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Condenado a 4 años de cárcel un médico del Clínico de Valencia que sacó medicamentos con la tarjeta de un familiar

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urgencias hospital clinico

La Sala de lo Civil y Penal confirma la sentencia de la Audiencia de Valencia que le consideró culpable de falsedad en documento oficial y estafa. El facultativo consiguió hasta 14 cajas de una medicina indicada para la hipertensión pulmonar y la disfunción eréctil con el SIP de su tío, que padecía una enfermedad respiratoria para la que no necesitaba ese tratamiento

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha condenado a cuatro años y medio de prisión a un médico del Hospital Clínico de Valencia que falsificó recetas para sacar medicamentos del Servicio de Farmacia del centro sanitario a nombre de un familiar, incluso cuando éste ya había fallecido.

El Alto Tribunal valenciano confirma así la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, dictada tras un veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular el pasado mes de abril, que le consideró autor de un delito continuado de falsedad en documento oficial y un delito de estafa a la Administración.

El TSJCV rechaza el recurso del condenado en el que solicitaba que se anulara el juicio, el acta de votación y las actuaciones posteriores hasta la sentencia y pedía la celebración de un nuevo juicio con un Tribunal del Jurado distinto.

La Audiencia, en la sentencia que ahora confirma el TSJCV, le impuso una multa de 6.765 euros y le inhabilitó para ejercer cargo público durante 4 años. Además, contemplaba una indemnización del médico a la Generalitat Valenciana de cerca de 7.000 euros, importe estimado de los medicamentos que obtuvo el facultativo con el SIP de su familiar.

Los hechos sucedieron entre 2009 y 2011 cuando el médico sacó hasta 14 cajas del medicamento “Revatio” de la unidad de Farmacia del Clínico, con la tarjeta sanitaria de su familiar. Según la sentencia, el condenado, jefe de sección del Servicio de Urgencias del Hospital Clínico, hizo creer al responsable de Farmacia del centro sanitario que su familiar necesitaba el medicamento para tratarse de una enfermedad pulmonar, por lo que se autorizó su dispensación desde octubre de 2009. De este modo, sacó hasta nueve cajas del fármaco, con recetas firmadas por él mismo, usando el SIP de su tío, aquejado de una enfermedad respiratoria.

De hecho, y según el relato de hechos probados de la sentencia de la Audiencia, el familiar enfermo sufría una patología cuya medicación suministrada conjuntamente con el “Revatio” estaba contraindicada. El tío del condenado falleció en septiembre de 2010, pero él no comunicó la muerte, y sacó cinco cajas más del mismo fármaco hasta abril de 2011. El condenado explicó en el juicio que estas últimas dosis eran para su padre que, según aseguró, tenía también una dolencia pulmonar. El precio de cada caja de “Revatio”, medicamento también indicado para tratar la disfunción eréctil, estaba valorado en 500 euros.

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Fiscalía solicita prisión sin fianza para Ábalos por riesgo de fuga en la trama de mascarillas

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo el ingreso en prisión provisional sin fianza para el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ante el riesgo de fuga de cara al juicio por la trama de mascarillas durante la pandemia. La solicitud se produce en el marco de la revisión de las medidas cautelares que actualmente mantienen en libertad a Ábalos y a su exasesor Koldo García.

Acusaciones y petición de penas

La Fiscalía considera que existen indicios racionales de criminalidad y una elevada petición de pena que justifican la prisión preventiva. Para Ábalos, el Ministerio Público solicita 24 años de prisión, mientras que para Koldo García se reclaman 19 años y medio, por presuntos delitos de:

  • Pertenencia a organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación de fondos públicos

  • Uso de información privilegiada

Además, se solicita que ambos sean condenados a pagar una multa de 3,9 millones de euros. Por su parte, las acusaciones populares elevan las penas a 30 años e incluyen delitos adicionales como prevaricación y falsedad documental.

Riesgo de fuga y medidas cautelares

La Fiscalía argumenta que el ingreso en prisión es idóneo, necesario y proporcionado para evitar el riesgo de fuga antes del juicio. Actualmente, Ábalos y Koldo García están sujetos a medidas cautelares que incluyen la retirada del pasaporte, la prohibición de salida del país y comparecencias quincenales en sede judicial.

El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, escuchará a las partes durante la vista para decidir si modifica las medidas cautelares y decreta la prisión provisional, conforme al artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

 

 

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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