relacionados con un presunto delito de blanqueo de capitales.

La investigación apunta a que la aerolínea pudo utilizar parte del dinero del rescate para devolver préstamos vinculados a sociedades radicadas en el extranjero, supuestamente relacionadas con una organización criminal dedicada al blanqueo de fondos provenientes de Venezuela, según adelantó ABC.


Una aerolínea con un solo avión y el 0,03% del tráfico aéreo

Cuando la SEPI otorgó la ayuda en marzo de 2021 mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, Plus Ultra solo contaba con una aeronave activa y operaba principalmente rutas entre España y Venezuela. Aun así, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda la clasificó como “empresa estratégica”.

Los datos de actividad previos a la pandemia refuerzan las dudas sobre esa consideración: en 2019, Plus Ultra operó solo 823 vuelos en España, situándose en el puesto 166 del tráfico aéreo. Esto representaba un insignificante 0,03% de las 2,36 millones de operaciones registradas por Aena durante ese año.


Ábalos se desmarca y apunta a Zapatero

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha reiterado que se enteró del rescate en el mismo Consejo de Ministros en el que se aprobó, pese a que correspondía a su ámbito competencial.

En declaraciones a El Confidencial, insistió en que nunca tuvo intervención en la operación y sugirió la posible influencia del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero:

“Me enteré en pleno Consejo de Ministros. Es muy raro que llegue un asunto de Transportes sin informarme previamente. Ahí me di cuenta de que se daba una ayuda a esta compañía.”


Los nombres clave dentro de la SEPI y la sombra de Aldama

En el consejo de la SEPI que autorizó la ayuda participaron la actual ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y Carlos Moreno, director de Gabinete de la ministra de Hacienda, conocido por haber aplazado una deuda tributaria de una sociedad del empresario Víctor Aldama, también implicado en causas judiciales.

La banca española ya había rechazado previamente conceder a Plus Ultra un préstamo avalado por el ICO, por lo que el rescate estatal fue su única vía de financiación.


Un caso archivado… hasta hoy

En 2022, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar si en la concesión del rescate pudieron cometerse delitos de malversación o cohecho, llegando a imputar al expresidente de la SEPI, Bartolomé Lora. Sin embargo, en 2023, la jueza Esperanza Collazos archivó el caso al considerar que se aplicó el decreto de ayudas de manera correcta.

El registro de la UDEF reabre ahora el debate público, reaviva las sospechas sobre la operación y coloca al Gobierno de Pedro Sánchez ante una nueva crisis política vinculada a la polémica aerolínea.

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