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Concluye el desmantelamiento de los boxes de Fórmula 1 en los tinglados del puerto

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VALÈNCIA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) – Las empresas Surus Inversa y Lezama Demoliciones han finalizado los trabajos para liberar los tinglados 4 y 5 del puerto de València, que hasta ahora permanecían ocupados por los boxes del antiguo circuito de la Fórmula 1.

El proyecto, el primero de estas características que aplica los principios de la «economía circular», ha logrado minimizar los costes del desmontaje a 20.000 euros cuando el presupuesto inicial ascendía a 700.000. Este ahorro del 97% para las arcas valencianas y la recuperación del 75% de los bienes de las instalaciones se ha conseguido mediante la reutilización y reciclaje de los activos, «dos pilares del cambio de paradigma que supone la economía circular, que acaba con el principio de usar y tirar», han subrayado en un comunicado desde Surus Inversa.

Para lograr este objetivo, Surus Inversa ha subastado online los activos de los tinglados a través de Escrapalia.com, su portal de subastas industriales líder en España por volumen de transacciones. Escrapalia reincorpora al mercado productos en buen estado dándoles una segunda vida y evitando que acaben depositados en vertederos.

661 LOTES SUBASTADOS
De esta forma, los activos y enseres de los tinglados han generado un valor que no se suele contemplar por parte de las Administraciones Públicas y las empresas. En esta ocasión, se han subastado 661 lotes de activos, entre los que se incluían mobiliario, suelos, luminarias, depósitos de agua, equipos de aire acondicionado, puertas de acceso a boxes y sanitarios, entre otros.

Todos ellos han despertado el interés de 1.713 pujadores, que adquirieron los activos a través de 58.718 pujas. Estas pujas han maximizado el valor de los activos y han servido para financiar todo el desmantelamiento, de forma que se ha logrado la reutilización de todos los equipos que estaban instalados.

Este proyecto, «pionero» entre las Administraciones Públicas españolas, también ha reducido un 60% los residuos que se habrían generado con un modelo tradicional de desmantelamiento. Asimismo, se ha recuperado el 50% de los residuos cuyo único destino posible, en caso de no ser reutilizados, es el reciclaje en planta de valorización de residuos de construcción y demolición (RCD).

Estos factores se han tenido en cuenta porque los trabajos se han realizado en las inmediaciones del Puerto de València, a unos 15 metros del mar y en una zona turística con mucho tráfico peatonal. Por ello, el desmontaje ha sido selectivo, de forma que se segregaran todos los elementos sin el impacto medioambiental que generan el polvo y las vibraciones.

Este proyecto comenzó en septiembre de 2017 a través de una licitación lanzada por la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat Valenciana (EIGE) con el objetivo de desmantelar las instalaciones de un circuito que permaneció activo de 2008 a 2012 tras acometer unas obras que costaron más de 14 millones de euros.

En 2016, Surus Inversa fue la empresa responsable de comercializar y vender más del 90% de las instalaciones, elementos constructivos y estructurales del Luna Rossa, un edificio ubicado en la zona portuaria de la Marina Real Juan Carlos I de Valencia, sede del barco italiano con el mismo nombre, durante la 32ª edición de la Copa America de vela, celebrada en esta ciudad en el año 2007.

SURUS INVERSA
Surus Inversa es una empresa especializada en recuperar valor a través de la logística inversa, ejecutando los procesos de la forma más eficiente gracias a la aplicación de los principios de la economía circular. La empresa reduce los costes asociados a las devoluciones de los clientes mediante operaciones específicas para optimizar retornos y recuperar el máximo valor.

Surus Inversa cierra el círculo liquidando excedentes, obsoletos y productos fin de vida mientras genera caja a sus clientes. La empresa está especializada en gestionar ventas en mercados secundarios a través de su red, líder en compradores B2B a nivel internacional.

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Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo penas que van desde los 7 hasta los 24 años de prisión para los principales investigados del conocido caso Koldo, la presunta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por el Ministerio de Transportes.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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