La Comisión del Estatuto de los Diputados ha dado luz verde al suplicatorio del Tribunal Supremo para investigar a José Luis Ábalos, exministro de Transportes, por su implicación en el conocido como «caso Koldo». En una votación unánime, todos los grupos parlamentarios, incluidos PP, PSOE, Vox, Sumar, PNV, Bildu, Junts, ERC y Coalición Canaria, respaldaron la retirada de su inmunidad. Este paso permitirá que el alto tribunal prosiga con la instrucción del caso.

Una decisión sin fisuras entre los partidos

Pese a las alegaciones presentadas por José Luis Ábalos, quien afirmó ser víctima de una «cacería política», la Comisión del Congreso no dudó en dar su apoyo al Tribunal Supremo. En un informe de 88 páginas, el exministro expuso que sus derechos como diputado habían sido vulnerados por investigaciones de la Guardia Civil realizadas sin respaldo judicial. Sin embargo, los argumentos no convencieron a los parlamentarios, que decidieron por unanimidad aprobar el informe.

El siguiente paso será la votación del informe en el Pleno del Congreso. Aunque no se ha fijado la fecha de la sesión, todo apunta a que la Cámara Baja también respaldará el suplicatorio, siguiendo los precedentes históricos.

El «caso Koldo» y las implicaciones para Ábalos

El caso que salpica a José Luis Ábalos está relacionado con supuestas irregularidades cometidas durante su etapa al frente del Ministerio de Transportes. Aunque acudió a declarar voluntariamente ante el Supremo el pasado 13 de diciembre, el alto tribunal necesita autorización del Congreso para avanzar en la investigación.

El instructor del caso, el juez Ángel Hurtado, ha solicitado medidas como la intervención de las cuentas bancarias de Ábalos y el análisis de su teléfono móvil. Estas diligencias no pueden llevarse a cabo sin la aprobación del suplicatorio por parte de la Cámara Baja.

El reglamento del Congreso y los plazos legales

La Comisión del Estatuto de los Diputados ha tramitado el suplicatorio dentro del plazo reglamentario de 30 días desde su recepción. Una vez aprobado por el Pleno, el presidente del Congreso deberá trasladar la decisión al Tribunal Supremo en un plazo máximo de ocho días.

Según establece el artículo 14 del Reglamento del Congreso, el alto tribunal deberá comunicar a la Cámara cualquier resolución judicial que afecte personalmente al diputado investigado, incluyendo autos y sentencias.

Precedentes históricos en la concesión de suplicatorios

La historia parlamentaria española muestra que la mayoría de los suplicatorios solicitados por el Tribunal Supremo han sido aprobados por el Congreso. Sin embargo, hay excepciones. La más conocida se remonta a 1988, cuando el Pleno rechazó la petición para investigar al entonces ministro del Interior, José Barrionuevo, tras una denuncia que lo acusaba de difundir erróneamente una fotografía de un ciudadano señalado como miembro de ETA.

Todo indica que el caso de Ábalos seguirá el camino habitual, y la Cámara Baja respaldará la petición del Supremo para que el juez Ángel Hurtado pueda continuar con la investigación.

Conclusión: el Pleno, clave para el futuro de Ábalos

La votación en el Pleno del Congreso será decisiva para el futuro político de José Luis Ábalos. Aunque su defensa insiste en que es víctima de una persecución política, la unanimidad de los grupos parlamentarios refleja que el caso ha generado consenso en la necesidad de esclarecer los hechos.

Si el Pleno respalda la retirada de su inmunidad, el exministro deberá enfrentarse a nuevas diligencias judiciales que podrían marcar un antes y un después en su trayectoria política.

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