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Confirman la condena de 17 años de cárcel para el amante de la viuda negra de Patraix

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Confirman la condena de 17 años de cárcel para el amante de la viuda negra de Patraix

València, 27 ene (EFE).- El Tribunal Supremo ha confirmado la pena de 17 años de prisión para Salvador R.L., amante de María Jesús M., conocida como Maje o la viuda negra de Patraix, por el asesinato de Antonio Navarro, el marido de ella, en un garaje de este barrio valenciano en agosto de 2017.

La Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado así la condena impuesta en su momento por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana a este hombre, han informado desde el TSJCV.

La mujer fue condenada en la misma causa a 22 años de prisión por delito de asesinato con alevosía, pero ella no recurrió al Supremo su condena.

El alto tribunal desestima íntegramente el recurso del acusado, ejecutor material del asesinato, que reclamaba que la atenuante analógica simple de colaboración con la justicia y confesión tardía, que se tuvo en cuenta por el TSJCV y por el tribunal del jurado de la Audiencia de Valencia, se considerase muy cualificada.

Además, la defensa pedía que se estimase otra atenuante por reparación del daño, por lo que entendía que la pena por el delito de asesinato con alevosía debía ser rebajada.

Respecto a la atenuante de confesión y colaboración, que el acusado pretende que pase de ser simple a muy cualificada, el Supremo subraya que la confesión del recurrente se produjo de forma muy tardía y cuando las pesquisas policiales ya se dirigían precisamente contra él y la coacusada y se encontraban muy avanzadas.

En cuanto a la atenuante de reparación del daño, la sentencia señala que no puede aplicarse ya que, pese a que con anterioridad a la celebración del juicio, el recurrente remitió una carta a una entidad bancaria donde tiene un plan de pensiones a fin de intentar rescatarlo y ponerlo a disposición de la familia del fallecido, lo cierto es que la reparación ha sido inexistente.

Además, añade que la indemnización concedida a los padres y hermano de la víctima ascendía a un total de 250.000 euros, que en nada ha reparado con su gestión el acusado.

Tampoco comparte el Supremo que la pena impuesta por la Audiencia y por el TSJCV sea arbitraria, sino razonada, al tratarse de «de una muerte programada, fríamente ejecutada, tratada de ocultar en cuanto a su autoría, hasta que la investigación policial adquiere fases muy relevantes de esclarecimiento», y en la que se ha tenido en cuenta la atenuante acreditada de confesión tardía y colaboración.

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Detenidas cinco personas por la compraventa ilegal de una recién nacida por 2.000 euros

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venta ilegal bebé

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cinco personas, implicadas en un caso de compraventa ilegal de una recién nacida, tras descubrir un acuerdo entre la madre biológica y una pareja con problemas de fertilidad por un importe de 2.000 euros. La operación ha tenido lugar entre las ciudades de Madrid y Córdoba, y la menor ha sido puesta bajo custodia de los servicios sociales de la Junta de Andalucía.

Una denuncia que destapó la compraventa ilegal de una menor

La investigación se inició en marzo, cuando una mujer de 37 años denunció el supuesto secuestro de su hija recién nacida por parte de una familia cordobesa. En su declaración ante los agentes, la denunciante aseguró que conoció a un joven de 24 años en una fiesta en Madrid en noviembre, con quien compartió su preocupación por perder la custodia del bebé si nacía en la capital, ya que en 2022 la Fiscalía de Menores le retiró la custodia de seis hijos por encontrarse en situación de desamparo.

La mujer relató que fue trasladada a Córdoba, donde permaneció en casa de la familia del joven hasta el momento del parto. Sin embargo, tras el nacimiento, no pudo regresar con su hija y denunció que le exigieron 3.000 euros por los gastos de estancia si quería recuperarla.

Un acuerdo económico para «comprar» a la recién nacida

Las primeras diligencias policiales revelaron que la madre biológica había pactado la venta de su hija por 2.000 euros con una pareja cordobesa que estaba intentando ser padres a través de tratamientos de fertilidad. La operación quedó registrada oficialmente cuando ambos acudieron al Registro Civil de Córdoba para inscribir a la menor como hija del varón de la pareja compradora y de la madre biológica.

Posteriormente, se constató que el varón retiró 2.000 euros en efectivo de un cajero automático y se los entregó a la madre biológica, quien fue posteriormente trasladada de nuevo a Madrid por otro miembro de la familia.

La madre se arrepintió y denunció el caso

Fuentes policiales confirman que la madre biológica se arrepintió de haber entregado a su hija, motivo por el que presentó una denuncia falsa alegando secuestro. Sin embargo, tras confirmar la falsedad del relato inicial, fue arrestada en el municipio madrileño de Móstoles a finales de marzo.

Simultáneamente, en Córdoba, fueron detenidos cuatro miembros de la familia compradora, incluida la pareja que planeaba hacerse pasar por progenitores. La detención se produjo cuando se dirigían a una consulta pediátrica con la recién nacida.

Delitos imputados a los detenidos

A los cinco implicados se les imputan varios delitos graves:

  • Alteración de la paternidad

  • Detención ilegal

  • Falsificación de documento público

  • Acusación y denuncia falsa

El caso ha sido puesto en manos de la autoridad judicial, mientras que la menor ha ingresado en un centro de protección de menores en Córdoba, bajo custodia de los servicios sociales.

Un nuevo caso que reabre el debate sobre la protección de menores en situación de vulnerabilidad

Este nuevo caso de compraventa ilegal de menores vuelve a poner el foco sobre la situación de riesgo en la que se encuentran muchas mujeres sin recursos, y la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención y seguimiento en los procesos de custodia y tutela.

El Cuerpo Nacional de Policía continúa investigando si existen otros casos relacionados y no descarta nuevas detenciones. Además, subrayan la importancia de la colaboración ciudadana para detectar y denunciar cualquier intento de tráfico de menores o adopciones ilegales, prácticas que atentan contra los derechos fundamentales de los niños.

 

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