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Concluye el desmantelamiento de los boxes de Fórmula 1 en los tinglados del puerto

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VALÈNCIA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) – Las empresas Surus Inversa y Lezama Demoliciones han finalizado los trabajos para liberar los tinglados 4 y 5 del puerto de València, que hasta ahora permanecían ocupados por los boxes del antiguo circuito de la Fórmula 1.

El proyecto, el primero de estas características que aplica los principios de la «economía circular», ha logrado minimizar los costes del desmontaje a 20.000 euros cuando el presupuesto inicial ascendía a 700.000. Este ahorro del 97% para las arcas valencianas y la recuperación del 75% de los bienes de las instalaciones se ha conseguido mediante la reutilización y reciclaje de los activos, «dos pilares del cambio de paradigma que supone la economía circular, que acaba con el principio de usar y tirar», han subrayado en un comunicado desde Surus Inversa.

Para lograr este objetivo, Surus Inversa ha subastado online los activos de los tinglados a través de Escrapalia.com, su portal de subastas industriales líder en España por volumen de transacciones. Escrapalia reincorpora al mercado productos en buen estado dándoles una segunda vida y evitando que acaben depositados en vertederos.

661 LOTES SUBASTADOS
De esta forma, los activos y enseres de los tinglados han generado un valor que no se suele contemplar por parte de las Administraciones Públicas y las empresas. En esta ocasión, se han subastado 661 lotes de activos, entre los que se incluían mobiliario, suelos, luminarias, depósitos de agua, equipos de aire acondicionado, puertas de acceso a boxes y sanitarios, entre otros.

Todos ellos han despertado el interés de 1.713 pujadores, que adquirieron los activos a través de 58.718 pujas. Estas pujas han maximizado el valor de los activos y han servido para financiar todo el desmantelamiento, de forma que se ha logrado la reutilización de todos los equipos que estaban instalados.

Este proyecto, «pionero» entre las Administraciones Públicas españolas, también ha reducido un 60% los residuos que se habrían generado con un modelo tradicional de desmantelamiento. Asimismo, se ha recuperado el 50% de los residuos cuyo único destino posible, en caso de no ser reutilizados, es el reciclaje en planta de valorización de residuos de construcción y demolición (RCD).

Estos factores se han tenido en cuenta porque los trabajos se han realizado en las inmediaciones del Puerto de València, a unos 15 metros del mar y en una zona turística con mucho tráfico peatonal. Por ello, el desmontaje ha sido selectivo, de forma que se segregaran todos los elementos sin el impacto medioambiental que generan el polvo y las vibraciones.

Este proyecto comenzó en septiembre de 2017 a través de una licitación lanzada por la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat Valenciana (EIGE) con el objetivo de desmantelar las instalaciones de un circuito que permaneció activo de 2008 a 2012 tras acometer unas obras que costaron más de 14 millones de euros.

En 2016, Surus Inversa fue la empresa responsable de comercializar y vender más del 90% de las instalaciones, elementos constructivos y estructurales del Luna Rossa, un edificio ubicado en la zona portuaria de la Marina Real Juan Carlos I de Valencia, sede del barco italiano con el mismo nombre, durante la 32ª edición de la Copa America de vela, celebrada en esta ciudad en el año 2007.

SURUS INVERSA
Surus Inversa es una empresa especializada en recuperar valor a través de la logística inversa, ejecutando los procesos de la forma más eficiente gracias a la aplicación de los principios de la economía circular. La empresa reduce los costes asociados a las devoluciones de los clientes mediante operaciones específicas para optimizar retornos y recuperar el máximo valor.

Surus Inversa cierra el círculo liquidando excedentes, obsoletos y productos fin de vida mientras genera caja a sus clientes. La empresa está especializada en gestionar ventas en mercados secundarios a través de su red, líder en compradores B2B a nivel internacional.

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Cuándo entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios del Estado: fecha prevista y a quién afecta

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La jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE) entrará en vigor previsiblemente en marzo de 2026, una vez sea aprobada formalmente en la Mesa General de Negociación. Así lo ha confirmado el sindicato Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT), que considera esta medida una “punta de lanza” para extender la reducción de jornada al conjunto de trabajadores.

Fecha prevista de entrada en vigor

Según lo acordado en la Comisión Permanente de Negociación de la AGE, la propuesta será elevada a la Mesa General en las próximas semanas con el objetivo de que la resolución se publique antes de que termine febrero y pueda aplicarse a partir de marzo de 2026.

De este modo, los funcionarios y el personal laboral de la Administración General del Estado no tendrán que esperar demasiado para la aplicación oficial de la jornada de 35 horas semanales.

¿A quién se aplicará la jornada de 35 horas?

La medida afectará a:

  • Todo el personal de la Administración General del Estado (AGE).

  • El sector público estatal.

Quedan excluidos, por el momento:

  • Instituciones Penitenciarias, que requerirán una instrucción específica.

  • Docentes y personal sanitario de Ceuta y Melilla, que también necesitarán una regulación adicional.

UGT defiende la medida tras el rechazo del Congreso

La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha lamentado que el Congreso de los Diputados rechazara hace menos de un año la reducción de la jornada máxima legal a 37,5 horas semanales. Según la dirigente sindical, aquello supuso “perder una oportunidad histórica” para mejorar la salud laboral, la calidad del trabajo y la estabilidad en el empleo.

Araque ha defendido que las 35 horas en la Administración del Estado no deben interpretarse como un agravio comparativo, sino como un paso adelante que podría impulsar cambios en el sector privado y en otras administraciones autonómicas.

Impacto en otras comunidades autónomas

Desde UGT señalan que esta decisión podría influir en comunidades como la Comunidad de Madrid, que había condicionado su aplicación a que el Gobierno central diera primero el paso. La entrada en vigor en la AGE podría, por tanto, acelerar decisiones similares en otros territorios.

Un paso hacia la reducción general de jornada

La aplicación de la jornada de 35 horas semanales en la Administración del Estado se interpreta como un movimiento estratégico que podría abrir la puerta a nuevas negociaciones en el ámbito laboral estatal y privado.

Si se cumplen los plazos previstos, marzo de 2026 marcará el inicio oficial de la nueva jornada laboral para miles de funcionarios en España.

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